STC10373-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10373-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02700-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Margarita Cuellar Pineda contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como de los principios de \u00ablegalidad, igualdad, contradicci\u00f3n, acceso a la justicia y seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada, al emitir sentencia de segundo grado adversa a sus pretensiones ejecutivas. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, revocar \u00abel fallo de segunda instancia proferido por el\u2026 Tribunal [accionado]\u2026 [el] 19 de abril de 2021\u00bb y ordenar a \u00e9ste volver \u00aba pronunciarse conforme a los t\u00e9rminos\u2026 presentados en la presente Tutela\u00bb, as\u00ed como, tomar \u00ablas medidas necesarias y pertinentes para revertir la orden encaminada a la cancelaci\u00f3n de la hipoteca contenida en la Escritura P\u00fablica No. 0332 de 11 de abril de 2012, de la Notar\u00eda Segunda de Garz\u00f3n[,] sobre el inmueble con matr\u00edcula 202-547\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo hipotecario que la accionante inco\u00f3 contra Graciela Villanueva Lugo (pretendiendo el pago de 3 letras de cambio -con vencimiento el 14 de octubre de 2014-, haciendo uso de la garant\u00eda hipotecaria constituida por la deudora), en sentencia del 28 de mayo de 2019 el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Garz\u00f3n declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria que propuso la ejecutada, dio por terminado el asunto y decreto \u00abel levantamiento de las medidas cautelares vigentes[,] excepto [la] de la hipoteca\u00bb; decisi\u00f3n que en providencia sin fecha (notificada por estado del 20 de abril de 2021) modific\u00f3 el Tribunal acusado, en el sentido de tambi\u00e9n \u00abdeclarar probada la excepci\u00f3n de extinci\u00f3n del t\u00edtulo hipotecario, en consecuencia ordenar la cancelaci\u00f3n de la hipoteca\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela la accionante cuestion\u00f3 que erradamente los falladores aplicaron el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n cambiaria (3 a\u00f1os) cuando lo correcto era atender el establecido para la ejecutiva (5 a\u00f1os), debido a que los documentos base de recaudo constitu\u00edan un t\u00edtulo complejo, ejecutivo, no valor, destacando que con anterioridad inco\u00f3 la misma acci\u00f3n, con esos documentos, y en esa ocasi\u00f3n el ad-quem dispuso no continuar el cobro porque se fundaba en un t\u00edtulo complejo. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que no se tuvo en cuenta la demanda anterior, que la ejecutada acept\u00f3 la obligaci\u00f3n al se\u00f1alar que los hechos contenidos en el libelo eran ciertos, \u00abvi\u00e9ndose excluidos los presupuestos que contempla la ley frente a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n[,] aplicables al presente caso\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Graciela Villanueva Lugo, mediante apoderado judicial, pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente el amparo deprecado\u2026[,] al no cumplir con el principio de subsidiariedad[,] como no existe ning\u00fan acto u actuar de la judicatura que trasgred[a] derecho fundamental alg[u]n[o] de la accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a se\u00f1alar que el pasado 7 de julio remiti\u00f3 al Juzgado de origen el asunto fustigado, \u00abluego de haberse surtido el tr\u00e1mite de segunda instancia que motiv\u00f3 [su] competencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en estas diligencias, anticipa la Sala el fracaso de la salvaguarda propuesta, porque no luce arbitraria la sentencia a trav\u00e9s de la cual el Tribunal encausado zanj\u00f3 de manera definitiva el asunto fustigado, al modificar la dictada el pasado 28 de mayo de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, en el sentido de que, adem\u00e1s de ratificar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria respecto de las tres letras de cambio objeto de recaudo, tambi\u00e9n declar\u00f3 \u00abprobada la excepci\u00f3n de extinci\u00f3n del t\u00edtulo hipotecario\u00bb y, en consecuencia, orden\u00f3 \u00abla cancelaci\u00f3n de la hipoteca\u00bb. <\/p>\n
