STC10184-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10184-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01796-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 17 de noviembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Lorenzo Plazas Ossa contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso \u00aben conexidad con la seguridad jur\u00eddica\u00bb, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral que inici\u00f3 (SL397-2020, rad. 68930). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 la demanda de la referencia contra la Industria Nacional de Gaseosas \u2013Indega S.A., con el prop\u00f3sito de que se reconociera la existencia de un contrato laboral del 15 de enero de 1979 al 18 de octubre de 2011, durante el cual se celebr\u00f3 una convenci\u00f3n colectiva suscrita entre la empleadora y el sindicato de la entidad, de la cual era beneficiario, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Laboral del Circuito de Bucaramanga, quien accedi\u00f3 al petitum. <\/p>\n
Sin embargo, al resolver la apelaci\u00f3n de la contraparte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 la citada resoluci\u00f3n, absolviendo a la convocada, porque \u00abdecidi\u00f3 no otorgarle valor probatorio a la r\u00fabrica puesta el 21 de enero de 2011 en el acuerdo suscrito entre la empresa demandada y el sindicato\u00bb, por lo que recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 mantuvo en firme esa determinaci\u00f3n, \u00abpues en su criterio, el problema jur\u00eddico radic\u00f3 en el dep\u00f3sito que debi\u00f3 hacerse de la convenci\u00f3n colectiva en el Departamento Nacional del Trabajo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, con apoyo en un salvamento de voto a la enunciada decisi\u00f3n, destac\u00f3 que \u00abse desconoci\u00f3 el contenido del principio de consonancia establecido en el art\u00edculo 66A del CPTSS, y se estanc\u00f3 en que, si la convenci\u00f3n colectiva de trabajo hab\u00eda sido depositada o no, aspecto que, como la misma Corte lo reconoce, no fue materia de discusi\u00f3n en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, en tanto \u00ab[el ad quem] infringi\u00f3 de manera directa [el] art\u00edculo 66-a del CPTSS, el eje de su fallo fueron problemas jur\u00eddicos no planteados en ninguna etapa del proceso, ni en lo esgrimido por el apelante a la interposici\u00f3n del recurso (\u2026), mal obrar cubierto por la posici\u00f3n tomada de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, \u00abdejar sin efectos la sentencia SL-397-2020 con n\u00famero de radicado 68930 (\u2026), por la falta de consonancia y por no haberse pronunciado respecto al cargo de la violaci\u00f3n medio planteada en el recurso de casaci\u00f3n, y de la misma manera conmine a la Sala de descongesti\u00f3n No.4 de la Corte Suprema de Justicia que al momento de proferir la nueva sentencia, se abstenga de efectuar consideraciones respecto a la validez o vigencia de la convenci\u00f3n, por ser un tema no discutido y aceptado por la demandada\u00bb y \u00abque, al momento de proferir el fallo de tutela, sea tenida en cuenta la jurisprudencia y doctrina de la Sala principal de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral: (Rad. 41439, 44363, CSJ SL2879-2019, SL117-2020 rad 62602) en los cuales se sostuvo que la competencia del juez de segundo grado en los t\u00e9rminos dispositivo procesal, se encuentra limitada a las expresas inconformidades del apelante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga manifest\u00f3 que \u00abse consider\u00f3 la prueba v\u00e1lidamente producida y son soporte en ello fueron hechas las reliquidaciones y se profirieron las condenas de las que da cuenta tal providencia\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada reliev\u00f3 que \u00abla demanda de casaci\u00f3n la formul\u00f3 el se\u00f1or Lorenzo Plazas Ossa a trav\u00e9s de cuatro cargos, que dieron lugar a la decisi\u00f3n ya rese\u00f1ada y, de contera, a esta acci\u00f3n de tutela. Dicho ataque fue estudiado por esta Sala que, para adoptar su decisi\u00f3n, tuvo en cuenta la prueba h\u00e1bil en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n laboral, de la que se dedujo que el Tribunal no incurri\u00f3 en error f\u00e1ctico alguno, por cuanto el conjunto analizado por la Corte permiti\u00f3 deducir que, \u00aben observancia del art\u00edculo 469 del CST, cuando la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es invocada como fuente de derechos, los requisitos de validez de la misma constituyen un punto que el tribunal tiene