STC10187-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10187-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2021-00379-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 15 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nicol\u00e1s Lorduy Cabarcas y Enith del Carmen Yepes Mercado contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad, el Fondo de Garant\u00eda de Entidades Financieras – Fogaf\u00edn y Omar Oviedo Villadiego, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 2004-01587. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, igualdad, dignidad humana, vivienda digna, \u00abbuena fe, del acto propio, confianza leg\u00edtima y principio pro homine\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al definir el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que el 3 de octubre de 1995 adquirieron obligaci\u00f3n hipotecaria con la extinta corporaci\u00f3n Granahorrar, y, por haber incurrido en mora fueron demandados ejecutivamente; que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena libr\u00f3 orden de pago el 5 de agosto de 2004 \u00abpor valor de $16.529.104\u00bb, y tras aceptarse una cadena de cesiones, el 7 de abril de 2017 se dict\u00f3 sentencia declarando probada la excepci\u00f3n denominada \u00abfalta de exigibilidad del t\u00edtulo por no haberse acreditado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Aseveraron que apelada la anterior decisi\u00f3n, el 12 de diciembre de 2017 el Juzgado Tercero Civil del Circuito la confirm\u00f3 parcialmente, pues adicion\u00f3 el fallo para ordenar \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n por el pagar\u00e9 419470037320, suscrito el 19 de septiembre de 2002\u00bb, y en atenci\u00f3n a ello, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Cartagena, el 25 de mayo de 2018 aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00abpor valor $12.989.788,26, por concepto de capital m\u00e1s intereses moratorios a corte 30 de marzo de 2018\u00bb, empero, el 13 de diciembre de 2018, la modific\u00f3 para fijarla en \u00ab$2.976.367,87\u00bb. <\/p>\n
Indicaron que, en virtud al recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la parte ejecutante, el 11 de junio de 2019 se \u00abrevoca el numeral segundo y tercero del auto de fecha 13 de diciembre de 2018\u00bb, determinaci\u00f3n contra la cual, infructuosamente interpusieron recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n \u00abpor cuanto la ejecuci\u00f3n relacionada con el pagar\u00e9 419400019455 debe anularse o darse por terminado\u00bb. Empero, a ra\u00edz de reposici\u00f3n impetrada por su contraparte, el 3 de febrero de 2020 se revoc\u00f3 parcialmente el que concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que impetr\u00f3 el de queja que desat\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena el 18 de febrero de 2021, para \u00abestimar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n subsidiario interpuesto por la parte ejecutada en contra del auto adiado 11 de junio de 2019\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que conforme a los precedentes constitucionales y de esta Corporaci\u00f3n, los cuales estiman aplicables a su caso, se ha dicho y reiterado que procede \u00abla reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb en relaci\u00f3n con \u00abtodos los cr\u00e9ditos adquiridos antes del 31 de diciembre de 1999\u00bb, ello en aras \u00aba restituirle al deudor su capacidad de pago, al menos con relaci\u00f3n a cuando cay\u00f3 en mora, de manera que adem\u00e1s de restablecer el cumplimiento oportuno de las condiciones del pr\u00e9stamo, se salvaguarde su derecho a la vivienda digna\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Segunda de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, manifest\u00f3 que \u00abla nulidad por ausencia de reestructuraci\u00f3n fue elevada en el proceso y objeto de estudio en la sentencia proferida por el Juzgado 006 Civil Municipal de Cartagena, quien declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de exigibilidad del t\u00edtulo por no haberse acreditado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, siendo modificada esa decisi\u00f3n por el superior mediante sentencia de fecha 12 de diciembre de 2017, donde resolvi\u00f3 declarar probada la falta de exigibilidad del pagar\u00e9 1945-5, y continuar con la ejecuci\u00f3n del pagar\u00e9 No. 419470037320 suscrito el 19 de septiembre de 2002, ordenando liquidar este cr\u00e9dito. As\u00ed las cosas, se advierte que este despacho en obedecimiento a lo resuelto por el superior compete continuar la ejecuci\u00f3n de la sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los \u00abintereses moratorios\u00bb, dijo que su cobro \u00abfue ordenado en el mandamiento de pago y no fue revocado por el superior\u00bb en sede de apelaci\u00f3n, y, \u00aben relaci\u00f3n con la terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, tambi\u00e9n se consider\u00f3 que tal solicitud no era procedente teniendo en cuenta que la misma hab\u00eda sido objeto de estudio por el superior. As\u00ed las cosas, no se advierte que por parte de esa funcionaria se hubiera violentado los derechos fundamentales deprecados\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Tercera Civil del Circuito de Cartagena, expres\u00f3 que la acci\u00f3n \u00abes improcedente, ante el incumplimiento del presupuesto general de inmediatez, comoquiera que la sentencia de primera instancia del mencionado proceso fue proferida en fecha 7 de abril de 2017, y la de segundo grado fue emitida por este despacho en fecha 12 de diciembre de 2017, es decir, hace mucho m\u00e1s de 6 meses\u00bb. <\/p>\n