2.1. En efecto, en tal providencia esa Colegiatura dijo que, acorde con lo reglado en el precepto 328 del C\u00f3digo General del Proceso, su competencia estaba circunscrita \u00aba los reparos formulados por las partes a la sentencia de primera instancia, que la ejecutante centra en el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n aplicable, que estima no corresponde a los tres a\u00f1os de la acci\u00f3n cambiaria, como se aplica en el fallo apelado, sino la ejecutiva de cinco a\u00f1os. A su turno[,] la parte ejecutada repara con relaci\u00f3n a la no cancelaci\u00f3n de la hipoteca\u00bb. <\/p>\n
Luego, precis\u00f3 que constitu\u00edan \u00abhechos probados y no debatidos los siguientes: (i) que el t\u00edtulo ejecutivo base de ejecuci\u00f3n es complejo, integrado por 3 letras de cambio e hipoteca abierta de segundo grado de cuant\u00eda indeterminada; (ii) que las letras de cambio se hicieron exigibles a su vencimiento el 14 de octubre de 2014; (iii) que con base en el indicado t\u00edtulo complejo, se present\u00f3 demanda ejecutiva el 5 de julio de 2018; (iv) que se libr\u00f3 el solicitado mandamiento de pago, notificado por estado a la parte ejecutante el 5 de septiembre de 2018 y a la parte ejecutada por conducto de apoderado el 17 de septiembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, para dar por sentada la prescripci\u00f3n de los t\u00edtulos valores, indic\u00f3 que: <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, tras indicar que la ejecutante adujo que ejerci\u00f3 \u00abla acci\u00f3n ejecutiva y no cambiaria, como quiera que aport\u00f3 t\u00edtulo ejecutivo complejo, como lo confiesa la parte pasiva al contestar la demanda y lo determin\u00f3 este Tribunal al desatar el recurso de apelaci\u00f3n en proceso ejecutivo anterior trabado entre las partes, raz\u00f3n para no ser aplicable el t\u00e9rmino prescriptivo de 3 a\u00f1os de la acci\u00f3n cambiaria aplicados por la juzgadora a quo sino el de 5 a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil para la ejercida acci\u00f3n ejecutiva\u00bb; el Tribunal resolvi\u00f3 no acoger tal reparo al advertir que: <\/p>\n
\u2026el art\u00edculo 793 del C\u00f3digo de Comercio, establece claramente que el cobro de un t\u00edtulo-valor dar\u00e1 lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma, precisando sobre este punto la Corte Suprema de Justicia: <\/p>\n
\u201cEn efecto, los t\u00edtulos valores son bienes mercantiles que al tenor del art\u00edculo 619 del C\u00f3digo de Comercio constituyen documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut\u00f3nomo que en ellos se incorpora, por lo que es un documento formal y especial que legitima al tenedor, conforme con la ley de circulaci\u00f3n del respectivo instrumento para exigirlo en el tr\u00e1fico jur\u00eddico y a perseguir su cobro por v\u00eda ejecutiva mediante la denominada acci\u00f3n cambiaria (art\u00edculo 780 y ss C. Comercio), con independencia de la relaci\u00f3n o negocio jur\u00eddico causal que le dio origen. <\/p>\n
La acci\u00f3n cambiaria no es m\u00e1s que el nombre que se le da a la acci\u00f3n ejecutiva del t\u00edtulo valor con la que se cobra el cr\u00e9dito en el incorporado, que tiene como la finalidad cambiar el t\u00edtulo por dinero, pues ese fue el objetivo que dio origen al t\u00edtulo valor desde el inicio de los tiempos y de all\u00ed deriv\u00f3 el nombre de acci\u00f3n cambiaria, que es iniciar la acci\u00f3n o movimiento encaminado a cambiar el t\u00edtulo valor por dinero o su equivalente\u201d1. <\/p>\n
