STC10259-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10259-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02425-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por Manuel Alejandro Mora Torres contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Pasto, con ocasi\u00f3n del asunto verbal de nulidad de testamento, iniciado por el aqu\u00ed actor frente a Fanny Bertha Lagos Arteaga. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor exige el amparo de la prerrogativa al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcada por el convocado. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, manifiesta que Fanny Bertha Lagos Arteaga, esposa de su hermano Humberto Ces\u00e1reo Mora Torres, quien falleci\u00f3 en Guaitarilla el 29 de mayo de 2014, procedi\u00f3 a efectuar los tr\u00e1mites pertinentes ante el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad, con el prop\u00f3sito de lograr \u201cla reducci\u00f3n del testamento verbal otorgado [por aqu\u00e9l] ante cinco testigos (\u2026)\u201d, pedimento acogido por ese despacho, en pronunciamiento de 22 de octubre siguiente. <\/p>\n
Como dicho acto testamentario, en su criterio, \u201cno tiene valor alguno\u201d, pues no se llev\u00f3 a escrito dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes al deceso de Mora Torres, seg\u00fan lo impone el art\u00edculo 1093 del C\u00f3digo Civil1, impuls\u00f3 el juicio materia de censura. <\/p>\n
En el libelo correspondiente, adem\u00e1s de exigir la nulidad del testamento, el tutelante reclam\u00f3 declarar ineficaz la liquidaci\u00f3n sucesoral realizada mediante escritura p\u00fablica, respecto de los inmuebles identificados con matr\u00edculas n\u00fameros 254-23258, 254-23259 y 254-23262 de la Oficina de Registro de T\u00faquerres. <\/p>\n
En sentencia de 1\u00b0 de septiembre de 2020, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de esa municipalidad, acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda, determinaci\u00f3n revocada, en sede de apelaci\u00f3n, por el tribunal enjuiciado, al desatar la alzada interpuesta por la demandada. <\/p>\n
Estima el accionante el quebranto de sus prerrogativas, por cuanto, en su sentir, la corporaci\u00f3n confutada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por \u201cexcesivo ritualismo\u201d, pues bas\u00f3 su decisi\u00f3n en el car\u00e1cter de \u201ccosa juzgada\u201d de la providencia dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guaitarilla, cuando no puede \u201csolapa[rse] una actuaci\u00f3n contraria a la ley, (\u2026) pues si [ese juzgador] se equivoc\u00f3 al dar tr\u00e1mite a la reducci\u00f3n testamentaria, no se puede prolongar o proteger este yerro con un yerro a\u00fan mayor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Acude a este tr\u00e1mite porque, asevera, no tiene a su alcance otros instrumentos de defensa, pues, dada la cuant\u00eda del litigio, no cont\u00f3 con la posibilidad de incoar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Solicita, en consecuencia, dejar sin efecto el fallo de segundo grado y ratificar el del a quo. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de T\u00faquerres remiti\u00f3 el enlace respectivo para la revisi\u00f3n del decurso censurado. <\/p>\n
2. El colegiado atacado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y pidi\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la providencia de 5 de marzo de 2021, mediante la cual el tribunal enjuiciado, en sede de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 el fallo de primer grado en el decurso censurado para, en su lugar, negar las pretensiones del ahora accionante, no se extrae irregularidad manifiesta lesiva de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
2. En efecto, se observa que el colegiado denunciado, tras relatar los antecedentes del asunto y precisar los motivos de la alzada interpuesta por Fanny Bertha Lagos Arteaga, fundados en haber erigido, en tiempo, la petici\u00f3n de llevar a escrito el testamento de Humberto Ces\u00e1reo Mora Torres, sin serle imputable el plazo tomado para ello por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guaitarilla, resalt\u00f3, en cuanto al \u201ctestamento verbal\u201d, lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]uestro C\u00f3digo Civil no [lo] ha definido (\u2026), pero con base en los requisitos establecidos en los art\u00edculos 1090 a 1092, podemos decir que es aquel que otorga una persona en caso de peligro inminente para su vida, ante tres testigos y haciendo de viva voz sus declaraciones y disposiciones testamentarias. <\/p>\n
