STC10165-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10165-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00421-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wendy Julieth Rodr\u00edguez Rodelo contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a \u00abtener una familia y no ser separado de ella\u00bb, y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantados por la autoridad judicial convocada, al declarar reconstruido el expediente, sin tener en consideraci\u00f3n todas las pruebas aportadas al proceso, y, ordenar en consecuencia, la custodia compartida de sus menores hijos Y y XXXX dentro del proceso verbal sumario que promovi\u00f3 contra Lennis Hanil Bernal Reyes, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2017-00144-00. <\/p>\n
Entonces, pide en lo cardinal, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se suspendan los efectos de las decisiones emitidas los \u00abd\u00edas 12 y 20 de mayo\u00bb actual, por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja relata, en lo que importa para el asunto, que la sede acusada mediante sentencia \u00abproferida el d\u00eda 12 y 20 de mayo de 2021\u00bb, puso fin a la instancia sin tener en consideraci\u00f3n las pruebas testimoniales y documentales por ella aportadas, incurriendo as\u00ed, dice, en una \u00abFLAGRANTE VIOLACION AL DEBIDO PROCESO, AL DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA y ACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, explic\u00f3 que la juez querellada \u00abten\u00eda programado dictar sentencia desde el a\u00f1o 2018\u00bb, pero \u00abcuriosamente\u00bb el expediente se extravi\u00f3, lo que oblig\u00f3 a la autoridad a proceder con su reconstrucci\u00f3n, sin que \u00abnunca\u00bb fuera debidamente enterada de dicha diligencia, raz\u00f3n por la cual la misma se adelant\u00f3 de manera exclusiva con los documentos que fueron allegados por su contraparte, \u00ablo cual se puede deducir en una simulaci\u00f3n de la reconstrucci\u00f3n\u00bb, pues \u00e9sta se hizo con las pruebas que le \u00abfavorec\u00edan\u00bb al extremo demandado, mientras que las suyas \u00abnunca aparecieron\u00bb, lo que, dice, impidi\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora juez hubiese realizado un verdadero juicio de valor a todo el material probatorio, o por lo menos cumplido con su verdadero rol de administrador de justicia, porque fui v[\u00ed]ctima de violencia intrafamiliar como bien se ventilo en el proceso\u00bb, aunado al hecho que no cont\u00f3 con \u00abDEFENSA MATERIAL Y T[\u00c9]CNICA\u00bb, pues \u00ablas actuaciones de mi apoderado no fueron eficaces, este no present[\u00f3] recursos a las decisiones err\u00f3neas de la juez, como tampoco le increp[\u00f3] a la juez, el por qu\u00e9 no se hab\u00eda realizado la visita social al domicilio m\u00edo, no avizor[\u00f3] que faltaban las valoraciones psicol\u00f3gicas de medicina legal ordenadas a mis hijos y a las partes, que nunca se realizaron, pese a estar ordenadas por el despacho, en fin, no hizo nada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente afirm\u00f3, que tampoco fue debidamente enterada de la sentencia, de la que tuvo conocimiento \u00abcuando el padre de los ni\u00f1os (demandado) me escribi\u00f3 a mi n\u00famero de celular, manifestando que deb\u00eda entregarle a la ni\u00f1a por un a\u00f1o\u00bb, situaciones todas \u00e9stas que, dice, hacen viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pues perdi\u00f3 \u00abla credibilidad en la justicia, m\u00e1xime que quien administr[\u00f3] justicia en mi proceso es una juez que tiene un sin fin de investigaciones y se encuentra indagada por sus actuaciones dentro del cartel de la toga\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO <\/p>\n
a.) El Juez S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, y en para ello explic\u00f3, que el 18 de octubre de 2018 \u00abse llev\u00f3 a cabo audiencia en la que queda pendiente dictar sentencia\u00bb, y \u00abel d\u00eda quince (15) de enero del a\u00f1o en curso, la apoderada de la parte demandada, Dra. Miriam Cantillo Berdugo, allega por medios electr\u00f3nicos solicitud para que se dicte sentencia, teniendo en cuenta que su poderdante hab\u00eda regresado al pa\u00eds y pod\u00eda ejercer la custodia\u00bb; no obstante, tras varios intentos de b\u00fasqueda del expediente, \u00abse report\u00f3 la p\u00e9rdida del mismo y se procedi\u00f3 a su reconstrucci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que dicha diligencia se adelant\u00f3 el 12 de mayo del a\u00f1o en curso, previa notificaci\u00f3n de los extremos procesales, y adem\u00e1s, se \u00abprocede a dictar sentencia en la que se orden\u00f3 la custodia compartida de los menores X e Y ZZ, en cabeza de sus padres\u00bb, audiencia a la que compareci\u00f3 el defensor de familia adscrito al Despacho, \u00abquien manifest\u00f3 estar conforme con la decisi\u00f3n por cuanto la consider\u00f3 ajustada a derecho y respetuosa de los intereses de los menores. La parte demandante se abstuvo de acceder a la diligencia a pesar de haber sido notificada en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica aportada en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Finalmente anot\u00f3, que el d\u00eda 20 de ese mismo mes y a\u00f1o la aqu\u00ed tutelante a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 copia de la decisi\u00f3n con que se finiquit\u00f3 la instancia, y aport\u00f3 \u00abuna nueva direcci\u00f3n electr\u00f3nica, a la cual se remite la actuaci\u00f3n solicitada\u00bb. <\/p>\n
