STC10245-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC10245-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76111-22-13-000-2021-00133-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, el pasado 16 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ligia, Blanca Lucy, Lenys, Mar\u00eda Laddy, Liber Andres y Lisbeth Fanny Garay Valderrama contra el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Sevilla (Valle del Cauca), tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil Municipal de la misma poblaci\u00f3n y las partes e intervinientes en el proceso verbal de nulidad de contrato de compraventa n\u00b0. 2019-00093. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, actuando en su propio nombre1, acudieron a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Dijeron que Blanca Lucy Garay Valderrama, en calidad de guardadora general de Mar\u00eda Donelia Valderrama Sabogal promovi\u00f3 demanda de nulidad absoluta de contrato de compraventa protocolizado en la escritura p\u00fablica 327 de 15 de junio de 2015 de la Notar\u00eda \u00danica de Caicedonia, contra M\u00f3nica Marcela Fajardo, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil Municipal de Sevilla, despacho que, luego de agotadas las respectivas etapas procesales, profiri\u00f3 fallo desestimatorio el 29 de agosto de 2019, al declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abconcurrencia plena de los requisitos legales en la obligaci\u00f3n contractual\u00bb. <\/p>\n
Sostuvieron que, contra la anterior determinaci\u00f3n, la demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, resuelto por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de la misma poblaci\u00f3n, el pasado 3 de febrero en el sentido de confirmar la providencia de primer grado. <\/p>\n
3. Finalmente y sin formular pretensi\u00f3n concreta, acusan las decisiones de instancia de adolecer de \u00abdefecto f\u00e1ctico\u2026 pues se apoyaron\u2026 en elementos materiales probatorios de escaso valor probatorio frente a otros existentes en el proceso que con un simple an\u00e1lisis por lo menos indiciario pod\u00edan desestimar la postura de la parte demandada [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular de la c\u00e9lula judicial convocada se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto \u00abobr\u00f3 conforme a derecho, revisando las pruebas y alegatos de ambas partes\u00bb sin que la inconformidad de alguna de ellas con lo decidido implique arbitrariedad de su parte. <\/p>\n
2. La Juez Civil Municipal de Sevilla, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en primera instancia, pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n suplicada habida consideraci\u00f3n que la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 estuvo soportada en los medios de convicci\u00f3n allegados v\u00e1lidamente al tr\u00e1mite y garantiz\u00f3 el respeto de los derechos fundamentales de las partes, al tiempo que lo pretendido por los ac\u00e1 gestores es convertir la acci\u00f3n de tutela en una instancia adicional para \u00ababrir paso a un tercer debate sobre situaciones que fueron alegadas, controvertidas y objeto de estudio y an\u00e1lisis\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Promiscuo de Familia de la misma municipalidad confirm\u00f3 que en ese despacho cursaron procesos de inhabilitaci\u00f3n judicial e interdicci\u00f3n por discapacidad mental promovidos por los aqu\u00ed accionantes respecto de Mar\u00eda Donelia Valderrama Garay, que terminaron, el primero por desistimiento aceptado con auto de 19 de agosto de 2015 y, el segundo con sentencia estimatoria de 22 de marzo de 2017. <\/p>\n
4. El Juez Promiscuo Municipal de Caicedonia manifest\u00f3 abstenerse de \u00abprodigar alg\u00fan pronunciamiento\u00bb frente a la presente queja constitucional comoquiera que \u00aben momento alguno ha proferido decisi\u00f3n\u2026 en relaci\u00f3n directa con los motivos de inconformidad planteados por las personas accionantes\u00bb. <\/p>\n
5. Finalmente la coordinadora de la Unidad de Fiscal\u00edas de Sevilla y Caicedonia dio cuenta de una indagaci\u00f3n penal por el delito de violencia intrafamiliar denunciado por Mar\u00eda Donelia Valderrama de Garay y M\u00f3nica Marcela Fajardo contra los aqu\u00ed promotores, que finaliz\u00f3 y archiv\u00f3 por conciliaci\u00f3n llevada a cabo el 6 de agosto de 2015. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Buga deneg\u00f3 por improcedente el resguardo, b\u00e1sicamente, porque lo pretendido por los accionantes es transformar la acci\u00f3n de tutela en \u00abuna instancia revisora de la actividad de evaluaci\u00f3n probatoria del juez\u00bb pues los \u00abmotivos de inconformidad que relacionan en el escrito de tutela, corresponden casi en su totalidad a los reparos hechos ante el juez de segunda instancia y que fueron debidamente analizados y valorados uno a uno, exponiendo las razones por las cuales no eran de recibo para demostrar la causa que pretend\u00edan\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores disintieron de la anterior determinaci\u00f3n aduciendo que \u00abno estudiaron el tema de los indicios parte central de la tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por los quejosos dentro del proceso verbal de nulidad de contrato de compraventa 2019-00093 promovido contra M\u00f3nica Marcela Fajardo, al confirmar la providencia por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Lo anterior, porque en decir de los accionantes, \u00abhubo un defecto f\u00e1ctico por parte de los se\u00f1ores jueces pues se apoyaron para su sentencia en elementos materiales probatorios de escaso valor probatorio frente a otros existentes en el proceso que con un simple an\u00e1lisis por lo menos indiciario pod\u00edan desestimar la postura de la parte demandada [sic]\u00bb <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Efectuado el estudio pertinente a los argumentos de la presente salvaguarda y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, es preciso indicar, desde ya, que se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pues no se observa la vulneraci\u00f3n alegada por los promotores, comoquiera que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura emerge coherente, razonable, motivada y fundada no solo en los medios de convicci\u00f3n allegados, sino tambi\u00e9n en las disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto. <\/p>\n
En efecto, en la sentencia de segunda instancia, por medio de la cual se confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de las pretensiones, el juzgado ad quem, luego de hacer un breve recuento de la actuaci\u00f3n procesal surtida y de rememorar lo que la doctrina ha dicho respecto de la nulidad absoluta de los contratos, abord\u00f3 el estudio del asunto sometido a su escrutinio, de cara a los medios de prueba aportados, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De los anteriores documentos se puede decir que los mismos resultan ser carentes de valor probatorio en el sentido de que lo pretendido por activa era demostrar que la se\u00f1ora Mar\u00eda Donelia Valderrama de Garay, al momento de suscribir la escritura p\u00fablica No. 327 de 12 de junio de 2015, no se encontraba en uso de sus facultades mentales y, por consiguiente, no ten\u00eda la capacidad de contraer obligaciones y que por tales circunstancias, el contrato de compraventa de bien inmueble protocolizado en el instrumento p\u00fablico antes descrito, se encontraba viciado en el consentimiento. <\/p>\n
Al realizar un estudio de las pruebas antes mencionadas, no se logra determinar dictamen m\u00e9dico o decisi\u00f3n judicial que determine que la se\u00f1ora Valderrama no estuviera en uso de sus facultades mentales. Se puede observar que se hab\u00eda adelantado un proceso por inhabilidad provisional en el cual solo se decret\u00f3 una medida cautelar, la cual fuera el nombramiento de la se\u00f1ora Ligia Garay como consejera provisional. <\/p>\n
(\u2026) no observ\u00f3 prueba alguna sobreviniente que llevara a formar un convencimiento jur\u00eddico y probatorio, con razonabilidad suficiente a este funcionario, ni que haya dejado pasar por alto el a quo que pueda darle un giro inesperado al presente proceso; cuando, se reitera que, no se allegaron las suficientes pruebas por activa a fin de demostrar la verdadera incapacidad absoluta e interdicci\u00f3n por tal motivo de la se\u00f1ora Mar\u00eda Donelia Valderrama de Garay al momento de suscribir el contrato de compraventa (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se ocup\u00f3 del an\u00e1lisis cr\u00edtico de los reparos concretos formulados contra la determinaci\u00f3n de primer grado, se\u00f1alando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 1. Indebida apreciaci\u00f3n probatoria\u2026 durante todo el tr\u00e1mite\u2026 el a quo vel\u00f3 por cada una de las garant\u00edas procesales de las partes y el mismo se ritu\u00f3 en debida manera\u2026 cuando el togado afirma que por el hecho de que un notario exprese que una persona es h\u00e1bil con ello se da por sentado que la persona es capaz\u2026 est\u00e1 despreciando lo estipulado en la ley cuando esta faculta a los notarios a dar por ciertos los hechos que se le presenten ante s\u00ed y a dar fe de autenticidad y legalidad a todos los negocios jur\u00eddicos que se tramiten por v\u00eda notarial\u2026 la anotaci\u00f3n hecha por la se\u00f1ora notar\u00eda \u00fanica del municipio de Caicedonia\u2026 la cual denomin\u00f3 \u201cdeclaraciones importantes\u201d, es prueba suficiente para determinar que, al momento de la protocolizaci\u00f3n del contrato de compraventa, la se\u00f1ora Valderrama se encontraba completamente consciente del negocio jur\u00eddico (\u2026) <\/p>\n