\u201cEn los testamentos privilegiados, como lo es el verbal, opera la caducidad, en los casos establecidos en el canon 1093 de la normatividad sustantiva civil, a saber: <\/p>\n
\u201c1. Si transcurren 30 d\u00edas de haberse otorgado ese acto jur\u00eddico, sin que fallezca el testador y <\/p>\n
\u201c2. Si no se pone por escrito, con las formalidades legales, dentro de los 30 d\u00edas siguientes al deceso del testador. <\/p>\n
\u201cEs una condici\u00f3n de eficacia del acto testamentario que en el referido plazo, se presente la petici\u00f3n al juez del circuito del lugar donde se otorg\u00f3, a fin de reducirlo a escrito, conclusi\u00f3n que se apoya en los art\u00edculos 10934, 10945 del C.C. y 573 del C.P.C., cuya omisi\u00f3n ocasiona la caducidad de ese acto de voluntad unilateral (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, compete a la parte interesada promover el tr\u00e1mite de reducci\u00f3n a escrito del testamento verbal, regulado en el art\u00edculo 573 del C.P.C., hoy 475 del C.G.P.; sin embargo, se acudir\u00e1 a la primera de esas reglas, ya que era la vigente para el momento en que se promovi\u00f3 esa solicitud por la se\u00f1ora Fanny Bertha Lagos Arteaga -13 de junio de 2014-, con respecto a la voluntad testamentaria del causante Humberto Ces\u00e1reo Mora Torres. <\/p>\n
\u201cEstipulaba esa disposici\u00f3n normativa que \u201cla petici\u00f3n para reducir a escrito el testamento verbal deber\u00e1 presentarse al juez del circuito del lugar donde se otorg\u00f3, dentro de los treinta d\u00edas siguientes a la defunci\u00f3n del testador, y se sujetar\u00e1 a las siguientes reglas: (\u2026) 2. Si la solicitud fuere procedente, se ordenar\u00e1 la recepci\u00f3n de las declaraciones en audiencia, para la cual se se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora, a fin de esclarecer los puntos relacionados en los art\u00edculos 1094 y 1095 del C\u00f3digo Civil. (\u2026) 6. Si de las declaraciones o de otras pruebas practicadas en la misma audiencia, a solicitud del interesado o por decreto oficioso del juez aparece que el testador falleci\u00f3 despu\u00e9s de los treinta d\u00edas siguientes a la fecha en que fue otorgado el testamento, el juez lo declarar\u00e1 inexistente como tal\u201d. <\/p>\n
\u201cEl tr\u00e1mite en comento corresponde a una medida especial, concretamente a un asunto preparatorio o previo a una sucesi\u00f3n testada, como se nomina en el T\u00edtulo XXIX, Cap\u00edtulo I, ib\u00eddem, se compone fundamentalmente de tres etapas, la primera el examen de los testigos, luego la resoluci\u00f3n judicial y, por \u00faltimo, su protocolizaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para el caso, el tribunal indic\u00f3 que el demandante cuestionaba la oportunidad en la cual se puso por escrito el testamento de Humberto Ces\u00e1reo Mora Torres, pues si bien falleci\u00f3 el 25 de mayo de 2014, aquello s\u00f3lo tuvo lugar hasta el 22 de octubre posterior, cuando el Juzgado Promiscuo Municipal de Guaitarilla emiti\u00f3 la providencia correspondiente. <\/p>\n
Frente a lo anterior, el accionado se\u00f1al\u00f3 que la discusi\u00f3n, entonces, versaba sobre si, a pesar de hallarse dilucidado por el mencionado juzgador, lo relativo a la caducidad del testamento, resultaba procedente emitir otra decisi\u00f3n al respecto, en el tr\u00e1mite bajo su conocimiento. <\/p>\n
A la luz del canon 573 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, antes citado, el ad quem sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a evaluaci\u00f3n acerca de la tempestiva actuaci\u00f3n de la hoy demandada, para poner por escrito el testamento verbal, recae sobre el enjuiciador que conoci\u00f3 de ese asunto preparatorio, quien debe rechazar la solicitud si advierte que fue formulada a destiempo o, declarar inexistente la voluntad testamentaria, si constata con respaldo en los medios persuasivos practicados que se estructur\u00f3 la caducidad. <\/p>\n