b.) La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n simplemente dijo, que es del resorte del juez de tutela verificar \u00absi se cumplen los requisitos generales y especiales de la Tutela contra providencias judiciales\u00bb, y determinar si se quebrantaron o no las prerrogativas de la accionante. <\/p>\n
c.) Del expediente digital remitido por el juez constitucional, no se advierte que los dem\u00e1s involucrados en el asunto hayan intervenido al interior de este. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla neg\u00f3 el resguardo reclamado, tras advertir, en suma, que \u00abla Accionante no ha puesto en conocimiento de la Juez Accionada, los hechos aqu\u00ed expuesto, a trav\u00e9s del incidente de nulidad pertinente, a efectos que dicha Funcionaria estudie la solicitud y decida si efectivamente hay falta o indebida notificaci\u00f3n de las decisiones proferidas por dicha Funcionaria, siendo \u00e9sta la juez natural, para que se pronuncie al respecto, y las partes puedan ejercer sus derechos de <\/p>\n
contradicci\u00f3n y defensa\u00bb. <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora del amparo, sin exponer las razones de su inconformidad. <\/p>\n
Al respecto se precisa, que el archivo contentivo de la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb enviada por el Tribunal constitucional de primera instancia, proviene de una tercera persona quien cuestiona una decisi\u00f3n completamente diferente a la que ahora es objeto de estudio, raz\u00f3n por la cual se requiri\u00f3 a dicha autoridad para que enviara el escrito correspondiente; no obstante, se limit\u00f3 a aclarar que, si bien \u00abel escrito en PDF adjuntado por la accionante no corresponde con la tutela T-00421-2021\u00bb, lo cierto era que \u00aben el cuerpo del correo la [accionante] impugna, lo que es suficiente para darle tramite a la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, la ciudadana Rodr\u00edguez Rodelo cuestiona varios aspectos al interior del proceso de custodia y cuidado personal que promovi\u00f3 en contra del progenitor de sus hijos menores de edad, hechos que, en su sentir, propendieron por el quebrantamiento de sus garant\u00edas superiores y los cuales se circunscriben as\u00ed: (i) indebida notificaci\u00f3n del auto que dispuso la reconstrucci\u00f3n del expediente; la cual redund\u00f3 en la reconstrucci\u00f3n \u00absimulada\u00bb del asunto; y, (ii) la emisi\u00f3n de la sentencia que puso fin a la instancia, de la cual dice, tampoco fue debidamente intimada. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la confirmaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Mediante auto del 26 de marzo de 2021, el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Oralidad advirti\u00f3 sobre el extrav\u00edo del proceso de custodia y cuidado personal promovido por Wendy Julieth Rodr\u00edguez Rodelo, aqu\u00ed interesada, frente a Lennis Hanil Bernal Reyes, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2017-00144, por lo que dispuso su reconstrucci\u00f3n, y para ello requiri\u00f3 a \u00ablas partes y a los apoderados para que dentro del t\u00e9rmino de diez d\u00edas (10) alleguen por medios electr\u00f3nicos las grabaciones y\/o documentos que posean para proceder a la reconstrucci\u00f3n en audiencia\u00bb, la cual fij\u00f3 para el 12 de mayo siguiente, advirtiendo adem\u00e1s, que en esa misma diligencia se pondr\u00eda fin a la instancia, teniendo en consideraci\u00f3n que \u00abel \u00faltimo estado del proceso fue el de sentido de fallo, encontr\u00e1ndose pendiente la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3.2. La anterior determinaci\u00f3n fue notificada por estado el 5 de abril de los corrientes, y mediante correo del 11 de mayo siguiente, se remiti\u00f3 a las partes el enlace de acceso a los correos registrados en la demanda. <\/p>\n
