STC10172-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10172-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00214-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mi veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 21 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Eugenia Izquierdo Bernal contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima y el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Agencia Nacional de Tierras, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a los terceros interesados -personas indeterminadas-. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales censuradas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 30 de agosto de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima inadmiti\u00f3 la demanda presentada por Mar\u00eda Eugenia Izquierdo Bernal en el proceso de pertenencia de radicado 2019-00202, hasta que no anexara \u00abun certificado de registro de instrumentos p\u00fablicos en donde conste las personas que figuren como titulares de derecho reales principales sujetos a registro\u00bb, conforme a lo establecido en el numeral 5 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso1. <\/p>\n
2.2. El 9 de septiembre siguiente, la demandante present\u00f3 escrito de subsanaci\u00f3n, aportando el certificado emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Seccional de La Mesa (Cundinamarca) del 22 de agosto de 2019, en el cual se estableci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDetermin\u00e1ndose de esta manera, QUE NO APARECEN TITULARES SOBRE DERECHOS REALES SUJETOS A REGISTRO SOBRE LA MEJORA. <\/p>\n
CON BASE A LAS ANTERIORES AFIRMACIONES, EL INMUEBLE OBJETO DE BUSQUEDA CON LOS DATOS OFRECIDOS, CARECE DE ANTECEDENTES REGISTRALES QUE INDIQUE T\u00cdTULAR DE DERECHO REAL DE DOMINIO, DETERMINANDO AS\u00cd LA INEXISTENCIA DE PLENO DOMINIO SOBRE EL MISMO, SITUACI\u00d3N DE LA CUAL SE PRESUME LA NATURALEZA BALD\u00cdA DEL PREDIO, Y SU IMPRESCRIPTIBILIDAD (Instrucci\u00f3n Conjunta No. 13 de fecha 13 de noviembre de 2014 de la SNR)\u00bb 2. <\/p>\n
2.3. El 27 de noviembre de 20193, el Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima rechaz\u00f3 la demanda, como quiera que \u00abla parte demandada no subsano (sic) (\u2026) tal como se orden\u00f3 en auto de fecha 30 de agosto de 2019 (\u2026)\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abel inciso del numeral 4 del art. 375 ibidem [se\u00f1ala] que el juez rechazara de plano la demanda o declarar\u00e1 la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, cuando advierta que la pretensi\u00f3n de declaraci\u00f3n de pertenencia recae sobre bienes de uso p\u00fablico, bienes fiscales adjudicables o BALDIOS (may\u00fasculas y resaltado del juzgado). Al otear el certificado especial allegado por la apoderada de la parte actora en escrito radicado el 9 de septiembre del a\u00f1o en curso, es claro para el Despacho que nos encontramos frente a un bien de naturaleza bald\u00eda e igualmente carece de antecedentes registrales\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 26 de enero de 2021, el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa (Cundinamarca) confirm\u00f3 el auto del 27 de noviembre de 20196. <\/p>\n
2.5. La actora cuestion\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, debido a que \u00abel se\u00f1or Juez no convoco (sic) a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, como lo exige la Ley y la Jurisprudencia para clarificar la situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio de la accionante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar su queja adujo que \u00abtiene posesi\u00f3n quieta, pac\u00edfica, p\u00fablica e ininterrumpida desde hace m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os de un predio ubicado en la jurisdicci\u00f3n del Municipio de Anapoima, Cundinamarca, vereda la Chica, con \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a, levantando a sus expensas y con sus propios recursos una vivienda, la cual habita con sus dos (2) hijos uno mayor y otro menor de edad, haciendo la salvedad que es madre cabeza de familia; paga servicios de agua, luz y el impuesto predial del predio, el cual est\u00e1 a su nombre; el inmueble por su \u00e1rea esta (sic) dentro del rango de las UNIDADES AGRICOLAS FAMILIARES; la construcci\u00f3n levantada sobre el predio ha sido con su propio esfuerzo como empleada de oficios varios en fincas y Casas de familia del Municipio de Anapoima (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, afirm\u00f3 que es posible que en el certificado especial que expida el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos \u00abno aparezca ninguna persona como titular de derechos reales, e incluso es probable que el predio no cuente con un folio de matr\u00edcula inmobiliaria, como es el caso, ya sea porque hace parte de otro de mayor extensi\u00f3n; no tiene antecedente registral de actos dispositivos en vigencia del sistema implementado a partir de la Ley 1579 de 2012, la cual derogo (sic) el Decreto 1250 de 1970; lo cual significa que estamos en presencia del denominado \u2018Certificado Especial Negativo\u2019, circunstancias que no constituyen un obst\u00e1culo para la admisi\u00f3n de la demanda, ni para adelantar la acci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, que \u00abla entidad competente para declarar la naturaleza jur\u00eddica de un bien bald\u00edo, le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras agotando el procedimiento \u00danico establecido en la Ley 902 de 2017 y su Resoluci\u00f3n Reglamentaria 740 de 2017\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que \u00abse encuentra frente a la inminencia y urgencia de un perjuicio irreparable que afecta su patrimonio y el de su familia, toda vez que DEVISAB pretende su desalojo, cuando considera que su predio est\u00e1 en zona de espacio p\u00fablico; sin que medie la Clarificaci\u00f3n de predios que corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, como quedo (sic) dicho\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, que se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima (Cundinamarca) que admita la demanda de pertenencia y vincule a la Agencia Nacional de Tierras, para que se pronuncie sobre la naturaleza jur\u00eddica del predio objeto de litis. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS <\/p>\n
VINCULADOS <\/p>\n
1. La Agencia Nacional de Tierras -ANT- afirm\u00f3 que, aunque debe ser vinculada a los procesos de prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio, no estaba llamada a determinar si la tutelante ostentaba dicho derecho. <\/p>\n
En ese sentido, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del proceso, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en raz\u00f3n a que, \u00aben el presente caso, se configura inexistencia de vulneraci\u00f3n al derecho constitucional fundamental alguno, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 1 y 5 del Decreto Ley 2591 de 1991, no existi\u00f3, ni existe a la fecha ninguna vulneraci\u00f3n o amenaza de vulneraci\u00f3n por parte de la Agencia Nacional de Tierras de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la accionante (\u2026) la Agencia Nacional de Tierras CARECE DE COMPETENCIA para pronunciarse sobre las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales dentro de los asuntos tramitados bajo su tutela (\u2026). Con fundamento en lo anterior, la ANT carece de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva, toda vez que los hechos demandados no versan sobre acciones u omisiones administrativas adelantadas por esta Entidad, como tampoco las pretensiones formuladas por la parte accionante en la tutela son de su competencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de La Mesa pidi\u00f3 que fueran denegadas las pretensiones de la presente acci\u00f3n constitucional, dado que, \u00abanalizados los hechos, se establece que el fallo de segunda instancia emitido por este Despacho judicial dentro del proceso de PERTENENCIA No 2019-202 de MARIA EUGENIA IZQUIERDO BERNAL contra PERSONAS INDETERMINADAS de fecha 26 de enero de 2021 se encuentra ajustado a Derecho, teniendo en cuenta que se consider\u00f3 que el bien materia de las pretensiones est\u00e1 sometido a un r\u00e9gimen especial, en atenci\u00f3n a los derroteros jurisdiccionales y la norma transcrita, emerge en forma evidente que la acci\u00f3n de pertenencia no est\u00e1 instituida para adquirir bienes de dominio p\u00fablico, como el que se pretende llevar a juicio sin que esta clase de bienes prescriban y por mandato legal est\u00e1n excluidos de la posibilidad de ser adquiridos por prescripci\u00f3n o usucapi\u00f3n por lo que no hab\u00eda otra decisi\u00f3n que adoptar sino la de rechazar de plano la demanda como se hizo por el Juzgado de primer grado\u00bb. <\/p>\n
3. La Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Superintendencia de Notariado y Registro sostuvo que \u00ablo solicitado no se encuentra dentro de las competencias asignadas\u00bb, dado que \u00abque dentro de los procesos de pertenencia esta entidad as\u00ed como cada una de sus dependencias como lo son las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y la Superintendencia Delegada para la Protecci\u00f3n, Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras, cumplen entre otras funciones con realizar las manifestaciones a que hubiera lugar en el \u00e1mbito de sus funciones de acuerdo al numeral 6 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo esta una m\u00e1s de las pruebas que recopila el juez dentro del proceso de pertenencia, las cuales deben ser evaluadas y analizadas por el juez quien es el competente para resolver la Litis\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, puesto que no se evidenci\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada vulnerara los derechos fundamentales alegados por la accionante. En este sentido, asegur\u00f3 que \u00abno se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por la convocante, por el contrario, la providencia censurada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o de capricho, e independiente de que esta Corporaci\u00f3n la proh\u00edje o no\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Despacho accionado justifico su decisi\u00f3n \u00abamparado en (los) actuales pronunciamientos efectuados por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Civil y de la Corte Constitucional, lo que ha sido acogido por esta Corporaci\u00f3n con relaci\u00f3n a los predios rurales que teniendo folio de matr\u00edcula inmobiliaria carezcan de titular de derecho de dominio, como se ha hecho menci\u00f3n, para presumir que su calidad es de bald\u00edo\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, precis\u00f3 que \u00ab\u2018no es lo mismo certificar que se ignora qui\u00e9nes son titulares de derechos reales principales sobre un inmueble, que certificar que nadie aparece registrado como tal\u2019; por lo cual, no es posible endilgar presuntas vulneraciones atendiendo la inconformidad de alguno de los extremos del proceso\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La impuls\u00f3 el apoderado de la accionante, quien reiter\u00f3 lo manifestado en el escrito tutelar, adicionando que no estaba de acuerdo con los fundamentos expuestos por el a quo constitucional, \u00abquien opta por acoger las mismas razones traidas (sic) por los operadores judiciales atacados, quienes asumen que, la EXISTENCIA DE UN CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD expedido por el se\u00f1or Registrador de Instrumentos P\u00fablicos, donde certifique que no EXISTE TITULAR INSCRITO DE DERECHO DE DOMINIO, brinda certeza para demostrar que el predio es un bald\u00edo, por lo tanto imprescriptible para adquirir por el modo de usucapi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, actualmente, la Corte Constitucional \u00abestudia un cumulo de tutelas donde se debaten situaciones similares a la planteada por mi mandante, donde se ver\u00e1n luces jurisprudenciales para dar claridad jur\u00eddica a quienes se les vulnera el derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia y se le vulneran sus derechos del debido proceso cuando de entrada se declara la imprescritibilidad (sic) de los bienes presuntamente bald\u00edos (sic), cuando son certificados por los registradores de instrumentos P\u00fablicos, que carecen de antecedentes registrales o no existe titular inscrito del derecho de dominio\u00bb. <\/p>\n
