STC10240-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC10240-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01008-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Juan Evangelista Hern\u00e1ndez Ram\u00edrez frente a la sentencia del 2 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en la restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado n\u00b0 110013103027-2019-00743-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 dejar sin efecto lo actuado en el proceso cuestionado para que en su lugar se decrete la prejudicialidad penal que solicit\u00f3. <\/p>\n
En sustento adujo que fue demandado por Daniel Eduardo Mahecha Hern\u00e1ndez en la contienda restitutoria acusada, bajo la causal de mora en el pago de los c\u00e1nones de arriendo; aleg\u00f3 que el juzgado accionado omiti\u00f3 valorar las denuncias penales instauradas contra el demandante por \u00abamenazas de muerte\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n de habitaci\u00f3n ajena\u00bb con las que aspir\u00f3 a demostrar la coacci\u00f3n en la firma del contrato de arrendamiento cuya inexistencia predic\u00f3. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el accionado neg\u00f3 la solicitud de prejudicialidad penal y el recurso de apelaci\u00f3n que contra esa decisi\u00f3n se interpuso. Tambi\u00e9n se doli\u00f3 de que no se le permitiera acceder a la audiencia en que se dict\u00f3 el fallo fustigado. <\/p>\n
2. El Juzgado del Circuito se\u00f1al\u00f3 que la sentencia acusada es el resultado de la valoraci\u00f3n de las pruebas en conjunto; agreg\u00f3 que la apelaci\u00f3n interpuesta por el apoderado del accionante fue denegada por tratarse de un pleito de \u00fanica instancia y que, el demandado no asisti\u00f3 a la audiencia a pesar de la citaci\u00f3n elevada a trav\u00e9s de su apoderado quien suministr\u00f3 un tel\u00e9fono de contacto que no fue contestado. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar que el accionante, o su apoderado, no elevaron reposici\u00f3n frente el auto que neg\u00f3 la prejudicialidad ni en contra de aquel que dispuso adelantar la audiencia sin la comparecencia del demandado. Agreg\u00f3 que la sentencia reprochada luce razonable. <\/p>\n
4. El impugnante manifest\u00f3 que, en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, su apoderado solicit\u00f3 aplazamiento de la vista p\u00fablica por las \u00abp\u00e9simas condiciones\u00bb de la \u00abconexi\u00f3n v\u00eda celular\u00bb, petici\u00f3n que fue negada por la accionada y de la que deriva la lesi\u00f3n a sus prerrogativas. En lo dem\u00e1s reiter\u00f3 sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado, de un lado, porque algunas de las decisiones de las que se queja el censor no fueron oportuna y debidamente impugnadas y, de otro, porque la sentencia fustigada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa que fue conocida por la autoridad convocada, por lo que no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En efecto, las quejas de Uriel de Juan Evangelista Hern\u00e1ndez Ram\u00edrez se circunscriben a que el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 i). negara la petici\u00f3n de aplazamiento de la audiencia en que se dict\u00f3 sentencia a causa de las \u00abp\u00e9simas condiciones\u00bb de la \u00abconexi\u00f3n v\u00eda celular\u00bb, ii). se abstuviera de decretar la prejudicialidad penal pedida y la alzada contra esa decisi\u00f3n y, iii). despachara desfavorablemente las excepciones propuestas \u00abpese a encontrarse probadas\u00bb. <\/p>\n
2. En lo que ata\u00f1e a la primera censura, relativa a la denegaci\u00f3n del aplazamiento de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, se determin\u00f3 que el actor, por medio de su apoderado, desaprovech\u00f3 la oportunidad de recurrir tal decisi\u00f3n a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios de defensa judicial que el legislador le otorg\u00f3 para ello, en este caso concreto, mediante el recurso de reposici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo tenor literal contempla: <\/p>\n
(\u2026) el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (\u2026). (Resaltado propio) <\/p>\n
