STC10222-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10222-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02367-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Raquel Cecilia Garc\u00eda Mesa, en nombre propio y como agente oficiosa de su hija Ana Milena Garc\u00eda Garc\u00eda, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Rep\u00fablica Argentina, la Embajada de este pa\u00eds en Colombia, la Canciller\u00eda de la Rep\u00fablica de Colombia, la Embajada de este pa\u00eds en Argentina y el Consulado de Colombia en Buenos Aires (Argentina). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales a la unidad familiar y \u00aba la vida en conexidad con\u2026 [la] salud\u00bb, presuntamente vulneradas a ella y a su hija por parte de las autoridades convocadas, al no agilizar la materializaci\u00f3n de su traslado a la Rep\u00fablica Argentina. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, i) ordenar \u00aba la[s] entidades gubernamentales Colombianas y Argentinas cooperar (sic) de manera conjunta [su] permiso o vuelo humanitario\u2026 a la ciudad de Buenos Aires de manera inmediata\u00bb; ii) \u00abdecretar la inaplicaci\u00f3n de la norma argentina que viola todo principio internacional protegido por la ley internacional como los tratados internacionales, ratificado por Colombia y como tambi\u00e9n violatorio [de] los derechos fundamentales y constitucionales de [su] Hija y de [ella]\u00bb; iii) \u00ab[s]olicitar el acompa\u00f1amiento de los organismos de control y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales en Colombia como a nivel internacional para que se hagan parte y actu\u00e9 como vigilante y para garantizar el cumplimento de los (sic) ordenado\u00bb; y iv) \u00absolicitar el acompa\u00f1amiento Consular y Emigratorio de los pa\u00edses de Colombia y Argentina, para que se apersone de cualquier requerimiento ya se[a] administrativo y de sanidad que se necesite para [su] estad\u00eda\u2026 y de [su] hija\u2026, como tambi\u00e9n cual quiere (sic) tr[\u00e1]mite posterior despu\u00e9s de su mejor\u00eda y\u2026 estabilidad de su salud al regreso al pa\u00eds Colombia\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la relaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n del caso: <\/p>\n
2.1. Ana Milena Garc\u00eda Garc\u00eda es hija de la accionante, colombiana, residente en Buenos Aires (Rep\u00fablica Argentina), m\u00e9dica de profesi\u00f3n, especializada en pediatr\u00eda y se estaba estudiando all\u00ed una subespecialidad en gastroenterolog\u00eda. <\/p>\n
2.2. El pasado 30 de mayo la referida descendiente de la actora sufri\u00f3 un accidente cerebro vascular isqu\u00e9mico, el cual le gener\u00f3 \u00abpar\u00e1lisis en medio cuerpo del lado derecho, brazo, pierna y cara, raz\u00f3n por la cual la sangre no llegaba a su cabeza[,] ocasionado por un trombo (co\u00e1gulo) de sangre\u00bb, lo que conllev\u00f3 a que fuese hospitalizada en la Cl\u00ednica Santa Isabel de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde le diagnosticaron \u00aba) s\u00edndrome neurol\u00f3gico agudo secu[n]dario a ACV isqu\u00e9mico[,] pro[ba]bl[e]mente toast 1 (trombo en arteria car\u00f3tida primiti[v]a izquierda), que requiri\u00f3 monitoreo en UCI por 72 horas sin iot\/arm ni vaso activos. b) trombosis sist\u00e9mica con rta (Cl\u00ednica Bazterrica) [y] c) pop de trombectom\u00eda mec\u00e1nica incompleta (por encontrar disecci\u00f3n de arteria car\u00f3tida primitiva i[s]qu\u00e9mica)\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 6 de junio posterior la paciente fue dada de alta \u00abcon tratamiento m\u00e9dico en casa, y terapias de rehabilitaci\u00f3n[,] controlando su evoluci\u00f3n en su proceso de la enfermedad\u00bb; sin embargo, el 6 de julio siguiente \u00abpresent[\u00f3] una reca\u00edda y fue interna[da] nuevamente y hoy se encuentra en el Sanatorio de La Trinidad (MITRE), con un pron\u00f3stico reservado, con un posible diagn\u00f3stico de reagudizaci\u00f3n del foco previ\u00f3, aumento de debilidad f\u00e1cil-barquio-crural y reaparici\u00f3n de an\u00f3nimas en estudio\u00bb. <\/p>\n
2.4. La tutelante relat\u00f3 que Ana Milena no cuenta all\u00ed con ning\u00fan familiar cercano que le brinde todos los cuidados que su complejo estado de salud demanda, que s\u00f3lo hasta el 3 de junio del a\u00f1o en curso ella logr\u00f3 conseguir un tiquete para viajar a la Rep\u00fablica Argentina el 5 de julio y poder acompa\u00f1ar a su hija en este dif\u00edcil trasegar, pero ocho (8) d\u00edas ante del vuelo se le inform\u00f3 que la nueva normatividad de ese pa\u00eds, debido a la pandemia, imped\u00eda el ingreso de no nacionales. <\/p>\n
2.5. La quejosa formul\u00f3 esta acci\u00f3n con el fin de obtener la autorizaci\u00f3n respectiva para ingresar a la Rep\u00fablica Argentina y acompa\u00f1ar a su hija en su proceso de rehabilitaci\u00f3n; destac\u00f3 haber acudido a \u00ablas diferentes organizaciones tanto colombianas como argentinas (los c\u00f3nsul de Colombia en Argentina, en la embajada de Argentina en Colombia), para que genere[n] los permisos y para que emigraci\u00f3n permita [su] ingreso al pa\u00eds\u00bb pero, a pesar del evidente y conocido estado de vulnerabilidad en que est\u00e1 su descendiente, \u00abtodo ha[n] sido\u2026 traumatismos administrativos\u00bb, sin respuesta concreta y de fondo alguna de cara a generar el respectivo \u00abpermiso\u2026 o vuelo humanitario\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rep\u00fablica de Colombia rog\u00f3 \u00ab[d]eclarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n de tutela respecto [a esa cartera] y [e]l Consulado de Colombia en Buenos Aires, Argentina\u00bb, y desvincularlos de este tr\u00e1mite \u00abpor cuanto no han incurrido por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n en la amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentados alegados por la parte actora\u00bb, en tanto que \u00abel Consulado General de Colombia ha realizado todas las acciones que se encuentran a su alcance, dentro del marco de la Convenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y\u2026 no debe ni puede intervenir en las decisiones de otro estado\u00bb, evidenci\u00e1ndose que en este asunto, \u00ablos l\u00edmites y restricciones de ingreso de personas extranjeras a la Rep\u00fablica de Argentina, son impuestas por est[a], no teniendo injerencia en ellas un estado extranjero\u00bb, de all\u00ed que esa cartera ministerial \u00abha brindado, en el marco de sus competencias legales, la asistencia debida, no solamente a la parte actora, sino tambi\u00e9n a los otros connacionales que se encuentran en su misma situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, relacion\u00f3 de forma general las medidas adoptadas por los Estados argentino y colombiano de cara al ingreso y egreso de personas, de y hac\u00eda sus territorios, con ocasi\u00f3n de la pandemia por Covid-19, siendo relevante que: i) la entrada de extranjeros a la Rep\u00fablica de Argentina \u00absigue restringido, salvo casos