2. Durante el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n, el 30 de julio del a\u00f1o en curso, la parte actora radic\u00f3 memorial, en el cual solicit\u00f3 \u00abIMPONER MEDIDAS CAUTELARES y conminar a la Inspectora de POLICIA DE ANAPOIMA suspender cualquier diligencia de restituci\u00f3n respecto del bien inmueble de la accionante, hasta tanto se produzca el ACTO ADMINISTRATIVO que debe proferir la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS y hasta tanto se resuelva la presente acci\u00f3n constitucional de amparo, la cual dilucidar\u00e1 lo pertinente frente a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS en la determinaci\u00f3n de la NATURALEZA del bien inmueble de marras, la cual debe surtirse al interior del proceso de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
En sustento, argument\u00f3 que la Inspectora de Polic\u00eda II de Anapoima profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 029 del 22 de julio de 2021, sin tener en cuenta la excusa presentada por la promotora justificativa de su inasistencia a la audiencia celebrada el mismo d\u00eda, \u00abvulner\u00f3 el DERECHO A CONCILIAR con el querellante; se dejo (sic) de practicar pruebas y de debatir las pruebas llevadas al proceso por parte de la pasiva, quien demostrar\u00e1 qu (sic) DEVISAB con informaci\u00f3n Falsa pretende sacar avante la restituci\u00f3n pedida\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, adujo que la Agencia Nacional de Tierras, \u00fanica competente para determinar si un predio es bald\u00edo, no ha resuelto el tr\u00e1mite de legalizaci\u00f3n de propiedad (Rad No. B25040200152011), ha dilatado injustificadamente el asunto y \u00abno ha dictado el ACTO ADMINISTRATIVO correspondiente para establecer si el predio en debate es objeto de legalziaci\u00f3n (sic) por tratarse de un bien privado o si por el contrario, es un abaldio (sic) que debe ser inscrito a nombre del estado ante la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima (Cundinamarca) que admita la demanda de pertenencia y vincule a la Agencia Nacional de Tierras, para que se pronuncie sobre la naturaleza del predio objeto de la litis. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que viene ejerciendo la posesi\u00f3n pac\u00edfica sobre el bien por m\u00e1s de veinte a\u00f1os y a que el certificado emitido por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos, que presume que el inmueble en cuesti\u00f3n es bald\u00edo, carece de fuerza, dado que es la Agencia Nacional de Tierras la entidad competente para certificar cuando un predio reviste la naturaleza jur\u00eddica de bald\u00edo. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la determinaci\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda invocada, pues la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, tal como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. De manera preliminar es imperioso precisar que, si bien la censura se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra lo resuelto por el Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima, fue el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa la autoridad que, en providencia del 26 de enero de 2021, cerr\u00f3 el debate en torno al rechazo de la demanda, por ello se deber\u00e1 analizar \u00fanicamente lo actuado por el ad quem natural. <\/p>\n
Al respecto, ha manifestado la Corte que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC4538-2020, rad. 00523-01). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, de acuerdo con la sustentaci\u00f3n expuesta por el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa, en el prove\u00eddo 26 de enero de la presente anualidad, por el cual confirm\u00f3 el auto emitido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima que rechaz\u00f3 la demanda de pertenencia, no se vislumbra la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la querellante, toda vez que, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, la autoridad judicial expres\u00f3, razonadamente, los motivos por los cuales se impon\u00eda ratificar la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, \u00abal revisar la providencia cuestionada y las documentales aportadas con la demanda, se puede establecer que pese a que la decisi\u00f3n de primera instancia de rechazar la demanda, se ciment\u00f3 exclusivamente en que el bien objeto de usucapi\u00f3n no era un bien prescriptible, con base en el certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos p\u00fablicos, lo cierto es que el bien pretendido, es de naturaleza bald\u00eda, como se pudo corroborar con los dem\u00e1s elementos probatorios allegados con la demanda\u00bb. <\/p>\n
Para justificar lo anterior, rese\u00f1\u00f3 que \u00abno puede ignorarse el hecho que la misma demandante haya elevado la solicitud de adjudicaci\u00f3n del inmueble ante el INCODER, pues tal actuaci\u00f3n, conlleva a que el juzgador no le quede vac\u00edo o duda alguna, sobre la naturaleza p\u00fablica del inmueble\u00bb (se subraya); adem\u00e1s, que \u00abla referida actuaci\u00f3n del demandante, permite esclarecer el soporte f\u00e1ctico \u2013 probatorio requerido para predicar que el inmueble pretendido ostenta la condici\u00f3n de bald\u00edo, y con base en ello, rechazar la demanda como lo habilita el numeral 4 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, resalt\u00f3 que \u00abla H. Corte Constitucional en Sentencia C-530 de 1996 adujo: \u2018al consagrar la improcedencia de la declaraci\u00f3n de pertenencia, lo que la norma establece es la inexistencia del derecho, o, dicho en otros t\u00e9rminos, que no se gana por prescripci\u00f3n el derecho de propiedad sobre estos bienes (\u2026) aqu\u00ed no hay, no puede haber, violaci\u00f3n del derecho fundamental de acceder a la administraci\u00f3n de justicia\u2019\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que \u00abel bien materia de las pretensiones est\u00e1 sometido a un r\u00e9gimen especial, en atenci\u00f3n a los derroteros jurisprudenciales y la norma transcrita, emerge en forma evidente que la acci\u00f3n de pertenencia no est\u00e1 instituida para adquirir bienes de dominio p\u00fablico, como el que se pretende llevar a juicio (\u2026)\u00bb y, por consiguiente, \u00abno hab\u00eda otra decisi\u00f3n que adoptar sino la de rechazar de plano la demanda, como se hizo por el Juzgado de primer grado\u00bb. <\/p>\n
4.1. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada se fundament\u00f3 en el certificado especial emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, Seccional de La Mesa (Cundinamarca), en el cual se estableci\u00f3 que \u00ab(\u2026) EL INMUEBLE OBJETO DE B\u00daSQUEDA CON LOS DATOS OFRECIDOS, CARECE DE ANTECEDENTES REGISTRALES QUE INDIQUE TITULAR DE DERECHO REAL DE DOMINIO, DETERMINANDO AS\u00cd LA INEXISTENCIA DE PLENO DOMINIO SOBRE EL MISMO, SITUACI\u00d3N DE LA CUAL SE PRESUME LA NATURALEZA BALD\u00cdA DEL PREDIO Y SU IMPRESCRIPTIBILIDAD\u00bb7; asimismo, analiz\u00f3 las gestiones previas realizadas por la actora, concretamente, la solicitud de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos, radicada el 9 de noviembre de 2010 ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-8, de lo cual coligi\u00f3 que se trataba de un imprescriptible y, por tanto, era ajustado a derecho el rechazo de plano de la demanda, conforme lo dispuesto por el numeral 4 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.2. Sobre el particular, en un asunto similar esta Corporaci\u00f3n sostuvo: <\/p>\n
\u00abSe evidencia que la interpretaci\u00f3n confrontada no deriva de la mera subjetividad, ello en virtud a que del certificado de tradici\u00f3n especial arrimado se desprende la \u00abinexistencia de titularidad de derechos reales\u00bb sobre el predio objeto de la demanda, lo que llev\u00f3 a rechazar el libelo, con base en los art\u00edculos 6 y 13 de la Ley 1561 de 2012 y del canon 375 numeral 4\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, ya que no se desvirtu\u00f3 la condici\u00f3n de \u00abbald\u00edo\u00bb y, por lo mismo, su naturaleza de \u00abimprescriptible\u00bb. <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que resulta respetable y desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo\u00bb (CSJ STC8122-2020, del 5 de octubre de 2020, expediente 2020-00160-01). <\/p>\n
4.3. Corolario de lo expuesto ut supra, se considera que la determinaci\u00f3n censurada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones procesales, la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En definitiva, lo que se evidencia en este caso es una disparidad de criterios entre lo considerado por las Corporaciones accionadas- en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se observa, la decisi\u00f3n adoptada no muestra vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterado en CSJ STC2462-2021 mar. 2021, Rad. 2020-001724-01). <\/p>\n
