STC10199-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10199-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-02536-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Osteoequipos S.A.S. instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9 Bol\u00edvar, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado n\u00b0 134303103001-2021-0004-001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se revoque el auto del 9 de julio de 2021 en que el Tribunal accionado confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n del mandamiento de pago en el coactivo cuestionado (30 abr. 2021). <\/p>\n
En compendio, adujo que impetr\u00f3 libelo ejecutivo en contra de la Empresa Social del Estado R\u00edo Grande de la Magdalena del Municipio de Magangu\u00e9 a fin de obtener el pago de facturas por concepto de suministro de insumos m\u00e9dicos. Relat\u00f3 que el juzgado querellado neg\u00f3 la orden de apremio tras considerar que la compa\u00f1\u00eda deudora se encontraba bajo la medida de \u00abtoma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervenci\u00f3n forzosa administrativa\u00bb ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud mediante acto administrativo n\u00b0 004937 del 2 de octubre de 2017 prorrogada hasta el mismo d\u00eda y mes pero del 2021 por resoluci\u00f3n ejecutiva n\u00b0 136 de 2020 y que, en virtud de tales decisiones, no era dable admitir nuevos coercitivos en contra de la deudora. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que interpuso reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n porque, a su juicio, la prohibici\u00f3n de iniciar nuevos coactivos operaba \u00fanicamente para \u00abobligaciones anteriores\u00bb a la toma de posesi\u00f3n y no frente a aquellas adquiridas con posterioridad a esa medida administrativa como era el caso de sus facturas, conforme lo indicaba la propia resoluci\u00f3n y el Decreto 2555 de 2010, art\u00edculo 9.1.1.1.1 literal \u00abd\u00bb. En ese sentido, reproch\u00f3 la interpretaci\u00f3n que se otorg\u00f3 a tal precepto. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la nugatoria fue confirmada por el a quo con soporte en que la lectura integral del canon en cita permit\u00eda colegir que el cr\u00e9dito deb\u00eda ser presentado ante el \u00abagente interventor encargado para la intervenci\u00f3n forzosa para su pago, y no por la justicia ordinaria\u00bb conforme a la remisi\u00f3n normativa que ese Decreto hace al art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006; arguy\u00f3 que en dicho prove\u00eddo se agreg\u00f3 un nuevo argumento para denegar la orden de apremio consistente en exigir la notificaci\u00f3n personal de la acci\u00f3n jurisdiccional al agente especial, en virtud al literal \u00abe\u00bb de esa norma. <\/p>\n
Relat\u00f3 que fue concedida la apelaci\u00f3n subsidiaria y el superior accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n reprochada tras considerar que i). la denegaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo se hallaba acorde a los art\u00edculos 116 y 293 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero que regulaba el \u00abproceso de liquidaci\u00f3n forzosa administrativa\u00bb e impon\u00eda la presentaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos ante el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n, ii). el precepto cuya interpretaci\u00f3n se acus\u00f3 contemplaba \u00abla prohibici\u00f3n de adelantar nuevos\u00bb ejecutivos y remit\u00eda al art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 que confirmaba tal efecto y, finalmente, iii). sobre el asunto exist\u00eda pronunciamiento de esta Corte relativo al tr\u00e1mite posterior a la liquidaci\u00f3n forzosa. <\/p>\n
As\u00ed, acus\u00f3 por esta senda i). la interpretaci\u00f3n aplicada al literal \u00abd\u00bb del art\u00edculo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 en lo que respecta a la prohibici\u00f3n de iniciar ejecutivos \u00fanicamente respecto de obligaciones anteriores a la toma de posesi\u00f3n, ii). el traslado que el juzgado querellado dio de su recurso contra el auto que neg\u00f3 la orden de pago y iii). la exigencia de notificaci\u00f3n personal al agente especial de la deudora previo al inicio del ejecutivo. <\/p>\n
2. A la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el fracaso de la salvaguarda en lo que respecta a los reparos contra las decisiones que dispusieron el traslado del recurso interpuesto y el requerimiento de notificaci\u00f3n personal al agente interventor de la entidad deudora, ello porque sobre tales decisiones es evidente la falta de subsidiariedad. Por otra parte, se conceder\u00e1 el resguardo en lo que respecta a la observancia del literal \u00abd\u00bb del art\u00edculo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. <\/p>\n
