STC10171-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10171-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00331-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Molina Blanco contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la \u00abSEGURIDAD JUR\u00cdDICA\u00bb, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al haber negado el decreto de pruebas de oficio, en el marco del proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer que Marta Luc\u00eda Valencia Ram\u00edrez promovi\u00f3 en su contra, con radicado No. 2020-00203-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, \u00abDEJA[NDO] SIN EFECTO el auto proferido el 2 de julio de 2021\u00bb, y que como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn, \u00abprof[erir] un nuevo auto en el cual se acoja la solicitud de decretar pruebas de oficio el sentido solicitado\u00bb, al interior del litigio en comento. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que aunque hasta el 3 de junio pasado conoci\u00f3 de la existencia del proceso ejecutivo que se pretendi\u00f3 seguir en su contra, pues el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn deneg\u00f3 librar el mandamiento de pago reclamado con base en el acta de conciliaci\u00f3n que suscribi\u00f3 con la se\u00f1ora Valencia Ram\u00edrez, por incumplir con los requisitos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo Civil1, en el marco del juicio coercitivo por obligaci\u00f3n de hacer criticado, el que se promovi\u00f3 con el mismo documento, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma urbe neg\u00f3 decretar como prueba oficiosa \u00abla copia aut\u00e9ntica \u00edntegra del fallo\u00bb proferido en el primero de los procesos, desconociendo, dice, que ese medio demostrativo daba lugar a que \u00abopera[ra] el fen\u00f3meno de cosa juzgada\u00bb, comoquiera que se trata de \u00ablos mismos documentos, (\u2026) partes (\u2026) y (\u2026) objeto\u00bb, circunstancia que, asegura, lesiona las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn puntualiz\u00f3, que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues no \u00abse ha dado el inicio de la fase de oralidad en la cual se dirime de fondo el litigio; previo a la cual, esta titular haciendo uso de las facultades conferidas por la ley, puede hacer uso de las herramientas procesales permitidas para poder tener los suficientes elementos de confirmaci\u00f3n que le permitan emitir una decisi\u00f3n en derecho\u00bb; a lo que agreg\u00f3, que la orden de apremio se libr\u00f3 \u00abcon fundamento en la demanda y en las pruebas que a ella se acompa\u00f1an, estando en consonancia con las normas procesales y sustanciales aplicables al caso, no puede hablarse de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; y debe considerarse, que es en la etapa de confirmaci\u00f3n, y a trav\u00e9s de los medios de defensa invocados por la parte resistente, donde se adquiere por parte de la judicatura, la certeza de la existencia del derecho reclamado en cabeza de la parte ejecutante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn desestim\u00f3 la salvaguarda deprecada, por cuanto si bien el gestor se duele del auto proferido el pasado 2 de julio por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad, por medio del cual se le deneg\u00f3 el decreto de una prueba de oficio, lo cierto es que \u00abno existe tal cosa como \u201csolicitud de prueba de oficio\u201d. Seg\u00fan el art\u00edculo 169 ib\u00eddem las pruebas se decretan a petici\u00f3n de parte o de oficio. Si una prueba la solicita la parte, ya no puede decretarse de oficio. La redacci\u00f3n de la norma da entender con claridad que son dos conceptos distintos y excluyentes. <\/p>\n
Por \u00faltimo, no puede considerarse que se inaplica el art\u00edculo 303 del CGP, porque la cosa juzgada est\u00e1 reservada a la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso. A una providencia distinta como lo es un auto que libra mandamiento de pago o lo niega no puede hacerse extensivo dicho fen\u00f3meno\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Miguel \u00c1ngel est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 2 de julio del a\u00f1o en curso por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Medell\u00edn, a trav\u00e9s del cual se neg\u00f3 la solicitud de \u00e9ste encaminada a que ese Despacho decretara como prueba oficio, solicitud al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Oralidad de esa misma urbe, para que allegara copia aut\u00e9ntica \u00edntegra del fallo dictado dentro del proceso ejecutivo bajo el radicado No. 05001 31 03 010 2019 00552 00, y en el cual se neg\u00f3 el mandamiento de pago por obligaci\u00f3n de hacer, tras considerarse que el t\u00edtulo ejecutivo aportado no conten\u00eda una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, pues seg\u00fan el inconforme, se trat\u00f3 de la misma obligaci\u00f3n que se pretende exigir en el Despacho convocado. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la decisi\u00f3n antes individualizada, observa la Sala que no resulta viable la petici\u00f3n constitucional solicitada por el se\u00f1or Molina Blanco, habida cuenta que, a diferencia de lo por \u00e9l considerado, la misma se soport\u00f3 en argumentos jur\u00eddicos que no pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata entonces, de un comportamiento ilegitimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, toda vez que la Juez Civil del Circuito convocada, para resolver de la manera como lo hizo, es decir, negar el decreto de la \u00abprueba de oficio\u00bb reclamada por el gestor, comenz\u00f3 por establecer que \u00abse est\u00e1 en presencia de un proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer, donde existe la certeza de un derecho, que para el caso que nos ocupa recae sobre el demandado a quien se le ordenar\u00e1 que cumpla con la obligaci\u00f3n contra\u00edda dentro de un plazo prudente, seg\u00fan el criterio del juez para valorar diferentes aspectos del propios del incumplimiento, es decir, de una obligaci\u00f3n que encuentra sustento, en un t\u00edtulo ejecutivo, en este caso denominada Acta de Audiencia de Conciliaci\u00f3n Prejudicial, la cual seg\u00fan el juicio de la titular de este despacho y luego del an\u00e1lisis de admisiblidad que se llev\u00f3 a cabo al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, cumpli\u00f3 a cabalidad con las exigencias consagradas en la norma\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa puntualiz\u00f3, en relaci\u00f3n al medio de prueba solicitado, que \u00abresulta a todas luces inconducente y no refleja ning\u00fan grado de utilidad, pues n\u00f3tese que seg\u00fan el criterio y la sabidur\u00eda del juez que adopt\u00f3 en su momento la decisi\u00f3n de negar el mandamiento de pago (\u2026), ello obedeci\u00f3 a la valoraci\u00f3n que se llev\u00f3 a cabo en aquella oportunidad, determinaci\u00f3n que hace parte de la autonom\u00eda de los jueces para adoptar decisiones, pues aun cuando se trate del mismo t\u00edtulo ejecutivo como lo afirma el letrado, prima en esta oportunidad el criterio jur\u00eddico de la titular de este despacho, que como directora del proceso, adopt\u00f3 una decisi\u00f3n basada en un juicioso estudio de todos los elementos que fueron aportados junto con el libelo principal, y que conllevaron a adoptar la decisi\u00f3n de librar orden de apremio en contra del demandado\u00bb, m\u00e1xime cuando la aludida determinaci\u00f3n \u00abno constituye un elemento de juicio para adoptar una decisi\u00f3n en derecho\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, examinadas tales motivaciones con el l\u00edmite de la acci\u00f3n de tutela, al margen que esta Corporaci\u00f3n las comparta \u00edntegramente o no, se concluye que no pueden tildarse de antojadizas o caprichosas, lo cual impide su cuestionamiento en esta Sede, sin que la sola diferencia de criterio que expone el demandante constitucional permita predicar el quebranto de las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca, dado que, como qued\u00f3 visto, en lo determinado se observaron las normas procesales aplicables para el caso concreto, m\u00e1s aun cuando la ejecuci\u00f3n criticada est\u00e1 todav\u00eda en etapa probatoria, tal y como lo inform\u00f3 la Directora del proceso, por lo que es posible que el actor ejerza de manera efectiva su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, y adem\u00e1s, sin duda alguna, era del resorte exclusivo de \u00e9ste aportar el documento reclamado a la juez criticada, esto es, la copia de la sentencia dictada en el marco de la otra ejecuci\u00f3n, y que seg\u00fan su dicho, resulta necesaria para demostrar la existencia \u00abdel fen\u00f3meno de la cosa juzgada\u00bb alegada, pues de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abIncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb. <\/p>\n
5. De este modo, entonces, si la autoridad del Circuito convocada consider\u00f3, en \u00faltimas, que trat\u00e1ndose de un proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer, \u00abdonde existe la certeza de un derecho\u00bb, esto es, que existe una obligaci\u00f3n contra\u00edda por el demandado, aqu\u00ed inconforme, en un t\u00edtulo ejecutivo denominado \u00abActa de Audiencia de Conciliaci\u00f3n Prejudicial\u00bb, que debe cumplirse dentro de un plazo prudente, y cumple con las exigencias de ley, la prueba solicitada resulta a todas luces \u00abinconducente y no refleja ning\u00fan grado de utilidad\u00bb, en tanto que, si bien ciertamente en la otra ejecuci\u00f3n se neg\u00f3 el mandamiento de pago de la obligaci\u00f3n de hacer, ello obedeci\u00f3 al criterio y la valoraci\u00f3n efectuada bajo el principio de autonom\u00eda judicial, por otro juzgador, por lo que aun cuando se trate del mismo t\u00edtulo ejecutivo, lo all\u00e1 resuelto en nada infiere con la decisi\u00f3n adoptada de librar orden de apremio en contra del demandado, luego de revisar los documentos anexos con el libelo, lo cual, se insiste, lejos est\u00e1 de poder ser considerado como causal de procedencia del amparo, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00absi bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso. Al respecto esta Sala precis\u00f3: \u00ab(…) hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles\u00bb (CSJ STC10179-2019). <\/p>\n
6. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable al aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021). <\/p>\n
8. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Proceso Ejecutivo por la obligaci\u00f3n de hacer, rad. 2019-00552-00. <\/p>\n
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