5. Adicionalmente, en relaci\u00f3n con la petici\u00f3n allegada por la parte actora, en sede de impugnaci\u00f3n, tendiente a que se decreten medidas cautelares y se conmine a la Inspectora de Polic\u00eda II de Anapoima, resalta la Sala que con la misma se aport\u00f3 copia de la Resoluci\u00f3n No. 029 del 22 de julio de 2021, emitida por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Anapoima, en la cual se orden\u00f3 a la accionante \u00abla RESTITUCI\u00d3N del bien inmueble de uso p\u00fablico identificado (\u2026) con n\u00famero catastral 25-035-00-02-0011-0579-00\u00bb. Esto, teniendo como fundamento, entre otros, la respuesta dada por la Agencia Nacional de Tierras a las consultas del consorcio Devisab, de radicados SAL-2018-1821 y SAL-2018-2341 del 24 de julio y 25 de septiembre, respectivamente, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab\u2018(\u2026) de acuerdo con la informaci\u00f3n aportada y recolectada en el caso en concreto, espec\u00edficamente en el CERTIFICADO ESPECIAL expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la Mesa-Cundinamarca, del 18 de julio de 2018, manifiesta: Que una vez realizada la b\u00fasqueda tanto en libros de antiguo sistema como en el sistema de informaci\u00f3n registral SIR y acorde a los datos aportados por el Consorcio Devisab, no se encontr\u00f3 antecedente registral al predio identificado con la C\u00e9dula Catastral 25-035-00-02-0011-0579-00\u2019, y respecto de la naturaleza jur\u00eddica del predio cuestionado, el certificado de ORIP es claro al determinar que para la c\u00e9dula catastral en estudio, no presenta antecedentes registrales de derecho de dominio como tampoco titulares de derecho real de propiedad inscritos, lo que indica que el predio es un inmueble RURAL BALD\u00cdO, (\u2026)\u00bb9. <\/p>\n
Como soporte, en la referida Resoluci\u00f3n se hizo menci\u00f3n del oficio 20193100192321 de la ANT, reiterado en oficio 201931000802471 del 4 de febrero de 2020, sobre la calidad rural bald\u00edo del precitado inmueble. <\/p>\n
5.1. Frente a los reproches enfilados contra aquella decisi\u00f3n y a las peticiones presentadas en esta instancia, para que se ordene a la Inspecci\u00f3n suspender cualquier diligencia de restituci\u00f3n hasta que la Agencia Nacional de Tierras resuelva lo relativo a la legalizaci\u00f3n de la tierra, vale la pena precisar que se trata de hechos nuevos no presentados en la tutela inicial y que corresponden a una autoridad que no fue vinculada a este tr\u00e1mite, por tanto, no resulta procedente analizar lo pretendido. <\/p>\n
5.2. Adem\u00e1s, ha de resaltarse que lo reclamado frente a aquella determinaci\u00f3n y lo relativo a las pruebas de la ANT all\u00ed citadas, puede ser objeto de reproche ante la autoridad competente, mediante la interposici\u00f3n de los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio de apelaci\u00f3n, contemplados en el numeral 4\u00ba de la parte resolutiva de la Resoluci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Igualmente, es menester indicar que, en el antedicho escrito, la tutelante adujo que, en junio de 2020, inici\u00f3 un tr\u00e1mite de legalizaci\u00f3n de propiedad (Rad No. B25040200152011) ante la Agencia Nacional de Tierras, proceso que a\u00fan se encuentra en curso. <\/p>\n
De lo anterior, se advierte que la actora aun cuenta con otros medios para la defensa de sus intereses y derechos fundamentales. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha establecido: <\/p>\n
\u00abAhora, en cuanto al requisito gen\u00e9rico de subsidiariedad, basta se\u00f1alar que para intentar remediar el motivo que aqueja al reclamante sobre el tr\u00e1mite de su demanda de pertenencia, cuenta con los instrumentos jur\u00eddicos ordinarios para obtener dicho prop\u00f3sito, en tanto que puede realizar las gestiones necesarias ante las autoridades administrativas para dar claridad sobre la condici\u00f3n del bien y de ser ello procedente presentar nuevamente la demanda; incluso, de corroborarse que se trata de un bien bald\u00edo, tambi\u00e9n puede obtener la propiedad del mismo previo el cumplimiento de los requisitos legales mediante adjudicaci\u00f3n ante la Agencia Nacional de Tierras conforme lo prev\u00e9 la Ley 160 de 1994 o por venta del correspondiente municipio (Ley 388 de 1997)\u00bb (CSJ STC3113-2019, mar. 13, Rad. 2019-00001). <\/p>\n
5.3. Por \u00faltimo, frente al particular, se destaca que la accionante discute ante el juez constitucional la falta de prueba de la Agencia Nacional de Tierras sobre la naturaleza jur\u00eddica del bien como bald\u00edo, autoridad competente para el efecto, no obstante, en esta sede, alleg\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 029 del 22 de julio de 2021 en la que, como se indic\u00f3, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Anapoima hizo referencia a diversas probanzas que controvierten lo esgrimido por la gestora. <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, que neg\u00f3 el amparo, por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
STC10172-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00214-01 <\/p>\n
Nuevamente es la oportunidad para reiterar a la Sala mayoritaria que disiento \u201cin radice\u201d de la decisi\u00f3n acogida en el presente asunto. <\/p>\n
1. Mar\u00eda Eugenia Izquierdo Bernal inici\u00f3 el ruego de la referencia cuestionando a los Juzgados Promiscuo Municipal de Anapoima y Civil del Circuito de La Mesa, por haber rechazado la demanda de pertenencia instaurada respecto a un predio ubicado en la jurisdicci\u00f3n de Anapoima, vereda \u201cLa Chica\u201d, <\/p>\n
Para la tutelante, los estrados accionados violentaron sus prerrogativas fundamentales al no convocar \u201ca la Agencia Nacional de Tierras como lo exige la Ley y la Jurisprudencia para clarificar la situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio\u201d. <\/p>\n
La posici\u00f3n mayoritaria de esta Colegiatura, en segunda instancia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del tribunal a quo, tras advertir <\/p>\n
\u201c(\u2026) que la determinaci\u00f3n cuestionada se fundament\u00f3 en el certificado especial emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, Seccional de La Mesa (Cundinamarca), en el cual se estableci\u00f3 que \u00ab(\u2026) EL INMUEBLE OBJETO DE B\u00daSQUEDA CON LOS DATOS OFRECIDOS, CARECE DE ANTECEDENTES REGISTRALES QUE INDIQUE TITULAR DE DERECHO REAL DE DOMINIO, DETERMINANDO AS\u00cd LA INEXISTENCIA DE PLENO DOMINIO SOBRE EL MISMO, SITUACI\u00d3N DE LA CUAL SE PRESUME LA NATURALEZA BALD\u00cdA DEL PREDIO Y SU IMPRESCRIPTIBILIDAD\u00bb ; asimismo, analiz\u00f3 las gestiones previas realizadas por la actora, concretamente, la solicitud de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos, radicada el 9 de noviembre de 2010 ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- , de lo cual coligi\u00f3 que se trataba de un imprescriptible y, por tanto, era ajustado a derecho el rechazo de plano de la demanda, conforme lo dispuesto por el numeral 4 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) pues fue proferido despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones procesales, la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. Disiento de la decisi\u00f3n adoptada en la determinaci\u00f3n objeto de este pronunciamiento, pues como lo he manifestado en oportunidades anteriores10, y contrario a cuanto la Sala ha venido sosteniendo reiterativamente, la sola circunstancia de que un determinado bien carezca de antecedentes registrales no implica, necesariamente, que se trate de un bien bald\u00edo y, por ende, imprescriptible. <\/p>\n
En este punto se desconoce por la Corte la ca\u00f3tica historia registral del pa\u00eds, y el gravamen lo pone a caminar sobre los hombros del justiciable, con absoluta injusticia. En efecto, las primigenias normas relacionadas con el registro p\u00fablico inmobiliario11 se adoptaron en la colonia y durante la incipiente Rep\u00fablica, como las Reales C\u00e9dulas de 9 de marzo de 1778 y 16 de abril de 1783, as\u00ed como la Ley de 1 de junio de 1844 expedida por el Congreso de la Nueva Granada. Ah\u00ed no aparec\u00eda todo el inventario de bienes registrados del pa\u00eds y ser\u00eda un absurdo que as\u00ed fuera. Luego con el C\u00f3digo Civil de Cundinamarca de 185912, acogido por los dem\u00e1s Estados del pa\u00eds con la Ley 84 de 187313, y luego como legislaci\u00f3n permanente mediante la Ley 57 de 1887, se adopt\u00f3 el primer c\u00f3digo registral vern\u00e1culo. Dicho plexo, en el t\u00edtulo LXIII, consagraba varias disposiciones \u201c(\u2026) sobre los documentos p\u00fablicos escritos\u201d, determinando, entre otros asuntos, la forma de llevarse a cabo el registro en los libros de inscripci\u00f3n. El registrador deb\u00eda llevar tres libros: uno para inscribir los t\u00edtulos que trasladaban, modificaban o impon\u00edan una limitaci\u00f3n al dominio de bienes inmuebles; el segundo para la inscripci\u00f3n de t\u00edtulos que no afectaran la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las heredades, y el \u00faltimo para anotar grav\u00e1menes, tales como las hipotecas. Luego, con la Ley 57 de 1887 se introdujo el libro de causas mortuorias, autos de embargo y demandas civiles, y posteriormente se establecieron los libros de registro de documentos privados y de contratos de prenda. <\/p>\n
Por complejo, era ineficaz para conocer la realidad jur\u00eddica de un predio, porque los usuarios deb\u00edan examinar todos y cada uno de esos seis libros. Por fortuna la Ley 40 de 1932, estableci\u00f3 un sistema de matr\u00edcula inmobiliaria paralelo con el r\u00e9gimen previsto por el C\u00f3digo Civil, espec\u00edficamente, en sus otrora vigentes c\u00e1nones 2637 a 2682. Esa Ley 40 adopt\u00f3 un libro que llevara doble p\u00e1gina, dividida en seis columnas, en las cuales se inscrib\u00edan todos los derechos reales y situaciones jur\u00eddicas que afectaran al fundo matriculado, pero persisti\u00f3 una duplicidad normativa. Luego con el Decreto 1250 de 1970, se introdujo, entre otros avances, (i) la unificaci\u00f3n registral, determinando la existencia de un solo folio real para cada inmueble, (ii) la calificaci\u00f3n legal antes de llevar a cabo la inscripci\u00f3n de un t\u00edtulo, y (iii) el principio de publicidad, bajo el cual se garantizaba, no solo el acceso al archivo, sino dotar a dicha informaci\u00f3n con efectos vinculantes respecto a terceros. Finalmente, este sistema fue derogado por la Ley 1579 de 2012, hoy imperante, introduciendo la utilizaci\u00f3n de medios magn\u00e9ticos y digitales a fin de garantizar su calidad, seguridad, celeridad y eficacia. <\/p>\n
Ello significa que la historia registral de nuestro pa\u00eds, es artesanal, desorganizada, insegura y parcial, no recoge toda la memoria de la propiedad, y si se hace, por ejemplo, un inventario de cuantos municipios existen y cuantos, tienen notar\u00eda y oficinas de registro la sorpresa ser\u00e1 may\u00fascula ante el menor n\u00famero de notar\u00edas y oficinas de registro en la inmensa zona de la ruralidad, municipios y ciudades intermedias nuevas. Hay cientos de municipios que nunca han tenido notar\u00eda y mucho menos oficinas de registro y la circulaci\u00f3n de la propiedad inmobiliaria desafiaba por su informalidad la propiedad formal y la actividad de registro a cargo del Estado. Esta circunstancia sumada al car\u00e1cter artesanal de la actividad de registro seg\u00fan se ha descrito, su duplicidad, la pluralidad de libros, en fin, muestra como la exigencia registral invierte la carga de la prueba. <\/p>\n