En consecuencia, la acci\u00f3n cambiaria que se ejerce con base en t\u00edtulos valores, es la denominaci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, cuyo procedimiento se encuentra reglado en el C\u00f3digo General del Proceso (Secci\u00f3n Segunda Libro III), sin que por el hecho de integrar aquellos un t\u00edtulo ejecutivo complejo, pierdan su car\u00e1cter de t\u00edtulos valores y que por tal circunstancia le sea aplicable la prescripci\u00f3n del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, como quiera que la propia definici\u00f3n de t\u00edtulos valores del art\u00edculo 619 de la codificaci\u00f3n mercantil, ilustra que son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut\u00f3nomo que en ellos se incorpora, encontr\u00e1ndose plenamente regulados por esta codificaci\u00f3n, sin requerirse entonces acudir al C\u00f3digo Civil al tenor de su art\u00edculo 2, por lo que la prescripci\u00f3n a ellos aplicables es la espec\u00edfica prevista en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, acertadamente aplicada en la sentencia apelada, o sea de 3 a\u00f1os a partir del d\u00eda de su vencimiento, norma esta que adem\u00e1s de ser especial[,] aplicable a los t\u00edtulos valores, es posterior en el tiempo al resaltado art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo C[i]vil, y por ende de aplicaci\u00f3n preferente (art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil, subrogado por el art\u00edculo 7 de la ley 57 de 1887; art\u00edculo 2 ley 153 de 1887), t\u00e9rmino de 3 a\u00f1os que, como se ha expuesto, se encontraba vencido a la presentaci\u00f3n de la demanda y por tanto para ese momento procesal, estaba configurada la declarada excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n planteada por la parte pasiva. <\/p>\n
Seguidamente, de forma categ\u00f3rica a\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
La circunstancia de estar integrado el t\u00edtulo adosado por letras de cambio e hipoteca, no conduce a restarle la calidad de t\u00edtulos valores a aquellas, simplemente que en cumplimiento de los requisitos del art\u00edculo 422 del C.G.P., de tales documentos provenientes de la deudora demandada, [es] de los que debe, fluir las exigidas obligaciones expresas, claras y exigibles, que aben paso al mandamiento ejecutivo, como el mismo art\u00edculo establece, las que bien pueden constar en \u201cdocumentos\u201d o tratarse de un solo documento, y as\u00ed cumplirse el objetivo de pago del proceso ejecutivo, en el que no hay lugar a declarar el derecho, como acontece en los procesos declarativos, sino que se parte de su existencia, de cumplirse las indicados exigencias, correspondi\u00e9ndole a la parte ejecutada suscitar el debate a trav\u00e9s de excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
Despu\u00e9s, de cara a la apelaci\u00f3n del extremo ejecutante, tras citar pronunciamiento de esta Corte que consider\u00f3 aplicable al asunto (CSJ STC550-2020, 30 en., rad. 2019-00168-01), acept\u00f3 el reparo de dicho extremo porque: <\/p>\n
\u2026el car\u00e1cter accesorio de la hipoteca, se extingue junto con la obligaci\u00f3n principal (art\u00edculo 2457 C.C.), por lo que extinguida por prescripci\u00f3n la obligaci\u00f3n principal (art\u00edculo 1625 numeral 10 C.C.), conforme se declara en el numeral primero del fallo apelado, el que seg\u00fan se ha expuesto ser\u00e1 confirmado, igualmente se extingue la garant\u00eda hipotecaria, sin que por su car\u00e1cter de ser abierta y para garantizar, entre otras, de las obligaciones que por cualquier concepto llegara a contraer la deudora demandada, signifique, en palabras de la extractada sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n civil, que sea: \u201c\u2026eterna, ilimitada en el tiempo, o sujeta a una remota adquisici\u00f3n de futuras obligaciones por parte de cualquier deudor y a favor de cualquier acreedor, pues ello desnaturalizar\u00eda el referido instituto\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, contrario a la consideraci\u00f3n de primera instancia para no acceder al levantamiento o cancelaci\u00f3n de la garant\u00eda hipotecaria, de desconocerse si con ella se est\u00e1n garantizando otras obligaciones, pues no fue motivo de debate procesal, se tiene que s\u00ed fue objeto de debate a trav\u00e9s de excepci\u00f3n denominada \u201cEXTINCI\u00d3N DEL T\u00cdTULO HIPOTECARIO O SU DEFECTO PRESCRIPCI\u00d3N EXTINTIVA PARA SU CANCELACI\u00d3N\u201d. <\/p>\n