Ciertamente, una vez revisada la respectiva grabaci\u00f3n de la vista p\u00fablica se determin\u00f3 que a minuto 1:44:00 se profiri\u00f3 el pronunciamiento acusado sin que se interpusiera el mencionado medio de impugnaci\u00f3n, de lo que se colige la incuria del libelista frente a la posibilidad que tuvo de reprochar la decisi\u00f3n que por este auxilio cuestiona, por lo que se hace ostensible el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
3. La misma suerte tiene la queja en contra de la encartada por denegar la solicitud de prejudicialidad y la alzada que contra tal determinaci\u00f3n se interpuso, ello porque si bien es cierto que el censor recurri\u00f3 a trav\u00e9s de un recurso improcedente (apelaci\u00f3n) y que la autoridad convocada debi\u00f3 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas pertinentes (reposici\u00f3n) conforme lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, es ostensible que sobre ese particular nada dijo el accionante una vez le notificaron en estrado la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, la canjeabilidad del recurso comporta una instituci\u00f3n que, por ley, debe aplicar el fallador en aquellos casos en que \u00abel recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente (\u2026) siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u00bb, no obstante, cuando el juzgador se limita a denegar el recurso incorrecto y omite pronunciarse sobre aquel que emerge id\u00f3neo, tiene el impugnante la posibilidad de reclamar la adici\u00f3n de tal providencia a fin de obtener la determinaci\u00f3n correspondiente y la tramitaci\u00f3n de su inconformidad, ello si se tiene en cuenta que la solicitud de adici\u00f3n contemplada en el canon 287 ibidem se erige como el mecanismo id\u00f3neo para aquellos casos en que la providencia \u00abomita resolver sobre (\u2026) cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
4. De otro lado, en lo relativo a la censura contra la resoluci\u00f3n de las excepciones propuestas, se observa que la inconformidad se reduce a la forma en que la autoridad accionada valor\u00f3 las probanzas para despacharlas de manera desfavorable, pues a juicio del libelista, las exceptivas se hallaban acreditadas. As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n del accionante se halla cimentada sobre la base de discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que no se vislumbra caprichoso, fortuito o abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico como se pasa a exponer. <\/p>\n
V\u00e9ase que, en relaci\u00f3n a la existencia y veracidad del contrato de arrendamiento que sirvi\u00f3 de base para ordenar la restituci\u00f3n, el juzgado adujo: <\/p>\n
Con el fin de acreditar el v\u00ednculo contractual existente entre demandante y demandado se alleg\u00f3 el contrato de arrendamiento de fecha primero de abril del a\u00f1o 2015, mediante el cual el se\u00f1or Daniel Eduardo Mahecha Hern\u00e1ndez dio en arrendamiento al se\u00f1or Juan evangelista Hern\u00e1ndez Ram\u00edrez, arrendatario, el lote de terreno para uso exclusivo de parqueadero ubicado en la (\u2026) ese contrato obra a folio 2 frente y vuelta. Este documento cumple con los requisitos establecidos en la Ley para esa clase de vinculaci\u00f3n contractual sustantiva, esto es, la identificaci\u00f3n de los extremos contratantes, la clase de contrato, el objeto del mismo, el precio y el t\u00e9rmino, que no fueron tachados (\u2026) de falso. <\/p>\n
En cuanto a la causal de restituci\u00f3n predic\u00f3 que: <\/p>\n
En el caso presente constituye el argumento basilar de la parte demandante el no pago de los c\u00e1nones de arrendamiento pactados dentro del t\u00e9rmino estipulado en el contrato ni por el monto acordado, sobre ese hecho, es del caso indicar que la parte demandada no aport\u00f3 ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n con miras a desvirtuar la afirmaci\u00f3n indefinida del no pago, aunado a que el demandante en su calidad de arrendador, en su interrogatorio de parte no admiti\u00f3 ninguno de los fundamentos f\u00e1cticos de las excepciones propuestas. <\/p>\n
En torno a las excepciones \u00abdesconocimiento del car\u00e1cter de arrendador\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y pasiva\u00bb e \u00abinexistencia del contrato\u00bb, la querellada cavil\u00f3: <\/p>\n