2. Critic\u00f3 la precursora que el juzgado encartado hubiese corrido traslado (11 may.2021) de la impugnaci\u00f3n que interpuso contra el auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago (30 abr. 2021), sin embargo, revisada la base de datos p\u00fablica de consulta de procesos de la Rama Judicial, se observa que la promotora no ha acudido ante el juez natural de su asunto a exponer el reproche del que se duele directamente por este excepcional tr\u00e1mite ius fundamental, as\u00ed, se impone la improcedencia del resguardo frente a ese t\u00f3pico por falta de subsidiariedad. <\/p>\n
De igual forma, en lo que respecta a la inconformidad con que, en el auto que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n, se hubiese requerido la notificaci\u00f3n personal del agente especial de la deudora conforme al literal \u00abe\u00bb del precepto en menci\u00f3n, se extra\u00f1a que tal disentimiento haya sido sometido ante el juez reprochado dentro de la oportunidad y a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios de defensa judicial que el legislador le otorg\u00f3 para ello, en este caso concreto, mediante el recurso de reposici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo tenor literal contempla: <\/p>\n
(\u2026) el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (\u2026). (Resaltado propio) <\/p>\n
Ahora, no se diga que por tratarse de una decisi\u00f3n adoptada en la providencia que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n no era procedente la impugnaci\u00f3n por el mismo medio, pues es evidente que el requerimiento de notificaci\u00f3n censurado, constituy\u00f3 un punto nuevo no expresado en el prove\u00eddo que inicialmente se recurri\u00f3 por lo que el remedio horizontal, contra ese novedoso t\u00f3pico, resultaba viable conforme al mismo canon en cita que al respecto dispuso que <\/p>\n
\u00abEl auto que decide la reposici\u00f3n no es susceptible de ning\u00fan recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podr\u00e1n interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.\u00bb <\/p>\n
Ciertamente, el auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago y que fue sujeto de reposici\u00f3n nada dijo sobre el requerimiento al agente especial previo al inicio del compulsivo, sin embargo, revisada la providencia que resolvi\u00f3 tal recurso se observa que dicha circunstancia fue planteada de manera primigenia sin que al respecto se haya desplegado la respectiva actividad impugnativa. <\/p>\n
De lo anterior expuesto, en breve se colige la incuria de la libelista frente a la posibilidad que tuvo de reprochar la decisi\u00f3n que por esta senda reprocha, por lo que se hace ostensible el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
En suma, las censuras de la precursora no fueron expuestas primigenia y oportunamente ante el juez de su causa, por lo que se impone la improcedencia del auxilio por falta de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Por otra parte, en lo que corresponde a la interpretaci\u00f3n acusada del literal \u00abd\u00bb del art\u00edculo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, en concreto, a la imposibilidad de iniciar procesos ejecutivos por \u00abobligaciones anteriores\u00bb a la toma de la posesi\u00f3n con fines de administraci\u00f3n, se otea el apartamiento por parte de los encartados de lo dispuesto por el ordenamiento jur\u00eddico como se pasa a exponer. <\/p>\n
3.1. Es claro que conforme al art\u00edculo 115 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud por remisi\u00f3n del canon 233 de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como por el Decreto 2555 de 2010 y las dem\u00e1s disposiciones que les son concordantes, es la Superintendencia Nacional de Salud la facultada para ordenar la \u00abtoma de posesi\u00f3n\u00bb de aquellas entidades prestadoras de servicios m\u00e9dicos que, en ejercicio de sus actividades, se apartan de los postulados que el se\u00f1alado r\u00e9gimen impone en beneficio de la colectividad. <\/p>\n