\u201cConsecuentemente, reabrir una discusi\u00f3n sobre el particular, desconocer\u00eda que el fallo que redujo a escrito el testamento verbal, hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por lo que no es viable reanudar un debate ya definido, en el que se accedi\u00f3 a la solicitud de poner por escrito la \u00faltima voluntad del causante, en cuanto a la distribuci\u00f3n de sus bienes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tal postura, conforme expuso, se apoyaba en la doctrina all\u00ed citada, seg\u00fan la cual <\/p>\n
\u201cexiste una petici\u00f3n inicial (que no tiene por qu\u00e9 reunir los requisitos de toda demanda) donde se solicita la reducci\u00f3n a escrito; a ella se debe acompa\u00f1ar la prueba de la defunci\u00f3n del testador y solicitarse las pruebas que demuestren la existencia del testamento y sus condiciones mediante la citaci\u00f3n de los correspondientes testigos. <\/p>\n
\u201cSi el juez de familia encuentra que la solicitud es procedente puede ocurrir que estime que ya caduc\u00f3 la oportunidad para presentar la petici\u00f3n, porque recuerdo para que el testamento verbal pueda ser considerado, el testador debe haber fallecido no m\u00e1s all\u00e1 de los treinta d\u00edas siguientes a la fecha de otorgamiento del testamento y adem\u00e1s se debe presentar la solicitud a m\u00e1s tardar dentro de los treinta d\u00edas siguientes a la muerte del testador (\u2026). <\/p>\n
\u201cEl juez podr\u00e1 rechazar la solicitud si alguno de los t\u00e9rminos antes citados ha caducado o si no se acompa\u00f1a la prueba de la defunci\u00f3n. Practicadas las pruebas, el juez procede a resolver si existe o no el testamento y, en caso afirmativo, se\u00f1alar\u00e1 claramente cu\u00e1les son las \u00faltimas disposiciones del testador y ordenar\u00e1 que se protocolice lo actuado en una notar\u00eda del lugar. <\/p>\n
\u201c(\u2026). <\/p>\n
\u201cPuede ocurrir que el juez no hubiese establecido claramente la caducidad proveniente de la fecha del testamento (la fecha de la muerte y la presentaci\u00f3n del escrito debe confrontarlas antes de decidir si admite o no la tramitaci\u00f3n) y si de las pruebas efectuadas precisa que la muerte ocurri\u00f3 treinta d\u00edas despu\u00e9s de otorgado el testamento, lo declarar\u00e1 inexistente, lo que para efectos pr\u00e1cticos tiene la misma consecuencia que declarar que no re\u00fane los requisitos de tal, y que por consiguiente no tiene ninguna trascendencia jur\u00eddica, aunque el acto formalmente re\u00fana todos los requisitos del testamento verbal. <\/p>\n
\u201cEjecutoriada la decisi\u00f3n del juez, sea declarando la existencia del testamento o negando su eficacia, ya nada se puede hacer, pues a diferencia de la apertura del testamento cerrado o de la publicaci\u00f3n del abierto otorgado ante cinco testigos (en los cuales se puede procurar su validez mediante el tr\u00e1mite del proceso verbal) para la reducci\u00f3n a escrito del testamento verbal no existe tal posibilidad. <\/p>\n
\u201cEn efecto, imaginemos que el juez declara que no se puede tener como ejecutable un testamento cerrado. La decisi\u00f3n se apela y el superior confirma, o sencillamente no se recurre, y queda ejecutoriada en primera instancia. Subsiste la facultad de adelantar el correspondiente proceso verbal para restarle eficacia a la decisi\u00f3n del juez y que el testamento se ejecute. <\/p>\n
\u201cSupongamos la misma circunstancia para reducir a escrito el testamento verbal. Resuelta la apelaci\u00f3n que confirma lo decidido por el a quo o ejecutoriada en primera instancia, la cosa juzgada genera todos sus efectos y no puede intentarse por v\u00eda del proceso verbal quitar efectos a tal determinaci\u00f3n (L\u00f3pez Blanco Hern\u00e1n Fabio, C\u00f3digo General del Proceso Parte Especial, Segunda Edici\u00f3n, DUPRE Editores Ltda. Bogot\u00e1, D.C.-Colombia, 2018, p\u00e1ginas 629 a 631) (\u2026)\u201d (subraya del texto). <\/p>\n
Posteriormente, destac\u00f3 que los interesados llamados al tr\u00e1mite de reducci\u00f3n a escrito del testamento verbal de Mora Torres, entre \u00e9stos el aqu\u00ed tutelante, nada indicaron sobre la caducidad planteada en el juicio censurado, cuesti\u00f3n que, en todo caso, le correspond\u00eda dilucidar al juez de aquel procedimiento. <\/p>\n
