STC10249-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10249-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2021-00141-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 15 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado de Familia de \u201cZ\u201d y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00ba 0000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por los convocados al no posibilitar el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas establecido dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que tras la separaci\u00f3n de hecho con su esposa \u201cB\u201d, \u00abdebido a problemas de convivencia que generaron denuncia por el delito de violencia intrafamiliar de manera rec\u00edproca entre los c\u00f3nyuges (\u2026), desde el d\u00eda 31 de enero de 2019 (\u2026) no ha tenido ninguna clase de contacto con su menor hija \u201cY\u201d\u00bb, lo cual dio lugar a que citada a la madre a conciliar custodia, visitas y alimentos ante la Comisar\u00eda de Familia de Pitalito, diligencia que se declar\u00f3 fracasada el 26 de marzo de 2019. <\/p>\n
Inform\u00f3 que en el marco del proceso incoado por el agotamiento de la conciliaci\u00f3n antes referida, mediante auto del 30 de septiembre de 2019 el Juzgado de Familia de \u201cZ\u201d estableci\u00f3 un r\u00e9gimen provisional de visitas del se\u00f1or \u201cA\u201d a su hija, quien para entonces contaba con 2 a\u00f1os de edad, y para ello \u00absolicit\u00f3 a la Coordinadora del ICBF Centro Zonal de \u201cX\u201d, la colaboraci\u00f3n para que pueda realizar dichas visitas a trav\u00e9s del personal asignado al equipo interdisciplinario de dicho centro zonal\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que mediante sentencia dictada el 28 de diciembre de 2020, se fij\u00f3 que el padre \u00abpuede visitar [a su hija] todos los lunes y viernes de la semana en horario de 4 a 5 de la tarde durante los dos primeros meses, en el sal\u00f3n social o zona de juegos del conjunto donde habita la menor con su madre, acompa\u00f1ado de un psic\u00f3logo del I.C.B.F. para que este gu\u00ede y aconseje al padre de la forma como debe darse el acercamiento a la menor\u00bb, y aunque increment\u00f3 el n\u00famero de horas y d\u00edas para los meses siguientes, mantuvo el acompa\u00f1amiento del profesional de psicolog\u00eda, se\u00f1alando que \u00abluego de transcurridos 8 meses, y de acuerdo al informe que se tenga por parte del ICBF se podr\u00e1n ampliar las visitas tiempo y otros espacios\u00bb, y requiri\u00f3 a la entidad para que \u00abactiven sus competencias y hagan un adecuado seguimiento del asunto\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 luego al ICBF por haber manifestado que dentro de sus competencias \u00abno se encuentra se\u00f1alada, de forma puntual, la de acompa\u00f1ar a una persona, los d\u00edas en que tiene visita con su hija, para guiarlo y\/o aconsejarlo como debe acercarse al menor\u00bb, por lo que \u00aba la fecha, con una sentencia en firme (\u2026) y aun cancelando juiciosamente las cuotas alimentarias pactadas (\u2026), no ha podido hacer efectivo su derecho a las visitas a su menor hija (\u2026), debido a que el ICBF Centro Zonal \u201cZ\u201d, manifiesta no contar con el personal ni con la obligaci\u00f3n legal de hacer efectivo el acompa\u00f1amiento para la visita\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que pese a los esfuerzos realizados para que el juzgado permita \u00abel acompa\u00f1amiento de una psic\u00f3loga externa\u00bb, y de las valoraciones que se han presentado para demostrar que \u00e9l no presenta alteraci\u00f3n negativa que afecte la relaci\u00f3n paterno filial, \u00absigue siendo persistente la inaplicabilidad de la sentencia que permiti\u00f3 las visitas, debido primeramente a la falta de voluntad de la madre, y segundo a la cantidad de falencias administrativas tanto del ICBF como el Juzgado de Familia de \u201cZ\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene \u00abal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (CZ \u201cZ\u201d) realizar el acompa\u00f1amiento de las visitas (\u2026), y se disponga rehacer toda la actuaci\u00f3n con el debido respeto de los principios y postulados constitucionales\u00bb a favor de la ni\u00f1a; igualmente, se ordene al juzgado \u00abgarantizar el cumplimiento de acceso a las visitas [del actor] a