expresamente autorizados por la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior\u2026, cuando se trate de reunificaci\u00f3n familiar, cuestiones laborales o de salud. Todas estas personas deber\u00e1n realizar cuarentena y cumplir con los dem\u00e1s requisitos sanitarios vigentes\u00bb, incluida la pr\u00e1ctica previa de una prueba para SARS-CoV-2 con resultado negativo; ii) \u00abcon el fin de garantizar la atenci\u00f3n a los connacionales en la Rep\u00fablica de Argentina desde el inicio de las medidas tomadas por el Gobierno, se habilitaron las l\u00edneas de emergencia del Consulado para poder mantener contacto peramente (sic) con los connacionales\u00bb; y iii) \u00absi bien la Resoluci\u00f3n No. 1032 de 8 de abril de 2020 contiene un protocolo para el regreso al pa\u00eds, de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes, que se encuentren en condici\u00f3n vulnerable en el extranjero, le compete a las distintas autoridades adelantar los tr\u00e1mites operativos de estos vuelos de acuerdo con un cronograma para que sean escalonados, teniendo presente la primac\u00eda del bien general de la salud de los colombianos para que no se vean afectados por la llegada masiva de pasajeros y no se ponga en riesgo el manejo preventivo del contagio por la pandemia del Covid-19\u00bb. <\/p>\n
Y de cara al caso concreto advirti\u00f3 que la accionante, \u00abmediante correo electr\u00f3nico remitido al Consulado General de Colombia en Buenos Aires, inform\u00f3 sobre la situaci\u00f3n que atraviesa su hija\u2026 en la Rep\u00fablica Argentina y solicit\u00f3 colaboraci\u00f3n para poder ingresar a Colombia\u00bb; que el 31 de mayo de 2021 \u00abel \u00e1rea social del Consulado General de Colombia recibi\u00f3 solicitud mediante correo electr\u00f3nico de la Sra. Raquel\u2026, quien solicito orientaci\u00f3n\u2026 al enterarse que su hija\u2026 sufri\u00f3 un ACV y, por tal motivo, indic\u00f3 que deb\u00eda concurrir con urgencia a la Ciudad de Buenos Aires, y que [su] hija actualmente se encuentra internada en la cl\u00ednica Santa Isabel, sita en CABA\u00bb; que dio \u00abrespuesta de forma inmediata\u2026 a la solicitante, enviando contacto telef\u00f3nico a fin de evaluar el caso y confirmar los documentos para presentar, seg\u00fan lo dispuesto por la Direcci\u00f3n de Migraciones de Argentina\u00bb; que \u00abestableci\u00f3 comunicaci\u00f3n con\u2026 Manuel Garc\u00eda, hermano de Ana Milena\u2026, quien inform\u00f3 que el\u2026 jueves 3 de junio viajar\u00eda otro hermano residente en la Rep\u00fablica de Argentina de profesi\u00f3n m\u00e9dico, para acompa\u00f1ar a la Sra. Ana Milena. Y que la progenitora no pudo viajar ya que dio positivo para Covid\u00bb, adem\u00e1s, \u00ab[e]n la comunicaci\u00f3n se reiter\u00f3 que no tendr\u00edan dificultad para ingresar hacia la Rep\u00fablica de Argentina si son residentes (seg\u00fan las disposiciones hasta antes del 28 de junio)\u00bb; que \u00ab[e]n comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica realizada el 8 de julio de 2020 (sic), desde la Asesor\u00eda Social con el Sr. Manuel Garc\u00eda\u2026, manifest\u00f3 que su hermana se encontraba nuevamente internada en la cl\u00ednica Bazterrica, con un diagn\u00f3stico de ACV Isqu\u00e9mico. A\u00f1adi\u00f3\u2026 que la progenitora, \u2026Raquel Cecilia\u2026[,] hab\u00eda conseguido tiquete para el\u2026 5 de julio, vuelo que no logr\u00f3 abordar debido a las nuevas restricciones de ingreso al pa\u00eds, y que el connacional realiz\u00f3 el pedido de ingreso al Consulado Argentino en Colombia, quienes informaron que hab\u00eda sido recibida la solicitud y posteriormente enviada a la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones, quedando la familia a la espera de la respuesta por parte de Migraciones\u00bb; que el d\u00eda 12 siguiente \u00abel Sr. C\u00f3nsul General\u2026, del Consulado General de Colombia, reenvi\u00f3 por correo electr\u00f3nico la solicitud de la familia junto a toda la documentaci\u00f3n a la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones a fin de consultar acerca del estado de la solicitud para brindar respuesta a familiares\u00bb; que luego \u00abfue comunicado por parte del \u00e1rea social al Sr. Manuel Garc\u00eda que se hab\u00eda remitido dicha solicitud a la DNM y que el Consulado se encontraba a espera de respuesta\u00bb; que el 20 de julio \u00faltimo \u00abel Consulado General de Colombia remiti\u00f3 nuevo correo a la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones de la Rep\u00fablica Argentina, en consulta y solicitando respuesta\u00bb; y que, al d\u00eda siguiente, \u00aba trav\u00e9s del Consulado de Colombia en Buenos Aires, se inform\u00f3 que, la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones, autoriz\u00f3 el ingreso de\u2026 Raquel Cecilia\u2026 a territorio argentino\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, la reclamante alleg\u00f3 un escrito adicional en el cual inform\u00f3 que, previa compra del tiquete con Aerol\u00edneas Argentinas para realizar el vuelo el 5 de agosto de 2021, el pasado 22 de julio la Embajada Argentina la cit\u00f3 para otorgarle el permiso de ingreso, pero el 2 de agosto siguiente la aludida empresa a\u00e9rea le inform\u00f3 la \u00abreprogramaci\u00f3n del vuelo\u2026 para el 01 de septiembre del presente a\u00f1o, con motivo RESTRICCIONES DE INGRESO AL PA\u00cdS\u2026 [-] CUPOS exclusivos para Nacionales Argentinos\u00bb; adujo que \u00abel hecho de que tenga el permiso no es cumplimiento de la acci\u00f3n de tutela, que con ella lo que se busca es la cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses para que exista la oportunidad humanitaria para que se den las condiciones administrativas entre las entidades de Emigraci\u00f3n, Consulados, Embajadas y Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia\u00bb, siendo inviable el archivo de este reclamo; que como \u00absolamente hay cupos para nacionales Argentinos para viajar en Aerol\u00edneas Argentinas, decidi[eron] adquirir otro tiquete para [el] 18 de agosto de 2021, por\u2026 Avianca\u00bb, pero tal vuelo, sorpresivamente, el d\u00eda 9 anterior, \u00abfue cancelado sin reprogramaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, sostuvo haber agotado \u00abtodas las acciones humanamente posibles para ingresar al pa\u00eds Argentino y no h[a] podido, violent\u00e1ndose as[\u00ed] [sus] derechos constitucionales\u00bb, por lo cual rog\u00f3 exigir \u00abla cooperaci\u00f3n con las entidades correspondientes para que se d\u00e9 [su] ingreso\u2026 con un vuelo humanitario, o un cupo en estas aerol\u00edneas[,] ya que ese fue el objeto de la acci\u00f3n de tutela, teniendo en cuenta que generaron el permiso para ingreso al pa\u00eds pero [l]e ha[n] negado el medio por el cual ingresar a este, ya que no hay una autorizaci\u00f3n por parte de las entidades Argentinas a las Aerol\u00edneas Argentinas y Avianca para personas no nacionales argentinas con permiso para viajar\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En t\u00e9rminos generales, al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. La actora acudi\u00f3 a este mecanismo excepcional en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija, ambas de nacionalidad colombiana, al considerar afrentados, por parte de las autoridades convocadas -nacionales y extranjeras-, sus derechos a la unidad familiar y \u00aba la vida en conexidad con\u2026 [la] salud\u00bb, con ocasi\u00f3n de los m\u00faltiples obst\u00e1culos que de tipo administrativo le han impedido trasladarse a la Rep\u00fablica Argentina a acompa\u00f1ar a su descendiente, quien all\u00ed se encuentra y en la actualidad afronta un complicado cuadro m\u00e9dico que, incluso, ha impuesto su hospitalizaci\u00f3n, sin que en tal lugar cuente con familiar cercano alguno que pueda atenderla. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, de entrada, debe recordar la Sala que el entendimiento jurisprudencial que se ha dado al contenido de los preceptos 86 de la Carta Pol\u00edtica y 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, es que cuando aluden a que la acci\u00f3n de tutela constituye un mecanismo para proteger las prerrogativas esenciales de los coasociados frente a \u00abcualquier autoridad p\u00fablica\u00bb, se entiende que la expresi\u00f3n destacada hace referencia a entes o sujetos patrios que no del extranjero, de donde, por regla de principio, la salvaguarda ahora pedida, muy a pesar de las alegaciones de la peticionaria, subyace destinada al fracaso respecto a los convocados Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Rep\u00fablica Argentina, y la Embajada de este pa\u00eds en Colombia, m\u00e1xime si: i) el representante de la \u00faltima en este pa\u00eds, desde luego, no est\u00e1 sometido a la jurisdicci\u00f3n nacional colombiana; y ii) en gracia de discusi\u00f3n, la solicitante no aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 ninguna de las circunstancias jurisprudencialmente aceptadas en aras de forzar una \u00abrespuesta\u00bb de \u00aborganismo[s] internacionales\u00bb, como los atr\u00e1s mencionados, esto es: a) tener o haber tenido una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n laboral con la delegaci\u00f3n de ese Estado argentino, b) la trasgresi\u00f3n de derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, trabajo o seguridad social y, mucho menos, c) la no afectaci\u00f3n de la soberan\u00eda de esa naci\u00f3n austral (CC T-667\/11 y T-344\/13). <\/p>\n
Es que, de abrirse paso al auxilio supralegal implorado con relaci\u00f3n a esas autoridades for\u00e1neas, en las condiciones prenotadas, se estar\u00eda desconociendo, abiertamente, el mandato de \u00abinmunidad jurisdiccional\u00bb decantado en el canon 31 de la \u00abConvenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas\u00bb, de 18 de abril de 1961 (aprobada por Colombia a trav\u00e9s de la ley 6\u00aa de 1972). <\/p>\n
Total, que esta Colegiatura estableci\u00f3 una pauta de improcedencia del remedio tutelar en este tipo de casos, luego de hacer salvedad y precisar, in extenso, que: <\/p>\n
\u2026En el presente asunto, donde la quejosa demanda la emisi\u00f3n de respuesta frente a la solicitud que formul\u00f3 ante la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, de entrada, encuentra la Sala que el resguardo rogado est\u00e1 llamado al fracaso, conforme se pasa a explicar. <\/p>\n
3. Sin duda alguna, la teleolog\u00eda del referido art\u00edculo 86 constitucional, en concordancia con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, permite concluir que las autoridades p\u00fablicas a las que all\u00ed se alude son las colombianas que no las extranjeras, como resulta serlo la Embajada cuestionada, de donde, en esta sede constitucional, no es posible emitir una orden en contra de esa delegada diplom\u00e1tica, m\u00e1xime cuando proceder en forma contraria implicar\u00eda conculcar, directamente, el principio de \u00abinmunidad jurisdiccional de los Estados\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, necesario es recordar que frente al concepto de \u00abinmunidad jurisdiccional\u00bb existe una regulaci\u00f3n normativa especial, establecida en la \u00abConvenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas\u00bb, llevada a cabo el 18 de abril de 1961, y aprobada en el ordenamiento interno colombiano mediante la Ley 6\u00aa de 1972, la que en su art\u00edculo 31 ense\u00f1a que: <\/p>\n
\u00ab1. El agente diplom\u00e1tico gozar\u00e1 de inmunidad de la jurisdicci\u00f3n penal del Estado receptor. Gozar\u00e1 tambi\u00e9n de inmunidad su jurisdicci\u00f3n civil y administrativa, excepto si se trata: <\/p>\n
a) de una acci\u00f3n real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplom\u00e1tico lo posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misi\u00f3n; <\/p>\n
b) de una acci\u00f3n sucesoria en la que el agente diplom\u00e1tico figure, a t\u00edtulo privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; <\/p>\n
c) de una acci\u00f3n referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplom\u00e1tico en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales. <\/p>\n
2. El agente diplom\u00e1tico no est\u00e1 obligado a testificar. <\/p>\n
3. El agente diplom\u00e1tico no podr\u00e1 ser objeto de ninguna medida de ejecuci\u00f3n, salvo en los casos previstos en los incisos a), b) y c) del p\u00e1rrafo 1 de este art\u00edculo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia. <\/p>\n
4. La inmunidad de jurisdicci\u00f3n de un agente diplom\u00e1tico en el Estado receptor no lo exime de la jurisdicci\u00f3n del Estado acreditante.\u00bb <\/p>\n
De igual manera, esta Corporaci\u00f3n, en asuntos con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed tratado, ha dejado dicho que observando que \u00ab\u00e9sta goza de inmunidad diplom\u00e1tica\u00bb, \u00abtal como lo ha sostenido la Corte en reiteradas oportunidades, las \u00f3rdenes del juez constitucional no pueden recaer sobre los beneficiarios de esta figura de derecho internacional\u00bb. (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, rad. 2011-00410-01; reiterada en CSJ STC, 17 ene. 2013, rad. 2013-00051-00) <\/p>\n
Por esa misma l\u00ednea, ha conceptuado esta Colegiatura que por virtud de la mentada figura de la \u00abinmunidad de jurisdicci\u00f3n de los Estados, reconocida a nivel mundial, un Estado no puede ser demandado ni sometido a juicio ante los Tribunales de otro, como tampoco puede ser objeto del imperio de las decisiones judiciales y administrativas, adoptadas por los \u00f3rganos de otra organizaci\u00f3n pol\u00edtica estatal\u00bb. <\/p>\n
Afirmaci\u00f3n desarrollada jurisprudencialmente por esta Sala en los t\u00e9rminos que, a continuaci\u00f3n, se exponen in extenso: <\/p>\n