De tal modo que el registro inmobiliario no cumplen los principios que lo gu\u00edan: la \u201cfe p\u00fablica registral\u201d, tambi\u00e9n llamado de \u201clegitimidad\u201d14, seg\u00fan el cual, los asientos en \u00e9l efectuados se presumen veraces, al punto que \u201c(\u2026) el derecho real inscrito existe y pertenece a su titular en la forma [all\u00ed] determinada\u201d15; y de otro, el de \u201clegalidad\u201d, en cuanto los t\u00edtulos materia de inscripci\u00f3n se someten a una calificaci\u00f3n previa para determinar \u201c(\u2026) si cumple con los recaudos jur\u00eddicos necesarios para proceder a su [registro]\u201d16. No hay entonces, exactitud e integridad17, de tal modo que los certificados que expide la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos reflejan apenas una realidad jur\u00eddica parcial de un fundo, y en esta hip\u00f3tesis, si es factible escapar a los efectos vinculantes, y a la presunci\u00f3n de conocimiento general que conlleva un registro p\u00fablico. <\/p>\n
Toda esa problem\u00e1tica18 provoca que la frontera entre bald\u00edos, parques naturales nacionales y sus zonas amortiguadoras, \u00e1reas de patrimonio cultural arqueol\u00f3gico y\/o de conservaci\u00f3n ambiental (reservas forestales y humedales), los territorios \u00e9tnicos y tierras privadas, sea nebulosa, situaci\u00f3n id\u00e9ntica presentada entre las heredades detentadas por poseedores y propietarios, ocasionando disputas en la clarificaci\u00f3n y colindancias. <\/p>\n
3. Aceptar la postura sugerida por la mayor\u00eda desconoce numerosos preceptos legales que avalan la pretensi\u00f3n del demandante en el pleito cuestionado. <\/p>\n
Seg\u00fan el canon 762 del C\u00f3digo Civil, \u201c(\u2026) [l]a posesi\u00f3n es la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026)\u201d; por tanto, quien detenta esta calidad se reputa propietario mientras \u201cotra persona no justifique serlo\u201d, y, por consiguiente, quien as\u00ed posea desplegar\u00e1 todas las prerrogativas y obligaciones propias de ese se\u00f1or\u00edo. <\/p>\n
La anterior, es la m\u00e1s importante y cardinal presunci\u00f3n, que por centurias han plasmado las Codificaciones Civiles, conjugando las tesis de Savigny y de Ihering, para tener por propietario al poseedor mientras otra persona no justifique serlo. <\/p>\n
As\u00ed se dej\u00f3 definido en el canon 700 del Estatuto Sustantivo Chileno de 185519, elaborado por Andr\u00e9s Bello con sustento en las normas an\u00e1logas implementadas en Francia y Espa\u00f1a; el cual sirvi\u00f3 de antecedente y sost\u00e9n al C\u00f3digo Colombiano sancionado en 1873, as\u00ed como a las legislaciones emitidas sobre la materia en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panam\u00e1. <\/p>\n
Por tanto, es un precepto con validez no s\u00f3lo en el ordenamiento colombiano, sino tambi\u00e9n en el latinoamericano y en el derecho continental europeo. Se trata de una presunci\u00f3n iuris tantum que exalta la posesi\u00f3n en el ordenamiento civil, y de consiguiente, la imposibilidad de desconocerla, hasta tanto no se desvertebren los fundamentos f\u00e1cticos que la edifican. <\/p>\n
En un pronunciamiento de la Corte de 1937, esta Sala especializada adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La presunci\u00f3n consagrada por el art. 762, en su inc. 2\u00ba, del C.C., tanto favorece al poseedor demandado como al poseedor demandante. Establece en t\u00e9rminos generales, no s\u00f3lo para efectos del juicio reivindicatorio sino tambi\u00e9n para todos los de la posesi\u00f3n, que el poseedor es reputado due\u00f1o mientras otra persona no justifique serlo. La posesi\u00f3n es un hecho que proporciona ventajas jur\u00eddicas. Ordinariamente no se hace resaltar sino los que aprovechan al poseedor demandado, como la de no sufrir el peso de la prueba y como la de estar en v\u00eda de hacerse due\u00f1o por prescripci\u00f3n. Pero tambi\u00e9n est\u00e1n las que protegen al poseedor demandante; como la misma usucapi\u00f3n; como la de iniciar acciones posesorias, como la de promover, si es regular, la publiciana, etc. El molestado en la posesi\u00f3n de la cosa o el despojado de ella, tiene en la presunci\u00f3n del art. 762 un medio f\u00e1cil de que se respete su derecho. No necesita probar dominio sino posesi\u00f3n. Protegi\u00e9ndose esta se protege su propiedad presunta (\u2026)\u201d20 (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
S\u00famese, en los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley 200 de 193621, se postula que: \u201c(\u2026) presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada (\u2026)\u201d los inmuebles rurales pose\u00eddos por particulares, cuando aqu\u00e9llos son explotados econ\u00f3micamente \u201c(\u2026) por medios positivos propios del due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n (\u2026)\u201d. Y, en sentido contrario, tambi\u00e9n se consign\u00f3 otra presunci\u00f3n, suponiendo bald\u00edos aquellos terrenos agrarios que no son objeto de aprovechamiento \u201cen [es]a forma\u201d22, precisamente como compendio de lo consagrado en el art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil: \u201c(\u2026) Son bienes de la Uni\u00f3n las tierras que estando situadas dentro de los l\u00edmites territoriales, carecen de otro due\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sin duda, las presunciones mencionadas emergen relevantes para el entendimiento del concepto de bald\u00edo, pues si el particular lo fructifica a trav\u00e9s de actos propios de due\u00f1o, a guisa de ejemplo, las plantaciones y sementeras, debe entenderse como propiedad privada; y si el Estado discute esa calidad tiene que demostrar lo contrario, es decir, la falta de disfrute de la heredad y, por tanto, conserva la condici\u00f3n de bien inculto bald\u00edo. <\/p>\n
La presunci\u00f3n relacionada con los predios rurales que no se reputan bald\u00edos, obliga al Estado a demostrar lo contrario, esto es, que no se dan las circunstancias que la ley exige para tener en cuenta que un fundo es de esa naturaleza. Entonces, un terreno, que no sea de los clasificados como reservados, que sea ocupado con la incorporaci\u00f3n de actividades econ\u00f3micas de explotaci\u00f3n como destaca la ley, se debe respetar. <\/p>\n
Por sabido se tiene que un terreno bald\u00edo es del Estado y es imprescriptible como el ordenamiento jur\u00eddico nacional lo ha consagrado desde 1882, en la Ley 48, art\u00edculo 3: \u201c(\u2026) Las tierras bald\u00edas se reputan de uso p\u00fablico y su propiedad no prescribe contra la Naci\u00f3n (\u2026)\u201d; pasando por el C\u00f3digo Fiscal (Ley 110 de 1912) que dispuso en el art\u00edculo 61: \u201c(\u2026) El dominio de los bald\u00edos no puede adquirirse por prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d. Adem\u00e1s, la Ley 160 de 1994, art\u00edculo 65, impuso la regla de que la propiedad de los terrenos bald\u00edos adjudicables, s\u00f3lo pueden adquirirse mediante t\u00edtulo traslaticio de dominio otorgado por el Estado; y, al mismo tiempo, los ocupantes meramente precarios de tierras bald\u00edas, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al C\u00f3digo Civil y frente a la adjudicaci\u00f3n por el Estado s\u00f3lo existe una mera expectativa. <\/p>\n
Con una rotunda reiteraci\u00f3n en el ahora derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, art\u00edculo 407, incorporado con id\u00e9ntica redacci\u00f3n en el canon 375, numeral 4, de la Ley 1564 de 2012, se consigna: \u201c(\u2026) La declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de entidades de derecho p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para sostener la imprescriptibilidad de un terreno bald\u00edo se debe partir del supuesto, que ostenta esa calidad, por cuanto, si no es as\u00ed, se ha de presumir, si es usufructuado por un sujeto de derecho privado, que se trata de un predio privado susceptible de prescribirse en los t\u00e9rminos que la ley establece. <\/p>\n
De vieja data esta Sala ha conceptuado en casaci\u00f3n al respecto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o es v\u00e1lido sostener que, ante la ausencia de derechos reales en el certificado de registro inmobiliario correspondiente, \u00e9ste tenga que considerarse bald\u00edo, ni tampoco que si la Ley autoriza en esas condiciones el inicio del proceso de pertenencia es para que (\u2026) se acredite por el actor [el cumplimiento de] las condiciones de los art\u00edculos 3 y 4 de la Ley 200 de 1936 (\u2026)\u201d23. <\/p>\n
4. El decurso debe permitir definir, a quien prevalido del car\u00e1cter privado de un inmueble, pueda dilucidar si, en efecto ostenta esa calidad o, identificar si el predio es bald\u00edo, pues si resulta efectivamente serlo podr\u00eda alegarse o sostenerse que la prescripci\u00f3n definida en el proceso en comento es contraria al ordenamiento, en cuanto la naturaleza del bien impide una declaraci\u00f3n de dominio en ese sentido; o, por el contrario, para concluir que es propiedad privada y, por consiguiente, sujeto y objeto, con seguridad jur\u00eddica, al reconocimiento del dominio por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Si el predio se presume bien privado, el proceso es el escenario id\u00f3neo en donde se puede ratificar esa calidad y, de igual modo, establecer si es bald\u00edo; empero, al impedirse ese debate rechazando la demanda, se frustr\u00f3 el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la accionante. <\/p>\n
En este tipo de litigios, corresponde al Juez verificar y controlar la pertinencia y legitimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n invocada, aplicando para ello lo previsto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la \u00e9poca, as\u00ed como en las disposiciones particulares sobre la materia. <\/p>\n
Ha de observar especial celo en la instrucci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria, y en la utilizaci\u00f3n de las disposiciones sustantivas a fin de constatar la existencia de elementos de juicio suficientes para declarar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, y evitar, a toda costa, que estos pleitos se utilicen para concentrar la propiedad, destruir reservas y ecosistemas, aniquilar bosques, selvas o fuentes h\u00eddricas, etc.; o para apropiarse de bald\u00edos nacionales aportando pruebas deleznables, o adelantando procedimientos espurios. <\/p>\n
Un an\u00e1lisis constitucional como el subj\u00fadice se enfila exclusivamente a determinar el quebranto o no de garant\u00edas fundamentales, sin que pueda el juez de tutela inmiscuirse en el conflicto, en aras de proteger un bien, del cual no hay evidencia acerca de su car\u00e1cter p\u00fablico e imprescriptible. <\/p>\n