su menor hija [y] de no ser posible el acompa\u00f1amiento del ICBF, se garantice otro mecanismo que permita realizar[lo] para hacer efectivas las visitas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado de Familia de \u201cZ\u201d, adem\u00e1s de remitir el link con el expediente digital, relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso, destacando que tras recaudar las pruebas decretadas, el 28 de diciembre de 2020 dict\u00f3 sentencia fijando custodia, visitas y alimentos para la menor hija de las partes; que el 28 de mayo de 2021 solicit\u00f3 al ICBF \u00abdiera cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia (\u2026) y se diera apertura a proceso de restablecimiento de derechos en favor de la menor (\u2026), a causa que el se\u00f1or \u201cA\u201d no pod\u00eda ejercer su derecho de las visitas\u00bb. Por tanto, pidi\u00f3 \u00abdenegar la acci\u00f3n de tutela por cuanto este despacho judicial no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Defensor de Familia del IC.B.F. \u2013 Centro Zonal \u201cZ\u201d, luego de hacer un recuento sobre las actuaciones adelantadas por ese despacho y el equipo multidisciplinario en relaci\u00f3n con el caso bajo estudio, dijo que estas \u00abhan sido llevadas a cabo con la finalidad principal de garantizar, prevenir, sensibilizar, proteger y restablecer integralmente los derechos fundamentales de la ni\u00f1a y su familia\u00bb <\/p>\n
3. El Procurador Judicial II de Familia de \u201cN\u201d, conceptu\u00f3 que debido a las \u00abposiciones encontradas entre ambos progenitores (\u2026), a la menor de edad se le contin\u00faan vulnerando sus derechos al no permitir que comparta con su progenitor\u00bb, por tanto, consider\u00f3 que \u00abexiste la necesidad de tutelar los derechos fundamentales de la menor de edad, ante los reiterados incumplimientos por parte de la progenitora [y] estudiar la posibilidad de ordenar que a trav\u00e9s del equipo psicosocial, se brinde atenci\u00f3n terap\u00e9utica al grupo familiar, en la b\u00fasqueda de alternativas para el manejo de las situaciones descritas, fortaleciendo factores de generatividad y atenuando factores de vulnerabilidad, que lleven a resolver las desavenencias (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo frente al Juzgado Promiscuo de Familia de Pitalito, al considerar que la reglamentaci\u00f3n de visitas bajo la supervisi\u00f3n de un psic\u00f3logo del ICBF, se ajusta al caso analizado y es acorde a derecho, no obstante, lo concedi\u00f3 respecto del mencionado instituto, porque en su sentir, los funcionarios de la seccional \u201cZ\u201d no han actuado con la diligencia que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico para proteger los derechos de la menor involucrada en el asunto cuestionado, en particular, al \u00abnegarse a cumplir cabalmente el mandato judicial que se le dio mediante fallo del 28 de diciembre de 2020\u00bb. Por consiguiente, orden\u00f3 al ICBF que en el t\u00e9rmino de 48 horas \u00abproceda a dar cumplimiento a la orden contenida en los numerales segundo y tercero de la sentencia del 28 de diciembre de 2020 (\u2026), debiendo en consecuencia designar la persona con el perfil profesional dispuesto en el aludido fallo para que realice el acompa\u00f1amiento necesario en aras a garantizar el v\u00ednculo paterno filial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el Defensor de Familia del ICBF, aduciendo que no es procedente el cumplimiento de las visitas bajo el acompa\u00f1amiento ordenado, porque seg\u00fan el \u00abManual Espec\u00edfico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleados de la Planta de Personal [el] prop\u00f3sito principal [es] adelantar acciones propias de su profesi\u00f3n seg\u00fan lo requiera el servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y a los lineamientos trazados por la Direcci\u00f3n General, con el fin de contribuir al logro de los prop\u00f3sitos y el cumplimiento de la misi\u00f3n institucional\u00bb. Tambi\u00e9n, que dentro de las \u00abfunciones esenciales (\u2026), no se encuentra establecido que el profesional de Psicolog\u00eda deba trasladarse en horario h\u00e1bil, por fuera del Centro Zonal (\u2026), con el fin de guiar y aconsejar a un usuario, de la forma como debe llevar a cabo un acercamiento con su hija [y que] la orden impartida por el Juzgado, resulta ser contraria a los