(\u2026) un Estado soberano jam\u00e1s podr\u00eda ser sometido a la jurisdicci\u00f3n interna de otro, pues ello ser\u00eda tanto como declinar la soberan\u00eda y aplicar la extraterritorialidad de las leyes de un Estado que as\u00ed subyugar\u00eda o sojuzgar\u00eda a otro. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En reciente decisi\u00f3n esta Sala, (\u2026) se\u00f1al\u00f3 \u2018que la competencia del juez constitucional est\u00e1 limitada al territorio de su jurisdicci\u00f3n; en trat\u00e1ndose de hechos o presuntas violaciones de derechos fundamentales endilgados a un pa\u00eds extranjero, como ocurre en este caso, carece de competencia para dirimir el conflicto, pues su jurisdicci\u00f3n no puede traspasar las fronteras del Estado. En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026), en fallo de tutela No. 1931 de 12 de septiembre de 1995, donde al respecto dijo: \u2018En efecto, el juez constitucional no tiene competencia para resolver conflictos jur\u00eddicos que involucran Estados extranjeros, pues su jurisdicci\u00f3n territorial no trasciende los l\u00edmites del Estado colombiano; tampoco la tiene frente a sus agentes diplom\u00e1ticos, teniendo en cuenta que de acuerdo con el art\u00edculo 31 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas incorporadas a nuestro derecho interno por medio de la ley 6\u00aa. de 1972, gozan de inmunidad de jurisdicci\u00f3n\u201d. Argumento que entre otras es coincidente con la jurisprudencia constitucional al respecto\u2019. Acci\u00f3n de tutela de 2 de noviembre de 2004, exp. No. 110010203000200401196. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Precisamente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado consider\u00f3 que \u201cla comunidad internacional, tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, ha convenido el establecimiento de normas sobre relaciones, deberes, derechos, prerrogativas e inmunidades de misiones, oficinas, agentes diplom\u00e1ticos y consulares, con el objeto de garantizar mediante su observancia el desempe\u00f1o de sus labores en condiciones de libertad e independencia, de manera que permita el normal desarrollo de las relaciones mutuas.\u2019 <\/p>\n
\u2018Tanto el derecho internacional, particularmente el diplom\u00e1tico, como la costumbre internacional, han desarrollado diferentes instrumentos que otorgan facilidades a las misiones, oficinas y funcionarios para el pleno ejercicio de sus actividades. Han sido denominados por las normas, la costumbre y la doctrina, privilegio, inmunidad e inviolabilidad, y son consecuencia de la llamada extraterritorialidad o extrajurisdicci\u00f3n.\u2019 <\/p>\n
\u2018As\u00ed, se distingue la inmunidad como una exenci\u00f3n de sometimiento a la jurisdicci\u00f3n local de ciertas personas o cosas, que tiene por objeto principalmente una abstenci\u00f3n (non facere) del Estado ante el cual est\u00e1 acreditado el diplom\u00e1tico y trae como consecuencia que las autoridades locales no puedan realizar ning\u00fan acto de intromisi\u00f3n en ellas, ya sean autoridades judiciales, administrativas, policiales o militares, salvo que el agente acreditado lo solicite expresamente. Por su parte la inviolabilidad impone al Estado receptor una acci\u00f3n (facere), de protecci\u00f3n especial contra los ataques il\u00edcitos\u201d (Concepto de 9 de febrero de 2000. Radicaci\u00f3n No. 1244). <\/p>\n
Por lo consignado, la salvaguarda constitucional del ep\u00edgrafe se torna improcedente, pues la expresi\u00f3n \u00abcualquier autoridad p\u00fablica\u00bb se\u00f1alada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica no se extiende a autoridades extranjeras como la aqu\u00ed censurada, de donde no es dable proferir una determinaci\u00f3n en la que \u00e9sta sea sujeto pasivo de la misma. <\/p>\n
4. Aunado a lo dicho, tambi\u00e9n es claro que el caso propuesto es dis\u00edmil a aqu\u00e9llos en los que en sede de tutela se ha resguardado el derecho de petici\u00f3n en contra de autoridades extranjeras, pues la excepci\u00f3n establecida por la jurisprudencia constitucional se refiere a asuntos en los que los promotores del amparo son ex-trabajadores de las delegaciones diplom\u00e1ticas acusadas y sus solicitudes est\u00e1n relacionadas con el reclamo de prestaciones de origen laboral, lo que aqu\u00ed no acontece, pues lo rogado es por \u00abaparecer reportada en la Lista Clinton\u00bb. <\/p>\n
Respecto a la mentada excepci\u00f3n a la regla de la inmunidad diplom\u00e1tica, ha expuesto el \u00f3rgano m\u00e1ximo patrio en lo constitucional que: <\/p>\n
(\u2026) desde la perspectiva del principio de inmunidad de jurisdicci\u00f3n restringida, especialmente desarrollado para el \u00e1mbito laboral, y la defensa de la soberan\u00eda del Estado colombiano \u201cse considera que los organismo internacionales si est\u00e1n obligados a dar respuesta directa a las peticiones respetuosas presentadas por los ciudadanos en el territorio nacional\u201d si se cumplen, en principio, los siguientes criterios: <\/p>\n
(i) Cuando la respuesta a la petici\u00f3n no amenace la soberan\u00eda, independencia e igualdad de los Estados; y en el caso de los organismos y agencias internacionales, no ponga en riesgo la autonom\u00eda que necesitan para el cumplimiento de su mandato <\/p>\n
(ii) Cuando de la respuesta a la petici\u00f3n dependa la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, al trabajo y a la seguridad social de quien tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n respecto de la misi\u00f3n diplom\u00e1tica o el organismo internacional <\/p>\n
(iii) Cuando de la respuesta a la petici\u00f3n presentada dependa la protecci\u00f3n de derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional. (CC T-344\/13, en la cual se alude a la CC T-667\/11) <\/p>\n
5. En este orden de ideas, el resguardo deprecado debe denegarse, como al efecto se proceder\u00e1, porque no es posible desconocer la \u00abinmunidad diplom\u00e1tica\u00bb de que goza la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica y, por tanto, no es dable emitir una orden en su contra, aunado a que no se cumplen los presupuestos establecidos por v\u00eda jurisprudencial para que a aqu\u00e9lla le sea exigible la emisi\u00f3n de respuesta frente a la petici\u00f3n de la quejosa, pues la misma no est\u00e1 edificada en una relaci\u00f3n laboral de \u00e9sta con aquella agencia diplom\u00e1tica. (Se resalt\u00f3 \u2013 CSJ STC7902-2016, 16 jun., rad. 01540-00; reiterada en STC15926-2017, 3 oct., rad. 02571-00, y en similar sentido, STC10066-2017, 12 jul., rad. 01732-00; STC12121-2018, 19 sep., rad. 00295-01 y STC4681-2019, 11 abr., rad. 00206-00). <\/p>\n
4. Zanjado lo anterior, resta resolver el reclamo supralegal respecto a las autoridades dom\u00e9sticas que aqu\u00ed se vincularon, a saber, la Canciller\u00eda de la Rep\u00fablica de Colombia, la Embajada de este pa\u00eds en Argentina y el Consulado de Colombia en Buenos Aires (Argentina). <\/p>\n
4.1. Con ese prop\u00f3sito, teniendo en cuenta las prerrogativas invocadas por la tutelante, la Sala halla oportuno recordar que la jurisprudencia constitucional tiene por sentado que la concepci\u00f3n del \u00ab[d]erecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas\u00bb ha de encaminarse a la optimizaci\u00f3n de las condiciones vitales para el desarrollo de los individuos, con el fin de que \u00e9ste, en \u00faltimas, se ajuste a la m\u00e1xima del vivir \u00abcomo quiera\u2026[,] bien… [y] sin humillaciones\u00bb, sin que para que resulte viable la protecci\u00f3n de tales garant\u00edas se deba estar siempre ante una grave vulneraci\u00f3n o amenaza de las mismas. <\/p>\n
