STC10190-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10190-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02625-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Eliecer Mart\u00ednez Torres, en nombre propio y en representaci\u00f3n de Lucas su hijo menor de edad, contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, as\u00ed como de los ni\u00f1os respecto de su descendiente de cinco (5) a\u00f1os de edad, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas en el proceso ejecutivo seguido en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto las sentencias proferidas por el Juzgado\u2026 como el Tribunal [convocados]\u2026, los d\u00edas 25 de agosto del\u2026 2020 y 24 de febrero del\u2026 2021, respectivamente\u00bb; y ordenarles emitir una nueva \u00aben donde realicen un an\u00e1lisis adecuado del caso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el proceso ejecutivo mixto que Fredy Alexander Leal Ruiz inco\u00f3 contra el accionante, surtidas las etapas de rigor, el 25 de agosto de 2020 el Juzgado encausado dict\u00f3 sentencia, en la cual orden\u00f3 seguir adelante el cobro edificado en dos letras de cambio por $35\u2019000.000 y $80\u2019000.000 de capital, respectivamente; decisi\u00f3n que el 24 de febrero de 2021 confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela el accionante censur\u00f3 tales providencias porque con ellas, en su sentir, los juzgadores incurrieron en evidente defecto f\u00e1ctico porque \u00abrealizaron una err\u00f3nea e inadecuada valoraci\u00f3n\u2026 de [sus] argumentos defensivos\u00bb, especialmente los relativos a: i) que \u00ablos t\u00edtulos se firmaron en blanco a un t\u00e9rmino no menor de 18 meses, pero nunca se diligenci\u00f3 la fecha de su exigibilidad\u00bb, los cuales, en un proceder de \u00abmala fe\u00bb, llen\u00f3 el ejecutante; y ii) que \u00e9l sirvi\u00f3 de fiador respecto de las sumas all\u00ed cobradas, cuyo pago garantiz\u00f3 con la constituci\u00f3n de una hipoteca sobre el predio con folio inmobiliario Nro. 470-68355 y de las que era deudor principal Luis Antonio Carrillo, quien, en cuanto a la primera de dichas letras de cambio, cancel\u00f3 al acreedor $37.000.000, pero \u00e9ste no le devolvi\u00f3 tal t\u00edtulo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que se pas\u00f3 por alto la carencia de instrucciones para diligenciar los documentos; que \u00ablas partes se conoc\u00edan con anterioridad, motivo por el cual, en el curso natural de los negocios\u2026 ten\u00edan la confianza necesaria para obligarse conforme lo hicieron\u00bb; que la prueba testimonial se valor\u00f3 parcialmente, en especial la versi\u00f3n de Carrillo, quien asegur\u00f3 haber cancelado la letra de menor valor y que en \u00e9stas s\u00f3lo se impusieron las firmas; y que, como consecuencia de todo lo anterior, se se\u00f1al\u00f3 fecha para la subasta de su inmueble, afectando tambi\u00e9n los derechos esenciales de su hijo menor de edad \u00abal disfrute de un hogar\u2026[,] una familia y no ser separado de ella\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado acusado limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia del expediente contentivo del juicio fustigado mientras que la Colegiatura accionada se\u00f1al\u00f3 que en el tr\u00e1mite all\u00ed surtido \u00abse observ\u00f3 el respeto al debido proceso, el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de las partes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, dado que en la sentencia de 24 de febrero de 2021, mediante la cual el Tribunal acusado zanj\u00f3 de manera definitiva el asunto fustigado, al confirmar la dictada el 25 de agosto de 2020 por el Juzgado convocado, que declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n; se consignaron claramente las razones por las cuales la apelaci\u00f3n propuesta por el deudor no se abr\u00eda paso. <\/p>\n
2.1. En efecto, all\u00ed el cuerpo colegiado atacado previamente precis\u00f3 que, \u00abluego de enunciar dos hechos relacionados con: 1. Haber dejado espacios en blanco, y 2. La existencia de una deuda anterior por parte del se\u00f1or Luis Carrillo\u00bb, como reparos concretos frente al fallo del a-quo el ejecutado propuso que: <\/p>\n