el deber de analizar, lo que excluye la supuesta transgresi\u00f3n al principio de consonancia\u00bb. Tal obligaci\u00f3n fue se\u00f1alada en sentencias como la CSJ SL378-2018, reiterada en las providencias CSJ SL5025-2019 y CSJ SL3587-2019, lo que implica que se tuvo en cuenta una l\u00ednea argumentativa ya reiterada en esta corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo, porque \u00abel amparo se dirige contra la providencia dictada en sede casacional el 11 de febrero de 2020 \u2013 notificada por edicto el 18 de febrero de 2020 -, es decir, una decisi\u00f3n proferida hace m\u00e1s de 8 meses \u2013 contados hasta la interposici\u00f3n de la queja respectiva, 4 de noviembre de 2020-, tiempo que, en principio, desborda los par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad fijados por la jurisprudencia, si se tiene en cuenta que la protecci\u00f3n del derecho demanda actualidad y que no se invoca circunstancia alguna que justifique la demora en pedir su amparo, ni tampoco se observa una situaci\u00f3n de tal connotaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, expuso que \u00abaun cuando se diera por superada la anterior limitante, tampoco se vislumbra la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos constitutivos de v\u00eda de hecho que denuncia la parte actora\u00bb, porque \u00abla censura fue analizada por la colegiatura accionada, descartando su prosperidad al se\u00f1alar que \u2018a pesar de que no se observan falencias formales, tambi\u00e9n es necesario decir que la corporaci\u00f3n ha indicado, reiteradamente, que, en observancia del art\u00edculo 469 del CST, cuando la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es invocada como fuente de derechos, los requisitos de validez de la misma constituyen un punto que el tribunal tiene el deber de analizar, lo que excluye la supuesta transgresi\u00f3n al principio de consonancia\u2019 <\/p>\n
\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado del censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abla fijaci\u00f3n del litigio reviste una importancia incalculable, siendo una etapa vital para el proceso, la estructuraci\u00f3n de la fase probatoria, la celeridad procesal, y por supuesto, para determinar los problemas jur\u00eddicos a resolver en sentencia, siendo el momento en el que se construye la columna vertebral del proceso, excluyendo todo aquello que no es necesario discutir, siendo el momento procesal id\u00f3neo para depurar aquello en lo que no se debe invertir esfuerzo y tiempo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el convocante (SL397-2020, rad. 68930), por mantener en firme el fallo desestimatorio del ad quem, supuestamente, en desmedro del principio de consonancia. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 11 de febrero de 2020 y la tutela se intent\u00f3 4 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, lo cierto es que, por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto \u2013entre otros aspectos prestacionales\u2013 una acreencia pensional, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 mantener en firme el fallo desestimatorio del ad quem, porque \u00aben observancia del art\u00edculo 469 del CST, cuando la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es invocada como fuente de derechos, los requisitos de validez de la misma constituyen un punto que el tribunal tiene el deber de analizar, lo que excluye la supuesta transgresi\u00f3n al principio de consonancia\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al estudiar conjuntamente los reproches formulados por el gestor, relacionados principalmente con (i) la infracci\u00f3n por v\u00eda directa del art\u00edculo 66A del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por inaplicar \u00abel principio de consonancia y de congruencia\u00bb, en tanto \u00aben ning\u00fan momento la demandada hizo pronunciamiento frente a la validez, y menos a\u00fan en relaci\u00f3n con el dep\u00f3sito de la convenci\u00f3n colectiva\u00bb; y (ii) el desconocimiento de la misma norma por la senda indirecta, pues \u00abel tribunal no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo fue aportada en copia aut\u00e9ntica y que el cuerpo de la misma conten\u00eda la constancia de dep\u00f3sito del 14 de septiembre de 2004, certificaci\u00f3n que pas\u00f3 por alto\u00bb, la autoridad convocada reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDado que los dos primeros cargos fueron estructurados en la variante conocida como \u00abviolaci\u00f3n medio\u00bb, es preciso recordar que esta sala, en la sentencia CSJ SL1948-2019 manifest\u00f3 que la inobservancia del principio de consonancia, que es la base de ambos ataques, supone la trasgresi\u00f3n de normas procesales, lo que necesariamente debe dar paso a la ulterior vulneraci\u00f3n de un derecho sustancial, fen\u00f3meno que constituye una tercera modalidad de desmedro de la ley sustancial, la violaci\u00f3n medio o puente, que ocurre cuando el sentenciador aplica, o deja de hacerlo, o interpreta con error, un precepto de naturaleza procesal, lo que trae como consecuencia la infracci\u00f3n de normas sustanciales (CSJ SL9512-2017). <\/p>\n
