STC10371-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10371-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02672-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alianza Fiduciaria S.A. \u2013 como vocera y administradora de los Fideicomisos Gondelca y Pretore, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdecla[rar] la nulidad de todo lo actuado desde el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, en el juicio ejecutivo hipotecario incoado por el Banco de Bogot\u00e1 contra la accionante, con radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-002-2007-00149. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El Banco de Bogot\u00e1 formul\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Alianza Fiduciaria S.A. \u2013 como vocera y administradora de los Fideicomisos Gondelca y Pretore, con miras a obtener el pago de dos pagar\u00e9s, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, autoridad que el 31 de julio de 2007 libr\u00f3 mandamiento en contra de Alianza Fiduciaria S.A. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 20 de enero de 2009 el despacho declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones y, en consecuencia, decret\u00f3 el remate de los bienes hipotecados; determinaci\u00f3n recurrida por la ejecutada. <\/p>\n
2.3. En el tr\u00e1mite de alzada, Mar\u00eda Cristina Orjuela de Pretel y Lucero Delgado Valencia pidieron la nulidad de los actuado, al considerar que debieron ser vinculadas como demandadas, en la medida en que son parte de los fideicomisos; el 19 de junio de 2009 el Tribunal neg\u00f3 tal petici\u00f3n, precisando que \u00abse est\u00e1 adelantando un proceso hipotecario en el que se busca el pago de una obligaci\u00f3n en dinero y la venta en p\u00fablica subasta del bien objeto de garant\u00eda y, que conforme el art\u00edculo 554 del C.P.C., la demanda debe dirigirse contra el actual propietario del inmueble. Derecho de dominio y posesi\u00f3n que de acuerdo al certificado de tradici\u00f3n aportado a los infolios, se encuentra en cabeza de la entidad Alianza Fiduciaria en virtud del contrato de Fiducia Mercantil de Administraci\u00f3n celebrado con las incidentalistas\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 17 de junio de 2011 el ad quem modific\u00f3 los numerales 1.2 y 1.3 del auto de mandamiento de pago, en el entendido que los intereses de mora se causan es a partir del 06 de junio de 2007 y hasta que se verifique el pago total de la obligaci\u00f3n, revocando los numerales 2 y 4 de ese auto. En lo dem\u00e1s orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El 1\u00b0 de octubre de 2018 el juzgado de ejecuci\u00f3n neg\u00f3 la nulidad formulada por Alianza Fiduciaria S.A.; determinaci\u00f3n que, el 4 de septiembre de 2019 confirm\u00f3 el Tribunal, al considerar que, entre otras cosas, \u00abla ley no exige como f\u00f3rmula sacramental el deber de transcribir en forma exclusiva y excluyente el nombre de los Patrimonios Aut\u00f3nomos Fideicomiso Pretore y Fideicomiso Gondelca como sujetos accionados, cuando del contenido de la demanda y el proceso en general se infiere que la sociedad fiduciaria siempre ha obrado en representaci\u00f3n de las anteriores, incluso con citas textuales en la que se intenta la demanda \u201ccontra Alianza Fiduciaria S.A. como vocera de los patrimonios nombrados\u201d, aspectos estos que suplen la carencia delatada por el recurrente\u00bb. <\/p>\n
2.6. Contra la anterior decisi\u00f3n, la accionante formul\u00f3 nulidad, que una vez tramitada, el 26 de marzo de 2021 el colegiado neg\u00f3, al indicar que \u00abla solicitud no se estriba en la cr\u00edtica a otros aspectos procesales diferentes a los ya debatidos, es decir, el peticionario reitera aquello que ya se resolvi\u00f3 y hace hincapi\u00e9 en lo que, a su juicio, es una situaci\u00f3n manifiesta para ser enmendada judicialmente, la soluci\u00f3n de la nulidad planteada se ci\u00f1e a lo previamente resuelto en la providencia que defini\u00f3 la apelaci\u00f3n suscitada, ya que ah\u00ed se resolvi\u00f3 de manera detallada lo que nuevamente replantea\u00bb; determinaci\u00f3n que, el 14 de abril siguiente mantuvo. <\/p>\n
2.7. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, deduce, \u00abse libr\u00f3 mandamiento de pago contra quien no es deudora, ni se oblig\u00f3 al pago\u00bb, pues al ser vocera y administradora no la convierte en deudora y tampoco en titular propio de los bienes. <\/p>\n
2.8. Anot\u00f3 que el proceso est\u00e1 viciado de nulidad, en la medida en que la demanda y el proceso debi\u00f3 ser adelantado en contra los \u00abfideicomisos o patrimonios aut\u00f3nomos\u00bb, relievando que Alianza Fiduciaria S.A. no tiene ning\u00fan tipo de obligaci\u00f3n con la entidad financiera ejecutante. <\/p>\n
