STC10246-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10246-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-000-2021-00128-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mar\u00eda Liliana Mar\u00edn de Ospina frente a la sentencia del 13 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, extensiva a los intervinientes en los ejecutivos acumulados con radicado n\u00b0 76-520-31-03-001-2018-00140-00 y 76-520-31-03-005-2018-00092-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. De los hechos de la tutela se extrae que la gestora aspir\u00f3 a dejar sin efecto lo actuado en el pleito cuestionado a partir del 7 de diciembre de 2020. <\/p>\n
En sustento adujo ser ejecutada en el coactivo fustigado y solicitante del tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante que impetr\u00f3 ante \u00abel centro de conciliaci\u00f3n y arbitraje Asopropaz\u00bb. Critic\u00f3 que el juzgado accionado adelantara la audiencia de remate (9 dic. 2021) sin tener en cuenta que el procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas fue aceptado \u00aba partir del 7 de diciembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
Se doli\u00f3 del auto que aprob\u00f3 el remate (28 ene. 2021) y de la decisi\u00f3n que lo confirm\u00f3 (15 mar. 2021), tambi\u00e9n desaprob\u00f3 que no se hubiese concedido la respectiva apelaci\u00f3n subsidiaria. Censur\u00f3, adem\u00e1s, haberse denegado (15 mar. 2021) su solicitud de nulidad fundada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 545 del C\u00f3digo General del Proceso. Repar\u00f3 en que el juzgado se abstuviera de \u00absuspender\u00bb el proceso (27 abr. 2021) a pesar de la \u00abenfermedad\u00bb de su apoderado y, finalmente, reproch\u00f3 la forma en que se le han notificado las providencias judiciales de la contienda. <\/p>\n
2. El Juzgado indic\u00f3 que la audiencia de remate tuvo lugar a primera hora del d\u00eda en que se acept\u00f3 el tr\u00e1mite de insolvencia, en tal sentido considera que la eventual nulidad debi\u00f3 ser alegada antes de la adjudicaci\u00f3n conforme al art\u00edculo 455 ibidem. En lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de sus actos. <\/p>\n
Bancomeva S.A. se\u00f1al\u00f3 que no le asiste el deber de pronunciamiento dada la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que efect\u00fao el 30 de julio de 2019. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar que la accionante no recurri\u00f3 \u00abel auto que neg\u00f3 la solicitud de nulidad\u00bb. Predic\u00f3 que las dem\u00e1s decisiones adoptadas no develaron \u00abrelevancia constitucional\u00bb ni \u00abel defecto procedimental endilgado por la tutelante\u00bb <\/p>\n
4. La recurrente impugn\u00f3 y anunci\u00f3 su sustentaci\u00f3n ante esta Corporaci\u00f3n, sin embargo, a la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se recibi\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado, aunque por razones adicionales a las all\u00ed expuestas. Ciertamente algunos reparos se frustran bien por falta de subsidiariedad o por inmediatez, y otros carecen de demostraci\u00f3n de una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. En lo que respecta a la audiencia de remate, de la cual deriva la gestora la lesi\u00f3n a sus prerrogativas, es evidente la falta de inmediatez en la interposici\u00f3n del resguardo, como quiera que desde la \u00e9poca de la vista p\u00fablica (9 dic. 2020) hasta la interposici\u00f3n del amparo (29 jun. 2021) han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. No en vano, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la improcedencia del auxilio se torna evidente, pues como en casos similares se ha dicho, \u00abno se entiende por qu\u00e9 si la amenaza o violaci\u00f3n del derecho era tan perentoria, no se acudi\u00f3 al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamaci\u00f3n constitucional contra una providencia judicial, puede afectar adem\u00e1s el principio de seguridad jur\u00eddica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb (Sentencia T-879 de 2012 reiterado SU184\/19) (resaltado de ahora). <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la censura por haber aprobado el remate (28 ene. 2021) que se celebr\u00f3 el 9 de diciembre de 2020 y despachar desfavorablemente la respectiva reposici\u00f3n (15 mar. 2021), cuya inconformidad fue fundada en la presunta nulidad de lo actuado como consecuencia de la aceptaci\u00f3n del tr\u00e1mite de insolvencia \u00aba partir del 7 de diciembre de 2020\u00bb, se otea que la autoridad accionada tomo tal decisi\u00f3n fincada en los siguientes argumentos: <\/p>\n
(\u2026) lo cierto es que el acta de admisi\u00f3n del mentado tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural adelantado por la se\u00f1ora MARIA LILIANA MARIN DE OSPINA, aun cuando en su cuerpo diga que se admite a partir del 7 de diciembre de 2020, la fecha del acta es de diciembre 9 de 2020, misma fecha en que se efectu\u00f3 la diligencia de remate y adjudicaci\u00f3n, con lo cual estar\u00edamos ante una disyuntiva, que habr\u00eda de entrar a debatir estableciendo la hora de emisi\u00f3n de cada actuaci\u00f3n para poder establecer cual fue primero, pues lo que dice el art\u00edculo 548 del CGP, es que, el juez realizar\u00e1 el control de legalidad y dejar\u00e1 sin efecto cualquier actuaci\u00f3n que se haya adelantado con posterioridad a la aceptaci\u00f3n, vale precisar que la diligencia de remate se inici\u00f3 a primera hora de dicha calenda. <\/p>\n