Es pac\u00edfico el tema correspondiente a la suscripci\u00f3n del precitado documento (contrato arrendamiento) por cuanto no se desconocieron ni tacharon de falsas las firmas impuestas por los extremos contratantes y testigos de esa \u00e9poca. (\u2026) El tenor literal del contrato no refleja las omisiones o carencias que la parte demandada pone de presente, no obstante, en este caso particular existe corroboraci\u00f3n de que ese contrato se celebr\u00f3, ejecut\u00f3 y cumpli\u00f3 durante alg\u00fan tiempo y posteriormente el arrendatario incurri\u00f3 en el no pago del arrendamiento. <\/p>\n
\u00bfEn qu\u00e9 prueba se hace sostener esta situaci\u00f3n? En primer lugar tenemos que atender a la declaraci\u00f3n del testigo Jonathan Daniel Mahecha quien expres\u00f3 haber estado presente en la firma del contrato junto a la se\u00f1ora Mayerli (\u2026) Hern\u00e1ndez, versi\u00f3n que se corrobora en el documento donde efectivamente aparece la firma del citado se\u00f1or como testigo, igualmente en su exposici\u00f3n estableci\u00f3 las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que obtuvo el conocimiento y adem\u00e1s de ello estableci\u00f3 que cuando concurri\u00f3 para la firma del (\u2026) contrato de arrendamiento, aparece no solamente su firma sino la del (\u2026) arrendatario y, bajo esa premisa podemos decir que en ese sentido, no existe ninguna duda de la suscripci\u00f3n. <\/p>\n
A ello tambi\u00e9n se arrima lo concerniente a la declaraci\u00f3n de la testigo (\u2026) Vega qui\u00e9n manifest\u00f3 conocer tanto al demandante como al demandado, (\u2026) el inmueble y que, si bien no estuvo presente en la firma del contrato (\u2026), fue una persona que percibi\u00f3 o recibi\u00f3 los c\u00e1nones por parte del se\u00f1or Evangelista Hern\u00e1ndez de manera directa, (\u2026) y ella afirma que por esa raz\u00f3n le consta la existencia de dicho contrato puesto que en reiteradas oportunidades, ella lo recibi\u00f3 directamente de qui\u00e9n fung\u00eda como arrendatario y que con el paso del tiempo \u00e9l dej\u00f3 de pagar dichos canones, los cuales (\u2026) ten\u00edan como finalidad los gastos de sus hijos. <\/p>\n
As\u00ed entonces podemos decir que aquellos elementos propios del contrato de arrendamiento en cuanto al precio del canon (\u2026), la \u00e9poca de suscripci\u00f3n, la firma de quien fung\u00eda como arrendatario y que, estaba ejecut\u00e1ndose el mismo pues no de otra manera podr\u00eda explicarse que los testigos recibieran los c\u00e1nones por parte del demandado, que establece que en realidad el citado contrato tuvo una existencia real y fidedigna (\u2026) por tanto no podemos decir que el hecho de que el demandado desconozca el car\u00e1cter de arrendador, dicha afirmaci\u00f3n debi\u00f3 haber sido demostrada a trav\u00e9s de pruebas fehacientes de que as\u00ed lo fuera, es decir, que efectivamente el (\u2026) demandante no fuera el arrendador, y por el contrario est\u00e1 demostrado no solamente con los testigos sino con los documentos que efectivamente, lo es. <\/p>\n
De igual forma, al referirse a las excepciones de \u00abprueba il\u00edcita, falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, fraude procesal y mala fe\u00bb el juzgado accionado indic\u00f3 que: <\/p>\n
Sobre este aspecto, es del caso indicar que no puede tildarse de ilegal que un tercero que no tenga la titularidad del bien, lo d\u00e9 en arrendamiento por cuanto no existe norma expresa que lo proh\u00edba y no es necesaria la autorizaci\u00f3n de quien funja como propietario para que un tercero, incluso no propietario pueda arrendarlo, puesto que incluso quien tenga (\u2026) posesi\u00f3n de un inmueble tambi\u00e9n puede arrendarlo, as\u00ed, tenemos que si bien es cierto el argumento basilar de la parte demandada se finca en esa imposibilidad de arrendarlo por no ser propietario y por no tener autorizaci\u00f3n del mismo, debemos (\u2026) tener en cuenta que se escuch\u00f3 en declaraci\u00f3n al se\u00f1or Juvenal Parra, en cuya declaraci\u00f3n indic\u00f3 que autoriz\u00f3 al se\u00f1or Mahecha, que para \u00e9l no era desconocido que el inmueble hubiera sido arrendado al (\u2026) demandado y, adem\u00e1s de eso, \u00e9l tambi\u00e9n manifiesta que tiene conocimiento que no contin\u00fao pagando el arrendamiento. <\/p>\n