Lineamientos T\u00e9cnicos que se tiene establecido por el ICBF para la atenci\u00f3n de los Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes con derechos amenazados y\/o vulnerados; dentro del cual se establece que la atenci\u00f3n pretendida, debe ser adelantada dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, tras destacar que la entidad ha llevado a cabo con eficiencia la atenci\u00f3n del asunto en comento, se\u00f1al\u00f3 que en relaci\u00f3n con el proceso de restablecimiento de derechos adelantado \u00abpor incumplimiento al r\u00e9gimen de visitas y custodia\u00bb, de las valoraciones realizadas por el \u00abequipo psicosocial\u00bb, se estableci\u00f3 que la menor \u00ab(i) Se encuentra bajo el cuidado y la protecci\u00f3n de su progenitora; (ii) Cuenta con afiliaci\u00f3n a seguridad social en salud y est\u00e1 vinculado al sistema educativo; (iii) Presenta adecuadas condiciones, no expresa ninguna situaci\u00f3n de maltrato, negligencia o abuso por parte de su familia actual; (iv) Actualmente se encuentra en un medio familiar garante de derechos e interesado en su bienestar integral\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201cZ\u201d vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el reclamante, al no hacer efectivas las visitas a su menor hija conforme a la regulaci\u00f3n establecida dentro del proceso n\u00b0 0000. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien la acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirige contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Centro Zonal Pitalito, es la autoridad judicial la llamada a ejercer el control y ejecuci\u00f3n de la sentencia judicial, adoptando las medidas que el ordenamiento legal tiene previsto para su cumplimiento. <\/p>\n
2. Del presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, en principio, el amparo no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez extraordinario con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se realiza a los argumentos de la demanda constitucional al tenor de la normativa y jurisprudencia aplicables, con vista en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de revocarse el fallo impugnado para en su lugar declarar improcedente la protecci\u00f3n solicitada, comoquiera que no alcanza a superar el esencial requisito que acaba de comentarse, en la medida en que no se han agotado los medios judiciales de defensa al alcance del interesado. <\/p>\n
3.1. En efecto, delimitado el estudio del asunto a la ejecuci\u00f3n del fallo proferido por el Juzgado de Familia de \u201cZ\u201d el 28 de diciembre de 2020, en lo atinente a la regulaci\u00f3n de visitas del padre a su menor hija, la Corte considera necesario ratificar la postura seg\u00fan la cual sin que el demandante hubiera acudido a la respectiva acci\u00f3n ante el juez ordinario y empleando el medio id\u00f3neo que prev\u00e9 el ordenamiento legal, este instrumento excepcional no resulta viable en la medida en que la tutela no puede convertirse en un medio alternativo o adicional, ya que su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n
N\u00f3tese que la determinaci\u00f3n que en esta sede extraordinaria se cuestiona, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material sino \u00fanicamente formal, y ante esa perspectiva jur\u00eddica, no puede obviarse el uso de la herramienta contemplada en la ley so pretexto de la incursi\u00f3n en defectos de procedibilidad, cuyo estudio se condiciona a que se hayan superado los esenciales presupuestos generales entre los cuales est\u00e1 el de la subsidiariedad. <\/p>\n
Ciertamente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que cuando se est\u00e1 ante una sentencia de reglamentaci\u00f3n de visitas debidamente ejecutoriada, el interesado en que se hagan efectivas pueda acudir a un tr\u00e1mite incidental donde, tras escuchar a las partes y con ello ponderar el soporte probatorio de sus dichos, se adopten las medidas que sean conducentes para su cumplimiento o se establezca que no se produjo la desatenci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
