STC10196-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10196-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00782-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jhonny Alexander Tim\u00f3n Castellanos le instaur\u00f3 a la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento para Adolescentes de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001 60 00 050 2017 08021 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abplazo razonable\u00bb e \u00abigualdad\u00bb, as\u00ed como al principio de \u00ablegalidad\u00bb para que, en consecuencia, \u00abse decret[ara] la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal del proceso\u00bb de la referencia. <\/p>\n
En respaldo narr\u00f3 que la Fiscal\u00eda le formul\u00f3 imputaci\u00f3n como presunto autor del delito de \u00abactos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os agravados, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb (14 nov. 2019) y radic\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n por los mismos cargos (19 nov.), surti\u00e9ndose la \u00abaudiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb el 20 de febrero de 2020 y la preparatoria el 17 de septiembre siguiente, \u00faltima actuaci\u00f3n en la que requiri\u00f3 la preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, que el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento para Adolescentes de Bogot\u00e1 neg\u00f3 en decisi\u00f3n (9 oct.) que el superior confirm\u00f3 (10 nov.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el ad quem incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por: <\/p>\n
i) Defecto Material al haber aplicado el art\u00edculo 90 de la Ley 1453 de 2011, que modific\u00f3 el art\u00edculo 187 del la Ley 1098 de 2006, seg\u00fan el cual \u00abel t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n penal\u00bb es de 8 a\u00f1os, pese a que \u00abno estaba vigente para la fecha de los hechos\u00bb. <\/p>\n
ii) Desconoci\u00f3 el precedente contenido en la sentencia T 023 de 2019, seg\u00fan el cual, el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1154 de 2007, que adicion\u00f3 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, \u00abno se aplica en el procedimiento penal para adolescentes\u00bb, pese a que tiene car\u00e1cter vinculante y \u00abefecto erga omnes\u00bb. <\/p>\n
iii) Pas\u00f3 por alto que la \u00abacci\u00f3n\u00bb est\u00e1 \u00abprescrita\u00bb, porque los hechos ocurrieron desde el a\u00f1o 2008 hasta el 14 de julio de 2010, y de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 187 de la Ley 1098 de 2006, el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de privaci\u00f3n de la libertad por el delito de \u00abactos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os agravados, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb es de 5 a\u00f1os, de modo que el fen\u00f3meno prescriptivo acaeci\u00f3 el 14 de julio de 2015, en tanto dicho lapso no se suspendi\u00f3, pues la imputaci\u00f3n en su contra se realiz\u00f3 hasta el 14 de noviembre de 2019. <\/p>\n
iv) No tuvo en cuenta que el par\u00e1grafo 1\u00ba del precepto en menci\u00f3n \u00abproh\u00edbe la aplicaci\u00f3n de cualquier sanci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de los 21 a\u00f1os de edad\u00bb, los que cumpli\u00f3 el 14 de julio de 2013. <\/p>\n
2.- El Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento para Adolescentes de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que, no tuvo en cuenta la providencia T-023 de 2019, debido a que no es \u00abde unificaci\u00f3n\u00bb y sus efectos son inter partes, y no aplic\u00f3 el art\u00edculo 187 de la Ley 1098 de 2006 sino al inciso 3\u00ba del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, de cara al cual estableci\u00f3 que \u00ablos hechos ocurrieron en los a\u00f1os 2008, 2009 y hasta julio de 2010 (\u2026), la imputaci\u00f3n se formul\u00f3 el 14 de noviembre de 2019\u00bb y, por tanto, \u00abno hab\u00edan transcurrido 20 a\u00f1os desde esa fecha, para que operara el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb, tesis que respald\u00f3 el Fiscal 318 Seccional. <\/p>\n
El Defensor de Familia afirm\u00f3 que \u00abadelant[\u00f3] las diligencias de su competencia conforme al ordenamiento jur\u00eddico establecido (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 el auxilio, al estimar que: <\/p>\n
a) Si bien es cierto el Tribunal inaplic\u00f3 la regla contenida en la T 023 de 2019, pese a que \u00abla ratio decidendi es vinculante\u00bb, tambi\u00e9n lo es que \u00abcumpli\u00f3 los requerimientos que se exigen en estos casos para hacerlo, pues se refiri\u00f3 a sus fundamentos y entreg\u00f3 sustentados motivos para abandonarlo\u00bb. <\/p>\n
b) Fue razonable no acceder a la \u00abpreclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, adicionado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1154 de 2017, ya que, a partir de la fecha en que la v\u00edctima cumpli\u00f3 los 18 a\u00f1os de edad (28 jul. 2018), \u00abempez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino inicial de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por 20 a\u00f1os (hasta el 28 de julio de 2018), el cual fue interrumpido antes del vencimiento de ese plazo, el 14 de noviembre de 2019, con la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n (Art. 292 de la Ley 906 de 2004)\u00bb. <\/p>\n