\u2026i) el juez dej\u00f3 de valorar que las partes se conoc\u00edan con anterioridad, motivo por el cual, en el curso natural de los negocios estas ten\u00edan la confianza necesaria para obligarse conforme lo hicieron, ii) no se valor\u00f3 la prueba testimonial, sino de forma parcial, frente a las excepciones de m\u00e9rito de falta de instrucciones de requisitos para llenar espacios en blanco, espec\u00edficamente el dicho de LUIS CARRILLO, quien sostuvo que \u00fanicamente se imprimieron las firmas en los t\u00edtulos valores y bajo la gravedad del juramento, indic\u00f3 haber cancelado la letra de menor valor, y iii) el demandado trajo a colaci\u00f3n la prueba del cuantioso pago y la confesi\u00f3n, situaci\u00f3n que se confirm\u00f3 con el testimonio de descargo, del cual se infiere el pago de la obligaci\u00f3n de menor valor, pruebas que asegur\u00f3, fueron omitidas y tergiversadas por el juez de instancia, sin que \u00e9ste adem\u00e1s, se pronunciara respecto a las deudas y negocios anteriores de LUIS CARRILLO. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido destac\u00f3 que, sin embargo, \u00ab[y]a en segunda instancia\u00bb, el recurrente: <\/p>\n
\u2026finc\u00f3 su inconformismo manifestando que conforme el interrogatorio de parte y los testimonios, se puede constatar que el demandante recibi\u00f3 del se\u00f1or LUIS CARRILLO la suma de $35.000.000, existiendo, por lo tanto, prueba de la forma y el lugar del pago, asegurando que el demandante no realiz\u00f3 la devoluci\u00f3n del t\u00edtulo, pese su cancelaci\u00f3n, existiendo el cobro de lo no debido. Insisti\u00f3 en que el juez de primera instancia desconoci\u00f3 la acreditaci\u00f3n de la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n parcial por pago, y trajo adem\u00e1s como sustento de su recurso el art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 509 del CPC y los art\u00edculos 624 y 693 del C\u00f3digo de Comercio, asegurando finalmente, que el pago se imput\u00f3 al capital e intereses en la ciudad de Yopal, atendiendo el domicilio de las partes. En este orden, solicit\u00f3 la revocatoria parcial de la decisi\u00f3n que dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n (se destac\u00f3). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con fundamento en lo atr\u00e1s aclarado, anot\u00f3 que, de acuerdo a lo reglado en el precepto 320 del C\u00f3digo General del Proceso, le correspond\u00eda analizar \u00ab\u00fanicamente los reparos concretos formulados por el apelante ante el Juez de primera instancia y debidamente sustentados al momento de efectuarse su traslado en segunda instancia, conforme lo reglado por el art\u00edculo 322 del CGP en concordancia con el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020\u00bb; por lo cual concentrar\u00eda \u00absu atenci\u00f3n en determinar si conforme a las pruebas del proceso y las normas del caso, puede concluirse que existi\u00f3 o no pago de la letra de cambio con n\u00famero 01 de\u2026 29 de diciembre de 2016 por valor de\u2026 ($35.000.000) a la orden de\u2026 Leal Ruiz y siendo obligado el deudor\u2026 Mart\u00ednez Torres, con fecha de pago el d\u00eda 27 de octubre de 2017 en la ciudad de Yopal\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, tras aludir a algunas generalidades del pago como forma de extinguir las obligaciones, con apoyo en los c\u00e1nones 1625 del C\u00f3digo Civil y 624 del C\u00f3digo de Comercio, enfatizando en la obligaci\u00f3n que tiene el acreedor de entregar el t\u00edtulo, cuando aqu\u00e9l sea total, o de dejar constancia en el mismo cuando fuere parcial, consign\u00f3 que: <\/p>\n
Es tan relevante la constancia de pago en el t\u00edtulo que, en trat\u00e1ndose de la causal de excepci\u00f3n cambiaria contemplada en el numeral 71 del art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio, se destaca que, \u201c\u2026si el pago parcial no consta en el propio t\u00edtulo o en documento adherido a \u00e9l, suscrito por su beneficiario o tenedor, aunque este le haya expedido al obligado el recibo de que trata el art\u00edculo 877 del C\u00f3digo de Comercio, o la constancia prevista en el art\u00edculo 624 ib\u00eddem, si posteriormente un tercero tenedor demanda por v\u00eda ejecutiva el importe total de la obligaci\u00f3n cambiaria, el deudor estar\u00e1 obligado a pagar la totalidad de la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo y no prosperar\u00e1 la excepci\u00f3n de pago parcial\u2026\u201d2, y se agrega, \u201c\u2026Lo mismo sucede en caso de que el obligado cancele al tenedor la totalidad del t\u00edtulo, y conforme a los art\u00edculos 624 y 877 del C\u00f3digo de Comercio, no obtiene la entrega del t\u00edtulo sino que el tenedor simplemente le entrega recibo.\u201d3 <\/p>\n