En efecto, el referido precedente se\u00f1ala con claridad la soluci\u00f3n a casos como el que actualmente ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, al precisar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) indudablemente, aunque puedan coexistir otras acciones de \u00edndole sancionatorio2, que no en todos los casos llegan a coaccionar al padre o madre incumplido, si en cuenta se tiene que, por un lado, muchas veces las peculiaridades de la situaci\u00f3n no se logran enmarcar en los presupuestos para su adelanto, impulso o tramitaci\u00f3n3, y por otro, estas mismas circunstancias en algunas ocasiones pueden tornar inoperante la realizaci\u00f3n de las visitas4, lo cierto es que, para la Corte, acudir directamente al juez de familia que las reglament\u00f3, resulta ser el mecanismo m\u00e1s efectivo para hacer respetar o cumplir el r\u00e9gimen impuesto, cuando, claro est\u00e1, no se controvierte \u00e9ste5, en la medida que, como se expuso, dicha autoridad tiene el deber constitucional y legal de proteger, antes que el derecho del progenitor a tener contacto con su hijo, la prerrogativa ius fundamental del menor a tener una familia y no ser separado de ella, en prevalencia de su inter\u00e9s superior, competencia que viene dada por la ley6, la cual debe ser interpretada a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia en la materia y los principios que la orientan. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, la Sala se aparta del raciocinio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-431 de 2016, donde de manera puntual dicha Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que \u00abel mecanismo id\u00f3neo para perseguir el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas (\u2026) es el proceso ejecutivo, el cual puede adelantarse ante el mismo juez para ser tramitado dentro del mismo expediente del proceso verbal en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, en armon\u00eda \u00abcon los art\u00edculos 422, 426 y 433 del C\u00f3digo General del Proceso, que en su orden regulan el t\u00edtulo ejecutivo, la ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de hacer y el procedimiento a seguir cuando la obligaci\u00f3n a ejecutar es de hacer\u00bb (Subraya de la Sala), por cuanto que para esta Colegiatura tal mecanismo no tiene la idoneidad y la eficacia para lograr dicho cometido, pues, por un lado, si bien la instituci\u00f3n de las visitas puede ser equiparada a una obligaci\u00f3n de hacer, esta, por las vicisitudes que ya dijimos pueden presentarse, dif\u00edcilmente podr\u00eda el juez de familia forzar su cumplimiento, pues, hasta en la hip\u00f3tesis m\u00e1s simple, cual es la del deudor que se niega a ello, no habr\u00eda la m\u00e1s m\u00ednima posibilidad de dar aplicaci\u00f3n a lo previsto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 433 del citado Estatuto Procesal, alusiva a que \u201c[c]uando no se cumpla la obligaci\u00f3n de hacer en el t\u00e9rmino fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago de perjuicios, el demandante podr\u00e1 solicitar, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al vencimiento de dicho t\u00e9rmino, que se autorice la ejecuci\u00f3n del hecho por un tercero a expensas del deudor; as\u00ed se ordenar\u00e1 siempre que la obligaci\u00f3n sea susceptible de esa forma de ejecuci\u00f3n. Con este fin el ejecutante celebrar\u00e1 contrato que someter\u00e1 a la aprobaci\u00f3n del juez\u201d, en raz\u00f3n a que a m\u00e1s que al ejecutante no le interesa el pago de unos perjuicios sino tener contacto con su hijo, la sola idea de autorizar a un tercero resulta totalmente il\u00f3gica y descabellada, por lo perjudicial o inconveniente que puede resultar para el infante involucrado. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, se reitera, el competente para hacer cumplir el r\u00e9gimen de visitas impuesto a trav\u00e9s de decisi\u00f3n judicial, es el juez de familia que la profiri\u00f3, quien previo tr\u00e1mite incidental donde escuchara a las partes y decretar\u00e1 las pruebas que estime necesarias, adoptar\u00e1 las medidas que sean conducentes para su cumplimiento, seg\u00fan su sensato juicio7, circunstancia que, como se dijo, torna improcedente el resguardo suplicado, ya que el tutelante no puede pretender a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima que se provea, as\u00ed sea de manera transitoria, la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s del mecanismo judicial, que se itera, a\u00fan no ha formulado, teniendo en cuenta que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (mencionada \u00faltimamente en STC3057-2017 y STC4590-2017). <\/p>\n
