STC10239-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10239-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00402-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 14 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Isabel Santana Redondo contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al rechazar la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio n\u00b0 2021-00045. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 21 de febrero de 2021 present\u00f3 la demanda antes referida, \u00aba fin de que fuera designada como apoyo del se\u00f1or Abigail Santana Mendoza (\u2026), atendiendo a la situaci\u00f3n ps\u00edquica (\u2026) que lo imposibilita absolutamente a manifestar su voluntad mediante cualquier formato de comunicaci\u00f3n (\u2026) como consta en el certificado m\u00e9dico aportado al proceso y emanado de su m\u00e9dico tratante psiquiatra (\u2026), as\u00ed como en la historia cl\u00ednica y dem\u00e1s diagn\u00f3sticos m\u00e9dicos allegados al expediente, hecho que tambi\u00e9n se puede constatar en el dictamen pericial posteriormente realizado por el psic\u00f3logo forense (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el 3 de marzo de 2021, el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga emiti\u00f3 \u00abauto de rechazo de la acci\u00f3n\u00bb aduciendo, entre otros puntos, \u00abla condici\u00f3n m\u00e9dica del paciente [la cual] fue rebatida de manera temprana sin dar lugar a la ejecuci\u00f3n de la etapa probatoria que refiere el tr\u00e1mite procesal (\u2026), desconociendo que tanto en el certificado m\u00e9dico presentado como en los diagn\u00f3sticos allegados (\u2026), se establece que el alzh\u00e9imer es una patolog\u00eda gradual\u00bb, por lo que reitera que no era la oportunidad para \u00abplantear o desvirtuar cuestiones probatorias\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que contra la anterior decisi\u00f3n \u00abme permit\u00ed recurrirla a trav\u00e9s de una solicitud que buscaba dejar[la] sin efectos (\u2026), apelando a la ilegalidad del mismo dada la valoraci\u00f3n probatoria a priori que se hizo de la historia cl\u00ednica y dictamen m\u00e9dico aportado y en virtud de que aquellas fueron desestimadas en el proceso de admisi\u00f3n, inadmisi\u00f3n o rechazo de la demanda, apartando el hecho consistente en que la misma ley 1996 de 2019, somete la discrecionalidad del accionante el suministro de los medios de prueba requeridos\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que en respuesta a su inconformidad, mediante prove\u00eddo del 24 de marzo de 2021, el accionado mantuvo la determinaci\u00f3n \u00abarguyendo que no estaba emitiendo valoraci\u00f3n alguna de las pruebas aportadas\u00bb, aunque dijo que de las mismas \u00abno se desprende de manera clara que el discapacitado se encuentra en la actualidad imposibilitado de manera absoluta, que le impida por cualquier medio manifestar su voluntad o preferencias, es decir, que con las mismas no se logra desvirtuar la presunci\u00f3n de capacidad que reconoce la Ley 1996 de 2019 en su art. 6, requisito exigido por el Art. 54 ibidem para iniciar de manera excepcional proceso adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorios\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se le ordene a la autoridad querellada, \u00abrevocar y dejar sin efectos las providencias proferidas los d\u00edas 03 y 24 de marzo de 2021 para que posteriormente se admita la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio y se le d\u00e9 el tr\u00e1mite que legalmente corresponda\u00bb. <\/p>\n
El Juez Primero Promiscuo de Familia de Sabanalarga, tras un recuento de la actuaci\u00f3n surtida defendi\u00f3 la postura asumida por su despacho para rechazar la demanda, pues \u00abde las pruebas relacionadas (\u2026), no se desprende de manera clara y sin lugar a equ\u00edvocos que el discapacitado se encuentre en la actualidad imposibilitado de manera absoluta (\u2026), con lo cual a juicio de este suscrito Juez no se logra desvirtuar la presunci\u00f3n de capacidad que reconoce la Ley 1996 de 2019 en su art. 6, requisito exigido por el Art. 54 ibidem para iniciar de manera excepcional proceso adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorios\u00bb. Tambi\u00e9n asever\u00f3 que \u00abel despacho no est\u00e1 realizando contradicci\u00f3n de las pruebas documentales aportadas [sino] una valoraci\u00f3n de las mismas con el fin de determinar si con [ellas] se cumple el requisito que exige la normatividad y jurisprudencia aplicable para dar curso al proceso [y] de esta forma garantizar los derechos fundamentales del discapacitado Abigail Santana Mendoza. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo al encontrar que la reclamante no satisfizo el requisito de la subsidiariedad, pues no debati\u00f3 \u00abconforme a las herramientas de oposici\u00f3n que contempla nuestro estamento procedimental\u00bb, esto es, se abstuvo de \u00abformular los recursos de ley frente a la decisi\u00f3n que promulg\u00f3 el rechazo in limine de la demanda\u00bb y tras ello pretendi\u00f3 \u00abrevivir\u00bb la oportunidad fenecida \u00abpor los conductos de ilegalidad\u00bb. En cuanto a la tutela como mecanismo transitorio, dijo que en el expediente era evidente \u00abla orfandad de probanza que pueda acreditar la existencia de una situaci\u00f3n que pueda consecuencialmente producir un perjuicio irremediable dentro del caso objeto de estudio, toda vez que la accionante cuenta con el medio de interponer nuevamente la demanda de amparo pretendida de acuerdo a los presupuestos que impone la norma y los recursos para ventilar las discusiones\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la reclamante afirmando que contrario a lo asegurado por el tribunal, la providencia que dispuso el rechazo de la demanda, \u00abfue recurrida\u00bb, y que contra la que mantuvo la decisi\u00f3n \u00abno se hace uso del recurso de alzada, pues seg\u00fan la postura sentada por este mismo tribunal, en este tipo de procesos, al ser adelantados por disposici\u00f3n legal, a trav\u00e9s de un verbal sumario y ser en consecuencia, de \u00fanica instancia, el mismo, deviene en improcedente\u00bb. Agreg\u00f3 que s\u00ed se estaba ante un perjuicio irremediable, ya que \u00abnos encontrar\u00edamos frente a una ruptura deliberada del equilibrio procesal, pues las pruebas allegadas inicialmente son excluidas de antemano\u2026 [y] aun volviendo a presentar la acci\u00f3n, no se contar\u00edan con los elementos materiales probatorios suficientes, requeridos por el juzgado para darle tr\u00e1mite al proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sabanalarga, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al haber rechazado de plano la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio n\u00ba 2021-00045. <\/p>\n
2. Precisiones sobre la Ley 1996 de 2019. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a la relevancia del asunto sometido a escrutinio en sede constitucional, cabe traer a colaci\u00f3n las pertinentes consideraciones esgrimidas por la Sala sobre los desarrollos que introdujo la Ley 1996 de 2019, en relaci\u00f3n con el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad: <\/p>\n
\u00abEn primer lugar es del caso se\u00f1alar que la Ley 1996 de 2019, se inspir\u00f3 en la Convenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 762 de 2002, y la cual tiene por objeto establecer medidas espec\u00edficas para la garant\u00eda del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, es pertinente destacar que dicha normativa \u2013Ley 1996 de 2019- se rige por los principios, de dignidad, autonom\u00eda, primac\u00eda de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jur\u00eddico, no discriminaci\u00f3n, accesibilidad, igualdad de oportunidades y celeridad, encaminados a garantizar la efectiva realizaci\u00f3n del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad. <\/p>\n
En l\u00edneas generales el enunciado cuerpo normativo, de conformidad con el art\u00edculo 6\u00b0, contempla la presunci\u00f3n de que todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos, eliminando as\u00ed la interdicci\u00f3n, debi\u00e9ndose entender como \u201capoyos\u201d, seg\u00fan el canon 3\u00b0, como aquellos tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. <\/p>\n
(\u2026) Se destaca, asimismo, que la enunciada ley, seg\u00fan el art\u00edculo 52 empez\u00f3 a regir a partir de su promulgaci\u00f3n. lo cual ocurri\u00f3 el 26 de agosto de 2019, con excepci\u00f3n de \u201caquellos art\u00edculos que establezcan un plazo para su implementaci\u00f3n y los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, los cuales entrar\u00e1n en vigencia veinticuatro (24) meses despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la presente ley\u201d\u00bb (CSJ STC15977-2019, 26 nov. 2019, rad. 00191-01). <\/p>\n
\u00abDel estudio detenido del novedoso compendio normativo en cuesti\u00f3n, se advierte que el punto nuclear de la reforma, como es la supresi\u00f3n de la incapacidad legal para las personas mayores de edad con discapacidad, cobr\u00f3 vigor desde el 26 de agosto de 2019, raz\u00f3n por la que, a partir de esta data, \u00fanicamente pueden estar incapacitados aquellas personas que, por mandato de una sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, fueron declarados en interdicci\u00f3n o se les nombr\u00f3 un consejero. Dicho en negativo, a partir de la mencionada fecha, ninguna persona mayor de edad podr\u00e1 perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteni\u00e9ndose dicha medida \u00fanicamente respecto a las personas que con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces. <\/p>\n
En armon\u00eda, para las tem\u00e1ticas procesales, la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (i) nuevos, (ii) concluidos y (iii) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n
7.1. En cuanto a los primeros, de forma tajante, dej\u00f3 por sentada la prohibici\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites de interdicci\u00f3n (art\u00edculo 53), [advirtiendo que] esta regla no se extiende a las causas que deban promoverse para ejecutar o modificar las decisiones de interdicci\u00f3n que se hubieran proferido con anterioridad al 26 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n; <\/p>\n
7.2. Para los segundos, esto es, los juicios finalizados, existen dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n
(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n