En cuanto a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
Con respecto al derecho a la vida, la Corte Constitucional ha elaborado un concepto amplio del mismo al considerar que tal derecho no se debe entender como la mera subsistencia biol\u00f3gica, sino como un derecho cualificado que implica el reconocimiento y b\u00fasqueda de una vida digna. Con anterioridad ha dicho esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEl derecho a la vida en s\u00ed mismo considerado, no es un concepto restrictivo que no se limita solamente a la idea reducida de peligro de muerte, sino que es un concepto que se extiende a la posibilidad concreta de recuperaci\u00f3n y mejoramiento de las condiciones de salud, en la medida en que ello sea posible, cuando \u00e9stas condiciones se encuentran debilitadas o lesionadas y afecten la calidad de vida de las personas o las condiciones necesarias para garantizar a cada quien, una existencia digna.\u201d1 <\/p>\n
<\/p>\n
De igual manera se reiter\u00f3 en la sentencia T-926\/99 <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEl derecho fundamental a la vida que garantiza la Constituci\u00f3n -pre\u00e1mbulo y art\u00edculos 1, 2 y 11-, no se reduce a la mera existencia biol\u00f3gica, sino que expresa una relaci\u00f3n necesaria con la posibilidad que les asiste a todas las personas de desarrollar dignamente todas las facultades inherentes al ser humano. Sin duda, cuando se habla de la posibilidad de existir y desarrollar un determinado proyecto de vida, es necesario pensar en las condiciones que hagan posible la expresi\u00f3n aut\u00f3noma y completa de las caracter\u00edsticas de cada individuo en todos los campos de la experiencia.\u201d2 <\/p>\n
<\/p>\n
No es necesario que el paciente se encuentre al borde de la muerte para que sea procedente la protecci\u00f3n a trav\u00e9s del mecanismo de tutela. En la presente tutela se comparten argumentos anteriormente expuestos por esta Corte <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cExiste necesidad de tutelar el derecho a la salud, cuando haya certeza sobre la vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos constitucionales con car\u00e1cter fundamental en cualquier grado y no solamente cuando la vulneraci\u00f3n o amenaza de tales derechos sea muy grave; es decir, no debe esperarse a estar al borde de una negaci\u00f3n completa de los derechos vinculados con el derecho a la salud, para que su tutela proceda.\u201d3 (el subrayado es nuestro) <\/p>\n
<\/p>\n
Recientemente esta Corte reiter\u00f3 su lineamiento jurisprudencial al afirmar que <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed que un concepto restrictivo de protecci\u00f3n a la vida, que desconociera las anteriores precisiones, llevar\u00eda autom\u00e1ticamente al absurdo de la negaci\u00f3n del derecho a la recuperaci\u00f3n y mejoramiento de las condiciones de salud y vida, de las personas. <\/p>\n
<\/p>\n
d) Por tal motivo, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado en otras ocasiones, que la tutela puede prosperar no solo ante circunstancias graves que tengan la idoneidad de hacer desaparecer en su totalidad el derecho, sino ante eventos que puedan ser de menor gravedad pero que perturben el n\u00facleo esencial del derecho a la vida y tengan la posibilidad de desvirtuar claramente ese derecho o la calidad de vida de las personas4, atendiendo cada caso espec\u00edfico.\u201d5 <\/p>\n
La b\u00fasqueda de un \u00f3ptimo estado de salud es inherente al concepto de vida digna. Si se obstaculiza la consecuci\u00f3n del mismo, se est\u00e1 incurriendo, en consecuencia, en una vulneraci\u00f3n al derecho a la vida (CC T-416\/01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, respecto a la dignidad humana como valor fundante del ordenamiento jur\u00eddico nacional, principio constitucional y derecho fundamental aut\u00f3nomo, esa misma Corte rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
En un principio, y de conformidad con la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, se debe hacer claridad que el concepto de dignidad humana se enmarca no s\u00f3lo en debates axiol\u00f3gicos, sino que, adem\u00e1s, comparte una naturaleza normativa. De esta manera, al ser interpretado dicho concepto, \u00e9ste se armoniza bajo la l\u00f3gica de \u201clo mejor\u201d, al igual que bajo el raciocinio de \u201clo debido.\u201d6 As\u00ed pues, al afirmar la Constituci\u00f3n Nacional dentro de su contexto sistem\u00e1tico que la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jur\u00eddico, constituye un elemento determinante del Estado Social de Derecho y de la democracia constitucional.7 De esta manera, el t\u00f3pico trasciende del \u00e1mbito meramente filos\u00f3fico para convalidarse en nuestro ordenamiento judicial como una norma jur\u00eddica de car\u00e1cter vinculante para las autoridades.8 <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, la Corte, en sentencia T- 881 de 2002, afirm\u00f3: <\/p>\n
\u201cConsidera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana, con tal de pasar de una concepci\u00f3n naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intr\u00ednsecas del ser humano, a una concepci\u00f3n normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella, con los propios de la dimensi\u00f3n social de la persona humana, resulta de especial importancia, al menos por tres razones: primero, porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana, segundo, por que lo presenta m\u00e1s arm\u00f3nico con el contenido axiol\u00f3gico de la Constituci\u00f3n de 1991, y tercero, porque abre la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constituci\u00f3n. Los \u00e1mbitos de protecci\u00f3n de la dignidad humana, deber\u00e1n apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos, en relaci\u00f3n con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, en aras a complementar lo anterior, la configuraci\u00f3n jurisprudencial de la expresi\u00f3n \u201cdignidad humana\u201d como concepci\u00f3n normativa ha sido presentada por la Corte Constitucional de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protecci\u00f3n y desde su funcionalidad normativa. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cAl tener como punto de vista el objeto de protecci\u00f3n del enunciado normativo \u201cdignidad humana\u201d, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonom\u00eda o como posibilidad de dise\u00f1ar un plan vital y de determinarse seg\u00fan sus caracter\u00edsticas (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad f\u00edsica e integridad moral (vivir sin humillaciones). <\/p>\n
<\/p>\n