En cualquier caso, si bien el sistema procesal actual no fija la tarifa legal en materia probatoria, cierto es, que incumbe al deudor probar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, pues \u201c\u2026La prueba que de la fuente de la obligaci\u00f3n presente el acreedor, y la simple afirmaci\u00f3n de que no se ha cancelado, se tiene por cierta, mientras el deudor no acredite la extinci\u00f3n por cumplimiento o pago\u2026\u201d4, situaci\u00f3n que guarda plena concordancia con el art\u00edculo 167 del CGP, pues se insiste, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 176 del CGP establece el sistema de libre apreciaci\u00f3n o persuasi\u00f3n racional de la prueba, canon que impone que las mismas sean apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos, debiendo en todo caso, el juez exponer siempre y razonadamente el m\u00e9rito que le asigna a cada prueba. <\/p>\n
Fijadas esas pautas, al contrastar de manera conjunta el material probatorio recaudado con las alegaciones del impugnante, encontr\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En lo relacionado con las pruebas obrantes en el plenario tenemos la letra por el valor de\u2026 ($35.000.000)\u2026, la cual fue aportada por la parte demandante para su cobro v\u00eda ejecutiva, quien adem\u00e1s afirm\u00f3 en el escrito introductorio haber requerido en forma oportuna su pago sin \u00e9xito, afirmaci\u00f3n que sostuvo en el interrogatorio vertido en el decurso del proceso, quien a m\u00e1s de manifestar que fue por intermedio del se\u00f1or Luis Carrillo, que lo contact\u00f3 el demandado Jorge Eliecer Mart\u00ednez Torres, quien le manifest\u00f3 a su vez la necesidad de dinero, que accedi\u00f3 al pr\u00e9stamo del mismo, el cual fue garantizado con dos letras y una hipoteca, siendo enf\u00e1tico en manifestar que no ha recibido el pago de alguna suma de dinero. <\/p>\n
Por lo tanto, corresponde examinar los elementos tra\u00eddos a cuento por la parte ejecutada con el objeto de desvirtuar el dicho del ejecutante, para lo anterior, en la declaraci\u00f3n efectuada por el demandado\u2026 Mart\u00ednez Torres, \u00e9ste manifest\u00f3 que fue\u2026 Luis Carrillo quien pag\u00f3\u2026 la suma de $37.000.000 al se\u00f1or Fredy Alexander Leal Ruiz, conforme a lo manifestado por el propio\u2026 Carrillo, frente al particular observa esta Sala, que el dicho del demandado no ofrece mayor detalle o sustancia a la cuesti\u00f3n, m\u00e1xime que seg\u00fan se extrae del mismo[,] no presenci\u00f3 en forma directa el presunto pago. <\/p>\n
A su turno\u2026[,] Carrillo Vargas respecto al punto en debate, en la declaraci\u00f3n efectuada en audiencia llevada a cabo el 25 de agosto de 2020, a m\u00e1s de asegurar que los t\u00edtulos fueron firmados en blanco y de afirmar que quien es el verdadero deudor es \u00e9l y no el demandado\u2026 Mart\u00ednez Torres, sostuvo que la deuda se limita a la suma de $80.000.000, indicando que la letra por valor de $37.000.000 de pesos correspond\u00edan a los intereses sobre la anterior suma, la que afirm\u00f3 cancel\u00f3 en efectivo a las 2 horas de firmada la hipoteca, espec\u00edficamente, en el restaurante de la se\u00f1ora madre del demandante, estando en presencia la esposa de \u00e9ste, sin embargo, al ser cuestionado sobre la \u00e9poca y la hora en que acudi\u00f3 al lugar, el testigo asegur\u00f3 no conocer la fecha exacta, manifestando haber olvidado solicitar la entrega del t\u00edtulo, pero manifest\u00f3 haber confiado debido a la amistad que dijo sostener con el demandante, aclarando que incluso para la \u00e9poca el propio demandante lo acompa\u00f1\u00f3 a retirar la citada suma al banco, sin contar actualmente con la constancia del retiro efectuado. <\/p>\n
En este punto, debe se\u00f1alarse que dada la naturaleza del proceso ejecutivo, en donde se parte de un derecho cierto del cual se pretende efectivizar su pago, la fuerza en los medios probatorios allegados por el ejecutado al desconocerlo, bien por pago o por otra circunstancia modificativa o extintiva, debe ser de tal entidad y relevancia que permitan atacar el fondo de la pretensi\u00f3n, y es que conforme al dicho del demandado y del testigo Luis Carrillo, no es posible identificar elementos suficientes de la efectiva concreci\u00f3n del pago de la suma de $35.000.000 o $37.000.000, m\u00e1xime cuando, el primero de ellos s\u00f3lo asever\u00f3[,] sin elementos amplios y suficientes de juicio[,] que\u2026 Luis Carrillo fue quien realiz\u00f3 el pago de una suma mayor a la establecida en la letra de cambio, esto es $37.0000.000 (sic). <\/p>\n