(\u2026) [De otro lado] en ninguna parte aparece en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria que la anotaci\u00f3n n\u00famero 7 d\u00f3nde aparece el se\u00f1or Juvenal (\u2026) tambi\u00e9n haya quedado sin efectos, pero para esta clase de procesos donde no se est\u00e1 cuestionando la propiedad, sino simplemente el cariz de un contrato de arrendamiento, en realidad no tiene ninguna eficacia probatoria el hecho que el se\u00f1or Juvenal contin\u00fae como propietario, porque se reitera, un poseedor tambi\u00e9n puede arrendar un inmueble y por ende, no podemos decir, que por esa raz\u00f3n sea il\u00edcita esa conducta. <\/p>\n
Respecto de las denuncias penales cuya valoraci\u00f3n extra\u00f1\u00f3 el tutelante, se observa que el juzgado se refiri\u00f3 a ellas en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Es del caso indicar que la formulaci\u00f3n de denuncias penales y atendiendo al contenido de las mismas, en ninguna se hizo referencia al contrato de arrendamiento materia del litigio, adem\u00e1s que se encuentran sin definir por la justicia penal. Esto no constituye elementos de pruebas conducentes y eficaces demostrativos de la ilicitud de la falsedad ideol\u00f3gica del documento privado, del fraude procesal y de la mala fe, por cuanto si atendemos a lo que dijeron los testigos que fueron claros, responsivos, concordantes y coherentes en sus deposiciones y que no fueron tachados por la parte demandada, nos da a entender, efectivamente, que dicho documento tiene plena validez y por ende, no hay lugar a atender a dicha situaci\u00f3n que en ello se trata, en cuanto a la defensa de la parte demandada de demostrar dicha falsedad. <\/p>\n
(\u2026) Se itera, la parte demandada no alleg\u00f3 a la plenaria prueba eficaz demostrativa de las excepciones planteadas si en cuenta se tiene que la formulaci\u00f3n del denuncio penal no se menciona el contrato de arrendamiento, adem\u00e1s de no allegarse las pruebas que demostraran que el arrendatario los suscribiera bajo constre\u00f1imiento ilegal y por extorsi\u00f3n que le hiciera la parte demandante (\u2026). <\/p>\n
F\u00edjese, que fue lo anterior lo que llev\u00f3 al despacho convocado a concluir que: <\/p>\n
Analizadas en conjunto las probanzas allegadas se determina sin lugar a duda que las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada como medio para enervar la acci\u00f3n, deben despacharse desfavorablemente por falta de demostraci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que la decisi\u00f3n fustigada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que la encartada desarroll\u00f3 en consideraci\u00f3n a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y normativa que le fue expuesta y sobre la cual efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico, lo que la llev\u00f3 a concluir que, para el caso concreto, no se hallaban presentes los presupuestos necesarios para tener por triunfantes las excepciones propuestas, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
6. En definitiva, como quiera que el actor, a trav\u00e9s de su apoderado i). no recurri\u00f3 la denegaci\u00f3n del aplazamiento pedido, ii). ni solicit\u00f3 adici\u00f3n del prove\u00eddo que omiti\u00f3 pronunciarse sobre la canjeabilidad del recurso interpuesto contra el auto que neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del pleito por prejudicialidad penal, no queda alternativa diferente a confirmar el desenlace impugnado por falta de subsidiariedad. De igual forma, el tropiezo de la impugnaci\u00f3n emerge porque la sentencia cuestionada no se halla caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10240-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE STC10240-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01008-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Juan Evangelista Hern\u00e1ndez Ram\u00edrez frente a la sentencia del 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56347","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56347","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56347"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56347\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}