As\u00ed, conforme al art\u00edculo 9.1.1.1.1 del decreto de 2010 se\u00f1alado, el prop\u00f3sito de la toma de posesi\u00f3n apunta a \u00abestablecer si la entidad vigilada debe ser objeto de liquidaci\u00f3n\u00bb o si por el contrario \u00abes posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social\u00bb, \u00faltimo evento en el que se dispondr\u00e1 su administraci\u00f3n en cabeza de un agente especial que asumir\u00e1 la representaci\u00f3n legal de la entidad hasta que se superen las falencias que dieron lugar a la intervenci\u00f3n o se ordene la respectiva disoluci\u00f3n por la falta de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, el literal \u00abd\u00bb del decreto pluricitado, dispuso \u00abla imposibilidad de admitir nuevos procesos [ejecutivos] contra la entidad objeto de toma de posesi\u00f3n con ocasi\u00f3n de obligaciones anteriores a dicha medida\u00bb con el prop\u00f3sito de evitar que el cobro de esas prestaciones agravara la situaci\u00f3n de la intervenida y la oportunidad de alcanzar su id\u00f3neo funcionamiento. <\/p>\n
El hecho de que la prohibici\u00f3n referida no se extendiera a los pasivos posteriores a la toma de posesi\u00f3n, encuentra fundamento en que ese tipo de obligaciones apuntan a desarrollar el objeto social de la intervenida lo que, a su vez, persigue la sostenibilidad legal de la entidad, de all\u00ed que la misma legislaci\u00f3n los defina como gastos de administraci\u00f3n junto con otro tipo de cr\u00e9ditos y les otorgue prelaci\u00f3n. Ello se extrae del contenido del art\u00edculo 9.1.3.5.2 del Decreto en cita que dispuso: <\/p>\n
Los cr\u00e9ditos que se causen durante el curso de la liquidaci\u00f3n por concepto de salarios, prestaciones sociales y aquellos en los que se incurra para la realizaci\u00f3n o recuperaci\u00f3n de activos y aquellos derivados del art\u00edculo 9.1.3.10.1 del presente decreto, se pagar\u00e1n de preferencia respecto de cualquier otro cr\u00e9dito, como gastos de administraci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n. Igual tratamiento recibir\u00e1n las obligaciones por concepto de impuestos, tasas y contribuciones siempre y cuando estos afecten la enajenaci\u00f3n de los bienes de la liquidaci\u00f3n, los honorarios profesionales que se causen con ocasi\u00f3n del proceso, los pagos a los auxiliares de la justicia y de conformidad con lo dispuesto por el literal h) del numeral 9 del art\u00edculo 295 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero todas las obligaciones que a juicio del Liquidador sean necesarias para la conservaci\u00f3n de los activos de la entidad intervenida. <\/p>\n
En todo caso, el Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financieras \u2013FOGAFIN podr\u00e1 se\u00f1alar mediante instructivos de car\u00e1cter general todos aquellos gastos administrativos que por su naturaleza constituyen gastos de funcionamiento. (Resaltado y Subrayas propias) <\/p>\n
Como si el tenor literal del contenido de la norma no resultare suficiente para develar la posibilidad de cobro preferente de las obligaciones contra\u00eddas a fin de recuperar la sostenibilidad de la intervenida, y si se pensara que tal precepto s\u00f3lo es aplicable en situaci\u00f3n de liquidaci\u00f3n, pero no de administraci\u00f3n, basta con remitirse al inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 9.1.1.1.1 que al regular los efectos de la toma de posesi\u00f3n y refiri\u00e9ndose al canon que se cit\u00f3 en precedencia, indic\u00f3 que \u00ab[e]n todo caso, el representante legal de la entidad objeto de toma de posesi\u00f3n podr\u00e1 realizar los gastos administrativos de que trata el art\u00edculo 9.1.3.5.2 del presente decreto\u00bb, es decir, aquellos destinados a la \u00abrealizaci\u00f3n de activos\u00bb de la instituci\u00f3n controlada\u00bb. <\/p>\n
Y es que tales disposiciones guardan conformidad con la teleolog\u00eda de la toma de posesi\u00f3n con fines de administraci\u00f3n pues poco sentido tendr\u00eda arg\u00fcir que los cr\u00e9ditos en favor de aquellos que decidieron coadyuvar en la recuperaci\u00f3n de la entidad, por ejemplo, a trav\u00e9s del abastecimiento de los insumos que esta requiere para el ejercicio de su objeto social, ante la falta de pago sean conminados a unirse al grupo de prestatarios anteriores a la medida administrativa. Expresado en otros t\u00e9rminos, escaso inter\u00e9s asistir\u00eda a los proveedores de la intervenida en coadyuvar a su recuperaci\u00f3n al carecer de un r\u00e9gimen preferente que permita exigir la satisfacci\u00f3n de sus prestaciones ante el eventual incumplimiento. <\/p>\n
No en vano, de anta\u00f1o tal postura ha sido compartida por la hom\u00f3loga constitucional al indicar que: <\/p>\n