Afirma as\u00ed, categ\u00f3ricamente la parte excepcionante en el hecho 8 ac\u00e1pite final que: \u201c\u2026al declararse la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria, debe tener como consecuencia la cancelaci\u00f3n de la hipoteca, ya que no existen m\u00e1s t\u00edtulos valores que amparen el t\u00edtulo hipotecario\u201d, (subrayado fuera de texto), negaci\u00f3n indefinida que no requiere prueba acorde al art\u00edculo 167 inciso final del C\u00f3digo General del Proceso, traslad\u00e1ndose entonces la carga probatoria, de acuerdo a la regla general del citado art\u00edculo, de existencia de otros t\u00edtulos valores, contentivos de obligaciones garantizadas con la demandada hipoteca, a la parte ejecutante, quien adem\u00e1s de no contestar expresamente el mentado hecho 8 al descorrer el traslado de la excepci\u00f3n, indicio de veracidad de la afirmaci\u00f3n (art\u00edculo 240 .G.P.), se limit\u00f3 a contestar afirmativamente, al absolver interrogatorio, a la pregunta asertiva de existencia de otros t\u00edtulos valores que amparen la Escritura P\u00fablica de hipoteca, sin explicaci\u00f3n alguna que considerara necesaria (art\u00edculo 203 inciso 5 C.G.P.), y sin que hubiese empleado la oportunidad al descorrer el traslado de las excepciones, para solicitar prueba al respecto. <\/p>\n
Debe concluirse entonces que no se prob\u00f3 la existencia de obligaciones diferentes a las declaradas prescritas, de la amplia gama acordada en el t\u00edtulo hipotecario, en consecuencia, se itera, por el car\u00e1cter accesorio de la hipoteca, extinguida la obligaci\u00f3n principal, la hipoteca corre la misma suerte, estando llamada a ser declarada probada la excepci\u00f3n de extinci\u00f3n del t\u00edtulo hipotecario y en consecuencia ordenar su cancelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. De esta manera, la Sala concluye que la decisi\u00f3n del Tribunal atacado no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada, a diferencia de lo aducido por ella, con apoyo en las normas, doctrina y jurisprudencia que encontr\u00f3 aplicables al asunto, bajo el an\u00e1lisis conjunto de los medios suasorios recaudados, concluy\u00f3, muy a pesar de las alegaciones de la tutelante, que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, respecto de las letras (3 a\u00f1os), no se alter\u00f3 por pretender su cobro a trav\u00e9s del proceso hipotecario, sin que pueda considerarse que existe contradicci\u00f3n con lo dicho en el proceso previo de ese linaje, pues el motivo para all\u00ed negar la ejecuci\u00f3n fue la falta de la primera copia de la escritura contentiva del gravamen hipotecario, con la constancia de prestar m\u00e9rito ejecutivo, cuyo aporte s\u00ed era imprescindible para poder seguir el cobro por la v\u00eda escogida; sumado a ello, se advierte que el argumento referente a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n por la existencia de ese juicio anterior se trajo novedosamente a esta instancia supralegal porque no fue expuesto al sustentar la censura vertical ante el fallador natural, ni siquiera esbozado al plantear los reparos concretos frente a la sentencia del all\u00ed a-quo, de donde no es dable endilgar al ad-quem omisi\u00f3n alguna al respecto; en cuyo caso aquellas deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador com\u00fan, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo anterior para negar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC8620-2017. <\/p>\n
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STC10373-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10373-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02700-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Margarita […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56363","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56363\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}