STC10234-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10234-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01903-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 16 de diciembre de 2020, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rub\u00e9n Salazar Saff\u00f3n contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, con vinculaci\u00f3n del Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de este Distrito Capital, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, partes e intervinientes en el litigio 11001-31-05-019-2011-00851-00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 se ordene a la accionada que dicte sentencia que haga eco de sus aspiraciones. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros hoy Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, para que se le reliquidara la primera mesada pensional en la suma de $11.004.160, equivalente al 90% del Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n, del periodo comprendido entre el 1\u00b0 de abril de 1994 y el 31 de enero de 2001, pretensiones que fueron acogidas por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de esta ciudad, quien le fij\u00f3 la mesada en $6.801.643.07 a partir del 11 de abril de 2011 (22 ag. 2013). Las partes apelaron y el Tribunal revoc\u00f3 el veredicto, as\u00ed como absolvi\u00f3 a la demandada de la totalidad de las s\u00faplicas (4 mar. 2014). El promotor formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala acusada no cas\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal (SL1557-2020, 13 may.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que tanto el juez de la alzada como la Magistratura de casaci\u00f3n incurrieron en v\u00eda de hecho, porque \u00abdesconocieron que el ISS al liquidar la cuant\u00eda correspondiente a la primera mesada pensional err\u00f3 en el c\u00e1lculo del ingreso base de liquidaci\u00f3n correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de abril de 1990 y el 30 de marzo de 1994, pues lo realizaron con fundamento en el art\u00edculo 20 de la Ley 90 de 1946, junto con los art\u00edculos 23 y 24 del Decreto 1650 de 1977, cuando debi\u00f3 darse aplicaci\u00f3n a lo preceptuado por el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993\u00bb, y en ese escenario desatendi\u00f3 el precedente de la Sala permanente de 1\u00b0 de marzo de 2017, radicado 52320, y acogi\u00f3 la tesis de la sentencia de segundo grado, la que acusa de contravenir el principio de favorabilidad. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 defendi\u00f3 su pronunciamiento y se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 el recurso objeto de estudio con sujeci\u00f3n a los precedentes fijados por esa colegiatura, ello debido a que el demandante, al 1\u00b0 de abril de 1994, le faltaban m\u00e1s de diez a\u00f1os para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n por vejez, por lo que el ingreso base de liquidaci\u00f3n se determinaba en la forma contemplada en el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993. Agreg\u00f3 que el Juzgado ciment\u00f3 su decisi\u00f3n en una liquidaci\u00f3n con un Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n distinto al consignado en la historia laboral. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, frente al desconocimiento del principio de favorabilidad, dicho postulado no resultaba aplicable al presente asunto, \u00aben tanto este lo que prev\u00e9 es que, en caso de conflicto o duda sobre la aplicaci\u00f3n de normas vigentes de trabajo, prevalece la m\u00e1s favorable al trabajador, m\u00e1s no frente a la valoraci\u00f3n de los medios probatorios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, puntualiz\u00f3 que el peticionario en su escrito de tutela aludi\u00f3 a una situaci\u00f3n o tem\u00e1tica totalmente novedosa, que no fue planteada en la esfera casacional, como son las relacionadas con los l\u00edmites del salario asegurable. <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal Superior se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la sentencia de 4 de marzo de 2014. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales dijo que con la entrada en vigor del Decreto 2013 de 2012, perdi\u00f3 competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida y que es Colpensiones la entidad encargada como nueva administradora del referido r\u00e9gimen. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la salvaguarda tras hallar razonable la sentencia confutada porque \u00abconsulta el r\u00e9gimen legal y constitucional aplicable y los antecedentes emitidos por la corporaci\u00f3n de cierre en materia laboral\u00bb, a su vez, en lo atinente a la forma en que se liquid\u00f3 la mesada, asever\u00f3 que \u00abfue el resultado del promedio de lo devengado por el actor, desde la fecha de la \u00faltima cotizaci\u00f3n y 10 a\u00f1os atr\u00e1s, en un monto del 90% (tasa de reemplazo), como lo dispon\u00eda el r\u00e9gimen del Acuerdo 049 de 1990 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el ataque relacionado con el error en el c\u00e1lculo del ingreso base de liquidaci\u00f3n en el interregno del 12 de abril de 1990 al 31 de marzo de 1994 de ello nada se expuso en el curso del proceso que se censura, \u00abcomoquiera que este no es el escenario para reabrir oportunidades fenecidas ante la inactividad de la parte interesada\u00bb. <\/p>\n