3. El Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financieras \u2013 Fogaf\u00edn, manifest\u00f3 que en relaci\u00f3n con \u00abla obligaci\u00f3n No. 419400019455 [a nombre del se\u00f1or Nicol\u00e1s Lorduy Cabarcas, esa entidad], actualmente no es acreedor hipotecario\u00bb, puesto que \u00abfue vendida el 10 de junio de 2005 a la compa\u00f1\u00eda Central de Inversiones S.A. CISA\u00bb. Por lo anterior, se opuso a lo pretendido bajo la excepci\u00f3n \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb. Por lo dem\u00e1s, indic\u00f3 que era inexistente la vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales que los accionantes le endilgaban. <\/p>\n
4. Central de Inversiones \u2013 CISA, tambi\u00e9n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite procesal porque al haber realizado cesi\u00f3n de las obligaciones hipotecarias a cargo del se\u00f1or Lorduy Cabarcas a \u00abCrear Pa\u00eds\u00bb, emerg\u00eda respecto de esa entidad \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al observar que en el ejecutivo del cual se desprende la censura \u00abse realizaron todas las etapas procesales en debida forma, raz\u00f3n por la cual finaliza y como consecuencia es trasladado al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, en donde no se avizora ninguna vulneraci\u00f3n al debido proceso, derecho de defensa y contradicci\u00f3n, ni ninguno af\u00edn que vicie de nulidad lo actuado dentro del tr\u00e1mite\u00bb. Por tanto, \u00abse puede concluir que lo que pretenden los accionantes, es una intromisi\u00f3n del juez de tutela en lo que respecta a un proceso judicial que ya finiquit\u00f3, en donde sin lugar a dudas, tuvo el extremo pasivo del mismo plenas garant\u00edas procesales que en derecho le asist\u00edan\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los querellantes para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los accionantes, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n impetrado dentro del hipotecario n\u00ba 2004-01587, sin otorgar las consecuencias jur\u00eddicas de \u00abterminaci\u00f3n del proceso\u00bb, como consecuencia de la excepci\u00f3n denominada \u00abfalta de exigibilidad del t\u00edtulo por no haberse acreditado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en lo resuelto; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; y que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos espec\u00edficos: sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, carencia o deficiente motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Del estudio pertinente a los argumentos de la queja constitucional y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala, aplicando la normativa y precedentes jurisprudenciales pertinentes, revocar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado y en su lugar conceder\u00e1 el resguardo, toda vez que la actuaci\u00f3n criticada se torna defectuosa y amerita la intervenci\u00f3n del fallador constitucional en aras a corregirla. <\/p>\n
3.1. De manera preliminar se advierte que el requisito de inmediatez se tiene por acreditado en este asunto, independientemente del tiempo transcurrido entre la providencia dictada por el juez ad quem y la presentaci\u00f3n del auxilio, ya que la Corte Constitucional, en sentencia SU-813 de 4 de octubre de 2007, estableci\u00f3 que \u00ab[l]os jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de vivienda iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
Del mismo modo, se\u00f1al\u00f3 que: \u00ab(i) En el \u00e1mbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o, una vez realizada la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y aplicados los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuraci\u00f3n debe hacerse directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los par\u00e1metros legales, jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuraci\u00f3n, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n, se except\u00faa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuar\u00e1, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb (CC SU-787\/12). <\/p>\n
Finalmente, la misma Corporaci\u00f3n sentenci\u00f3: \u00ab[e]n trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de inmediaci\u00f3n se cumple para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe- si la acci\u00f3n de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica subasta sea registrado\u00bb (CC T-881\/13). <\/p>\n
Por su parte, esta Sala, al resolver asuntos como el ahora revisado, tambi\u00e9n ha destacado tales requisitos al se\u00f1alar que \u00abel Juez debe revisar para conceder la protecci\u00f3n que: (i) la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso como una diligencia m\u00ednima\u00bb (CSJ STC945-2016, 4 feb. 2016, rad. 2015-02956-01, citada en STC12631-2018, 28 sep. 2018, rad. 02792-00). <\/p>\n
Para este \u00faltimo evento, en el caso objeto de estudio, se observa que la parte ejecutada y ahora interesada, interpuso sendos recursos de reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n y queja, finalmente resueltos de manera adversa a sus intereses, y tambi\u00e9n agot\u00f3 la solicitud de nulidad ante el juzgado a-quo, la cual fue declarada pr\u00f3spera de manera parcial en sentencia proferida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena el 7 de abril de 2017. <\/p>\n