c) \u00abEl par\u00e1grafo original del art\u00edculo 187 de la Ley 1098 de 2006 no prev\u00e9 que la acci\u00f3n penal no pueda ejercerse con posterioridad a que el procesado alcance los 21 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 el interesado con id\u00e9nticos argumentos a los del escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente, se advierte el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y, por ende, la ratificaci\u00f3n de la sentencia atacada por los motivos que a continuaci\u00f3n se enlistan. <\/p>\n
2.- En el sub examine, muy pronto se avizora que el pronunciamiento del Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los supuestos f\u00e1cticos y procesales, confront\u00e1ndolos con los preceptos que rigen la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb cuando la v\u00edctima y victimario son menores de edad. <\/p>\n
En efecto, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n que no accedi\u00f3 a la \u00abpreclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. Para ello precis\u00f3, que, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la STP15849-2018, resultaba claro que <\/p>\n
(\u2026) cuando el sujeto pasivo, es un menor de edad, procede el incremento a este t\u00e9rmino, contemplado en el inciso tercero del art\u00edculo 83 del C.P., adicionado por la ley 1154 de 2007, que se itera prev\u00e9 que cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, cometidos en menores de edad, la acci\u00f3n penal prescribir\u00e1 en veinte (20) a\u00f1os contados a partir del momento en que la v\u00edctima alcance la mayor\u00eda de edad. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que, si bien es cierto la Corte Constitucional en la sentencia T 023 de 2019 sostuvo que \u00abel t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n debe contabilizarse conforme lo consagrado en la Ley 1098 de 2006 y el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, pero sin aplicar lo dispuesto en el inciso tercero de ese precepto, (adicionado por la ley 1154 de 2007), al considerar que este era contrario a los fines del SRPA (\u2026)\u00bb, tambi\u00e9n lo es que, explic\u00f3 las razones por las cuales adoptaba la tesis de la Sala de Casaci\u00f3n Penal respecto de la aplicaci\u00f3n de la ley 1154 de 2007, a saber, <\/p>\n
Efecto inter partes decisi\u00f3n T-023 de 2019. <\/p>\n
(\u2026) de conformidad con los art\u00edculos 48 de la Ley 270 de 1996, y 3612 del decreto 2591 de 1991, las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en materia de acci\u00f3n de tutela tienen efecto inter partes; es decir, su fuerza obligatoria aborda \u00fanicamente a los extremos de la litis en particular, y que v\u00eda jurisprudencial se ha desarrollado que excepcionalmente, considerando las particularidades del caso y la funci\u00f3n de revisi\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 291 del C.P, es posible extender los efectos de las ordenes proferidas en una fallo de tutela a otras personas, con efectos \u201cinter comunis\u201d o \u201cinter pares\u201d. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo expuesto, (\u2026) se advierte que en el salvamento de voto (\u2026) [se] record\u00f3 que esa providencia se encontraba limitada a las circunstancias particulares del caso y que en consecuencia no contempla una regla absoluta en materia de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en los eventos donde una persona menor de edad ha sido sexualmente violentada por parte de quien est\u00e1 pr\u00f3ximo a cumplir 18 a\u00f1os de edad (\u2026). <\/p>\n
Ponderaci\u00f3n derechos procesado y perjudicada. <\/p>\n
(\u2026) es evidente el derecho que le asiste al joven JATC [que ejecut\u00f3 la conducta punible], a que se aclare y defina mediante una decisi\u00f3n judicial, su situaci\u00f3n jur\u00eddica por unos presuntos hechos ocurridos cuando aquel ten\u00eda 16 a\u00f1os de edad (\u2026). <\/p>\n
[pero] no puede obviarse que [la v\u00edctima] adem\u00e1s de tener la calidad de perjudicada, es una menor de edad que presuntamente result\u00f3 afectada por una conducta de tipo sexual, de ah\u00ed que sus derechos a una verdad, justicia y reparaci\u00f3n, deben interpretarse de forma prevalente pues aquella se encuentra en un marco de protecci\u00f3n constitucional y convencional al considerarse como el extremo m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n jur\u00eddico penal (\u2026). <\/p>\n
Sobre la Ley 1154 de 2007. <\/p>\n
(\u2026) fue precisamente con fundamento en los deberes del Estado de protecci\u00f3n de los ni\u00f1os(as) y adolescentes frente a todo tipo de abuso sexual (\u2026), que se expidi\u00f3 la Ley 1154 de 2007, espec\u00edficamente el art\u00edculo 1\u00ba que adicion\u00f3 el inciso tercero del art\u00edculo 83 del C.P, cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, o el delito consagrado en el art\u00edculo 237, cometidos en menores de edad, la acci\u00f3n penal prescribir\u00e1 en veinte (20) a\u00f1os contados a partir del momento en que la v\u00edctima alcance la mayor\u00eda de edad (\u2026). <\/p>\n