4. El quejoso recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en que la magistratura de descongesti\u00f3n se apart\u00f3 del precedente jurisprudencial rese\u00f1ado en el libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Desde el p\u00f3rtico se anuncia que el an\u00e1lisis del presente amparo se circunscribir\u00e1 a la postura prohijada en la sentencia CSJ SL1557-2020, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada en el pleito materia de reproche, por cuanto con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone mientras no sea invalidado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia reprochada no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta superlativa. <\/p>\n
Ciertamente, en el citado fallo la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 mantener la sentencia embestida, luego de citar los lineamientos fijados en CSJ SL5155-2018, quien, al ocuparse del cargo primero atinente al marco normativo bajo el cual deb\u00eda liquidarse la prestaci\u00f3n, dijo: <\/p>\n
(\u2026) el ingreso base de liquidaci\u00f3n pensional de las personas beneficiarias del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, se rige, en principio, por lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 36 de la citada ley, para quien estando en transici\u00f3n le faltare menos de diez a\u00f1os para adquirir el derecho, que \u00abser\u00e1 el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior\u00bb. En tanto que, para aquellos beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones les faltare diez o m\u00e1s a\u00f1os para consolidar el derecho a la pensi\u00f3n de vejez, como ocurre en el sub lite, el ingreso base de liquidaci\u00f3n se determina en la forma contemplada en el art\u00edculo 21 ib\u00eddem, esto es, con \u00abel promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) a\u00f1os anteriores al reconocimiento de la pensi\u00f3n\u00bb o en el evento de haber cotizado como m\u00ednimo 1.250 semanas, se calcula \u00absobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador\u00bb siempre y cuando resulte superior. <\/p>\n
De igual manera, al adentrarse en el estudio de los periodos de cotizaci\u00f3n indic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) trat\u00e1ndose del art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, y a efectos de conformar el \u00abpromedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) a\u00f1os anteriores al reconocimiento de la pensi\u00f3n\u00bb, se debe identificar la \u00faltima cotizaci\u00f3n efectuada y, a partir de ella, realizar un conteo \u2013retrocediendo en la historia salarial- hasta completar 3.600 d\u00edas, que equivalen a los 10 a\u00f1os, al margen que correspondan a aportes realizados con antelaci\u00f3n a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; luego se actualizan los salarios base de cotizaci\u00f3n de ese lapso a la anualidad anterior a la fecha de la pensi\u00f3n, para proceder a promediarlos y as\u00ed obtener el IBL de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. En el evento de que el afiliado cuente con 1.250 semanas, se aplicaran las mismas reglas, pero tomando los IBC de toda la vida laboral. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
Y es que el entendimiento que propone el recurrente resulta ajeno a lo establecido en la norma legal en comento, en tanto all\u00ed no se hizo distinci\u00f3n alguna respecto a los periodos que se deben contabilizar para completar ese marco temporal de los diez a\u00f1os que de forma clara y contundente contiene la norma y refiere la censura, es decir, el legislador no efectu\u00f3 la excepci\u00f3n, exclusi\u00f3n o limitante a que alude el impugnante consistente en que solo se puede tener en cuenta los aportes efectuados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que resulta equivocado. <\/p>\n
Y en ese orden de ideas concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) el valor de la mesada pensional es un aspecto que solo se define y establece al momento en que se adquiere el derecho a la pensi\u00f3n de vejez, debi\u00e9ndose por tanto aplicar la ley vigente para ese preciso instante, en el caso en particular el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, confrontadas las inferencias a las que se ha hecho menci\u00f3n, en realidad, al margen de que se compartan o no, estas no reflejan arbitrariedad, menos lucen desproporcionadas en relaci\u00f3n con los par\u00e1metros que fija el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, torn\u00e1ndose meritorio asegurar que lo que ocurrido en primera instancia fue que se parti\u00f3 de una liquidaci\u00f3n errada pues no era concordante con las probanzas allegadas al plenario, en espec\u00edfico, lo consignado en la historia laboral que daba cuenta que en realidad el Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n correspond\u00eda a la suma de $6.498.853,31. <\/p>\n