Entre tanto, si bien el testigo Luis Carrillo dej\u00f3 entrever varias afirmaciones del presunto negocio y pago, cierto es, que se encuentran hu\u00e9rfanas y carentes del debido soporte, incluso resultan poco cre\u00edbles y carentes de razonabilidad, pues no se entiende como quien funge como deudor aparente en el presente caso suscribe dos letras de cambio, una de las cuales supuestamente cancel\u00f3 el mismo d\u00eda pero no exige su devoluci\u00f3n o la expedici\u00f3n de alg\u00fan documento verificando su pago, adem\u00e1s debe indicarse que en la contestaci\u00f3n de la demanda\u2026 Mart\u00ednez manifest\u00f3 que la letra por valor de $35.000.000 correspond\u00eda a una vieja deuda del se\u00f1or Luis Carrillo, sin mayor detalle, la cual asegur\u00f3, cancel\u00f3 posteriormente, pero que contrastada con sus propias manifestaciones realizadas en audiencia y el dicho del se\u00f1or Luis Carrillo, no encuentran correspondencia o coherencia, pues afirmaron que el mencionado valor equivale al inter\u00e9s de la suma de $80.000.000 contenida en una de las letras objeto de cobro en este proceso. <\/p>\n
Con fundamento en todo ello el Tribunal acusado concluy\u00f3 que \u00ablos t\u00edtulos ejecutivos objeto de reparo y los derechos all\u00ed contenido[s] se mantienen intactos\u00bb, comoquiera que \u00abfueron aportado[s] como fundamento para la demanda, incluso ratificados en el interrogatorio del demandante\u00bb, adem\u00e1s de \u00abla falta de probanza de las circunstancias de pago del t\u00edtulo por valor de $35.000.000\u00bb; circunstancias que \u00absumadas a las consecuencias propias por la inasistencia de la parte demandada en la audiencia inicial, del cual se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n en que se funde la demanda, llevan a concluir que el embate en cuesti\u00f3n propuesto por la parte demandada no est\u00e1 llamado a prosperar, en consecuencia, la Sala encuentra procedente el ratificar la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Corte concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso es una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada, contrario a su sentir, valor\u00f3 de forma conjunta las pruebas recaudadas y concluy\u00f3, con apoyo en las normas que hall\u00f3 aplicables al asunto, que al sustentarse la apelaci\u00f3n se restringi\u00f3 su alcance al supuesto pago de la letra de cambio de menor valor, por lo cual s\u00f3lo se ocup\u00f3 de ese aspecto, y por tal sendero, que la parte pasiva no demostr\u00f3 la veracidad de esa alegaci\u00f3n, pues ning\u00fan soporte, adem\u00e1s de su dicho y el del supuesto deudor principal, trajo al proceso para acreditar la efectividad del cuantioso pago que adujo; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, al no hallarse ning\u00fan defecto en el tr\u00e1mite auscultado, que torne inaplazable la intromisi\u00f3n del juzgador constitucional, es evidente que no puede consider\u00e1rsele lesivo de los derechos del hijo menor de edad del accionante, en tanto que el se\u00f1alamiento para la diligencia de remate es la consecuencia natural de las actuaciones surtidas en el proceso, de las cuales no se desprende arbitrariedad o capricho alguno por parte de las sedes judiciales acusadas, lo que denota la anunciada improsperidad de esta salvaguarda. <\/p>\n
En asuntos donde se ha cuestionado la futura diligencia de entrega de predios ya rematados que no precisamente la fijaci\u00f3n de fecha para la almoneda, pero que mutatis mutandis resultan aplicables al presente caso, en tanto que se ha determinado que ello es consecuencia l\u00f3gica del devenir procesal ajustado al ordenamiento jur\u00eddico, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u201c\u2026no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u201d (Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencias de 29 de noviembre de 2006, exp. No. 2006-00079-01 y 19 de julio de 2007, exp, 2007–00096-01) (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 01221-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 784. <EXCEPCIONES DE LA ACCI\u00d3N CAMBIARIA>. Contra la acci\u00f3n cambiaria s\u00f3lo podr\u00e1n oponerse las siguientes excepciones: (\u2026) 7). Las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el t\u00edtulo. <\/p>\n
2\u0002 PE\u00d1A NOSSA, Lisandro, De los t\u00edtulos valores (2016), P\u00e1g. 318. <\/p>\n
3\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil, Tomo III De las Obligaciones. D\u00e9cima Edici\u00f3n, P\u00e1g. 501. <\/p>\n
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STC10190-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10190-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02625-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Eliecer […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56318","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56318"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56318\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}