Luego, sobre los requisitos de validez del testamento, anot\u00f3 que la ausencia de \u00e9stos pod\u00eda dar lugar a su nulidad; no obstante, el incumplimiento del plazo consagrado en el mencionado canon 1093 del C\u00f3digo Civil, para elevarlo a escrito, \u201cconduc[\u00eda] a su caducidad\u201d. Resalt\u00f3 que, si bien era dable impulsar un decurso para impugnar el testamento por la presencia de vicios, ello <\/p>\n
\u201c(\u2026) no autoriza a controvertir nuevamente la caducidad, sino la validez del acto de \u00faltima voluntad del causante, consignado en el decreto judicial, protocolizado, o sea, puede pedirse su nulidad de acuerdo con las reglas generales, por ejemplo, alegando la falta de raz\u00f3n del testador, la fuerza ejercida sobre \u00e9l, la falsedad de los testigos, etc. <\/p>\n
\u201cDe anta\u00f1o el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria consider\u00f3 sobre el particular, lo siguiente: \u201cSeg\u00fan el art\u00edculo 1097 del C.C., el testamento verbal consignado en decreto judicial podr\u00e1 ser impugnado de la misma manera que cualquier otro testamento aut\u00e9ntico. Un testamento aut\u00e9ntico, como el abierto o el cerrado, puede ser impugnado, en primer lugar, por contravenir las normas sobre las herencias; en segundo lugar, por no reunir los requisitos de forma exigidos por la ley; en tercer lugar, por no ser h\u00e1bil el testador, y en cuarto lugar, falsedad, esto es, por no haber sido otorgado por quien figura como otorgante de \u00e9l, o porque habiendo sido otorgado realmente por quien se dice, ha sido alterado en alguna forma. Un testamento verbal puede ser impugnado por aquellos motivos, as\u00ed como por falsedad, porque la persona a quien se le atribuye no lo otorg\u00f3, o las disposiciones que lo componen no corresponden a la verdad, por haber faltado a ella los testigos instrumentales, y por no haber presenciado la integridad de los hechos y circunstancias que constituyen el acto (Corte Suprema de Justicia, sentencia 14 de julio de 1954, G.J. T. LXXVIII, p\u00e1gina 71) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, debe distinguirse entre las dos figuras jur\u00eddicas mencionadas, ya que la caducidad es un fen\u00f3meno consistente en la no realizaci\u00f3n de ciertos actos o circunstancias o hechos dentro de determinado tiempo, que opera de pleno derecho (op legis) y que impide la eficacia de un testamento, no depende de la voluntad del testador, sino que es creado por la ley y es de orden p\u00fablico, \u201cse diferencia de la nulidad en cuanto no se basa en vicios propios del testamento sino en circunstancias posteriores a su otorgamiento; no necesita declaraci\u00f3n judicial para su existencia, ni tampoco puede sanearse por las formas que para tal efecto establece la ley. Adem\u00e1s, mientras la caducidad impide que surja la eficacia testamentaria, la nulidad por su parte, destruye retroactivamente los efectos que ha producido el testamento\u201d (Lafont Pianetta Pedro, Derecho de Sucesiones, Tomo II, La Partici\u00f3n y Protecci\u00f3n Sucesoral Partici\u00f3n Sucesoral Anticipada, Novena Edici\u00f3n, Librer\u00eda Ediciones del Profesional Ltda, p\u00e1ginas 331-332) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, anot\u00f3 que la nulidad se origina en circunstancias coet\u00e1neas al otorgamiento del testamento, las cuales, declaradas, lo privan de efectos; mientras que la caducidad no impide que el acto testamentario los produzca cuando ha sido reducido a escrito dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la muerte del causante, cuesti\u00f3n ya dilucidada, en el caso, por el fallador competente. <\/p>\n
As\u00ed, en torno a la validez, refutada por el aqu\u00ed tutelante en el libelo demandatorio, el tribunal sostuvo el fracaso de sus pretensiones porque <\/p>\n
\u201c(\u2026) ning\u00fan motivo de nulidad se invoc\u00f3 por el actor, por el contrario, el sustento de su demanda, se hizo consistir en que no se cumpli\u00f3 el presupuesto exigido en el art\u00edculo 1093 de la norma sustantiva civil, vale decir, que oper\u00f3 la caducidad, tema que se itera ya fue definido en una decisi\u00f3n judicial anterior, amparada por la impronta de la cosa juzgada. <\/p>\n