3.2. Dilucidado lo anterior, si bien se tiene que en el presente caso, mediante sentencia de segunda instancia el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena coincidi\u00f3 con el a-quo en cuanto a que era dable declarar la excepci\u00f3n de falta de exigibilidad por no haberse reestructurado el cr\u00e9dito contentivo del primer pagar\u00e9, no lo hizo en relaci\u00f3n con la segunda obligaci\u00f3n, esto es, la contenida en el pagar\u00e9 n\u00b0 419470037320 suscrito el 19 de septiembre de 2002, por considerar que su otorgamiento se hizo \u00aba la orden del FONDO DE GARANT\u00cdAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN por valor de dos millones novecientos setenta y seis mil trescientos sesenta y siete pesos con ochenta y siete centavos ($2.976.367,87)\u00bb, y fue \u00abposterior al primer cr\u00e9dito destinado a vivienda\u00bb, no obstante, el ad quem omiti\u00f3 pronunciarse frente al dicho de los ejecutados de que su concesi\u00f3n fue \u00abpara cancelar intereses de la deuda originaria\u00bb y que \u00abel plazo de amortizaci\u00f3n fue de noventa y seis (96) meses, as\u00ed como que no hab\u00eda claridad sobre el momento a partir del cual se har\u00eda exigible, como tampoco la obligaci\u00f3n era expresa para el momento de instaurar la demanda\u00bb. <\/p>\n
En las condiciones descritas, de la revisi\u00f3n del expediente se acredita que es procedente la protecci\u00f3n constitucional reclamada, en la medida en que el juzgador ad quem no abord\u00f3 el estudio del caso como lo han definido la Ley 576 de 1999 y la jurisprudencia, adem\u00e1s, por no haberse a\u00fan aprobado y menos registrado el remate o la adjudicaci\u00f3n del bien que garantiza la hipoteca ejecutada, exigencias que deben darse para que sea oportuna la intervenci\u00f3n del juez constitucional ante la ausencia de reestructuraci\u00f3n del referido cr\u00e9dito que igualmente estuvo destinado a satisfacer la vivienda de los demandantes. <\/p>\n
Sobre el particular el precedente jurisprudencial recuerda que \u00abtrat\u00e1ndose del cobro ejecutivo de una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e incluso en pesos con capitalizaci\u00f3n de intereses, para la adquisici\u00f3n de vivienda, que no ha sido reestructurada en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n\u00bb (CC SU-813\/07). <\/p>\n
Acerca del derecho de reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda, esta Corte ha dicho y reiterado: <\/p>\n
\u00abNo admite discusi\u00f3n que la Ley 546 de 1999 fue la respuesta de choque a la delicada situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la \u00e9poca, ni que su fin primordial era proteger a todos aquellos que estaban en riesgo de perder su vivienda. Tan es as\u00ed que contempl\u00f3 una forma extraordinaria de culminaci\u00f3n de los pleitos cuando se hac\u00edan efectivas las garant\u00edas reales constituidas sobre soluciones habitacionales. <\/p>\n
Bajo esos par\u00e1metros ning\u00fan beneficio reportaba a los ejecutados la terminaci\u00f3n de los litigios, sin que existiera la posibilidad de replantear las condiciones para saldar esas deudas hacia futuro. Ello quiere decir que la reestructuraci\u00f3n no era un paso discrecional para los acreedores, ni mucho menos renunciable por los deudores, en vista de su trascendencia constitucional. <\/p>\n
(\u2026) Resumiendo, del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999 (…) cuya recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos. <\/p>\n
Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema. <\/p>\n
Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42. <\/p>\n
Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, s\u00f3lo constitu\u00eda un paso para normalizar la situaci\u00f3n de los deudores, que se complementar\u00eda, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferir\u00edan los saldos pendientes. <\/p>\n
Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior. <\/p>\n
Por esto, es labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su vivienda cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, s\u00f3lo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo\u00bb (CSJ STC8655-2014, 3 jul. 2014, rad. 01326-00, citada entre otras en STC10546-2020, 26 nov. 2020, rad. 03204-00). Se subraya. <\/p>\n
Ahora, por cuanto el proceso ejecutivo no culmina con la sentencia sino que al mismo le siguen actuaciones encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n, se insiste en que es deber de los jueces, incluidos los de ejecuci\u00f3n, revisar si adem\u00e1s del t\u00edtulo base de la misma se adosaron los soportes pertinentes para acreditar la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, en la medida en que esos documentos \u00abconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ STC2747-2015, 12 mar. 2015, rad. 00037-01). <\/p>\n
Sobre dicha figura jur\u00eddica, t\u00e9ngase en cuenta que est\u00e1 contemplada en el art\u00edculo 20 de la Ley 576 de 1999, declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-955 de 2000, frente al cual esta Corporaci\u00f3n ha dicho que \u00abse traduce en el acuerdo jur\u00eddico entre el deudor y el acreedor, que tiene como objeto y efecto mejorar las condiciones de pago del deudor, mediante el cual se modifique o se d\u00e9 una nueva estructura crediticia a las operaciones de cr\u00e9dito otorgadas, con el fin de recuperar los recursos\u00bb, y que incluso aun cuando se susciten diferencias entre los interesados, tal etapa debe surtirse necesariamente. <\/p>\n