3.3. A dicha diligencia \u00fanicamente compareci\u00f3 el Defensor de Familia adscrito al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla y la apoderada judicial del demandado, Lennis Hanil Bernal Reyes, y en el curso de la misma la Directora del proceso indic\u00f3, que la reconstrucci\u00f3n del dossier \u00abcont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de la parte demandada (\u2026) y as\u00ed se recaudaron documentos de los cuales no se pudo apreciar el de los videos, por cuanto estaban en sensible medio de DVD. Sin embargo, los documentos que se\u00f1alaban el estado del proceso fueron en su totalidad aportados por la apoderada de la parte demandada\u00bb, raz\u00f3n por la cual el asunto fue debidamente reconstruido, decidiendo la contienda declarando la custodia compartida de los dos hijos menores, tal y como se hab\u00eda anticipado cuando se anunci\u00f3 el sentido del fallo. <\/p>\n
3.4. A trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, el apoderado de la demandante, aqu\u00ed tutelante, pidi\u00f3 al Juzgado que le fuera indicado \u00absi ya se dict\u00f3 la sentencia que tanto se esperaba antes de la pandemia, y porque el expediente con su referencia no aparece en la plataforma TIBA, ni tampoco se le ha comunicado mediante oficio a la direcci\u00f3n de la demandante, para saber decisi\u00f3n del despacho. Cualquier informaci\u00f3n deseamos nos comunique al correo de la demandante: Wendyyuliethrodriguez90@gmail.com\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
4.1. Sin duda, se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, la querellante desaprovech\u00f3 los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional en la presunta ilegalidad en la que incurri\u00f3 la directora del proceso al reconstruir el expediente, sin supuestamente reparar en que no fueron incluidas todas y cada una de las pruebas decretadas al interior del asunto, en especial, las por ella aportadas, ha debido cuestionar en reposici\u00f3n la decisi\u00f3n del 12 de mayo actual, a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 reconstruido el legajo, conforme lo habilita el canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, no es posible pretender remediar dicha situaci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo, dado que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5929-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
4.2. Y no se diga tampoco, que la fecha programada para la pr\u00e1ctica de esa particular diligencia (art. 126 C.G. del P.), no le fue debidamente enterada a la actora, pues basta con revisar el expediente digital, particularmente el auto del 26 de marzo actual1, a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 la reconstrucci\u00f3n del legajo, para verificar que se convoc\u00f3 a las partes para que \u00abdentro del t\u00e9rmino de diez d\u00edas (10) alleguen por medios electr\u00f3nicos las grabaciones y\/o documentos que posean para proceder a la reconstrucci\u00f3n en audiencia\u00bb; y se fij\u00f3 fecha y hora para la diligencia de reconstrucci\u00f3n, de donde se desprende, sin duda, que a diferencia de lo considerado por la se\u00f1ora Wendy Julieth, lo resuelto s\u00ed fue debidamente comunicada a las partes, conforme adem\u00e1s, se pudo corroborar de la consulta de estados electr\u00f3nicos -micrositio web2- del Despacho encartado. <\/p>\n
Sobre el particular, es preciso traer a colaci\u00f3n un asunto de contornos similares a los aqu\u00ed analizados, donde la Sala determin\u00f3 que \u00abse encuentra ajustado a lo prescrito en citado art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto 806 del 2020, el cual dispuso que: \u00abART\u00cdCULO 9. Notificaci\u00f3n por estado y traslados. Las notificaciones por estado se fijar\u00e1n virtualmente, con inserci\u00f3n de la providencia, y no ser\u00e1 necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. No obstante, no se insertar\u00e1n en el estado electr\u00f3nico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan menci\u00f3n a menores, o cuando la autoridad judicial as\u00ed lo disponga por estar sujetas a reserva legal\u00bb (STC5158-2020). <\/p>\n
Por lo tanto, se concluy\u00f3 que \u00abla normativa en precedencia ordena la divulgaci\u00f3n v\u00eda internet del estado y, adicionalmente, la inclusi\u00f3n de la resoluci\u00f3n susceptible de notificaci\u00f3n. De manera tal que es irrebatible que para formalizar la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb de las disposiciones judiciales no se requiere el env\u00edo de \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb. Ciertamente, la norma \u00fanicamente exige, se reitera, realizar la publicaci\u00f3n web y en ella colocar el hiperv\u00ednculo de la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional. (Cit). <\/p>\n