2.10. Indic\u00f3 que \u00abal intervenir la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali en la Apelaci\u00f3n de la Sentencia, sus conceptos, an\u00e1lisis y decisiones vienen, de una u otra forma, a convalidar las bases jur\u00eddicas de todo el proceso, desde su admisi\u00f3n, el mandamiento ejecutivo, la notificaci\u00f3n y traslado, el reconocimiento de personer\u00eda\u2026 de manera errada, ratific\u00f3 o valid\u00f3 los errores graves del Juzgador\u2026 [por lo que] debe declararse todo lo actuado nulo, lo cual afecta en su totalidad el mandamiento ejecutivo errado conceptualmente y exclusivamente dirigido contra quien NO ES DEUDORA, NO ES OBLIGADA Y TAMPOCO PROPIETARIA DE LOS INMUEBLES, solo tiene la calidad de vocera y representante de los FIDEICOMISOS PRETORE y GONDELCA\u00bb. <\/p>\n
2.11. Agreg\u00f3 que los errores enunciados vulneraron gravemente las garant\u00edas imploradas, generando una nulidad constitucional insaneable, por lo que la solicitud de amparo debe abrirse paso. <\/p>\n
3. La Corte avoc\u00f3 el conocimiento de la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar insatisfecho el presupuesto de inmediatez, pues todos los aspectos ac\u00e1 alegados, fueron expuestos a trav\u00e9s de la nulidad que, por v\u00eda de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 la negativa en septiembre de 2019; que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali manifest\u00f3 que consultado el sistema de gesti\u00f3n judicial siglo XXI, encontr\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso hasta llevarlo a sentencia; que desde el 14 de octubre de 2014 remiti\u00f3 las diligencias a los despachos de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado, en el prove\u00eddo 14 de abril de 2021, que mantuvo el que dict\u00f3 el 26 de marzo anterior, por medio del cual neg\u00f3 la solicitud de nulidad deprecada, expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba inviable declarar la petici\u00f3n invalidatoria que elev\u00f3 la quejosa, respecto de lo cual consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se tiene que la solicitud de nulidad que aqu\u00ed se niega se cimienta en los mismos argumentos que provocaron el rechazo de la nulidad en primera instancia. Tal rechazo fue objeto de apelaci\u00f3n y la decisi\u00f3n se confirm\u00f3. Entonces, si se basa en los mismos argumentos y se reprocha que el estudio jur\u00eddico efectuado por esta Sala de Decisi\u00f3n Unitaria es, a su juicio, desacertada, es palmario que as\u00ed se haya nombrado la petici\u00f3n como una \u00absolicitud de nulidad\u00bb para aparentarla como una situaci\u00f3n nueva, no es m\u00e1s que una estrategia para que el suscrito reabra el debate jur\u00eddico sobre aquello que ya qued\u00f3 definido y ejecutoriado (recurso de reposici\u00f3n). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora, actualmente el memorialista rotula su nueva intervenci\u00f3n como \u00abr\u00e9plica\u00bb y aunque pueda llegar a dolerse porque se imparta tambi\u00e9n el tr\u00e1mite del recurso de reposici\u00f3n, debe hacerse de esa forma porque el contenido de su solicitud evidencia un reproche por estimar desacertada la decisi\u00f3n de negar la nulidad y replantea los argumentos para que prospere su solicitud de nulidad. <\/p>\n
Sobre ello, debe anunciarse que lo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso. Es un tema ya zanjado que, a pesar de la discrepancia conceptual que refleje el memorialista, no tiene el alcance para demeritar lo decidido y las restricciones legales que impiden al juez que decidi\u00f3 la apelaci\u00f3n del auto volver sobre ella para modificarla o reformarla. <\/p>\n
El memorialista no est\u00e1 planteando argumentos distintos a lo ya decidido y con eso basta para denegar su pretensi\u00f3n, tal como se hizo. Por tal raz\u00f3n, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume el auto recurrido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 el escrito presentado, concluyendo, que las circunstancias alegadas como fundamento de la solicitud de invalidez fueron zanjadas en anteriores providencias, sin que la discrepancia conceptual citada tenga calidad de desvirtuar lo decidido. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por otra parte, frente a la censura contra el mandamiento de pago, la sentencia que confirm\u00f3 la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n y el prove\u00eddo que confirm\u00f3 la negativa a la nulidad del proceso, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues tal determinaciones datan de 31 de enero de 2007, 17 de junio de 2011 y 4 de septiembre de 2019, respectivamente; y la interposici\u00f3n de la tutela el 29 de julio de 2021, por lo que transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que sea de recibo las argumentos tra\u00eddos a fin de justificar dicha tardanza. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
5. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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