Y es que, adem\u00e1s, las reglas del art\u00edculo 455 ib\u00eddem son bastante claras, pues se precisa que; \u201cLas irregularidades que puedan afectar la validez del remate se consideraran saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n y las solicitudes de nulidad que se formulen despu\u00e9s de esta, no ser\u00e1n o\u00eddas\u201d, evidenci\u00e1ndose que la diligencia de remate se realiz\u00f3 el 9 de diciembre de 2020 a primera hora de la ma\u00f1ana, adjudic\u00e1ndose el bien en el mismo acto al cesionario JORGE IVAN RODRIGUEZ ENCINALES, sin que se hubiere formulado de manera oportuna la nulidad alegada, pues se hizo el 3 de febrero de 2021 ante la publicidad del auto aprobatorio de remate. <\/p>\n
En merito a lo expuesto, se denegar\u00e1n las solicitudes de nulidad de lo actuado en el proceso y el recurso de reposici\u00f3n contra el auto aprobatorio de remate. <\/p>\n
Sin lugar a conceder el recurso de alzada interpuesto en forma subsidiaria al de reposici\u00f3n, por cuanto el auto que aprueba el remate no aparece como susceptible de tal remedio en el art. 321 del CGP. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que la decisi\u00f3n fustigada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que la encartada desarroll\u00f3 en consideraci\u00f3n a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y normativa que le fue expuesta y sobre la cual efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico, lo que la llev\u00f3 a concluir que, para la \u00e9poca en que se acept\u00f3 el proceso de insolvencia, ya hab\u00eda sido efectuada la adjudicaci\u00f3n del predio que constitu\u00eda la garant\u00eda del ejecutivo, por lo que no hab\u00eda lugar a la aludida nulidad y, por ende, se impon\u00eda el fracaso de la reposici\u00f3n interpuesta; lo anterior, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
4. De otra parte, frente a las censuras consistentes en que el querellado i). no concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 el remate, ii). deneg\u00f3 la solicitud de nulidad y iii). se abstuvo de decretar la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb del proceso por \u00abenfermedad\u00bb del apoderado de la promotora, es ostensible la falta de subsidiariedad como quiera que no se interpuso oportunamente el recurso de queja contra la decisi\u00f3n de denegar la alzada, tampoco se acudi\u00f3 tempestivamente a impugnar las resultas de la nulidad y, mucho menos, se otea que se haya recurrido la determinaci\u00f3n relativa a la par\u00e1lisis del juicio por la alegada patolog\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed, queda expuesta la desidia frente al uso adecuado de los mecanismos de defensa ordinarios otorgados por el legislador para la defensa de los derechos que por esta senda se enarbolaron. Sobre el particular se tiene decantado que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que respecta a que \u00abla notificaci\u00f3n de los autos recientes no se hizo conforme lo estipula la Ley, lo cual configura una vulneraci\u00f3n al debido proceso\u00bb, una vez revisado el expediente y la base de datos p\u00fablica de consulta de procesos de la Rama Judicial, se observa que la promotora no ha acudido ante la autoridad accionada a exponer la indebida notificaci\u00f3n de la que se duele directamente por este excepcional tr\u00e1mite ius fundamental, de lo que se impone la improcedencia del resguardo, tambi\u00e9n por falta de subsidiariedad. De all\u00ed que la libelista aun cuente con herramientas id\u00f3neas para la materializaci\u00f3n de los derechos que alega. No en vano, se tiene dicho que: <\/p>\n
(\u2026) para la procedencia de la salvaguarda, es necesario que el impulsor carezca de otras herramientas para conjurar el agravio, entre ellas, el proceso, medio por excelencia. Entonces, no ser\u00e1 dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de atacar las actuaciones que combate, <\/p>\n
Como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u2019\u00bb (CSJ STC6908-2020 citada en STC8626-2020, CSJ STC12050-2020, CSJ STC3166-2021, STC4304-2021 entre otras) <\/p>\n
6. En definitiva, como quiera que la actora i). no impetr\u00f3 el auxilio oportunamente frente a la diligencia de remate acusada, ii). no recurri\u00f3 los autos que denegaron su apelaci\u00f3n, nulidad y solicitud de suspensi\u00f3n del proceso, iii). no demostr\u00f3 haber acudido ante el juez natural a exponer su presunta indebida notificaci\u00f3n, y iv). no demostr\u00f3, ni se colige, que las decisiones adoptadas luzcan caprichosas, antojadizas o abiertamente contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, no queda alternativa diferente a confirmar el desenlace impugnado, por las razones que aqu\u00ed se expusieron. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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