De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo \u201cdignidad humana\u201d, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jur\u00eddico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental aut\u00f3nomo.\u201d9 <\/p>\n
<\/p>\n
De este modo, el estudio de la naturaleza jur\u00eddica de la expresi\u00f3n constitucional \u201cdignidad humana\u201d tiene preeminencia a partir de la existencia de una estrecha relaci\u00f3n entre el cumplimiento eficiente de las obligaciones del Estado y la eficacia de los derechos fundamentales (art\u00edculos 2 y 86). Por lo tanto, \u00abla dignidad del ser humano constituye raz\u00f3n de ser, principio y fin \u00faltimo de la organizaci\u00f3n estatal.\u201d10 Sobre el tema, en sentencia T-596 de 1992, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u201cLos derechos fundamentales no incluyen s\u00f3lo derechos subjetivos y garant\u00edas constitucionales a trav\u00e9s de los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las autoridades p\u00fablicas, tambi\u00e9n incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder p\u00fablico (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) La raz\u00f3n jur\u00eddica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional seg\u00fan el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo cual determina, no s\u00f3lo un deber negativo de no intromisi\u00f3n sino tambi\u00e9n un deber positivo de protecci\u00f3n y mantenimiento de condiciones de vida digna. Las personas recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran bajo la guardia del Estado. Ello implica, por un lado, responsabilidades relativas a la seguridad de los reclusos y a su conminaci\u00f3n bajo el per\u00edmetro carcelario y, por el otro, responsabilidades en relaci\u00f3n con las condiciones de vida de los reclusos.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente, la sentencia T- 499 de 1992 dispuso: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEl hombre es un fin en si mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades est\u00e1n precisamente institu\u00eddas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como \u00abvida plena\u00bb. La integridad f\u00edsica, ps\u00edquica y espiritual, la salud, el m\u00ednimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida \u00edntegra y presupuesto necesario para la autorrealizaci\u00f3n individual y social. Una administraci\u00f3n burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado Social de Derecho (CP art. 1\u00b0).\u201d11 (CC T-133\/06). <\/p>\n
4.2. De otro lado, al conceptuar sobre el \u00ab[d]erecho a la unidad familiar\u00bb, en lo que aqu\u00ed interesa, esa Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n
El n\u00facleo familiar tiende a la permanencia, y su eventual disoluci\u00f3n s\u00f3lo es admisible en virtud del principio de la autonom\u00eda de la voluntad, siempre de conformidad con las normas preestablecidas por el orden jur\u00eddico. Todos los miembros de una familia tienen derecho a conservar su unidad, ya que aquella es la c\u00e9lula de la sociedad. El inter\u00e9s general recae sobre la unidad familiar, no s\u00f3lo por razones elementales de conveniencia, sino porque el v\u00ednculo familiar no puede ser disuelto sin justa causa. La sociedad natural es la familia, y en tal sentido sobre ella se levanta la solidez de la sociedad civil; el Estado y la sociedad no pueden ser, por tanto, indiferentes ante la supervivencia o no de la estructura familiar. <\/p>\n
La familia es una comunidad de intereses, fundada en el amor, el respeto y la solidaridad. Su forma propia, pues, es la unidad; unidad de vida o de destino -o de vida y de destino, seg\u00fan el caso- que liga \u00edntimamente a los individuos que la componen. Atentar contra la unidad equivale a vulnerar la propiedad esencial de la familia. Siempre la familia supone un v\u00ednculo unitivo (se destac\u00f3 – CC T-447\/94). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en otro pronunciamiento, aludiendo a la connotaci\u00f3n de fundamental de esa prerrogativa, destac\u00f3: <\/p>\n
Incluso para la misma Asamblea Nacional Constituyente de 1991, era clara la necesidad de mantener la armon\u00eda y unidad familiar, como fundamento de la convivencia social y de la paz, \u201c\u2026no es necesario discutir por qu\u00e9 la familia es el n\u00facleo, principio o elemento fundamental de la sociedad. Se reconoce a ella este lugar de privilegio dentro de la escala social porque todos deber\u00edamos nacer, vivir y morir dentro de una familia\u201d12. <\/p>\n
Acorde con los art\u00edculos 42 y 44 constitucionales, ha sostenido este Tribunal13 que la protecci\u00f3n a la unidad familiar es un derecho fundamental, tanto de los menores como de los adultos, que \u201cgenera para las autoridades p\u00fablicas competentes, un deber general de abstenci\u00f3n, que se traduce en la prohibici\u00f3n de adopci\u00f3n de medidas infundadas e irrazonables de restablecimiento de derechos\u201d14. En plena correspondencia con lo anterior, tambi\u00e9n ha se\u00f1alado la Corte15 que, adem\u00e1s de su faceta ius fundamental, el precitado derecho cuenta igualmente con una faceta prestacional, que se manifiesta en la obligaci\u00f3n constitucional del Estado de \u201cdise\u00f1ar e implementar pol\u00edticas p\u00fablicas eficaces que propendan por la preservaci\u00f3n del n\u00facleo familiar\u201d16 (CC T-500\/17). <\/p>\n
4.3. De igual manera, se torna inaplazable observar que de acuerdo al canon 4\u00ba del Decreto 869 de 2016 (Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones), son funciones de la accionada cartera ministerial colombiana, entre otras, adem\u00e1s de las determinadas en el precepto 59 de la Ley 489 de 1998: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
4. Mantener, en atenci\u00f3n a las necesidades e intereses del pa\u00eds, relaciones de todo orden con los dem\u00e1s Estados y Organismos Internacionales, directamente o por medio de las Misiones Diplom\u00e1ticas y Oficinas Consulares colombianas acreditadas en el exterior. <\/p>\n
5. Promover y salvaguardar los intereses del pa\u00eds y de sus nacionales ante los dem\u00e1s Estados, organismos y mecanismos internacionales y ante la Comunidad Internacional. <\/p>\n
6. Ejercer como interlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones oficiales que se adelanten entre las entidades gubernamentales y los gobiernos de otros pa\u00edses, as\u00ed como con los organismos y mecanismos internacionales. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
8. Articular las acciones de las distintas entidades del Estado en todos sus niveles y de los particulares cuando sea del caso, en lo que concierne a las relaciones internacionales y la pol\u00edtica exterior del pa\u00eds, en los \u00e1mbitos de la pol\u00edtica, la seguridad, la econom\u00eda y el comercio, el desarrollo social, la cultura, el medio ambiente, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la ciencia y la tecnolog\u00eda y la cooperaci\u00f3n internacional, con fundamento en principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