\u201cEn suma, entre las condiciones de eficacia del testamento verbal, est\u00e1 que se reduzca a escrito dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la muerte del testador, omisi\u00f3n que produce la caducidad de la memoria testamentaria, aspecto que con fuerza de cosa juzgada dirime el administrador de justicia que conoce del tr\u00e1mite regulado en el art\u00edculo 573 del C.P.C., hoy 475 del C.G.P., sin que ese fen\u00f3meno extintivo pueda ser nuevamente discutido a trav\u00e9s de otro proceso verbal, pero ello no significa que el testamento consignado en el decreto judicial, protocolizado, pueda ser impugnado, en la misma forma que cualquier otro testamento aut\u00e9ntico (art\u00edculo 1097 del C.C.) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. No se constata irregularidad o desafuero en las consideraciones anteriores, pues el tribunal explic\u00f3, con suficiencia y de manera razonada, el porqu\u00e9 no proced\u00eda la \u201cnulidad\u201d del testamento verbal deprecada por el querellante. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
Esta Sala, en torno a la nulidad testamentaria, en sede de casaci\u00f3n, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [los r]equisitos [del testamento] (\u2026), si bien han merecido alg\u00fan relajamiento en su manejo por parte de la jurisprudencia, no pueden ser desconocidos con car\u00e1cter absoluto, dada la solemnidad que se predica de dicha manifestaci\u00f3n de voluntad, a capa de afectar la validez sustancial del acto, expres\u00e1ndose en relaci\u00f3n al tema que: \u201c(\u2026) en materia de nulidades, y especialmente en las referentes a los testamentos, el criterio debe ser siempre restricto y jam\u00e1s de ampliaci\u00f3n, por lo grave que es dejar, sin fundamentos muy s\u00f3lidos y sin razones muy evidentes, ineficaz e inoperante la \u00faltima voluntad del testador\u00bb. (G.J. t. LIV bis, p\u00e1g. 157; LXXXIV, p\u00e1g. 366 y CXIII, p\u00e1g. 108). <\/p>\n
\u201cSurge evidente, entonces, que el prop\u00f3sito del legislador ha sido el de propender por la estabilidad, firmeza y cumplida ejecuci\u00f3n de la \u00faltima voluntad de quien decide disponer de sus bienes mediante alguna de las formas testamentarias preestablecidas; por esa raz\u00f3n, \u00fanicamente son susceptibles de invalidar los actos solemnes de aquella especie respecto de los cuales se demuestre en forma fehaciente la existencia de errores en su otorgamiento que, sin resquicio de duda, estructuren alguna de las precisas y concretas causales de nulidad consagradas en el ordenamiento positivo, y no cualquier otro vicio o irregularidad. (CSJ SC 13 de oct. de 2006). (Resalta la Corte). <\/p>\n
\u201c(\u2026). <\/p>\n
\u201cEn materia de nulidad testamentaria se habla de nulidades internas y externas, haciendo referencia las primeras a las deficiencias en los requisitos de fondo, relacionados con la capacidad del testador, o vicios del consentimiento, objeto y causa il\u00edcitos y las segundas a la omisi\u00f3n de las solemnidades, generando en ambos casos nulidades absolutas. <\/p>\n
\u201cExisten algunas formalidades cuyo cumplimiento por propia disposici\u00f3n legal, exige constancia expresa de su acatamiento en el acto mismo, so pena que se tengan por desatendidas, sin que se admita prueba posterior en contrario; en tanto que otras, si bien se exige su atenci\u00f3n, el no mencionarlas no invalida el acto, pues se permite presumir que se cumplieron, quedando la posibilidad de acreditarse lo contrario por cualquier otro medio de prueba. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De otro lado, si bien la nulidad absoluta puede ser declarada, aun de oficio, por el juzgador, para tal prop\u00f3sito resulta indispensable que, conforme lo impone el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil dicha nulidad \u00abaparezca de manifiesto en el acto o contrato\u00bb, puesto que de no ser as\u00ed deber\u00e1 no solo alegarse por el interesado, sino tambi\u00e9n acreditarse debidamente (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
A la luz de lo anterior, se insiste, si el peticionario ning\u00fan motivo de nulidad aleg\u00f3 en el asunto cuestionado y, s\u00f3lo se limit\u00f3 a exponer la caducidad del acto testamentario, cuesti\u00f3n definida en otra actuaci\u00f3n judicial, el tribunal no pod\u00eda acoger sus pretensiones y menos decretar, oficiosamente, la nulidad del testamento al no evidenciar vicio manifiesto. <\/p>\n