De otra parte, no puede desconocerse que un efecto propio de las obligaciones es su recaudo coactivo como consecuencia de su insatisfacci\u00f3n, de all\u00ed que la ley disponga de manera expresa los eventos en los cuales tal repercusi\u00f3n pueda ser restringida, como ocurre con las acreencias anteriores a la toma de posesi\u00f3n. De all\u00ed que no sea dable la aplicaci\u00f3n, por parte del operador judicial, de consecuencias restrictivas no contempladas por el legislador y que pueden resultar incluso contradictorias al r\u00e9gimen general de cobro coactivo de las prestaciones debidas. Dicho en otros t\u00e9rminos y para el caso concreto, la nugatoria de acceso al ejecutivo sin que obre norma que lo permita comporta una consecuencia no prevista por el legislador. <\/p>\n
En definitiva, trat\u00e1ndose de toma de posesi\u00f3n con fines de administraci\u00f3n por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, mal se har\u00eda en privar a los acreedores posteriores a la intervenci\u00f3n de la posibilidad de acudir preferentemente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria a hacer efectivo el pago de sus cr\u00e9ditos que de alguna manera coadyuvaron al prop\u00f3sito de recuperaci\u00f3n de la entidad y a la generaci\u00f3n de sus activos. <\/p>\n
3.2. En el caso concreto, la lesi\u00f3n a las prerrogativas de la actora radica en que el Tribunal confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n de la orden de pago fundado en los preceptos que soportan el cobro de obligaciones en materia de toma de posesi\u00f3n con fines de liquidaci\u00f3n, como son los art\u00edculos 293 y 116 del Estatuto Org\u00e1nico Financiero, las cuales apuntan al pago del pasivo externo de las sociedades que, en estado liquidatorio, tienen vedada la ejecuci\u00f3n de actos tendientes al desarrollo de su objeto social y que conllevan a que todas las prestaciones debidas, anteriores o posteriores a la intervenci\u00f3n, sean satisfechas conforme a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y previa extinci\u00f3n definitiva de la entidad. <\/p>\n
En ese sentido, excluy\u00f3 la normativa que regula la efectividad de las prestaciones posteriores a la toma de posesi\u00f3n con fines de administraci\u00f3n de entidades que cuentan con habilitaci\u00f3n para ejercer su prop\u00f3sito fundacional y legal en aras de su recuperaci\u00f3n, tal y como se dej\u00f3 expuesto en precedencia. <\/p>\n
As\u00ed, el querellado desconoci\u00f3 la finalidad \u00faltima de los dos tipos de medidas de intervenci\u00f3n (administraci\u00f3n – liquidaci\u00f3n) y la calidad especial que por ley poseen los cr\u00e9ditos concebidos como \u00abgastos de administraci\u00f3n\u00bb en una toma de posesi\u00f3n de la naturaleza del caso que se somete a observaci\u00f3n. N\u00f3tese, que las obligaciones demandadas eventualmente pueden subsumirse en dichos conceptos al tener la finalidad de proveer insumos para la \u00abrealizaci\u00f3n de activos\u00bb de la intervenida conforme a sus operaciones en el sector salud, sin embargo, tal decisi\u00f3n compete, en principio, al juez natural del asunto y no al constitucional so pena de invadir su \u00f3rbita jurisdiccional. <\/p>\n
3.3. Por otra parte, no es de recibo el argumento del Tribunal consistente en que la prohibici\u00f3n de iniciar ejecutivos se halla soportada en la remisi\u00f3n que el Decreto 2555 de 2010 efect\u00faa al art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 en materia de restructuraci\u00f3n empresarial, pues de la lectura integral de esos c\u00e1nones se extrae que la norma especial que regula la toma de posesi\u00f3n con fines de administraci\u00f3n limit\u00f3 la imposibilidad de iniciar coactivos a las obligaciones anteriores a la se\u00f1alada intervenci\u00f3n sin referirse a las posteriores, como se expuso. <\/p>\n
Con todo, incluso en materia de reorganizaci\u00f3n empresarial, tambi\u00e9n parece dar el legislador prelaci\u00f3n a aquellos cr\u00e9ditos generados luego de la medida administrativa, lo que se colige del art\u00edculo 22 ibidem que, sobre el respectivo incumplimiento de prestaciones posteriores a la admisi\u00f3n del concurso, previ\u00f3 la posibilidad de ejecutar sin que se pudiera oponer la existencia del respectivo concurso: <\/p>\n
El incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones causados con posterioridad al inicio del proceso [concursal] podr\u00e1 dar lugar a la terminaci\u00f3n de los contratos y facultar\u00e1 al acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de restituci\u00f3n, procesos estos en los cuales no puede oponerse como excepci\u00f3n el hecho de estar tramit\u00e1ndose el proceso de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, para que no quede duda sobre la teleolog\u00eda en comento, de la normativa en cita brota la autorizaci\u00f3n legal para que las \u00abobligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia\u00bb, entendidas como \u00abgastos de administraci\u00f3n\u00bb, puedan ser cobradas por v\u00eda ejecutiva, as\u00ed lo dispone el canon 71 ibidem al se\u00f1alar que: <\/p>\n
Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administraci\u00f3n y tendr\u00e1n preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, seg\u00fan sea el caso, y podr\u00e1 exigirse coactivamente su cobro (\u2026). <\/p>\n
De igual forma, basta remitirse al estatuto procesal civil para vislumbrar c\u00f3mo se consolida la principial\u00edstica expuesta; en efecto, trat\u00e1ndose de insolvencia de persona natural no comerciante se destaca la permisi\u00f3n expresa del legislador para que el acreedor, cuyo cr\u00e9dito resulte posterior al inicio del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas, demande ejecutivamente el pago de su prestaci\u00f3n. Ello se extrae del tenor literal del canon 549 del C\u00f3digo General del Proceso que la respecto dispuso: <\/p>\n
GASTOS DE ADMINISTRACI\u00d3N. Los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas a su cargo, as\u00ed como las obligaciones que este debe continuar sufragando durante el procedimiento de insolvencia, ser\u00e1n pagados de preferencia y no estar\u00e1n sujetos al sistema que en el acuerdo de pago se establezca para las dem\u00e1s acreencias. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Los titulares de estas acreencias podr\u00e1n iniciar procesos ejecutivos contra el deudor o de restituci\u00f3n cuando esta se funde en la mora en las sumas adeudadas con posterioridad al inicio del procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas. (Resaltado y subrayas propias) <\/p>\n
As\u00ed pues, se torna patente la indebida aplicaci\u00f3n normativa y hermen\u00e9utica del Tribunal querellado para el caso concreto. <\/p>\n
3.4. De otro lado, el precedente de esta Corte (STC5624-2018) que fue citado en la providencia acusada como soporte de la decisi\u00f3n, tampoco guarda conformidad con los contornos f\u00e1cticos del caso concreto que se analiza como quiera que de un lado, la entidad intervenida en esa ocasi\u00f3n no se encontraba bajo la toma de posesi\u00f3n con fines de administraci\u00f3n sino con fines de liquidaci\u00f3n, de all\u00ed que las circunstancias resultaran distintas y, de otra parte, el debate que all\u00e1 se suscit\u00f3 no era respecto el pago de una acreencia por parte de la deudora -que ya se hab\u00eda realizado- sino sobre la entrega de esos rubros por parte de la autoridad judicial en favor de los beneficiarios. <\/p>\n
4. Establecido lo anterior, no queda alternativa diferente a desestimar el amparo, por falta de subsidiariedad, en lo que respecta a las decisiones que corrieron traslado del recurso mencionado y que requirieron, previo mandamiento de pago, la notificaci\u00f3n del agente especial de la entidad intervenida. <\/p>\n
Por su parte, ante el apartamiento del Tribunal respecto de las normas que regulaban el caso concreto, se impone la concesi\u00f3n del auxilio para que se resuelva nuevamente la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago, pero con observancia de las exposiciones precedentes y teniendo en cuenta los dem\u00e1s requisitos que la ley dispone para este caso como ocurre con la eventual necesidad de previa notificaci\u00f3n al representante de la deudora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la tutela instada por Osteoequipos S.A.S. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el interlocutorio de 9 de julio de 2021, a trav\u00e9s del cual el Despacho 004 de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirm\u00f3 el auto que deneg\u00f3 el mandamiento de pago en el proceso n\u00b0 134303103001-2021-0004-001, para que, en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, resuelva la impugnaci\u00f3n con observancia de las consideraciones expuestas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10199-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC10199-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-02536-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Osteoequipos S.A.S. instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56326"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}