20. Formular y ejecutar actividades de protecci\u00f3n de los derechos de los colombianos en el exterior y ejercer las acciones pertinentes ante las autoridades del pa\u00eds donde se encuentren, de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional. <\/p>\n
5. Con fundamento en todas esas premisas y las documentales que obran en el expediente, especialmente la anamnesis respecto al complicado estado de salud en que est\u00e1 Ana Milena Garc\u00eda Garc\u00eda como secuela del accidente cerebro vascular isqu\u00e9mico que sufri\u00f3 desde el pasado 30 de mayo, encontr\u00e1ndose actualmente hospitalizada en una instituci\u00f3n m\u00e9dica de la ciudad de Buenos Aires en la Rep\u00fablica Argentina, sin contar all\u00ed con alg\u00fan familiar que pueda socorrerla y siquiera acompa\u00f1arla en tan dif\u00edcil trajinar; y los m\u00faltiples obst\u00e1culos que ha debido sortear su madre17, aqu\u00ed accionante, con miras a trasladarse a ese lugar y materializar el, hasta ahora frustrado pero anhelado, reencuentro con su hija, tal vez en uno de los momentos que m\u00e1s se necesitan una de otra para su \u00f3ptimo desarrollo vital; evidencia la Corte que existe material suasorio suficiente y contundente para concluir que los derechos invocados por la accionante est\u00e1n seriamente afectados por la inacci\u00f3n o insuficiente gesti\u00f3n de la Canciller\u00eda colombiana, al no propender por facilitar que la progenitora pueda acompa\u00f1ar a su descendiente, convaleciente y sola en el extranjero, cercenando tambi\u00e9n, de manera indirecta, su \u00abunidad familiar\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que, precisamente, ante situaciones tan complejas como la aqu\u00ed presentada, donde una connacional colombiana se ve apabullada por disposiciones estatales for\u00e1neas -del Estado argentino- que le impiden acudir a atender el llamado natural derivado de las necesidades actuales que el dif\u00edcil estado de salud de su consangu\u00ednea impone, con el alto grado de inestabilidad emocional y desasosiego que ello puede causar en una persona; la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores debe encaminarse no s\u00f3lo a la obtenci\u00f3n de la ya generada autorizaci\u00f3n de ingreso al pa\u00eds austral, sino a que el traslado sea efectivo, pues de otro modo no est\u00e1 dando ninguna soluci\u00f3n de fondo y real a la reclamante, conforme le corresponde de acuerdo a sus funciones. <\/p>\n
6. Lo consignado impone acceder, con alcance parcial, a la protecci\u00f3n rogada, en tanto que la misma debe i) desestimarse, por improcedente, en cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Rep\u00fablica Argentina, y la Embajada de este pa\u00eds en Colombia, pues la injerencia tutelar aclamada en el sub examine, frente a ellas, s\u00ed que vulnerar\u00eda el principio de \u00abinmunidad jurisdiccional\u00bb diplom\u00e1tica aqu\u00ed auscultado; y ii) concederse frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rep\u00fablica de Colombia para que, mediante una labor coordinada de todas sus dependencias que deban intervenir, entre ellas la Embajada de este pa\u00eds en Argentina y el Consulado de Colombia en Buenos Aires (Argentina), e incluso, con la convocatoria de cualquier otra autoridad que deba participar, en aplicaci\u00f3n del principio de \u00abcolaboraci\u00f3n arm\u00f3nica\u00bb de que trata el art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n Nacional18, pero bajo su articulaci\u00f3n, agote todas las instancias que resulten necesarias para lograr la materializaci\u00f3n del urgente traslado de Raquel Cecilia Garc\u00eda Mesa a la ciudad de Buenos Aires (Rep\u00fablica Argentina), destacando que, en todo caso, el cargo monetario por el tiquete respectivo ha de asumirlo la accionante -ya sea a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de los que ya compr\u00f3 y no ha podido utilizar o a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de otro, con la salvedad que la autoridad accionada habr\u00e1 de interceder y servir de interlocutor para procurar la m\u00ednima afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas-. <\/p>\n
Finalmente, respecto a la inviabilidad de disponer que traslados de este tipo se produzcan con cargo al erario p\u00fablico, espec\u00edficamente de los fondos de la Canciller\u00eda cuestionada, se tiene que, adem\u00e1s de no estarse frente a alguno de los casos en que puede acudirse al Fondo Especial para las Migraciones19 seg\u00fan el precepto 2.2.1.9.3.4. del Decreto 1067 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 38 del Decreto 1743 del mismo a\u00f1o), lo cierto es que esta Colegiatura, al respecto, en cuanto a un traslado humanitario en la actual \u00e9poca de pandemia, dej\u00f3 dicho: \u00abla sala considera que la orden dada no era prudente en el sentido que no pod\u00eda ordenarse a la entidad accionada que hiciera el traslado con cargo al presupuesto en la medida que no es competente el juez constitucional para ordenar gastos que no se encuentren inmersos en el presupuesto de gastos, por lo que lo decidido deber\u00eda modificarse para que se incluyera al solicitante en un vuelo humanitario pero costeado por \u00e9l, ya que, como se dijo al contestar la tutela, el estado no ha costeado esos vuelos sino que los ha autorizado, y en ese sentido se presenta lo humanitario, pero no que procediera a pagarlo\u00bb (CSJ STC, 26 may. 2020, rad. 2020-00213-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede, con alcance parcial, el resguardo solicitado por Raquel Cecilia Garc\u00eda Mesa, en nombre propio y como agente oficiosa de su hija Ana Milena Garc\u00eda Garc\u00eda, respecto a sus garant\u00edas esenciales a la vida, salud y unidad familiar, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rep\u00fablica de Colombia que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este veredicto, en cumplimiento de sus funciones, mediante una labor coordinada de todas sus dependencias que encuentre deban intervenir e, incluso, con la convocatoria de cualquier otra autoridad cuya participaci\u00f3n resulte ineludible, en aplicaci\u00f3n del principio de \u00abcolaboraci\u00f3n arm\u00f3nica\u00bb de que trata el canon 113 de la Constituci\u00f3n Nacional, pero bajo su articulaci\u00f3n, agote todas las instancias que resulten necesarias para lograr, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, descotados desde la misma data, la materializaci\u00f3n del urgente traslado de Raquel Cecilia Garc\u00eda Mesa a la ciudad de Buenos Aires (Rep\u00fablica Argentina), destacando que, en todo caso, el cargo monetario por el tiquete respectivo ha de asumirlo la accionante, con las precisiones vistas en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
La acusada cartera ministerial colombiana informar\u00e1 a esta Corte sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquellos t\u00e9rminos. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se declara improcedente el amparo solicitado, en especial, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Rep\u00fablica Argentina, y la Embajada de este pa\u00eds en Colombia, en aplicaci\u00f3n del principio general de \u00abinmunidad jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
