STC10242-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10242-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el pasado 21 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juli\u00e1n Fernando Cano Berm\u00fadez y Clara In\u00e9s Arroyave Ospina contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de enriquecimiento sin causa distinguido con radicaci\u00f3n 2016-00519. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en causa propia, acudieron al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la vivienda\u2026 a la dignidad, tranquilidad y buen nombre\u2026 respeto a la mujer, adolescencia y adulto mayor, a la privacidad, al buen acceso a la justicia, a las garant\u00edas procesales [SIC]\u00bb. <\/p>\n
2. Del fallo de primer grado se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes1: <\/p>\n
2.1 \u00d3scar Fernando G\u00f3mez Mej\u00eda promovi\u00f3 un proceso contra los aqu\u00ed accionantes buscando la declaratoria de enriquecimiento sin causa, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado. <\/p>\n
2.2. En el transcurso de la actuaci\u00f3n, los demandados solicitaron la nulidad de porque, seg\u00fan dicen, no fueron correctamente notificados de la admisi\u00f3n de la demanda, petici\u00f3n denegada con auto de 20 de febrero de 2019, ratificada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn 20 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2.3. Cumplido el tr\u00e1mite procesal de rigor, en audiencia del pasado 2 de julio se emiti\u00f3 fallo estimatorio contra el cual no se interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Los accionantes consideran que en la actuaci\u00f3n se cometieron irregularidades en cuanto a la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la demanda y su vinculaci\u00f3n al proceso, al tiempo que el amparo de pobreza con que contaban les fue retirado de forma an\u00f3mala y se dict\u00f3 sentencia que adolece de defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3. Solicitan, en consecuencia, \u00abque se nos restituya y respete el derecho que nos hab\u00edan concedido en amparo de pobreza\u2026 que se nos proteja el derecho a la vivienda, al buen nombre y a la vida, etc\u2026 que se nos respete el derecho al debido proceso y el derecho a la igualdad en juicio y acceso a la justicia [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho convocado se limit\u00f3 a remitir, en formato digital, el expediente sobre el que versa la queja, sin realizar manifestaci\u00f3n en torno a los fundamentos de la demanda de tutela. <\/p>\n
2. \u00d3scar Fernando G\u00f3mez Mej\u00eda, demandante en el asunto objeto de escrutinio, resalt\u00f3 que en dicha actuaci\u00f3n no ha existido irregularidad alguna pues el juzgado garantiz\u00f3 el respeto por las garant\u00edas supralegales de los convocantes al punto que \u00ables dio tiempo suficiente para que contrataran un abogado y no lo hicieron\u2026 el proceso\u2026 se adelant\u00f3 con los correspondientes saneamientos al inicio de cada [etapa] y hasta la sentencia no se observ\u00f3 causal alguna que pudiera generar nulidades\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 el amparo por cuanto \u00ablas determinaciones adoptadas por el juzgado en el proceso atacado\u2026 lejos de implicar violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes, se concluyen ajustadas a derecho y respetuosas no solo del procedimiento establecido por el legislador, sino de los principios superiores que buscan la obtenci\u00f3n de una tutela jurisdiccional efectiva\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes disintieron de la anterior determinaci\u00f3n, reiterando los planteamientos del libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas por los aqu\u00ed querellantes, dentro del proceso por enriquecimiento sin causa 2016-00519 en el que eran demandados, por una parte, con la emisi\u00f3n de la sentencia estimatoria del pasado 2 de julio y, por otra, al negar la nulidad planteada, mediante providencia de 20 de febrero de 2019, ratificada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 20 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, los actores acuden a esta especial herramienta procesal en procura de obtener la protecci\u00f3n de los derechos \u00aba la vivienda\u2026 a la dignidad, tranquilidad y buen nombre\u2026 respeto a la mujer, adolescencia y adulto mayor, a la privacidad, al buen acceso a la justicia, a las garant\u00edas procesales\u00bb que consideran vulnerados por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado en el proceso por enriquecimiento sin causa en el que fueron demandados, particularmente porque, pese a que en su criterio existieron irregularidades procesales, se emiti\u00f3 sentencia estimatoria el pasado 2 de julio, la que a su vez, consideran, adolece de defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En el caso que se revisa, advierte la Sala que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad, pues los promotores, en el proceso objeto del reproche constitucional, tuvieron a su alcance la herramienta de defensa judicial id\u00f3nea para plantear el debate que exponen por esta v\u00eda excepcional, pero la desaprovecharon. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que Juli\u00e1n Fernando Cano Berm\u00fadez y Clara In\u00e9s Arroyave Ospina bien pudieron haber hecho uso del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo que les result\u00f3 desfavorable, de conformidad con los art\u00edculos 320 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, no realizaron manifestaci\u00f3n alguna, con lo que mostraron su aquiescencia con lo resuelto. <\/p>\n
De tal manera, la decisi\u00f3n de la colegiatura a quo de no acceder al amparo reclamado result\u00f3 acertada, pero no por las razones esbozadas en el fallo impugnado, sino porque la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o desperdiciadas y menos para reponer t\u00e9rminos fenecidos, pues en el caso particular, era el recurso vertical el instrumento adecuado para poner en conocimiento de la instancia superior las presuntas \u00abirregularidades\u00bb detectadas en el tr\u00e1mite ordinario, ya fueran aquellas referidas a la indebida notificaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite, ora la culminaci\u00f3n del amparo de pobreza y los supuestos yerros en la valoraci\u00f3n probatoria, y no a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n que se caracteriza por ser excepcional. <\/p>\n
Lo dicho para significar que, cuando les es atribuible a los interesados la omisi\u00f3n en el ejercicio de las herramientas procesales de defensa consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico, quedan inevitablemente vinculados a las consecuencias de las decisiones que les fueron adversas, en tanto tal resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Huelga anotar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed pues, para esta Corporaci\u00f3n, la no utilizaci\u00f3n del recurso referido en precedencia, torna inviable la presente acci\u00f3n de tutela, por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 habida consideraci\u00f3n que, como jurisprudencialmente se tiene decantado, uno de los presupuestos de procedibilidad del amparo supralegal es el agotamiento de todos los medios de defensa, comoquiera que la salvaguarda no es una instancia adicional o paralela y menos un instrumento para rescatar oportunidades desperdiciadas por el descuido de las partes. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar por la incuria revelada pues, a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos dejados de utilizar por los interesados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las puntuales razones indicadas en este prove\u00eddo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la sala a quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Se extractan del fallo de primer grado, comoquiera que el escrito de tutela remitido en formato digital se encuentra incompleto. <\/p>\n
<\/p>\n
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