Siguiendo ese esquema, en los cargos indicados, el acusador cuestion\u00f3 la inobservancia \u2013que debe entenderse como la infracci\u00f3n directa\u2013 de los art\u00edculos 66A del CPTSS, 305 y 357 del CPC, aunque en su desarrollo se ocupa solo de los dos primeros, para acusar al tribunal de desatar la apelaci\u00f3n de la parte pasiva, pronunci\u00e1ndose sobre un aspecto que no fue controvertido en la sustentaci\u00f3n de ese recurso, en concreto, \u00ab[\u2026] la validez de la Convenci\u00f3n Colectiva y espec\u00edficamente a (sic) la prueba del dep\u00f3sito de la misma\u00bb, pues, desde la contestaci\u00f3n de la demanda inaugural, la parte pasiva acept\u00f3 que el ahora recurrente estaba cobijado por la norma convencional, a lo que agreg\u00f3 que el acuerdo colectivo estaba revestido de validez porque fue depositado dentro del t\u00e9rmino establecido en la ley; seguidamente explic\u00f3 que la violaci\u00f3n de las normas procesales a las que hizo alusi\u00f3n, desat\u00f3 el desconocimiento del art\u00edculo 469 del CST, con lo que pretermiti\u00f3 su derecho a la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales legales y extralegales. Nada dijo sobre la forma en que se habr\u00eda incurrido en la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 467 y 468 ib\u00eddem. <\/p>\n
En el segundo cargo agreg\u00f3 que tales transgresiones dieron pie a que el juzgador de apelaciones no observara que a folio 56 del texto convencional aparece una constancia de dep\u00f3sito fechada el 14 de septiembre de 2004, con lo que dio por demostrado, sin estarlo, que la convenci\u00f3n carec\u00eda de ese requisito. <\/p>\n
Formalmente esos cargos cumplen con las previsiones jurisprudenciales que esta corte ha sentado respecto de la violaci\u00f3n medio, incluso, en punto de la posibilidad de enderezar la acusaci\u00f3n tanto por la v\u00eda directa, como por la indirecta (CSJ SL 40624, 15 feb. 2011), de suerte que no le asiste la raz\u00f3n al opositor, en punto de sus cr\u00edticas al segundo cargo, pues le\u00eddo en contexto, se aprecian los errores endilgados al tribunal, as\u00ed como el se\u00f1alamiento de la convenci\u00f3n colectiva en condici\u00f3n de elemento probatorio no valorado por el sentenciador de la alzada. <\/p>\n
A pesar de que no se observan falencias formales, tambi\u00e9n es necesario decir que la corporaci\u00f3n ha indicado, reiteradamente, que, en observancia del art\u00edculo 469 del CST, cuando la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es invocada como fuente de derechos, los requisitos de validez de la misma constituyen un punto que el tribunal tiene el deber de analizar, lo que excluye la supuesta transgresi\u00f3n al principio de consonancia. As\u00ed se dijo en la sentencia CSJ SL378-2018, cuyos lineamientos fueron iterados en las providencias CSJ SL5025-2019 y CSJ SL3587-2019\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En ese orden, la Sala querellada se\u00f1al\u00f3 que \u00aben aplicaci\u00f3n de ese criterio, para dejar sentado que el ad quem no cometi\u00f3 la violaci\u00f3n del principio de consonancia, debe decirse que, en el caso bajo estudio ocurri\u00f3 que el tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n condenatoria de primer grado con estribo en el art\u00edculo 469 del CST, al tiempo que acudi\u00f3 a la revisi\u00f3n del texto convencional invocado por el recurrente \u2013recu\u00e9rdese que desde la subsanaci\u00f3n de la demanda inicial se dijo que las reliquidaciones de primas legales y extralegales reclamadas correspond\u00edan al per\u00edodo que corri\u00f3 entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de octubre de 2011\u2013 esto es, observ\u00f3 los textos convencionales correspondientes a esa \u00e9poca, encontrando que carec\u00edan de nota de dep\u00f3sito ante la autoridad gubernativa competente\u00bb, de modo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el tribunal no encontr\u00f3 la atestaci\u00f3n administrativa del dep\u00f3sito de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo aducida desde el principio por el actor, conclusi\u00f3n f\u00e1ctica que esta sala no encuentra errada, pues, en efecto, la convenci\u00f3n colectiva vigente entre el 1 de marzo de 2010 y el 29 de febrero de 2012 (f.\u00ba 221), rubricada el 19 de enero de 2011, cuya copia simple parcial se glos\u00f3 a folios 167 a 224, no contiene prueba alguna de su oportuna consignaci\u00f3n ante la Oficina del Trabajo, de manera que, conforme al mandato del art\u00edculo 469 del CST, no puede producir efecto alguno, que fue lo que, acertadamente, se dedujo en el fallo confutado. <\/p>\n