7.3. Finalmente, para los procesos en curso (\u2026), la nueva ley previ\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisi\u00f3n de que, en cualquier momento, aqu\u00e9lla podr\u00e1 levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar \u201cmedidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u201d (precepto 55)\u00bb (CSJ STC16392-2019, 4 dic. 2019, rad. 03411-00, reiterada en STC16821-2019, 12 dic. 2019, rad. 00186-01, y citada en STC3720-2020, 11 jun. 2020, rad. 00019-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, examinados los supuestos de hecho de la presente querella y con observancia en las piezas procesales incorporadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la declaratoria de improcedencia del auxilio implorado, toda vez que, en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n judicial censurada, la acci\u00f3n no alcanza a superar el requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
3.1. En efecto, el impedimento de procedibilidad en comento tiene lugar porque al dirigirse el ataque constitucional contra la providencia del 3 de marzo de 2021, ratificada por el mismo accionado el 24 del mismo mes y a\u00f1o, observa la Sala que esa decisi\u00f3n era susceptible de recurso de apelaci\u00f3n porque comprend\u00eda el rechazo in l\u00edmine de la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio consagrada en el art\u00edculo 54 de la Ley 1996 de 1996. <\/p>\n
En esas condiciones, adem\u00e1s del recurso de reposici\u00f3n, presentado bajo la figura jur\u00eddica de \u00absolicitud de ilegalidad\u00bb, el prove\u00eddo pudo ser objeto del de apelaci\u00f3n, atendiendo que ese auto se encuentra enlistado en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, y fue proferido en un asunto que conforme al ordenamiento citado y al especial, se tramita en primera instancia, como lo ha se\u00f1alado claramente la jurisprudencia de esta Sala especializada, al precisar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En cuanto hace a los aspectos procesales, la adecuaci\u00f3n de los procesos de interdicci\u00f3n en curso a la ley 1996 de 2019, deber\u00e1 tener en cuenta que la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos, \u00abse adelantar\u00e1 por medio del procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto jur\u00eddico\u00bb; mientras que \u00abse tramitar\u00e1 por medio de un proceso verbal sumario cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico\u00bb -negrillas ajenas al texto- (art\u00edculo 32). <\/p>\n
De igual manera, la prenotada normatividad, en su art\u00edculo 35, que modific\u00f3 el canon 22 (numeral 7) del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00ab[l]os jueces de familia conocen, en primera instancia\u2026: (\u2026) 7. De la adjudicaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de apoyos adjudicados judicialmente\u00bb (resaltado ajeno al texto), lo cual quiere decir que el legislador no s\u00f3lo consagr\u00f3 una competencia privativa de los juzgadores de familia, sino que habilit\u00f3 la doble instancia para esos dos tipos de juicios. <\/p>\n
La anotada circunstancia, a su vez, conlleva a predicar que a la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos promovida por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico, no le es aplicable la restricci\u00f3n del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ablos procesos verbales sumarios ser\u00e1n de \u00fanica instancia\u00bb; en virtud del criterio de especialidad que rige en materia de hermen\u00e9utica jur\u00eddica, que contempla que la norma especial prima sobre la general (lex specialis derogat generali)\u00bb (CSJ STC16821-2019, 12 dic. 2019, rad. 00186-01, citada y reiterada en STC7647-2021, 24 jun. 2021, rad. 01876-00). <\/p>\n
As\u00ed, contrario a lo afirmado por el tribunal a-quo, esta Corporaci\u00f3n ha establecido que los asuntos regulados por la Ley 1996 de 2019, a pesar de su connotaci\u00f3n de verbales sumarios, no se tramitan en \u00fanica instancia sino en primera por los jueces de familia, habida cuenta que el precepto 35 de la referida norma modific\u00f3 el numeral 7\u00ba del canon 22 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Bajo la anterior premisa, por cuanto la regla general es que el auto que rechaza la demanda es apelable, al no haberse hecho uso del recurso por parte de la interesada, es decir, al no haber agotado los instrumentos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance, con tal comportamiento incurioso, desaprovech\u00f3 la oportunidad para acudir luego a la tutela, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s medios que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En estas circunstancias, cuando sin mediar justificaci\u00f3n que amerite flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, la actora invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Lo anterior, porque en raz\u00f3n a su naturaleza subsidiaria y residual, al auxilio solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque, seg\u00fan la decantada jurisprudencia, estar\u00eda encaminado a evitar un perjuicio irremediable que ac\u00e1 no se configura, pues este tiene lugar, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, cuando: <\/p>\n
\u00aben el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, precisando que lo ser\u00e1 porque la querellante no hizo uso del recurso de apelaci\u00f3n previsto como mecanismos procedente e id\u00f3neo para refutar la actuaci\u00f3n judicial criticada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10239-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10239-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00402-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56346","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56346"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56346\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}