5. De otra parte, debe precisarse que el certificado expedido por el registrador de instrumentos p\u00fablicos es exigido en los juicios de pertenencia24 con la \u00fanica finalidad de \u201c(\u2026) identificar los leg\u00edtimos contradictores de la pretensi\u00f3n, que no son otras personas que en \u00e9l figuren como titulares de derechos reales, pero en manera alguna [sirve para] demostrar que el bien es de propiedad privada (\u2026)\u201d25. <\/p>\n
Por tanto, en caso de no constar en ese documento inscrito ning\u00fan particular titular del derecho de dominio, no se colige la calidad de bald\u00edo del fundo, sino que, para formar adecuadamente el contradictorio, se dirige la demanda en contra de personas indeterminadas. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El certificado expedido por el registrador de instrumentos p\u00fablicos, de que trata el numeral 5o. del art\u00edculo 407 del C.P.C., demandado, constituye un documento p\u00fablico (C.P.C., art. 262-2) que cumple con varios prop\u00f3sitos, pues no s\u00f3lo facilita la determinaci\u00f3n de la competencia funcional y territorial judicial para la autoridad que conocer\u00e1 del proceso -juez civil del circuito del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble (C.P.C., art. 16-5)-, sino que tambi\u00e9n permite integrar el leg\u00edtimo opositor, por cuanto precisa contra quien deber\u00e1 dirigirse el libelo de demanda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed se tiene que, el sujeto pasivo de la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia estar\u00e1 conformado por la persona o personas que aparezcan en el aludido certificado como titulares de derechos reales principales sujetos a registro -propiedad, uso, usufructo o habitaci\u00f3n- sobre el bien en litigio, a quienes se les notificar\u00e1 del auto admisorio de la demanda, permiti\u00e9ndoles iniciar la correspondiente defensa de sus derechos. Si en ese documento no se se\u00f1ala a nadie con tal calidad, porque no hay inscrito o no se ha registrado el bien, se dar\u00eda lugar al certificado negativo, obligando dirigir la demanda contra personas indeterminadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Puede suceder que en relaci\u00f3n con el bien exista total certeza por parte del Registrador sobre la ausencia de registro de dichos derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde conste que \u00abno aparece ninguna\u00bb persona como titular \u00abde derechos reales sujetos a registro\u00bb. Caso en el cual podr\u00e1 admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse curso a la actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto)26. <\/p>\n
En un reciente fallo conceptu\u00f3 acerca de la pertinencia de ese elemento demostrativo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La exigencia de aportar el folio de matr\u00edcula inmobiliaria para acreditar la propiedad sobre los predios sobre los cuales se reclamaba no implic[a] una actuaci\u00f3n arbitraria o caprichosa por parte de la autoridad judicial accionada. Antes bien, con ella se da cumplimiento a las disposiciones del C\u00f3digo Civil que disciplinan la transmisi\u00f3n de dominio sobre los bienes ra\u00edces, la cual requiere el otorgamiento de escritura p\u00fablica y su correspondiente inscripci\u00f3n en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos. Por tratarse de una solemnidad exigida por la ley, la constancia de la inscripci\u00f3n en el registro como prueba de la tradici\u00f3n de bienes inmuebles no admite ser suplida por testimonios u otros medios probatorios (\u2026)\u201d27. <\/p>\n
Ahora, retornando a la doctrina constitucional inmersa en la Sentencia C-275 de 2006, atr\u00e1s citada, suponer la calidad de bald\u00edo solamente por la ausencia de registro o por la carencia de titulares de derechos reales inscritos en el mismo, implica desconocer la existencia de fundos privados hist\u00f3ricamente pose\u00eddos, carentes de formalizaci\u00f3n legal, postura desconocedora de las prerrogativas de quienes detentan de hecho la propiedad de un determinado bien. <\/p>\n
Avalar lo aducido en el fallo del cual se disiente, equivale a revertir injustificadamente la carga de la prueba en detrimento de los particulares para favorecer a una entidad p\u00fablica, cuando, contrariamente, es deber del Estado propender por garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia sin mayores trabas que las previamente estatuidas en la Ley. <\/p>\n
El hecho de que supuestamente no aparezca anotado en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del lugar de ubicaci\u00f3n, un predio r\u00fastico con el nombre de persona como propietaria, no puede constituir indicio suficiente para pensar que se trata de un bien bald\u00edo, y por tanto imprescriptible, ni puede apreciarse que deriva inferencia que lleve a esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
6. Fulgura de las disquisiciones precedentes la viabilidad de otorgar el amparo rogado; pues no exist\u00edan evidencias suficientes acerca del car\u00e1cter fiscal o bald\u00edo del predio materia de disenso. <\/p>\n
Las presunciones ampliamente debatidas en este escrito, se hallan previstas en los art\u00edculos 1\u00b0 modificado por el 2\u00b0 de la Ley 4 de 1973, 2\u00b0 y 3\u00b0 de la Ley 200 de 1936, consistentes: la primera, en que \u201c(\u2026) se presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares, entendi\u00e9ndose que dicha posesi\u00f3n consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica (\u2026)\u201d (art. 1); y, la segunda, \u201c(\u2026) presum[ir] bald\u00edos los predios r\u00fasticos no pose\u00eddos en [esa] forma (\u2026)\u201d, han sido desarrolladas por la doctrina de esta Corte, siguiendo las tesis de R. Von Ihering, en las sentencias siguientes: Cas. del 24 de julio de 1937, XLV, 329; Sent. S. de n. G., del 9 de marzo de 1939, XLVII, 798; Cas. del 18 de mayo de 1940, XLIX, 311. La del art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973: \u201c(\u2026) Se trata de una presunci\u00f3n a favor de los particulares y en contra de la Naci\u00f3n con que el art. 1 reform\u00f3 la presunci\u00f3n tradicional de dominio establecida por los arts. 675 del C.C. y 44 del C. F. (\u2026)\u201d (Sent. 22 de junio de 1956, LXXXIIII, 74; 31 de julio de 1962, XCIX, 172). <\/p>\n
Las dos, complementarias entre s\u00ed, hallan asiento s\u00f3lido en la propia ley y en la doctrina jurisprudencial de esta Corte; pero cuando, la decisi\u00f3n de tutela T-488 de 2014 encuentra defecto f\u00e1ctico en el proceder del juez de la pertenencia porque en el predio \u201cLindanal\u201d \u201c(\u2026) no figuraba persona alguna como titular de derechos reales (\u2026)\u201d, y al mismo tiempo el prescribiente reconoci\u00f3 \u201c(\u2026) que la demanda se propuso contra personas indeterminadas (\u2026)\u201d, y pese a ello el juez consider\u00f3 que \u201c(\u2026) el bien objeto de la demanda es inmueble que \u201cpuede ser objeto de apropiaci\u00f3n privada\u201d (\u2026)\u201d, y como secuela, surg\u00edan \u201c(\u2026) indicios suficientes para pensar razonablemente que el predio en discusi\u00f3n pod\u00eda tratarse de un bien bald\u00edo y en esa medida no susceptible de apropiaci\u00f3n por prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d, y de consiguiente, se incurr\u00eda en desconocimiento del precedente y en defecto org\u00e1nico por incompetencia, infringe rectamente y de tajo, tanto las presunciones citadas e instaladas en el ordenamiento patrio desde 1936, que han servido de apoyo a innumerables decisiones pol\u00edticas para la reforma agraria del pa\u00eds y a repetidas sentencias judiciales. <\/p>\n
Asimismo, desecha la doctrina probable de esta Corte, luego reiterada en las sentencias de casaci\u00f3n del 16 de diciembre de 1997, expediente 4837; del 28 de agosto de 2000, exp. 5448, reiterando la del 9 de marzo de 1939, G. J. XLVII, p. 798; seg\u00fan las cuales, se presume \u201c(\u2026) que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares (\u2026)\u201d (art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973), cuando hay explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo con actos positivos propios de due\u00f1o; y por supuesto, a la sentencia C-383 de 2000 de la propia Corte Constitucional, cuando juzg\u00f3 la exequibilidad de la regla 407 del entonces vigentes C\u00f3digo de Procedimiento Civil sobre la posibilidad de demandar a indeterminados con apoyo en certificado registral negativo, en el imperio del C\u00f3digo procesal de 1970. <\/p>\n
Bajo el entendimiento de la sentencia T-488 de 2014, por v\u00eda de la revisi\u00f3n eventual de una acci\u00f3n constitucional \u201cinterpartes\u201d y resuelta por una Sala de decisi\u00f3n, donde uno de los integrantes salv\u00f3 voto parcialmente, advi\u00e9rtase, no solo se descartan las reglas 1, 2 y 3 de la Ley de Tierras del treinta y seis, como se viene discurriendo; tambi\u00e9n resultan quebrantados, por integrar conceptualmente el mismo plexo normativo, el art. 12 ej\u00fasdem, modificado por el art. 4 de la Ley 4 de 1973, y de contera, los arts. 51 y 52 de la Ley 9 de 1989. El art. 12 por medio del cual se estableci\u00f3 \u201c(\u2026) una prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras bald\u00edas, posea en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1 de esta Ley, durante cinco (5) a\u00f1os continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su due\u00f1o en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n, ni comprendidos dentro de las reservas de la explotaci\u00f3n, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo art\u00edculo (\u2026)\u201d; prescripci\u00f3n que cubre exclusivamente \u201c(\u2026) el terreno aprovechado o cultivado con trabajos agr\u00edcolas, industriales o pecuarios y que se haya pose\u00eddo quieta y pac\u00edficamente durante los cinco (5) a\u00f1os continuos y se suspende en favor de los absolutamente incapaces y de los menores adultos (\u2026)\u201d (ej\u00fasdem). El 51 de la Ley 9 de 1989, en cuanto reduce la prescripci\u00f3n extraordinaria y ordinaria de dominio para viviendas de inter\u00e9s social a los t\u00e9rminos de 5 y 3 a\u00f1os respectivamente; preceptiva \u00faltima que morigera la obligaci\u00f3n de presentar el certificado del registrador. <\/p>\n
Del mismo modo, desconocer\u00eda la Ley 1561 de 2012, derogatoria de la Ley 1182 de 2008, cuyo prop\u00f3sito ha sido, seg\u00fan el Congreso colombiano, el de promover el acceso a la propiedad mediante un proceso especial, que fija competencia en los jueces municipales, no en el Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, para \u201c(\u2026) otorgar t\u00edtulo de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica, y para sanear t\u00edtulos que conlleven la llamada falsa tradici\u00f3n, con el fin de garantizar seguridad jur\u00eddica en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles (\u2026)\u201d (art. 1). <\/p>\n