3.3. Habida cuenta de lo anterior, ante la constante y reiterada jurisprudencia sobre la tem\u00e1tica en comento, aunado al defecto procedimental por actuar al margen de lo previsto para el tr\u00e1mite puesto en consideraci\u00f3n del juez, el apartamiento de tal postura surge en este caso como una causal espec\u00edfica para la concesi\u00f3n del resguardo. Al respecto se ha dicho que cuando sobre un determinado punto se ha estudiado y resuelto de manera id\u00e9ntica, si la autoridad accionada se aparta de esa soluci\u00f3n sin mediar suficiente y valedera justificaci\u00f3n, incursiona en el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial, como derivaci\u00f3n del orden sustantivo o material. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que adem\u00e1s del precedente constitucional, se tiene sentado que el jurisprudencial que obliga al fallador es el de naturaleza vertical, frente al cual esta Sala ha sostenido que: \u00ablos jueces \u00abest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico, mas no como aqu\u00ed acontece con otros funcionarios situados en el mismo v\u00e9rtice o en grado inferior de la estructura de la administraci\u00f3n de justicia, evento en el cual lo \u00fanico exigible es que la providencia se encuentre debidamente motivada\u00bb (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T No. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01 citada entre otras en STC13307-2019, 1\u00b0 oct. 2019, rad. 03111-00). <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-330 de 2005, enfatiz\u00f3 que, \u00abprima facie, los funcionarios judiciales est\u00e1n vinculados por la obligaci\u00f3n de aplicar el precedente sentado por los \u00f3rganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse del mismo en ejercicio de la autonom\u00eda judicial, pesa sobre los mismos una carga de argumentaci\u00f3n m\u00e1s estricta. Es decir deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha sostenido que \u00abla importancia de seguir el precedente radica en dos razones, a saber: La primera, en la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jur\u00eddica, cosa juzgada, buena fe, confianza leg\u00edtima y de racionabilidad, pues la actividad judicial se encuentra regida por estos principios constitucionales (\u2026). La segunda, en el car\u00e1cter vinculante de las decisiones judiciales (\u2026)\u00bb, y, \u00ab[e]n s\u00edntesis, el desconocimiento del precedente se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situaci\u00f3n f\u00e1ctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jur\u00eddicas que justifique el cambio de jurisprudencia\u00bb (T-459\/17). <\/p>\n
Entonces, como acaba de verse, la autoridad judicial enjuiciada incurri\u00f3 en defectos de \u00edndole sustantivo, procedimental, y desconocimiento del precedente jurisprudencial, en la medida en que: (i) se rigi\u00f3 bajo un contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con los presupuestos del caso; (ii) actu\u00f3 al margen del procedimiento en lo relacionado con la aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999; (iii) y, para motivar y resolver el asunto no tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional y de esta Corte que tratan sobre el tema. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo antes discurrido, se revocar\u00e1 el fallo de primer grado y en su lugar se conceder\u00e1 la tutela a las prerrogativas fundamentales derivadas del debido proceso de los demandantes, y, para corregir los desafueros observados, se invalidar\u00e1 la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2017, dentro del proceso hipotecario n\u00ba 2004-01587, as\u00ed como todas aquellas decisiones que de tal providencia dependan. En su lugar, se le ordenar\u00e1 al juez ad quem, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, vuelva a estudiar lo atinente a la excepci\u00f3n de \u00abfalta de exigibilidad del t\u00edtulo por no haberse acreditado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, y la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso elevada por los ejecutados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada; en su lugar CONCEDE el amparo a las prerrogativas superiores imploradas por Nicol\u00e1s Lorduy Cabarcas y Enith del Carmen Yepes Mercado. <\/p>\n
En consecuencia, SE DEJA sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena el 12 de diciembre de 2017, dentro del proceso hipotecario n\u00b0 2004- 01587, y con ello las actuaciones que se hubieran podido adelantar en cumplimiento de la misma. <\/p>\n
Igualmente, SE ORDENA a la titular del juzgado accionado, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, adopte las medidas que estime pertinentes para resolver de nuevo la instancia a su cargo, conforme a lo planteado en la parte motiva de esta providencia. Por Secretar\u00eda, of\u00edciese en tal sentido. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por un medio expedito, y en oportunidad env\u00edese el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10187-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10187-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2021-00379-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56317","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56317"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56317\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}