3.2. Sobre la reducci\u00f3n del testamento verbal a escrito, se memora, el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 960 de 1970, se\u00f1alaba como funci\u00f3n de los notarios, entre otras: \u201c(\u2026) Intervenir en el otorgamiento, extensi\u00f3n y autorizaci\u00f3n de los testamentos solemnes que conforme a la Ley civil deban otorgarse ante ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En la actualidad, sin asomo de duda, son los jueces del lugar donde haya sido otorgado el testamento los facultados para llevar a escrito tal acto de voluntad, en la forma y t\u00e9rminos establecidos en el canon 475 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) REDUCCI\u00d3N A ESCRITO DEL TESTAMENTO VERBAL. La petici\u00f3n para reducir a escrito el testamento verbal deber\u00e1 presentarse al juez del lugar donde se otorg\u00f3, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la defunci\u00f3n del testador, y se sujetar\u00e1 a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u201c1. Al escrito se acompa\u00f1ar\u00e1 la prueba de la muerte del testador, y en \u00e9l deber\u00e1 pedirse que se reciba declaraci\u00f3n a los testigos instrumentales y a las dem\u00e1s personas de quienes se afirme que tienen conocimiento de los hechos relativos al otorgamiento del testamento, con indicaci\u00f3n de su nombre, vecindad y lugar donde habiten o trabajen. <\/p>\n
\u201c2. Si la solicitud fuere procedente, se ordenar\u00e1 la recepci\u00f3n de las declaraciones en audiencia, para la cual se se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora, a fin de esclarecer los puntos relacionados en los art\u00edculos 1094 y 1095 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
\u201c3. Antes de la celebraci\u00f3n de la audiencia se emplazar\u00e1 a los posibles interesados por medio de edicto que se fijar\u00e1 en la secretar\u00eda del despacho por cinco (5) d\u00edas y que se publicar\u00e1 en la forma prevista para el emplazamiento. <\/p>\n
\u201c4. Recibidos los testimonios, el mismo juez dictar\u00e1 la providencia que ordena el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo Civil, siempre que se re\u00fanan las condiciones previstas en dicha norma, y adquiera certeza sobre los hechos que all\u00ed se indican y dispondr\u00e1 que la actuaci\u00f3n se protocolice en notar\u00eda del lugar, previa expedici\u00f3n de copia para su archivo. <\/p>\n
\u201c5. Cuando de las declaraciones de los testigos instrumentales no aparece claramente la \u00faltima voluntad del testador, el juez declarar\u00e1 que de ellas no resulta testamento verbal. <\/p>\n
\u201c6. Si de las declaraciones o de otras pruebas practicadas en la misma audiencia, a solicitud de interesado o por decreto oficioso del juez aparece que el testador falleci\u00f3 despu\u00e9s de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la fecha en que fue otorgado el testamento, el juez lo declarar\u00e1 inexistente como tal. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Manuel Alejandro Mora Torres contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Pasto, con ocasi\u00f3n del asunto verbal de nulidad de testamento, iniciado por el aqu\u00ed actor frente a Fanny Bertha Lagos Arteaga. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cEl testamento verbal no tendr\u00e1 valor alguno si el testador falleciere despu\u00e9s de los treinta d\u00edas subsiguientes al otorgamiento; o si habiendo fallecido antes no se hubiere puesto por escrito el testamento, con las formalidades que van a expresarse, dentro de los treinta d\u00edas subsiguientes al de la muerte\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. SC5635-2018 de 14 de diciembre de 2018, exp. n.\u00b0 76001 31 10 001 2006 00188 01 <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10259-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10259-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02425-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se procede a decidir la tutela impetrada por Manuel Alejandro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56358\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}