La Ley 1561 de 2012 autoriza al juez a otorgar t\u00edtulo de propiedad a \u201c(\u2026) [q]uien tenga t\u00edtulo registrado a su nombre con inscripci\u00f3n que conlleve la llamada falsa tradici\u00f3n, tales como la enajenaci\u00f3n de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, de conformidad con lo dispuesto en la ley registral, lo sanear\u00e1, siempre y cuando cumpla los requisitos previstos en esta ley (\u2026)\u201d (subrayas de la Sala, art. 2 de la misma Ley). Y dentro de los anexos de la demanda, deber\u00e1 adjuntarse seg\u00fan el art. 11, si la pretensi\u00f3n es titular la posesi\u00f3n, \u201c(\u2026) certificado de tradici\u00f3n y libertad o certificado de que no existen o no se encontraron titulares de derechos reales principales sobre el inmueble (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Si bien el art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994 determina el procedimiento de clarificaci\u00f3n de la propiedad de predios rurales a cargo del Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, el mismo no puede imponerse como paso previo o prerrequisito al juicio de pertenencia o de cualquiera de los asuntos previstos para usucapir autorizado a los jueces para su tr\u00e1mite. Tampoco ese precepto 48, ni otros, han abolido del ordenamiento las presunciones contenidas en el C\u00f3digo Civil, y en los c\u00e1nones 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 200 de 1936, estudiadas en precedencia. <\/p>\n
Si el juicio se halla con efectos de cosa juzgada bajo los c\u00e1nones del C. P. C. o de las disposiciones agrarias contempladas en el Decreto 2303 de 1989 o de una diferente, no puede removerse tan caro instituto por esta v\u00eda para decirse que debe aplicarse con efectos retroactivos, la ahora ben\u00e9fica disposici\u00f3n del C. G. del P., que impone la citaci\u00f3n del Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras y de otras entidades, para esa clase de litigios. <\/p>\n
No obstante, corresponde al juez ser extremadamente cauto al declarar el dominio, tomando las medidas pertinentes para prevenir el fraude o la apropiaci\u00f3n indebida de los bienes fiscales, como el caso de los bald\u00edos. <\/p>\n
Claro, en este escenario que se plantea a los jueces, es bienvenido el precepto 375 del C. G. del P., numeral 6\u00b028, en concordancia con el canon 48 de la Ley 160 de 1994, porque contribuye a solucionar hacia el futuro, problemas de diferente orden, que no es del caso abordar, en relaci\u00f3n con la concentraci\u00f3n o redistribuci\u00f3n de la tierra en pocas o muchas manos, la productividad de las mismas, clarificaci\u00f3n de tradiciones entre los intereses del Estado respecto de los particulares para reputarlos o no como bienes de dominio privado, los fundos reservados y los destinados para cualquier servicio o uso p\u00fablico, as\u00ed como la delimitaci\u00f3n y clarificaci\u00f3n de las tierras de resguardo o las adjudicadas a las comunidades negras, vigencia de las presunciones, deberes judiciales, protecci\u00f3n ambiental; incidencia de la miner\u00eda, parques, reservas naturales; en fin, en cuestiones como la actualmente planteada a esta Corte. <\/p>\n
Sin duda, como ya se anunci\u00f3 en p\u00e1ginas anteriores, la concurrencia del Estado con adecuada y t\u00e9cnica defensa de \u00e9ste permitir\u00e1 zanjar equitativamente las m\u00faltiples controversias que, sobre la naturaleza y finalidad del suelo desde el punto de vista constitucional, demandan una lectura din\u00e1mica en consonancia con los principios, valores y derechos constitucionales frente a la propiedad territorial. <\/p>\n
Ata\u00f1edero a la concentraci\u00f3n de la tierra, es inminente la necesidad de mano dura contra el latifundio, y contra los propietarios destructores de la naturaleza. <\/p>\n
Seg\u00fan datos de OXFAM29, la concentraci\u00f3n de la tierra en Colombia muestra: <\/p>\n
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1. \u201cEl 1 % de las fincas de mayor tama\u00f1o tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. \u201cEl 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hect\u00e1reas ocupan el 60 % de la tierra. <\/p>\n
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3. \u201cEn 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de m\u00e1s de 500 hect\u00e1reas, en el 2002 la cifra subi\u00f3 a 46% y en 2017 el n\u00famero escal\u00f3 al 66 %. <\/p>\n
<\/p>\n
4. \u201cEl 42,7 % de los propietarios de los predios m\u00e1s grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. <\/p>\n
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5. \u201cLas mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras. <\/p>\n
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6. \u201cDe los 111,5 millones de hect\u00e1reas censadas, 43 millones (38,6 %) tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones (56,7 %) se mantienen con superficies de bosques naturales. <\/p>\n
<\/p>\n
7. \u201cDe las 43 millones de hect\u00e1reas con uso agropecuario, 34,4 est\u00e1n dedicadas a la ganader\u00eda y solo 8,6 a la agricultura. La situaci\u00f3n deber\u00eda ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hect\u00e1reas deber\u00edan utilizarse para ganader\u00eda, pero se usan m\u00e1s del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar, pero el pa\u00eds est\u00e1 lejos de llegar a esa cifra. <\/p>\n
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8. \u201cLos predios de m\u00e1s de 1000 hect\u00e1reas dedican 87 % del terreno a ganader\u00eda y solo el 13 % agricultura. En los predios m\u00e1s peque\u00f1os, es decir, los menores a 5 hect\u00e1reas, el 55 % del predio se dedica a ganader\u00eda y el 45 % a agricultura. A pesar de que la situaci\u00f3n es menos dram\u00e1tica en este \u00faltimo sector, la tendencia a la ganader\u00eda siempre es m\u00e1s alta que otras formas de explotaci\u00f3n de la tierra. <\/p>\n
<\/p>\n
9. \u201cLos monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las \u00e1reas sembradas en el departamento del Meta corresponde a palma aceitera. <\/p>\n
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10. \u201cUn mill\u00f3n de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar\u201d. <\/p>\n
Estas son cifras espeluznantes y, realizado un ejercicio comparativo con la regi\u00f3n, las estad\u00edsticas hacen m\u00e1s patente la injusticia y las brechas de nuestro sistema: <\/p>\n
N\u00f3tese, el anterior es el porcentaje de tierra que maneja el 1 % de las fincas m\u00e1s grandes. Fuente: Oxfam30. <\/p>\n
Como en l\u00edneas anteriores se se\u00f1al\u00f3, no se desconocen los problemas de concentraci\u00f3n de la tierra ni de miseria creciente en nuestro pa\u00eds, lastre que ha posibilitado el nacimiento de grupos guerrilleros y paramilitares y mafias criminales. El Acuerdo de Paz, Gobierno \u2013 FARC EP \u2013 , reconoce la desigualdad y de la concentraci\u00f3n de la tierra, en manos de unos pocos, aparejada esa situaci\u00f3n a problemas de desarrollo integral del campo, propiedad privada, competitividad, productividad, deforestaci\u00f3n y contaminaci\u00f3n, etc.; pero el problema central es la desigualdad, sumado a los conflictos rurales de apropiaci\u00f3n y despojo de tierras, como a la usurpaci\u00f3n de los bald\u00edos y creciente destrucci\u00f3n del ecosistema. <\/p>\n
En consecuencia, se hace necesaria la redistribuci\u00f3n de la tierra, camino en el cual, el Acuerdo de Paz, Punto Uno, apenas es un proyecto. El Decreto 902 de 2017, es un paliativo y tiene muchas falencias, es extractivista pues busca desarrollar la miner\u00eda, habilitando tierras para su desarrollo, por encima de la agricultura, esta, base de la alimentaci\u00f3n. En efecto, torna inadjudicables tierras utilizadas en la explotaci\u00f3n de recursos naturales o proyectos minero energ\u00e9ticos o de hidrocarburos, sectores que genera menos empleos y representa grandes y grav\u00edsimos impactos ambientales; en general, subyace la posibilidad de entregar tierras a quien no es campesino o trabajador del campo, en beneficio de empresarios no defensores ni protectores de los recursos ni del ecosistema. <\/p>\n
La Ley Zidres (Zonas de Inter\u00e9s de Desarrollo Rural, Econ\u00f3mico y Social), a cargo de la Upara (Unidad de Planificaci\u00f3n Rural Agropecuaria), tambi\u00e9n envuelve la posibilidad de conceder beneficios a personas no destinatarias de la reforma Agraria requerida. <\/p>\n
El observatorio Rural de la Universidad de la Salle, se\u00f1ala que el 45% del \u00e1rea agropecuaria se utiliza para ganader\u00eda extensiva con baja productividad, mientras que el 75 % de los campesinos carecen de tierra suficiente y productiva. <\/p>\n
Pero el otro problema grave, tiene que ver con destrucci\u00f3n desaforada y despiadada de los bosques, de las zonas de reserva, de las fuentes h\u00eddricas y de la galopante contaminaci\u00f3n de r\u00edos, afluentes y cuencas hidrogr\u00e1ficas, atentando contra la vida de las personas, de las generaciones presentes y de las futuras, desconociendo de tajo los principios del Estado de Derecho Ambiental. <\/p>\n
Grosso modo es un cuadro pat\u00e9tico, de manera que lo expuesto, implica tambi\u00e9n que el juez, ante la inepcia del Estado, en su decisi\u00f3n impida la concentraci\u00f3n de la tierra, luche contra el latifundio, proteja al campesino y al peque\u00f1o propietario. Al mismo tiempo que pondere la productividad del peque\u00f1o propietario y poseedor. <\/p>\n
Cuando se trate de latifundios o de zonas de reserva que se pretenda usucapir, el juez debe ser un instructor exigente, debe hacer un control legal, constitucional y convencional riguroso, debe agotar los medios probatorios con profundidad para impedir la concentraci\u00f3n de la tierra y su adquisici\u00f3n por usurpadores, falsos poseedores, invasores cremat\u00edsticos, adulteradores del registro inmobiliario. Pero jam\u00e1s puede volver el derecho y la Constituci\u00f3n contra el peque\u00f1o propietario, contra el campesino o el ind\u00edgena, contra los minifundistas, desconoci\u00e9ndole su posesi\u00f3n y el trabajo que ejecutan como fuente de riqueza y de realizaci\u00f3n humana y con mayor raz\u00f3n cuando racionalmente protegen el ecosistema, cuando se trata de sus derechos agrarios fundantes de los elementos m\u00ednimos de su subsistencia y de su familia; y ejercen un comportamiento ajustado a derecho. <\/p>\n
En todo caso, y en todo tipo de propiedad o de posesi\u00f3n debe resguardar sin cuartel las zonas de reserva, impedir su prescripci\u00f3n, luchar contra su destrucci\u00f3n, no otorgar t\u00edtulos de dominio iusprivatistas para p\u00e1ramos, zonas de reserva forestal, bosques, rondas y nacimientos de los r\u00edos, quebradas y afluentes, mucho menos a ejecutores de proyectos agroindustriales que destruyan el ecosistema, que contaminan r\u00edos y oc\u00e9anos y envenenan vidas; tampoco a depredadores de LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA y los de las FUTURAS GENERACIONES, luchando tambi\u00e9n contra el cambio clim\u00e1tico. <\/p>\n