Ahora, al ocuparse del tercero de los ataques propuestos relativo a la indebida valoraci\u00f3n y a la negativa de conceder el principio de favorabilidad en el c\u00e1lculo del ingreso base de liquidaci\u00f3n, rese\u00f1\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el juez de primera instancia consider\u00f3 que, en efecto, hab\u00eda existido un error en la liquidaci\u00f3n efectuada por el ISS, lo que implicaba una variaci\u00f3n del IBL, que pasaba de $6.498.852 a $7.557.382 y, por tanto, la primera mesada pensional correspond\u00eda a la suma de $6.801.643, ello soportado en la referida liquidaci\u00f3n realizada por la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 grupo liquidador, obrante a folios 70 a 74 que es precisamente la liquidaci\u00f3n que alude la censura; no obstante, tal como se dej\u00f3 expuesto al historiar al proceso, el Tribunal, con apoyo en la historia laboral obrante en el plenario procedi\u00f3 a realizar las operaciones que estim\u00f3 pertinentes y estableci\u00f3 que el IBL correcto era de \u00ab$6\u00b4498.853.31\u00bb, el cual, al aplicarle un monto del 90%, no discutido por las partes, arrojaba un valor de \u00ab$5\u00b4848.967.98\u00bb, suma igual a la establecida por el ISS, por lo que lo procedente era revocar la decisi\u00f3n condenatoria. <\/p>\n
(\u2026) la Sala observa que en la liquidaci\u00f3n del IBL efectuada por el mencionado grupo liquidador, se tomaron para algunos meses de junio de 1998 a septiembre de 1999 unos ingresos base de cotizaci\u00f3n superiores a los registrados en la historia laboral que obra a folios 46 a 50 del cuaderno principal y 10 a 13 del cuaderno anexo, pues se tuvieron en cuenta salarios mensuales superiores a $8.000.000, cuando las cotizaciones en ese interregno no superan la suma de $4.729.200, situaci\u00f3n que le resta contundencia a dicho c\u00e1lculo. <\/p>\n
Siendo esto as\u00ed, no hay lugar a que en esta sede se reexamine el t\u00f3pico, y se defina si el entendimiento rebatido transgrede el principio de favorabilidad laboral, con mayor raz\u00f3n si la razonabilidad de lo decidido mantiene inc\u00f3lume la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de que est\u00e1n dotadas las providencias, la que, por tanto, no puede ser derruida a trav\u00e9s de este medio excepcional (CSJ STC5077-2019, 25 abr.). <\/p>\n
Se evidencia entonces que la interpretaci\u00f3n confrontada no deriva de la mera subjetividad, y est\u00e1 acorde con los precedentes en materia laboral frente a la reliquidaci\u00f3n pensional, lo que no conlleva a un desconocimiento de las garant\u00edas procesales del convocante, por ende, la exigencia del juzgador no luce descabellada ni contradice el ordenamiento positivo. <\/p>\n
Finalmente, resulta di\u00e1fano que lo aducido respecto a la indebida apreciaci\u00f3n de los valores comprendidos entre el 12 de abril de 1990 y el 31 de marzo de 1994, tal como lo alert\u00f3 la Sala acusada, es un alegato que se trajo por primera vez a esta sede, sin que se diera a las autoridades accionadas la oportunidad de revisarlo, de suerte que al ser dicha censura un medio nuevo, mal podr\u00eda endilg\u00e1rseles la afrenta de derechos fundamentales del petente, porque si bien, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb(15 mar. 2011, exp. 00003-01, 20 sep. 2012, exp. 2012-00195-01, STC5618-2020 y STC572-2021, entre otras). <\/p>\n
En consecuencia, como la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n plausible, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es que prevalezca su criterio, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado sin necesidad de m\u00e1s disquisiciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10234-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC10234-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01903-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 16 de diciembre de 2020, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56341","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56341","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56341"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56341\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56341"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56341"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56341"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}