STC10247-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10247-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00196-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 2 de junio de 2021 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en la acci\u00f3n de tutela que \u00d3scar Fernando Aponte Pinz\u00f3n le instaur\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Familia y a la Comisar\u00eda de Familia, ambos de La Mesa, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el decurso n\u00b0 2056-2010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor solicit\u00f3 declarar la nulidad del \u00abincidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n\u00bb y, en consecuencia, ordenar a la Comisar\u00eda de Familia la terminaci\u00f3n del proceso y archivo del expediente. <\/p>\n
Despu\u00e9s de una lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de los anexos del paginario, quedan evidenciadas las siguientes premisas f\u00e1cticas: <\/p>\n
La Comisaria de Familia de La Mesa decret\u00f3 medida de protecci\u00f3n definitiva en contra del accionante y en favor de Yerly Constanza G\u00f3mez Moreno y su hijo menor (26 mar. 2010), diligencia a la que aquel no asisti\u00f3, de ah\u00ed que, recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y solicit\u00f3 su anulaci\u00f3n (5 abr.), s\u00faplica que fue denegada (16 abr.). <\/p>\n
Yerly Constanza G\u00f3mez Moreno present\u00f3 solicitud de incumplimiento ante la Comisaria de Familia del CAPIV de Bogot\u00e1 por los hechos ocurridos el 14 agosto de 2020, autoridad administrativa que remiti\u00f3 por competencia el dossier a su hom\u00f3loga en La Mesa (19 ago. 2020), qui\u00e9n tramit\u00f3 la medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
La Comisaria de La Mesa en la diligencia de descargos con asistencia del quejoso y su apoderada (10 dic. 2020), decret\u00f3 pruebas, suspendi\u00f3 y reprogram\u00f3 la actuaci\u00f3n para el 27 de enero del presente a\u00f1o, data donde se declar\u00f3 el incumplimiento de la medida por parte del libelista e impuso multa de cinco (5 smmlv), decisi\u00f3n que fue confirmada en consulta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Familia (16 feb.) <\/p>\n
Replic\u00f3 que las autoridades convocadas vulneraron sus prerrogativas fundamentales por: i) indebida notificaci\u00f3n de la data cuando se practic\u00f3 la audiencia de descargos; ii) incumplir los t\u00e9rminos para decidir el incidente por desacato; iii) no realizar seguimiento a la medida de protecci\u00f3n; iv) la incompetencia de la psic\u00f3loga para realizar la entrevista al menor; v) no completar el recaudo de las pruebas de oficio, ya que el CAI del barrio Gal\u00e1n solicit\u00f3 ampliaci\u00f3n de la informaci\u00f3n para buscar los datos requeridos por la Comisar\u00eda, pero \u00e9sta no se los brind\u00f3 y; vi) err\u00f3nea valoraci\u00f3n probatoria, puesto que no se investig\u00f3 la relaci\u00f3n que existi\u00f3 entre las partes a lo largo de los 10 a\u00f1os. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que se desconoci\u00f3 el Decreto 806 de 2020 por exigir su desplazamiento hasta el municipio de La Mesa a pagar la multa, sin tener en la cuenta la situaci\u00f3n de emergencia sanitaria, y que la sanci\u00f3n es desproporcionada por no haber prueba de la reiteraci\u00f3n de los hechos que originaron la medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia y la Comisar\u00eda de Familia, ambos de La Mesa, defendieron la legalidad de la actuaci\u00f3n, am\u00e9n de recalcar la ausencia de vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, por cuanto el actor tuvo a su alcance los mecanismos ordinarios de defensa para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
3. El a-quo desestim\u00f3 el ruego por incumplir el presupuesto de subsidiariedad y por considerar razonables las decisiones atacadas, lo primero porque <\/p>\n
(\u2026) la actuaci\u00f3n surtida evidencia que habiendo acudido al tr\u00e1mite a trav\u00e9s de apoderado judicial el 2 de diciembre de 2020 y participado en el adelantamiento del incidente hasta su culminaci\u00f3n con la sanci\u00f3n impuesta en audiencia de diciembre 10 de 2020, ning\u00fan reparo elev\u00f3 all\u00ed respecto de las inconformidades que ahora trae al juez constitucional, de donde se desprende que la tutela la ejerce no por carecer de mecanismos ordinarios de protecci\u00f3n para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, sino por no haberlos ejercido oportunamente. <\/p>\n
Y lo segundo por cuanto <\/p>\n
(\u2026) La revisi\u00f3n del expediente, permite determinar que la decisi\u00f3n de las autoridades cuestionadas de imponer sanci\u00f3n por desacato a la medida de protecci\u00f3n definitiva y confirmarla en consulta, no vulnera los derechos fundamentales del accionante, pues a ella se lleg\u00f3 tras un an\u00e1lisis razonado, proporcional y ajustado a las reglas de la l\u00f3gica y la sana cr\u00edtica en relaci\u00f3n con las declaraciones recibidas, el informe de psicolog\u00eda rendido, la prueba de oficio recolectada y los descargos del interesado. <\/p>\n
4. \u00d3scar Fernando Aponte Pinz\u00f3n se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego de \u00d3scar Fernando Aponte Pinz\u00f3n debe desestimarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmada la providencia opugnada, aunque por no suplir el presupuesto de subsidiariedad que impone a quien se crea lesionado en sus derechos fundamentales agotar con antelaci\u00f3n los instrumentos ordinarios que contempla el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Se afirma lo anterior porque una vez revisado el expediente materia de escrutinio, se corrobor\u00f3 que el actor no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para alcanzar lo aqu\u00ed pretendido, de ah\u00ed que emerja su incuria, ya que dej\u00f3 de utilizar en la oportunidad procesal correspondiente el mecanismo id\u00f3neo para exponer la indebida notificaci\u00f3n de los prove\u00eddos que fijaron las fechas para la pr\u00e1ctica de las audiencias de descargos; medio de protesta que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
Igual surte corren los reproches de: i) incumplimiento de los t\u00e9rminos para resolver el incidente; ii) falta de seguimiento de la medida protecci\u00f3n; iii) incompetencia de la psic\u00f3loga para realizar la entrevista al menor; iv) ausencia de pr\u00e1ctica de la prueba de oficio dirigida a obtener la informaci\u00f3n del CAI del barrio Gal\u00e1n y; v) la omisi\u00f3n de investigaci\u00f3n sobre la relaci\u00f3n que exist\u00eda entre las partes. Toda vez que esas cr\u00edticas no las puso en conocimiento a la Comisaria de Familia de La Mesa en desarrollo de las diligencias de 10 de diciembre de 2020 y 27 de enero de 2021. Por consiguiente, omiti\u00f3 provocar un pronunciamiento de la autoridad administrativa sobre los reproches que ahora sustentan este reclamo, torn\u00e1ndose evidente el irrespeto a la residualidad que impera en esta materia, lo que genera el decaimiento de las s\u00faplicas del censor. <\/p>\n
En ese sentido la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones… que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado en STC3512-2015, 26 mar. 2015). <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a un presunto desconocimiento de los par\u00e1metros del Decreto 806 de 2020, debido a su desplazamiento al municipio de La Mesa para realizar el pago de la multa impuesta sin tener en cuenta la emergencia sanitaria, cabe observar que, tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por cuanto no obra medio alguno en el dossier que acredite que haya elevado petici\u00f3n a la Comisar\u00eda de Familia y\/o la Tesorer\u00eda Municipal en orden a disponer de otro canal o plataforma para la cancelaci\u00f3n del importe de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Basten estos breves razonamientos para convalidar la decisi\u00f3n confutada por ser evidente que no satisfizo la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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