2. Mal manejo probatorio de parte del juzgado que no esper\u00f3 los resultados de pruebas decretadas oportunamente\u2026 las pruebas aportadas para demostrar el estado mental en que se encuentra la se\u00f1ora Mar\u00eda Doney [sic]\u2026 fueron anexadas con fechas previas al dictamen de la sentencia de primera instancia, incluso con algunos meses de anterioridad y las mismas son muy claras al determinar la fecha en la cual se dio la p\u00e9rdida absoluta de la capacidad, esto es un a\u00f1o y algunos meses aproximadamente, es decir, seg\u00fan el concepto m\u00e9dico-psiqui\u00e1trico\u2026 esta patolog\u00eda llevaba aproximadamente un a\u00f1o de manifestaci\u00f3n, es decir, se empezaron a manifestar los primeros s\u00edntomas alrededor del mes de octubre de 2015 y la misma prueba no logra por s\u00ed misma, demostrar que para la fecha de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa, esto es el 12 de junio de 2015, la se\u00f1ora Valderrama ya se encontraba en estado absoluto de incapacidad por demencia. <\/p>\n
3. El fallo es equivocado cuando afirma que existe orfandad probatoria e incuria de la parte demandante en la recolecci\u00f3n de las pruebas\u2026 el fallo se dict\u00f3 conforme a derecho, toda vez que la parte demandante era quien ten\u00eda la obligaci\u00f3n de aportar las pruebas que llevaran al juez de primera instancia al convencimiento suficiente y razonable (\u2026) <\/p>\n
4. Indebida aplicaci\u00f3n de\u2026 la Ley 1306 de 2009 y falta de valoraci\u00f3n probatoria de los procesos judiciales de interdicci\u00f3n (\u2026) fue solo hasta el\u2026 8 de octubre de 2016 que existi\u00f3 un dictamen m\u00e9dico id\u00f3neo que diera cuenta del estado mental de la misma al momento de la valoraci\u00f3n y no pod\u00eda el a quo, por capricho, retrotraer ese diagn\u00f3stico a la fecha de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa\u2026 las pruebas aportadas y las decretadas de oficio no lograron ubicar la p\u00e9rdida de la capacidad legal de la se\u00f1ora\u2026 al momento de la firma del contrato de compraventa (\u2026). <\/p>\n
Frente a los restantes cuestionamientos, relativos a la indebida apreciaci\u00f3n del material de convicci\u00f3n obrante, recalc\u00f3 que los aportados por la parte demandante, conforme a la carga establecida en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, no resultaron ser id\u00f3neos para demostrar que al momento de la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico vertido en la escritura p\u00fablica 327 de 12 de junio de 2015, Mar\u00eda Donelia Valderrama de Garay carec\u00eda de capacidad legal para obligarse, siendo que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la p\u00e9rdida de la capacidad mental absoluta de la se\u00f1ora Valderrama, solo se estructur\u00f3 a partir del d\u00eda 8 de octubre de 2019 y que para la fecha 12 de junio de 2015, est\u00e1 a\u00fan gozaba de sus facultades mentales y estaba en capacidad de decidir sobre sus derechos patrimoniales\u2026 situaci\u00f3n que\u2026 permite afirmar\u2026 que tanto la decisi\u00f3n de dar prosperidad a la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada concurrencia plena de los requisitos legales en la obligaci\u00f3n contractual, como la de denegar las pretensiones de la demanda\u2026 fueron coherentes, basadas en pruebas razonables y debidamente fundadas (\u2026)\u00bb <\/p>\n
3.2. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
En cuanto a la afirmaci\u00f3n de los promotores referente a la indebida apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n realizada por la autoridad judicial querellada, es preciso indicar que la herramienta supralegal no es el instrumento adecuado para atacar el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis de los jueces ordinarios, puesto que tal actividad encuentra soporte en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Este instrumento no es una instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario y a \u00e9l no es dable acudir para censurar la forma en que el juzgador estim\u00f3 las pruebas llevadas a su conocimiento, menos aun cuando los supuestos errores no pasan de ser \u2013como en este caso\u2013 meras discrepancias, pues ante la divergencia en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n habr\u00e1 de preferirse la realizada por la autoridad jurisdiccional, por estar cobijada por la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
Admitir la postura de los querellantes implicar\u00eda una nueva revisi\u00f3n de instancia que har\u00eda alejarse al juez de amparo de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, situaci\u00f3n que no puede ser prohijada por esta Corporaci\u00f3n, pues pac\u00edficamente se ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01) <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. La providencia objeto de escrutinio no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, en tanto contiene un criterio razonable y ponderado y, <\/p>\n
4.2. No es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica del funcionario cognoscente, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo resuelto a las partes y a la sala a quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Blanca Lucy Garay Valderrama act\u00faa, adem\u00e1s, en representaci\u00f3n de Mar\u00eda Donelia Valderrama Sabogal, dada su condici\u00f3n de guardadora general. <\/p>\n
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