La regla 48 de la Ley 160 de 1994, recientemente reglamentada por el Ministerio de Agricultura a trav\u00e9s del Decreto N\u00ba1071 de 2015, es un instrumento de indiscutible valor para el Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, pues estatuye los procedimientos administrativos de clarificaci\u00f3n de la propiedad, y de deslinde y recuperaci\u00f3n de bald\u00edos. Ese tr\u00e1mite no ha sido parte ni es exigencia de los procesos a cargo de los jueces, y de ning\u00fan modo extingue la posibilidad de reclamar la usucapi\u00f3n de inmuebles agrarios. <\/p>\n
N\u00f3tese, el objeto de la Ley 160 de 1994 fue el de \u201c(\u2026) crea[r] el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, (\u2026) establece[r] un subsidio para la adquisici\u00f3n de tierras, (\u2026) [y] reforma[r] el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (\u2026)\u201d, y de su contenido no brota derogaci\u00f3n ni modificaci\u00f3n, expresa o t\u00e1cita, expl\u00edcita o impl\u00edcita, de la filosof\u00eda establecida en la Ley 200 de 1936, ni mucho menos, de la m\u00e1s que centenaria presunci\u00f3n contenida en el inciso 2\u00ba del canon 762 del C\u00f3digo Civil, como en su oportunidad si lo hizo la inexequible Ley 1152 de 200731, en relaci\u00f3n con las premisas debatidas aqu\u00ed de la Ley 200. Aqu\u00e9lla regla 48, establece unos procedimientos gubernativos a cargo del Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, para clarificar la propiedad, incluyendo la forma de acreditar el derecho, determinar las pertenecientes al Estado y a los particulares, as\u00ed como la ocupaci\u00f3n indebida de bald\u00edos, y en ella, limita la competencia a la titulaci\u00f3n de los bienes adjudicables; entre otros, los bald\u00edos, clasificaci\u00f3n dentro de la que no caben los que no son bald\u00edos por estar cobijados por la presunci\u00f3n de propiedad prevista en la Ley 200 de 1936. <\/p>\n
No sobra agregar, que, por la misma senda, y seg\u00fan las determinaciones tomadas en esa acci\u00f3n, se repudiar\u00eda la historia registral del pa\u00eds, que se caracteriza por ser incompleta y anacr\u00f3nica. Un registro imparcial e integral no puede imponerse exclusivamente a los particulares; pero finalmente, esa decisi\u00f3n, traduce la confusi\u00f3n entre la prueba con el mismo derecho de propiedad. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha expedido numerosa jurisprudencia sobre el tema agrario, tales como las sentencias SU-23532 y SU-42633 de 2016, en las cuales se puso de relieve el problema de acceso a la tierra por parte de la poblaci\u00f3n campesina v\u00edctima, as\u00ed como las dificultades que trae consigo la recuperaci\u00f3n de terrenos irregularmente apropiados por particulares, o por criminales y grupos al margen de la Ley, todo ello, debido a la equivocada, contradictoria e incompleta pol\u00edtica estatal de repartici\u00f3n de bienes. <\/p>\n
En esas providencias es loable el esfuerzo de la Corte Constitucional para formular soluci\u00f3n a tan cr\u00edtico asunto, propendiendo por la adopci\u00f3n de medidas eficaces y prontas para librar los bald\u00edos de la tenencia indebida por parte de terceros o de avivatos de los bienes p\u00fablicos. Sin embargo, esos pronunciamientos tienen un fundamento f\u00e1ctico diferente a la problem\u00e1tica del sublite. Adem\u00e1s, esta disidencia jam\u00e1s ha negado la existencia de los bienes bald\u00edos, los cuales hacen parte del patrimonio p\u00fablico y requieren de un control estatal estricto. <\/p>\n
Asimismo, ese alto Tribunal expidi\u00f3 los fallos T-54834 y T-54935 de 2016, en los cuales, reiter\u00f3 la postura edificada en la providencia T-488 de 2014 ya citada. En la sentencia T-549 de 2016, esa Corporaci\u00f3n, como algo novedoso en su l\u00ednea tutelar, reconoci\u00f3 expresamente que en nuestro sistema jur\u00eddico coexist\u00edan las dos presunciones, aparentemente contradictorias entre s\u00ed, \u201cuna de bien privado y otra de bien bald\u00edo\u201d, la primera, contenida en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936, y la segunda en los c\u00e1nones 762 del C\u00f3digo Civil y 65 de la Ley 160 de 1994; sin embargo entendi\u00f3 que ese conflicto normativo \u201caparente\u201d deb\u00eda en todo caso resolverlo el Juez al momento de dirimir el respectivo juicio de pertenencia. <\/p>\n
Empero, esas determinaciones transitan por la desafortunada senda trazada por la providencia T-488 de 2014, sin a\u00f1adirle nuevos elementos, salvo la admisi\u00f3n de la existencia y vigencia de las presunciones de la Ley 200 de 1936. <\/p>\n
Es de advertir que la propia Corte Constitucional se contradice pues, luego de ventilar la vigencia de esas presunciones, a rengl\u00f3n seguido infiere que \u201cen todos los casos en donde no exista propietario registrado en la matr\u00edcula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien bald\u00edo\u201d. <\/p>\n
Esa conclusi\u00f3n invade no solo la esfera decisional del juez al momento de zanjar un conflicto de usucapi\u00f3n, sino que le impone al prescribiente la obligaci\u00f3n de demostrar el car\u00e1cter privado de su fundo, invirtiendo irrazonablemente la presunci\u00f3n en contra del usuario de la administraci\u00f3n de justicia, del poseedor y del ciudadano. <\/p>\n
Adem\u00e1s, desconoce que las fuentes hist\u00f3ricas de informaci\u00f3n oficiales previstas para la indagaci\u00f3n de la propiedad y las sucesivas transferencias desde el dominio regalista espa\u00f1ol no resultan confiables, incluso para el propio Estado, pues los datos oficiales de catastro y registro, adem\u00e1s de insuficientes, escuetos y ca\u00f3ticos, siguen hoy sin modernizarse ni depurarse36. Esta negligencia es end\u00e9mica y no puede trasladarse al ciudadano como si \u00e9ste fuera el responsable de la omisi\u00f3n hist\u00f3rica del estamento oficial. <\/p>\n
Debe recordarse, las autoridades p\u00fablicas, por tener responsabilidad de administrar el catastro y el registro de los bald\u00edos de la Naci\u00f3n, as\u00ed como de las tierras privadas, \u00e9tnicas y las \u00e1reas protegidas, deben generar una confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica para los destinatarios de tales datos y, en general, para todos los asociados, derechos que no pueden quebrantarse prima facie por la negligencia del Estado en el ejercicio de dicha tarea. <\/p>\n
Se vislumbra que en aquellas memoradas decisiones, el M\u00e1ximo Tribunal Constitucional procura desconocer la facultad legalmente atribuida a los jueces naturales del derecho real de dominio de decidir juicios de pertenencia cuando no hay titular inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble cuyas declaratorias de pertenencia se reclaman, pretiriendo la numerosa normatividad y doctrina judicial, incluso, la dictada por el propio juez constitucional, con efectos erga omnes, no interpartes, con car\u00e1cter imperativo por tratarse de providencias proferidas en acciones constitucionales de inexequibilidad, tal como se evidencia en la supra citada sentencia C-275 de 2006, seg\u00fan la cual: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Puede suceder que en relaci\u00f3n con el bien exista total certeza por parte del Registrador sobre la ausencia de registro de (\u2026) derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde conste que \u00abno aparece ninguna\u00bb persona como titular \u00abde derechos reales sujetos a registro\u00bb. Caso en el cual podr\u00e1 admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse curso a la actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto)37. <\/p>\n
Fulgura entonces la legalidad de lo tramitado y decidido por los funcionarios judiciales en los numerosos litigios declarativos de pertenencia, pero que ahora, por la residual v\u00eda de la tutela, se controvierten y aniquilan meses o a\u00f1os despu\u00e9s de cabalmente finalizados. <\/p>\n
En el asunto objeto de estudio hab\u00eda lugar a conceder el resguardo en los t\u00e9rminos aqu\u00ed esbozados, pues, sin lugar a dudas, la situaci\u00f3n expuesta constituye una afrenta a los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, menoscabando los principios de legalidad y de seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como el imperativo supralegal seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Los jueces, en sus providencias, s\u00f3lo est\u00e1n sometidos al imperio de la ley (\u2026)\u201d; postura en contrav\u00eda de los art\u00edculos 29, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica38 y 8, 9 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos39. <\/p>\n
7. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado el anunciado salvamento. <\/p>\n
Desde luego, el escenario propicio debi\u00f3 ser el juicio casacional, dada la finalidad pol\u00edtica y de coherencia doctrinaria que corresponde a ese recurso extraordinario, en su funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica para fijar criterios y pautas en la soluci\u00f3n de casos. No obstante, como el problema jur\u00eddico se plante\u00f3 medularmente por v\u00eda de tutela, afectando derechos fundamentales, compel\u00eda entonces abordar el fondo de la cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 62, archivo \u201cilovepdf_merged (1)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 69. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 71. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem., 72-77. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 81-83. <\/p>\n
6\u0002 Folios 11-14, archivo \u201cilovepdf_merged\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folio 69, archivo \u201cilovepdf_merged (1)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem., 21 y 22. <\/p>\n
9\u0002 Folio 3, archivo \u201cCamScanner 07-28-2021 20.49\u201d recibido por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
10\u0002 Por todos, y entre los m\u00e1s recientes, v\u00e9anse los salvamentos de voto a las sentencias de tutela STC2600-2019, de 4 de marzo (M.P. Octavio Augusto Tejeiro); STC4657-2018, de 11 de abril (M.P. \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda); y STC943-2019, de 31 de enero (M.P. Aroldo Wilson Quiroz). <\/p>\n
11\u0002 La pr\u00e1ctica registral de los inmuebles tuvo su origen en la edad media, cuando los se\u00f1ores feudales con el fin de facilitar el recaudo de los tributos por el uso de sus dominios, llevaban un registro de las propiedades que entregaban a sus vasallos. Acabado el Feudalismo, dicha instituci\u00f3n fue acogida por el Estado para llevar control del cobro de impuestos por la posesi\u00f3n y trasferencia de bienes ra\u00edces (ANGARITA G\u00d3MEZ, Jorge. \u201cLecciones de Derecho Civil\u201d, Tomo II: Bienes, Editorial Temis, Bogot\u00e1, 2004. P\u00e1gs.185 a 190). <\/p>\n
12\u0002 Expedido en vigencia de la Constituci\u00f3n de la Confederaci\u00f3n Granadina de 1858, la cual divid\u00eda la Rep\u00fablica en Estados federales. <\/p>\n
13\u0002 C\u00f3digo Civil de los Estados Unidos de Colombia. <\/p>\n
