STC10163-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10163-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2021-00025-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de julio de 2021 por la Sala Civil Especializada e Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Cecilia Melo Serrano contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama a trav\u00e9s de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al haber negado el decreto de pruebas en el marco del proceso especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n que Herminda Torres de Tarazona promovi\u00f3 contra personas indeterminadas, tr\u00e1mite en el que obra como opositora, con rad. No. 2019-00224-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, y se ordene i) \u00abREPROGRAMAR la diligencia de declaraci\u00f3n de testimonio del se\u00f1or OLIVO S[\u00c1]NCHEZ RODR[\u00cd]GUEZ\u00bb; ii) \u00abAceptar y decretar la pr\u00e1ctica de la prueba de oficiar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con el fin de que certifiqu\u00e9 como fueron los m\u00f3viles de la muerte del se\u00f1or ISMAEL TARAZONA esposo de la reclamante; as\u00ed mismo, que envi\u00e9 copia digital del expediente del homicidio del se\u00f1or ISMAEL TARAZONA y si existieron denuncias en su contra\u00bb; y, iii) \u00aboficiar a la Polic\u00eda Nacional, con el fin de que informen los antecedentes penales y judiciales que en vida tuvo el se\u00f1or ISMAEL TARAZONA\u00bb, al interior del referido asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que comoquiera que fue reconocida como opositora en el litigio referido en l\u00edneas anteriores, al contestar la demanda solicit\u00f3 como pruebas \u00abINSPECCIONES EN EL PREDIO\u00bb denominado \u00abEL DIAMANTE\u00bb y el \u00abAVAL\u00daO\u00bb de \u00e9ste; sin embargo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta las deneg\u00f3, tras considerar que \u00e9stas debieron aportarse al formular los medios exceptivos. <\/p>\n
Se\u00f1ala de otra parte, que teniendo en cuenta el dicho de dos declarantes, \u00abal iniciar las pruebas testimoniales\u00bb solicit\u00f3 oficiar no solo a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que \u00abcertifique como fueron los m\u00f3viles de la muerte del se\u00f1or ISMAEL TARAZONA esposo de la reclamante; as\u00ed mismo, que envi\u00e9 copia digital del expediente del homicidio del se\u00f1or ISMAEL TARAZONA y si existieron denuncias en su contra\u00bb, sino tambi\u00e9n a la Polic\u00eda Nacional para que allegue los antecedentes penales del aludido ciudadano, y adem\u00e1s, que se \u00abreprograme\u00bb el testimonio de Olivio S\u00e1nchez Rodr\u00edguez quien no asisti\u00f3 en la fecha fijada para tal efecto \u00abpor el temor de contagiarse del COVID 19\u00bb, el Juez convocado deneg\u00f3 pedido \u00abpor improcedentes\u00bb. <\/p>\n
Indica que aunque interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, pues contrario a su petici\u00f3n, s\u00ed se ofici\u00f3 a \u00abCentrales El\u00e9ctricas\u00bb y a Ecopetrol S.A., y, el aludido testigo \u00abconoce de los hechos de la demanda y su contestaci\u00f3n\u00bb, la citada autoridad mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n y deneg\u00f3 la alzada, desconociendo, dice, que se trata de \u00abuna justicia transicional\u00bb, y que los citados medios pretend\u00edan demostrar la inexistencia del nexo causal del despojo y el presunto desplazamiento alegado por la reclamante, lo que, afirma, lesiona las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoci\u00f3 del juicio criticado puntualiz\u00f3, que \u00ablos derechos fundamentales (\u2026) que depreca la accionante, no han sido conculcados, toda vez que el tr\u00e1mite (\u2026), se ha adelantado bajo el amparo de la normatividad legal vigente que rige la materia, como se observa en cada una de las decisiones proferidas (\u2026), brindando no solo a la tutelante sino adem\u00e1s a todos los intervinientes, esas garant\u00edas procesales y constitucionales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
b. Centrales El\u00e9ctricas del Norte de Santander S.A. ESP, Ecopetrol S.A., el Banco Agrario S.A, y, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, aunque en escritos separados, coincidieron en alegar su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues de ninguna manera tiene injerencia en las decisiones aludidas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras advertir, en lo fundamental, que la decisi\u00f3n criticada \u00abno traduce en que se hubiere dado la alegada vulneraci\u00f3n si es que, por un lado, las determinaciones adoptadas en ese sentido no fueron precisamente fruto del capricho, la mera liberalidad o la transgresi\u00f3n torticera de la Ley, lo que de suyo excluye la configuraci\u00f3n de v\u00eda de hecho; naturalmente que encontraron s\u00f3lido respaldo en esos fundamentos legales expresamente all\u00ed se\u00f1alados los que, por eso mismo, descartan la acusada arbitrariedad pues obedecen a una postura que desde luego lejos est\u00e1 de mostrarse como irracional y todav\u00eda menos podr\u00eda calificarse de manifiestamente contraevidente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que existen precedentes jurisprudenciales respecto \u00aba la carga de la prueba, la justicia transicional y el trato al opositor dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la se\u00f1ora Ana Cecilia est\u00e1 encaminada, en lo cardinal, frente al prove\u00eddo proferido el 18 de junio del a\u00f1o en curso por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 negar por \u00abimprocedentes\u00bb los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n formulados contra el auto del 20 de mayo anterior, a trav\u00e9s del cual le neg\u00f3 el decreto de nuevos medios probatorios y la reprogramaci\u00f3n de recepci\u00f3n de un testimonio, en el marco del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras que Herminda Torres de Tarazona promovi\u00f3 contra personas indeterminadas, tr\u00e1mite en el que obra como opositora, pues en su criterio, s\u00ed hab\u00eda lugar al decreto de pruebas pretendido. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, para mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n en punto del no decreto de los medios suasorios pedidos por la aqu\u00ed interesada, en lo que tiene que ver con el testimonio reclamado precis\u00f3, \u00abque dichas audiencias se realizar\u00edan de manera presencial y virtual, teniendo en cuenta para ello la informaci\u00f3n aportada por las apoderadas judiciales de los opositores frente al requerimiento efectuado por este despacho judicial; (\u2026) de ah\u00ed, que no puede ser aceptada por este despacho la afirmaci\u00f3n de que \u201cnegarme la declaraci\u00f3n de Olivo es como negarme el derecho a la defensa\u201d, en la medida que de un lado, a la opositora (\u2026), se le comunic\u00f3 con la debida antelaci\u00f3n la modalidad (presencial o virtual) en que ser\u00edan llevadas a cabo las audiencias de recepci\u00f3n de las declaraciones de parte y de terceros, sin presentar censura alguna respecto de esa determinaci\u00f3n o por lo menos, sin que expusiese las especiales circunstancias en las que se pudiere encontrarse la persona llamada a declarar que necesariamente obligase a este Juzgador a adoptar medidas distintas (v.gr. habilitar y disponer de los recursos t\u00e9cnicos y tecnol\u00f3gicos para recepcionar la declaraci\u00f3n de manera virtual) y por el otro, a todos por igual, tanto a testigos como a partes, se les otorg\u00f3 la correspondiente oportunidad para ser escuchados en audiencia (\u2026), al punto que la mayor\u00eda de las declaraciones decretadas, fueron debidamente recepcionadas\u00bb, sin contar adem\u00e1s, que es al testigo \u00abno a otra persona a quien le corresponde justificar y acreditar al menos sumariamente la causa por la cual no compareci\u00f3 en la fecha y hora se\u00f1alada para rendir su declaraci\u00f3n, conforme lo establece la normatividad vigente que rige la materia, situaci\u00f3n que no aconteci\u00f3 en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, en lo que tiene que ver con la necesidad de oficiar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Polic\u00eda Nacional indic\u00f3, que \u00abel ejercicio de la facultad oficiosa con la que cuenta el juzgador para decretar pruebas no pedidas por los intervinientes (\u2026), no puede imponerse al juez que conoce del asunto, ya que tal facultad se ejerce conforme al criterio y sana critica del correspondiente funcionario judicial que no de quien estando obligado a aportar las pruebas se sustrae de dicha obligaci\u00f3n; pues dicho sea de paso, que en la aplicaci\u00f3n de la justicia transicional, tal y como lo ha establecido la Honorable Corte Constitucional y la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, el deber de cumplir con la carga de la prueba en la forma prevista en el inciso tercero del art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011 a quienes intervienen como parte opositora dentro del respectivo proceso de restituci\u00f3n, no se torna en excesivo\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 as\u00ed mismo, que sobre el deceso del se\u00f1or Ismael Tarazona \u00abno se conoci\u00f3 apenas con las manifestaciones realizadas en las declaraciones rendidas por los declarantes (\u2026), pues desde el mismo momento en que la [demandante] realiz\u00f3 la solicitud de inscripci\u00f3n en el registro de tierras despojadas y abandonadas, hizo alusi\u00f3n a este hecho, el cual adem\u00e1s se dice aconteci\u00f3, con anterioridad a la ocurrencia de los hechos victimizantes en que fundamentan la presente solicitud de restituci\u00f3n y en otro municipio distinto, por lo que tal y como se argument\u00f3 en el auto del 20 de mayo (\u2026), dicha prueba no guarda relaci\u00f3n con los hechos que interesan en \u00e9ste asunto y en todo caso, si es que la parte opositora la consideraba relevante, debi\u00f3 aportarse y\/o solicitarse dentro de la oportunidad que consagra el inciso tercero del art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
3.2. De esta forma, con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Juzgado criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed opositora), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
3.3. T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, la autoridad judicial convocada tuvo en cuenta los hechos expuestos y las normas aplicables asunto, los que permitieron advertir que, en efecto, no hab\u00eda lugar a reprogramar el aludido testimonio, comoquiera que, no solo el deponente no justific\u00f3 de manera alguna su inasistencia, sino que con suficiente antelaci\u00f3n se hab\u00edan dispuesto los mecanismos pertinentes para la pr\u00e1ctica de la audiencia respectiva, sin que la aqu\u00ed actora hubiese expuesto inconformidad alguna, a m\u00e1s que de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 217 del C.G. del P., era de su resorte \u00abprocurar la comparecencia del testigo\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la autoridad judicial convocada explic\u00f3 la impertinencia e inviabilidad de oficiar al ente de control y a la Polic\u00eda, conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 89 de la Ley 1448 de 2011 y 170 \u00eddem, lo que de contera permite concluir, que la afectaci\u00f3n alegada resulta inexiste, y que la actora actu\u00f3 con negligencia al no hacer uso oportuno de los medios de defensa a su alcance, es decir, solicitar desde el inici\u00f3 del proceso judicial el decreto de las aludidas pruebas, y propender porque su testigo acudiera al llamado de la justicia, o en su defecto, poner de presente ante el Juzgado, previa a su configuraci\u00f3n, las causales para la inasistencia de \u00e9ste. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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