Tercero. Comunicar este fallo por el medio m\u00e1s expedito a todos los interesados, remiti\u00e9ndoles copia del mismo, y si no es impugnado, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2\u0002 Ver sentencia T-926\/99. <\/p>\n
3\u0002 Ver sentencia T-260\/98. <\/p>\n
4\u0002 Sentencia T-260 de 1998. M.P. Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz <\/p>\n
5\u0002 Ver sentencia T-941\/00. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia T-881 de 2002. \u201cEn este sentido, considera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana, con tal de pasar de una concepci\u00f3n naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intr\u00ednsecas del ser humano, a una concepci\u00f3n normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella, con los propios de la dimensi\u00f3n social de la persona humana, resulta de especial importancia, al menos por tres razones: primero, porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana, segundo, por que lo presenta m\u00e1s arm\u00f3nico con el contenido axiol\u00f3gico de la Constituci\u00f3n de 1991, y tercero, porque abre la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constituci\u00f3n.\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Sentencia T-401 de 1992 la Corte manifest\u00f3: \u201cLa dignidad humana.es en verdad principio fundante del Estado (CP art.1). M\u00e1s que derecho en s\u00ed mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagraci\u00f3n y efectividad del entero sistema de derechos y garant\u00edas contemplado en la Constituci\u00f3n. La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia…\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
En la Sentencia T-011 de 1993 esta Corporaci\u00f3n afirm\u00f3: \u201cEn la base axiol\u00f3gica de la Carta se encuentra en \u00faltima instancia la dignidad de la persona en el marco de un Estado social de derecho.\u201d En el mismo sentido, en la sentencia T-123 de 1994, afirm\u00f3 la Corte \u201cLa Constituci\u00f3n establece un marco de valores y principios materiales, que se estructuran como fundamento de un verdadero sistema axiol\u00f3gico. Este sistema se basa en la dignidad humana, como principio que indica que el hombre es un ser que tiende hacia su perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por naturaleza se le ha dado como bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la personalidad, entre otros\u201d. Ver entre otras, las sentencia T-338 de 1993, T-472 de 1996, C-045 de 1998, C-521 de 1998, T-556 de 1998, T-1430 de 2000. <\/p>\n
8\u0002 El art\u00edculo 1 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dispone: Art\u00edculo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Rep\u00fablica unitaria, descentralizada, con autonom\u00eda de sus entidades territoriales, democr\u00e1tica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del inter\u00e9s general. (negrillas fuera del texto). <\/p>\n
9\u0002 Sentencia T-881 de 2002. <\/p>\n
10\u0002 Cfr, Sentencias T-401 de 1992. Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz. <\/p>\n
11\u0002 Sentencia T-499 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz. <\/p>\n
12\u0002 Informe ponencia para primer debate en plenaria. Derechos de la familia, el ni\u00f1o, el joven, la mujer, la tercera edad y minusv\u00e1lidos. En: Gaceta Constitucional No. 85, Mayo 28 de 1991. p.5. <\/p>\n
13\u0002 Sobre el car\u00e1cter fundamental del derecho a la protecci\u00f3n de la unidad familiar se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-278 de 1994, T-408 de 1995, T-5672 de 2009 y T503 de 2011. <\/p>\n
14\u0002 T-502 de 2011 <\/p>\n
15\u0002 Sobre el alcance prestacional del derecho a la protecci\u00f3n de la unidad familiar se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-T-527 de 2009 y T-502 de 2011. <\/p>\n
16\u0002 Sentencia T-572 de 2009, reiterada en la Sentencia T-502 de 2011. <\/p>\n
17\u0002 Tales como la tardanza en la autorizaci\u00f3n de su ingreso al mentado pa\u00eds austral y, luego, la programaci\u00f3n, reprogramaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de los vuelos -cuyos tiquetes a\u00e9reos ya hab\u00eda adquirido-, al parecer, por variaciones en las directrices de las autoridades argentinas, como lo denota la constancia que antecede a este fallo, dejada por un empleado de esta Corte respecto a las comunicaciones sostenidas con Manuel Garc\u00eda -hijo de la actora y hermano de Ana Milena-, lo que despu\u00e9s result\u00f3 validado con las documentales tra\u00eddas por la quejosa ante esta instancia. <\/p>\n
18\u0002 Respecto a ese principio y, espec\u00edficamente, trat\u00e1ndose de los \u00f3rganos aut\u00f3nomos, la jurisprudencia ha dicho que: <\/p>\n
\u2026el art\u00edculo 113 de la actual Carta Pol\u00edtica, al preceptuar que \u00ablos diferentes \u00f3rganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran arm\u00f3nicamente para la realizaci\u00f3n de sus fines,\u201d mantuvo el principio de la colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica que ven\u00eda siendo consagrado para las ramas del Poder desde la Constituci\u00f3n anterior (Art. 55), conforme a lo establecido en la reforma constitucional de 1945 (Art. 6 del Acto Legislativo No. 1 de 1945). <\/p>\n
La modificaci\u00f3n introducida en la Constituci\u00f3n de 1991 consistente en que la colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica se predica no ya de las ramas del poder p\u00fablico, sino de los \u00abdiferentes \u00f3rganos del Estado\u00bb, inclu\u00eddos los \u00abaut\u00f3nomos e independientes\u00bb a que hace referencia el inciso segundo del art\u00edculo 113, refuerza la tesis que esta Corte reitera. <\/p>\n
En su concepto, ciertamente, esta modalidad de actuaci\u00f3n es expresi\u00f3n pr\u00edstina del deber de colaboraci\u00f3n que la actual Carta Pol\u00edtica, hace extensivo a los \u00f3rganos aut\u00f3nomos y, que por ende, tambi\u00e9n se predica de la Corte Constitucional respecto del Ministerio P\u00fablico (CC C-743\/98). <\/p>\n
19<\/p>\n
\n
\u0002 Seg\u00fan el art\u00edculo 2.2.1.9.1.1. del Decreto 1067 de 2015: \u00abEl Fondo Especial para las Migraciones brindar\u00e1 soporte y apoyo econ\u00f3mico al Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos especiales de vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se requiera asistencia y protecci\u00f3n inmediata a nuestros connacionales en el exterior\u00bb. <\/p>\n
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STC10222-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10222-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02367-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Raquel Cecilia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56331","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56331"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56331\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}