14\u0002 El literal e) del art\u00edculo 3 de la Ley 1579 de 2012, lo denomina \u201clegitimaci\u00f3n\u201d, del cual predica que \u201c(\u2026) los asientos registrales gozan de presunci\u00f3n de veracidad y exactitud, mientras no se demuestre lo contrario\u201d. <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC, sentencia de 19 de diciembre de 2011, rad. n\u00ba 2002-00329-01. <\/p>\n
16\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
17\u0002 Tal planteamiento es acogido en la doctrina alemana, como puede verse en Staudinger-Gursky (Staudinger, J. von, Kommentar zum B\u00fcrgerlichen Gesetzbuch mit Einf\u00fchrungsgesetz and Nebengesetzen, 12, neubearbeitete Auflage. Drittes Buch, Sachenrecht, 1989). <\/p>\n
18\u0002 A la dificultad de uniformar y renovar la base registral por causa de la transici\u00f3n entre sus reg\u00edmenes, se sum\u00f3 la inexacta identificaci\u00f3n espacial de los derechos de dominio establecidos en los t\u00edtulos donde \u00e9stos se desprenden, debido a la precariedad en la identificaci\u00f3n de los linderos, de la capacidad tecnol\u00f3gica disponible en cada \u00e9poca para realizar la mensura, y por la desactualizaci\u00f3n del catastro y su falta de interrelaci\u00f3n con el sistema de instrumentos p\u00fablicos de la propiedad inmueble. Para remediar tal situaci\u00f3n, el Gobierno Nacional adopt\u00f3 una pol\u00edtica p\u00fablica \u201cpara consolidar la interrelaci\u00f3n del catastro y el registro\u201d con la expedici\u00f3n del documento Conpes 3641 de 15 de febrero de 2010. En su exposici\u00f3n de motivos destac\u00f3 la falta de un sistema de catastro legal que hiciera posible contar con una descripci\u00f3n precisa y \u00fanica de la propiedad (los sistemas de registro y de catastro han funcionado independientes y no armonizados) causando una situaci\u00f3n de inseguridad jur\u00eddica de la propiedad ra\u00edz que ha venido afectando la posibilidad de consolidar y dinamizar el mercado de tierras y de bienes inmobiliarios en Colombia. Igualmente, se resalt\u00f3 que a pesar de la extensa tradici\u00f3n del catastro y del registro en el pa\u00eds, como tambi\u00e9n, de la amplia normatividad producida en estos dos campos, a\u00fan no ha sido posible contar con una verdadera correspondencia entre dichos sistemas. <\/p>\n
19\u0002 \u201c(\u2026) Art. 700. La posesi\u00f3n es la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o, sea que el due\u00f1o o el que se da por tal tenga la cosa por s\u00ed mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y nombre de \u00e9l\u201d. <\/p>\n
\u201cEl poseedor es reputado due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
20\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 13 de marzo de 1937, XLIV, 713. <\/p>\n
21\u0002 \u201c(\u2026) Art. 1. Modificado por el art\u00edculo 2 de la Ley 4\u00aa de 1973. Se presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares, entendi\u00e9ndose que dicha posesi\u00f3n consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 2. Se presumen bald\u00edos los predios r\u00fasticos no pose\u00eddos en la forma que se determina en el art\u00edculo anterior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
22\u0002 Los preceptos transcritos de la Ley 200 de 1936 est\u00e1n vigentes y son aplicables, pese a haber sido derogados por la Ley 1152 de 2007; pero por virtud a la declaratoria de inexequibilidad de esta \u00faltima normativa mediante sentencia C-175 de 2009, recobraron todo su vigor. <\/p>\n
23\u0002 CSJ. Sentencia de 31 de octubre de 1994, exp. 4306, citada posteriormente en el fallo de 28 de agosto de 2000, exp. 5448. <\/p>\n
24\u0002 \u201c(\u2026) Art. 407. (\u2026) 5. A la demanda deber\u00e1 acompa\u00f1arse un certificado del registrador de instrumentos p\u00fablicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal. Siempre que en el certificado figure determinada persona como titular de un derecho real principal sobre el bien, la demanda deber\u00e1 dirigirse contra ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
25\u0002 CSJ. Sentencia de 28 de agosto de 2000, exp. 5448. <\/p>\n
26\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-275 de 5 de abril de 2006. <\/p>\n
27\u0002 Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 7 de octubre de 2015. <\/p>\n
28\u0002 \u201c(\u2026) en el auto admisorio [se] deber\u00e1 (\u2026) informar de la existencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), a la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a V\u00edctimas y al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) [o a las entidades que las sustituyan] para que, si lo consideran pertinente, hagan las manifestaciones a que hubiere lugar en el \u00e1mbito de sus funciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
29\u0002 OXFAM confederaci\u00f3n internacional de m\u00e1s de 19 organizaciones no gubernamentales, cuyo lema es \u00abtrabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento\u00bb, fundada en 1942, inicialmente conocido como Oxford Committee for Famine Relief, y por tanto, con antecedentes en Gran Breta\u00f1a. Esta informaci\u00f3n tambi\u00e9n aparece replicada en la revista colombiana \u201cSemana\u201d Sostenible, Impacto, 2018\/04\/25 por Antonio Paz Cardona\/Mongabay Latam. <\/p>\n
30\u0002 Datos de OXFAM. Esta informaci\u00f3n tambi\u00e9n aparece replicada en la revista colombiana \u201cSemana\u201d Sostenible, Impacto, 2018\/04\/25 por Antonio Paz Cardona\/Mongabay Latam. <\/p>\n
31\u0002 Recu\u00e9rdese, la Corte Constitucional mediante sentencia C-175 de 2009 declar\u00f3 inexequible esa norma. <\/p>\n
32\u0002 En esa providencia se orden\u00f3 a la Agencia Nacional de Tierras proseguir el proceso de recuperaci\u00f3n del predio denominado Hacienda \u201cVeracruz\u201d, el cual estaba en posesi\u00f3n de la familia Marulanda, relacionada con grupos paramilitares. <\/p>\n
33\u0002 En ese decurso se ampar\u00f3 el derecho al acceso a la tierra de la comunidad campesina El Porvenir, esto es, \u201c(\u2026) en favor de la poblaci\u00f3n campesina que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relaci\u00f3n con los predios bald\u00edos de que trata la Resoluci\u00f3n No. 6423 del 30 de julio de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (\u2026)\u201d, \u00fd se orden\u00f3 la conformaci\u00f3n de una Mesa de Trabajo Interinstitucional con el prop\u00f3sito de tramitar c\u00e9leremente los pedimentos de titulaci\u00f3n de bald\u00edos de las personas de ese colectivo. <\/p>\n
34\u0002 En ese asunto se declar\u00f3 nulo el fallo que culmin\u00f3 el proceso de pertenencia tramitado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja respecto del fundo \u201cMiravalles\u201d, localizado en la vereda Casa Blanca del municipio de Sora, Boyac\u00e1, cuya extensi\u00f3n es de 5 hect\u00e1reas, pues al no contar tal heredad con \u201cantecedente registral\u201d, deb\u00eda presumirse que \u201cpod\u00eda tratarse de un bald\u00edo, siendo forzosa la citaci\u00f3n del Incoder al juicio de usucapi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
35\u0002 Tal sentencia invalid\u00f3 el pleito de pertenencia que llev\u00f3 a cabo el Juez Promiscuo Municipal de Aquitania, atinente al inmueble rural \u201cEl Morti\u00f1o\u201d, ubicado en la vereda de Daito, de esa misma localidad, pues tal bien no ten\u00eda \u201cantecedente registral\u201d, pudiendo ser un bald\u00edo, debiendo entonces \u201cvincularse obligatoriamente al Incoder\u201d. <\/p>\n
36\u0002 As\u00ed lo constat\u00f3 recientemente la Corte Constitucional en el Auto 222 de 23 de mayo de 2016, expedido con ocasi\u00f3n del seguimiento de las \u00f3rdenes \u201cestructurales\u201d de la sentencia T-488 de 2014, emitidas al Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, particularmente sobre la responsabilidad de esa entidad de conformar un inventario de bald\u00edos en el pa\u00eds. <\/p>\n
37\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-275 de 5 de abril de 2006. <\/p>\n
38\u0002 \u201c(\u2026) Art. 29. El debido proceso se aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas\u201d.\u201cNadie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 228. La Administraci\u00f3n de Justicia es funci\u00f3n p\u00fablica. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones ser\u00e1n p\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecer\u00e1 el derecho sustancial. Los t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado. Su funcionamiento ser\u00e1 desconcentrado y aut\u00f3nomo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia. La ley indicar\u00e1 en qu\u00e9 casos podr\u00e1 hacerlo sin la representaci\u00f3n de abogado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 230. Los jueces, en sus providencias, s\u00f3lo est\u00e1n sometidos al imperio de la ley\u201d. <\/p>\n
\u201cLa equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
39\u0002 \u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant\u00edas m\u00ednimas: <\/p>\n
\u201ca) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o int\u00e9rprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; \u201cb) comunicaci\u00f3n previa y detallada al inculpado de la acusaci\u00f3n formulada; \u201c c) concesi\u00f3n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci\u00f3n de su defensa; \u201cd) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elecci\u00f3n y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; \u201ce) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no seg\u00fan la legislaci\u00f3n interna, si el inculpado no se defendiere por s\u00ed mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; \u201cf) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; \u201cg) derecho a no ser obligado a declarar contra s\u00ed mismo ni a declararse culpable, y <\/p>\n
\u201ch) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. <\/p>\n
\u201c3. La confesi\u00f3n del inculpado solamente es v\u00e1lida si es hecha sin coacci\u00f3n de ninguna naturaleza. <\/p>\n
\u201c4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podr\u00e1 ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. <\/p>\n
\u201c5. El proceso penal debe ser p\u00fablico, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 9. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena m\u00e1s grave que la aplicable en el momento de la comisi\u00f3n del delito. Si con posterioridad a la comisi\u00f3n del delito la ley dispone la imposici\u00f3n de una pena m\u00e1s leve, el delincuente se beneficiar\u00e1 de ello (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales. <\/p>\n
\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: <\/p>\n
\u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; <\/p>\n
\u201c b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y <\/p>\n
\u201c c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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STC10172-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC10172-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00214-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mi veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}