[Y es que] \u201c(\u2026) por tratase de menores de edad, sus agresores normalmente logran intimidarlos, y evitan [as\u00ed] que las autoridades investiguen y sancionen la conducta\u2026\u201d, adem\u00e1s que \u201c(\u2026) cuando estos menores se convierten en adultos y adquieren discernimiento suficiente para identificar el abuso y sus derechos frente a los victimarios, la acci\u00f3n penal ya ha prescrito y no es posible por parte de las autoridades adelantar la persecuci\u00f3n penal\u201d. <\/p>\n
Confrontaci\u00f3n derechos acusado y v\u00edctima. <\/p>\n
(\u2026) para la Sala es claro, en primer lugar, que la modificaci\u00f3n al art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, con la ley 1154 de 2007 se constituy\u00f3 como un medio para garantizar el derecho a los ni\u00f1os(as) presuntas v\u00edctimas de abuso sexual, a una tutela judicial efectiva, ello bajo el entendimiento de que es \u00fanicamente hasta que cumplen la mayor\u00eda de edad que tienen la capacidad y madurez mental para comprender los agravios de los que fueron objeto. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, que, si bien es cierto la perjudicada y el procesado por igual est\u00e1n cobijados por un inter\u00e9s superior, los derechos de la ni\u00f1a LCSR, a una verdad, justicia y reparaci\u00f3n bajo el marco de una especial protecci\u00f3n constitucional por tratarse de unos hechos de abuso sexual, tienen mayor peso que el derecho del joven JATC a una definici\u00f3n de su situaci\u00f3n jur\u00eddica dentro de un sistema diferenciado para adolescentes. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, sostuvo que \u00abpara la fecha en que se imput\u00f3 al procesado (14 de noviembre de 2019) no se encontraba prescrita la acci\u00f3n penal\u00bb, comoquiera que la v\u00edctima cumpli\u00f3 18 a\u00f1os el 28 de julio de 2018 y desde dicha data comenz\u00f3 a contabilizarse el t\u00e9rmino de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, a saber, 20 a\u00f1os, que bajo los lineamientos del art\u00edculo 292 de la Ley 906 de 2004, se interrumpi\u00f3 con \u00abla formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, por lo que [coligi\u00f3 que] no proced[\u00eda] la causal de preclusi\u00f3n prevista en el num.1\u00ba del art\u00edculo 332 de la Ley 906 de 2004 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, aclar\u00f3 que el hecho que el implicado cumpliera la mayor\u00eda de edad \u00abno es \u00f3bice para abandonar la persecuci\u00f3n penal en su contra, pues el proceso penal en adolescentes no tiene \u00fanicamente un prop\u00f3sito, educativo y pedag\u00f3gico para el presunto infractor, sino adem\u00e1s un fin de otorgar verdad y justicia a las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
En un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed auscultado, esta Sala asever\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) que para la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en este asunto, debe efectuarse el incremento del t\u00e9rmino prescriptivo previsto en la precitada disposici\u00f3n [art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1154 de 2007], acorde con el criterio esbozado por la Corte Suprema, esto es, por 10 a\u00f1os, de manera que dando aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 292 de la Ley 906 de 2004, producida la interrupci\u00f3n del mismo, este comienza a correr desde la fecha en que se hizo la mentada imputaci\u00f3n al indiciado, es decir, a partir del 5 de febrero de 2014, raz\u00f3n por la cual bajo ning\u00fan punto de vista puede considerarse que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
2. De conformidad con lo que antecede, la Sala encuentra que en el presente caso la demanda de tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, si se tiene en cuenta que en la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda se cuestiona aparece plasmado un criterio razonable (\u2026) que permit[e] concluir, que en los procesos penales adelantados contra adolescentes bajo las previsiones de la Ley 1098 de 2006, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal debe calcularse a partir de las sanciones especiales previstas en ese cuerpo normativo y las reglas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, con las modificaciones de las Leyes 1154 de 2007, 1426 de 2010 y 1474 de 2011, lo que de contera impidi\u00f3 que en el sub examine acaeciera dicho fen\u00f3meno en la forma en que pretend\u00eda el gestor del amparo. (STC9680, 24 jul. 2019). <\/p>\n
3.- En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, quien busca imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicha pretensi\u00f3n se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Como corolario de lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n cuando el procesado es un adolescente y se le investiga la comisi\u00f3n de una conducta de abuso sexual, en principio ser\u00eda de 8 a\u00f1os [de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, en concordancia con los incisos 3 y 4\u00ba del art\u00edculo 187 de la Ley 1098 de 2006]; sin embargo, <\/p>\n
<\/p>\n
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