(\u2026) No obstante lo relatado conviene recordar, dada la particular situaci\u00f3n que se analiza, que la instituci\u00f3n de las visitas tiene como objetivo primordial \u00abel mayor acercamiento posible entre padre e hijo, de modo que su relaci\u00f3n no sea desnaturalizada, y se eviten las decisiones que tiendan a cercenarlo… requiere de modo principal\u00edsimo que no se desnaturalice la relaci\u00f3n con los padres… las visitas no deben ser perjudiciales para los menores, pero tampoco deben desarrollarse de manera de lesionar la dignidad de quien las pide\u00bb8, por ello, entonces, \u00abcada uno de los padres tiene derecho a mantener una relaci\u00f3n estable y libre de condicionamientos frente a sus hijos; y tiene, adem\u00e1s la facultad de desarrollar su relaci\u00f3n afectiva como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses prevalentes del menor\u00bb9; de ah\u00ed que, su funci\u00f3n es buscar el desarrollo integral y arm\u00f3nico de los hijos y, por ende, para efectos de lo anterior, quien tenga la custodia o tenencia del menor, debe prestar m\u00e1s colaboraci\u00f3n para que exista ese acercamiento entre el otro progenitor y el hijo, m\u00e1s no aprovecharse de su situaci\u00f3n de privilegio, pues de lo contrario, estar\u00eda vulnerando el derecho fundamental de su descendiente a no ser apartado de quienes conforman su familia, lo cual podr\u00eda traerle consecuencias adversas10\u00bb (CSJ STC17234-2017, 20 oct. 2017, rad. 00627-01, citada y reiterada en STC6990-2018, 30 may. 2018, rad. 00157-01, STC8212-2018, 27 jun. 2018, rad. 00219-01 y STC11545-2019, 27 ago. 2019, rad. 00136-01). Se subraya. <\/p>\n
3.2. Como acaba de verse, en el evento de que el ac\u00e1 reclamante est\u00e9 en desacuerdo con los t\u00e9rminos en que fueron reguladas las visitas, puede pedir su modificaci\u00f3n acudiendo a un procedimiento breve y sumario que defina su pretensi\u00f3n (art\u00edculos 21 y 392-3 del C\u00f3digo General del Proceso), el cual se muestra con total aptitud y eficacia para salvaguardar los derechos invocados; pero si est\u00e1 conforme con la decisi\u00f3n y lo que pretende es hacerla cumplir, tiene a su alcance el tr\u00e1mite incidental ante el mismo juez cognoscente como lo describi\u00f3 claramente el anterior precedente jurisprudencial. <\/p>\n
En tales circunstancias, el juez constitucional no puede arrogarse facultades que no le corresponden para decidir lo que le compete a otro funcionario, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte al precisar que: \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC4961-2018, 18 abr. 2018, rad. 00014-01). <\/p>\n
En apoyo a lo anterior, en lo atinente a conflictos sobre custodia y visitas, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha dicho que en raz\u00f3n de la autonom\u00eda de los jueces del proceso ordinario, el de tutela: \u00ab\u2026no puede declarar la suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, ni el otorgamiento de la tenencia y cuidado de los hijos a cualquiera de los padres, pues es al juez de familia a quien compete decidir sobre el ejercicio de ese derecho. Adem\u00e1s, estos funcionarios cuentan con un equipo interdisciplinario que les presta asesor\u00eda, grupo con que no cuenta el juez de tutela. Igualmente, existiendo un r\u00e9gimen de visitas establecido por las partes o por el juez, tal r\u00e9gimen no puede ser modificado por el juez de tutela, pues para ello se han establecido procedimientos igualmente r\u00e1pidos y eficaces que hacen la acci\u00f3n improcedente\u00bb (CC T-500\/93). Se subraya. <\/p>\n
3.3. En estas condiciones, la Sala observa que lo pretendido desborda la competencia del juez de tutela, por cuanto es el Juzgado de Familia la autoridad competente para remediar el conflicto familiar y buscar la soluci\u00f3n m\u00e1s adecuada a la problem\u00e1tica que ac\u00e1 se presenta, en la que los padres deben ejercer sus roles con mayor rigorismo, obviando sus resentimientos e intereses personales para en su lugar prestar especial cuidado y atenci\u00f3n en el desarrollo f\u00edsico y mental de su menor hija. <\/p>\n