4.3. Con similar orientaci\u00f3n observa tambi\u00e9n la Corte, que en el auto que se orden\u00f3 la correspondiente reconstrucci\u00f3n del expediente, se indic\u00f3 el estado en que se encontraba el proceso al momento de su extrav\u00edo, advirtiendo que ya se hab\u00eda dado el \u00absentido de fallo\u00bb, por lo que se encontraba \u00abpendiente la sentencia\u00bb, se\u00f1alando como fecha para agotar la instancia \u00abel d\u00eda 12 de mayo de 2021 a las 08:30 am\u00bb; luego, en esa misma oportunidad no s\u00f3lo se declarar\u00eda la reconstrucci\u00f3n del legajo con sustento en \u00abla exposici\u00f3n jurada y dem\u00e1s pruebas que se aduzcan en ella\u00bb, sino que, adem\u00e1s, se dictar\u00eda la respectiva decisi\u00f3n de fondo, determinaci\u00f3n que como ya se indic\u00f3, fue debidamente publicada en estados, sin que fuere necesario hacerlo de forma personal como, al parecer, lo entiende la quejosa. <\/p>\n
Con todo, vale precisar que los enlaces de acceso a la diligencia se remitieron a los canales digitales informados en el escrito de demanda, esto es, mafe_05_07@hotmail.com3, sin que el hecho de cambiar con posterioridad de direcci\u00f3n electr\u00f3nica implique la invalidaci\u00f3n de dicho enteramiento, en tanto que, \u00ab[e]s deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto en el art\u00edculo 78 numeral 5 del C\u00f3digo General del Proceso, comunicar cualquier cambio de direcci\u00f3n o medio electr\u00f3nico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo v\u00e1lidamente en la anterior\u00bb (art. 3 Decreto 806 de 2020), raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para concluir, que no existe una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad judicial, susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n especial. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb (CSJ STC4551-2021). <\/p>\n
4.4. Por \u00faltimo, aunque la actora alega adem\u00e1s, que careci\u00f3 \u00abde defensa t\u00e9cnica\u00bb al interior del litigio verbal en comento, las diligencias informan que \u00e9sta siempre cont\u00f3 con un profesional del derecho que defendi\u00f3 sus intereses, con quien no solo se agotaron las diversas etapas procesales, sino que se realizaron acciones de participaci\u00f3n y contradicci\u00f3n que se consideraron pertinentes; de este modo, para la Sala afirmar que existe vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que se ejerce mediante abogado, no puede simplemente se\u00f1alarse la ausencia de actos tales como la interposici\u00f3n de recursos, la presentaci\u00f3n de alegatos, la solicitud de pruebas, etc., con un absoluto abandono del cargo, pues si bien \u00e9stas suelen coincidir con aquellas manifestaciones de la actividad defensiva, no constituyen en estricto sentido, en la mayor\u00eda de los casos, m\u00e1s que aparentes expresiones del ejercicio de la defensa que no siempre es posible confundir con el derecho mismo, ya que \u00e9ste puede presentarse de diversas formas como estrategia defensiva, sin que ello de modo alguno pueda compararse con la evidente desatenci\u00f3n irresponsable de los compromisos inherentes al defensor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cabe precisar que el concepto de derecho de defensa no se puede construir en la abstracta anticipaci\u00f3n del resultado favorable del juicio, sino que se soporta en las posibilidades reales de contradicci\u00f3n, lo que adem\u00e1s, depende en buena medida de la informaci\u00f3n que sobre el asunto le suministre el poderdante, por lo que, entonces, la garant\u00eda de una defensa id\u00f3nea no siempre se materializa bajo la apariencia de inactividad; <\/p>\n
Entonces, no cabe duda que la gestora del amparo adem\u00e1s de denunciar las omisiones del defensor, debe demostrar la trascendencia que la conducta de \u00e9ste tuvo en la decisi\u00f3n final, o c\u00f3mo una distinta implicar\u00eda una suerte tambi\u00e9n diferente para ella, an\u00e1lisis que la se\u00f1ora Wendy Julieth no efectu\u00f3, por lo que al quedar hu\u00e9rfana de sustentaci\u00f3n la censura elevada por \u00e9sta frente al abogado, vedado queda el juez constitucional para intervenir, dado que no puede asumir como propio la misi\u00f3n encomendada al togado en cuanto a decidir de manera aut\u00f3noma qu\u00e9 acciones debe desplegar en cada asunto en aras de garantizar la defensa y el derecho de las garant\u00edas superiores de su representado. <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia, pero por las puntuales razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentran involucrados dos menores de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 AutoOrdenaReconstrucci\u00f3nExpediente.pdf <\/p>\n
2\u0002 EstadosElectr\u00f3nicos5deabril2021 <\/p>\n
3\u0002 Env\u00edoProgramaci\u00f3nAudiencia <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10165-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC10165-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00421-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56303","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56303"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56303\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}