Es pertinente establecer que, si bien las hojas que contienen el cap\u00edtulo convencional a cuya aplicaci\u00f3n aspiraba el impugnante, exhiben todas un sello que se\u00f1ala la fecha \u00ab21 ENE. 2011\u00bb y otro que reza \u00abDIRECCI\u00d3N TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO ATENCI\u00d3N AL CIUDADANO Y TR\u00c1MITES\u00bb, con esas marcas no era posible que el tribunal diera por cumplido el dep\u00f3sito exigido en el ya mencionado mandato legal, pues esos sellos no dan certeza del cumplimiento de ese requisito, de manera que la decisi\u00f3n atacada no puede ser derruida por los motivos estudiados. <\/p>\n
Fuera de lo anterior, el tribunal tambi\u00e9n percibi\u00f3 que en el texto del acta de acuerdo convencional, suscrita el 12 de febrero de 2011, se hizo alusi\u00f3n a una convenci\u00f3n colectiva de trabajo depositada \u00abEL DIA (SIC) 21 DE ENERO DE 2011\u00bb, pero esta es una manifestaci\u00f3n que carece de corroboraci\u00f3n por parte de la oficina en la que se haya llevado a cabo ese registro de ley, de suerte que, a pesar de que el acta convencional de folios 226 a 235, s\u00ed fue depositada, conforme a la copia del sello que se observa en el \u00faltimo pliego indicado, ello no suple la falencia encontrada por el tribunal respecto del cuerpo convencional principal, con lo que la corte solo puede concluir que los quebrantos enrostrados a ese juez colegiado no quedaron debidamente sustentados y por lo tanto, no est\u00e1n llamados a prosperar\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Finalmente, sobre el supuesto error endilgado en el \u00faltimo embate, consistente en que el ad quem apreci\u00f3 equivocadamente los instrumentos convencionales y los sellos de dep\u00f3sito que sobre ellos reposaban, el estrado concluy\u00f3 que \u00abno qued\u00f3 soportado en un an\u00e1lisis valedero. De todos modos, es necesario acotar que el folio 56 corresponde a una convenci\u00f3n colectiva de trabajo vigente para el a\u00f1o 2004, que bien pudo haber sido debidamente depositada, y ese acto cabalmente atestado en el expediente, pero que no corresponde a la \u00e9poca respecto de la cual se elevaron las pretensiones iniciales, a lo que se suma que el actor nunca enunci\u00f3 tal convenci\u00f3n del a\u00f1o 2004 en el escrito de la demanda primigenia, como fuente de los derechos pretendidos\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4.3. Por \u00faltimo, en lo que respecta al alegado desconocimiento de varios precedentes del \u00f3rgano de cierre laboral, esta Sala no evidencia un desarrollo puntual sobre el particular; y, por el contrario, el fallo confutado se apoy\u00f3 en la providencia SL378-2018, 24 ene., en la cual la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral permanente analiz\u00f3 un caso de contornos f\u00e1cticos similares al del censor y se recalc\u00f3, en id\u00e9ntico sentido, que el hecho de que \u00abno aparezca la nota de dep\u00f3sito oportuno del acuerdo colectivo ante el Ministerio del Trabajo (\u2026) impide verificar si el dep\u00f3sito fue hecho o si lo fue de manera oportuna, esto es, \u201ca m\u00e1s tardar dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes al de su firma\u201d, para acreditar as\u00ed la existencia y validez del mismo, aspectos jur\u00eddicos que deb\u00edan ser analizados por el Tribunal, lo que excluye la supuesta transgresi\u00f3n al principio de consonancia\u00bb. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10184-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10184-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01796-01 (Aprobado en Sala de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 17 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56316","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56316"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56316\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}