Lo anterior, contando con la decidida intervenci\u00f3n del Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien con apoyo en el equipo interdisciplinario y de acuerdo con las funciones que le otorga el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, est\u00e1 llamado a prestar su eficaz concurso para \u00abadelantar de oficio las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos\u00bb de los ni\u00f1os y adolescentes, as\u00ed como \u00abadoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley para detener la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos de los ni\u00f1os (\u2026) Ejercer las funciones de polic\u00eda se\u00f1alados en este C\u00f3digo (\u2026) promover la conciliaci\u00f3n extrajudicial\u00bb, entre otras, sin perjuicio de las facultades y competencias atribuidas a las Comisar\u00edas de Familia en lo relacionado con violencia intrafamiliar y la adopci\u00f3n de medidas integrales en pro del menor de edad. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es posible otorgar el auxilio como mecanismo transitorio en aras de evitar un da\u00f1o irremediable, porque en casos como el que se analiza, la intervenci\u00f3n de esta excepcional justicia proceder\u00eda \u00abcuando el menor se encuentra en riesgo o peligro f\u00edsico o psicol\u00f3gico, esto es, cuando existe un perjuicio serio e inminente de afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor y, tambi\u00e9n cuando se afecta de manera cierta, directa y grave el derecho a la estabilidad y a la unidad familiar del ni\u00f1o\u00bb (CC T-914\/07). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo de primera instancia, para en su lugar desestimar por improcedente el auxilio implorado, en la medida en que no se satisface el elemental requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, y con ello la actuaci\u00f3n que con base en ella se hubiera desarrollado. En su lugar, se DECLARA IMPROCEDENTE la tutela invocada por \u201cA\u201d. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Demanda ejecutiva, denuncia penal (Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor \u2013 Fraude a resoluci\u00f3n judicial) y querella administrativa (restablecimiento de derechos). <\/p>\n
3\u0002 Por ejemplo, cuando la autoridad competente determina que la conducta denunciada no encuadra en el tipo penal que se imputa. <\/p>\n
4\u0002 Pi\u00e9nsese en los casos donde se alegue como factores de desatenci\u00f3n violencia intrafamiliar y abuso o actos sexuales abusivos frente a los menores por parte del progenitor (padre o madre) que tiene derecho a las visitas. <\/p>\n
5\u0002 ya que, en caso contrario, lo que procede es su modificaci\u00f3n o la definici\u00f3n de uno nuevo a trav\u00e9s de otro proceso. <\/p>\n
6\u0002 Ya la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica se hab\u00eda referido al respecto, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cAclarado que no se trata de cuestionar la medida judicial sino su ejecuci\u00f3n, la Sala comprende que la cl\u00e1usula general de competencia otorgada a las autoridades de familia para resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad, puede cobijar aquellos que involucren la ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, permitiendo que los interesados acudan a solicitar el cumplimiento del mismo a trav\u00e9s de requerimientos u otras medidas de protecci\u00f3n\u201d (CC T-115\/14). <\/p>\n
7\u0002 Esta postura adem\u00e1s garantiza que no se judicialice a\u00fan m\u00e1s el enfrentamiento o disputa que pueda existir entre los padres, sino que aboga por que se d\u00e9 una soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que se presente, a trav\u00e9s del funcionario que en pret\u00e9rita oportunidad con su decisi\u00f3n garantiz\u00f3 las garant\u00edas superiores que le asisten al menor objeto de las visitas. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC, 25 Oct. 1984, GJ CLXXVI. <\/p>\n
9\u0002 CC T-500\/93. Ver en el mismo sentido, T-012\/12. <\/p>\n
10\u0002 Hasta la p\u00e9rdida de la patria potestad. <\/p>\n
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STC10249-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10249-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2021-00141-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56356","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56356","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56356"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56356\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56356"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}