STC10384-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC10384-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-02720-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Aura Alicia G\u00f3mez contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Primero de Familia de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso y petici\u00f3n, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en una sucesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, hizo un extenso recuento sobre la ocupaci\u00f3n que su familia vendr\u00eda realizando sobre un predio ubicado en el corregimiento El Charte de Yopal, \u00abm\u00e1s exactamente desde la carretera principal marginal de la selva-hasta el r\u00edo Charte, hac\u00eda el fondo llegando a San Rafael de Morichal, en lo que hoy en d\u00eda es el aeropuerto el Alcarav\u00e1n, en una extensi\u00f3n de aproximadamente 1.405 hect\u00e1reas\u00bb, sobre el cual Julia G\u00f3mez (q.e.p.d.) hizo mejoras y construcciones nuevas. <\/p>\n
En ese sentido, refiri\u00f3 que la controversia se suscit\u00f3 cuando la citada se\u00f1ora \u00abreuni\u00f3 a todos sus hijos en Villa Julia [y] les manifest\u00f3 sus quebrantos de salud y su deseo de dividir las hect\u00e1reas entre ellos\u00bb, de modo que, \u00abgracias a la donaci\u00f3n a t\u00edtulo gratuito efectuada por la se\u00f1ora Julia G\u00f3mez (q.e.p.d), quien desde diciembre del a\u00f1o 2009 cedido los derechos, acciones, usufructo, goce y ocupaci\u00f3n a favor de sus hijos, la accionante Aura, pudo de forma concreta ejercer la ocupaci\u00f3n de los terrenos descritos anteriormente\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, dadas las vicisitudes familiares y por \u00abel af\u00e1n de la se\u00f1ora Julia G\u00f3mez de \u201clegalizarle\u201d la tierra a sus hijos\u00bb, con ocasi\u00f3n de la muerte de Manuel G\u00f3mez (q.e.p.d.), se inici\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n que cursa ante el Juzgado Primero de Familia de la citada localidad, en el que se incluyeron \u00abequivocadamente\u00bb los terrenos que en la actualidad est\u00e1n siendo ocupados por los hijos de la se\u00f1ora Julia G\u00f3mez, entre ellos la convocante. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en ese asunto, el estrado decret\u00f3 el embargo y secuestro \u00abdel derecho de posesi\u00f3n y mejoras que ejercen varios de los interesados sobre el bien inmueble trabado en la presente causa\u00bb, aspecto que, en su criterio, es un error, porque \u00abdebi\u00f3 excluirse del proceso al no ser de propiedad del se\u00f1or Manuel G\u00f3mez y adicionalmente al reconocerse desde siempre como un predio bald\u00edo, al carecer de t\u00edtulo de propiedad y de registro inmobiliario, esto seg\u00fan da cuenta Supernotariado y Registro\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, precis\u00f3 que en esa causa no tiene reconocimiento y tampoco est\u00e1 vinculada como tercera con inter\u00e9s, pero que \u00abya agot\u00f3 todos los mecanismos ordinarios de justicia a su alcance, en primer lugar, se hizo representar y mediante incidente de desembargo logr\u00f3 liberar su bien de la medida de embargo y secuestro, luego, inici\u00f3 los tr\u00e1mites ante la ANT para la adjudicaci\u00f3n del bald\u00edo, busc\u00f3 hacerse parte dentro del proceso de sucesi\u00f3n 2009-430 y fue excluida, de forma m\u00e1s reciente y ante la duda frente a la legitimidad del predio de si este era bald\u00edo o no, procedi\u00f3 a iniciar el respectivo proceso declarativo de pertenencia, mismo que fuera rechazado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, por carencia de antecedente registral\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que el Tribunal Superior de Yopal ya se hab\u00eda pronunciado sobre el tema, pues, con providencia de 23 de agosto de 2017 \u00abhab\u00eda accedido a levantar el secuestro del predio\u00bb y que la materializaci\u00f3n de la nueva medida generar\u00eda perjuicios irremediables para ella y su familia. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abse proceda a ordenarle al Juez Primero de Familia de Yopal, anular la medida de embargo y secuestro contra el predio denominado Corralito, con matr\u00edcula IGAC 10101820010868\u00bb y \u00abse reconozca el car\u00e1cter de bald\u00edo del predio ocupado por mis poderdantes y consecuencia de ello se ordene al Juez de conocimiento excluirlo del proceso de sucesi\u00f3n 2009-430 en aras de evitar un perjuicio irremediable a los derechos de mis poderdantes\u00bb. <\/p>\n
De forma subsidiaria, requiri\u00f3 \u00abse tutele el derecho a la igualdad, art. 13 CN y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, art. 229 CN, ordenando a la entidad Juzgado Primero de Familia de Yopal, permitir la intervenci\u00f3n de la accionante, como tercera interesada en las resultas del proceso\u00bb y \u00abse tutele el derecho de petici\u00f3n, regulado en el art. 23 CN, ordenando al Juez Primero de Familia de Yopal, dar una respuesta clara al derecho de petici\u00f3n informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Yopal manifest\u00f3 que se atiene a las respuestas otorgadas en otros dos amparos (radicaciones 2021-00107 y 2021-00111) iniciados por el mismo apoderado judicial del sub ex\u00e1mine ante el Tribunal Superior de esa ciudad, as\u00ed: \u00abde los treinta hechos que se exponen en la demanda de tutela, el \u00fanico que le consta a este funcionario es que en este juzgado cursa el proceso de sucesi\u00f3n 2009-430, al cual me remito en cuanto a las actuaciones all\u00ed surtidas\u00bb. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que \u00abla promotora cuenta con otros medios de defensa judicial, dentro de la diligencia comisionada por este despacho\u00bb. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de esa ciudad expuso que \u00abel inconformismo de la accionante se dirige contra la determinaci\u00f3n tomada por el se\u00f1or Juez reclamado, de ordenar el embargo de los derechos sobre el predio denominado \u201cEl Corralito\u201d, dentro del proceso de sucesi\u00f3n que all\u00ed se tramita bajo el radicado 2019-0340. Sobre ese aspecto, la actuaci\u00f3n de este Tribunal se limit\u00f3 a la emisi\u00f3n de providencia de fecha 23 de agosto de 2017, en la que se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del se\u00f1or Juez, en el sentido de levantar la medida cautelar impuesta sobre el mismo bien (en ese momento proceso con radicado 2009-0454)\u00bb. Con esas defensas, pidi\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
3. Un abogado que manifest\u00f3 ser el apoderado judicial de algunos de los vinculados se opuso a la prosperidad del resguardo, porque \u00abno existe vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por la realizaci\u00f3n de la diligencia de secuestro a realizar (sic), adem\u00e1s no se acredit[\u00f3] el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y la Accionante podr\u00e1 hacer uso de los derechos que de contradicci\u00f3n, debido proceso, administraci\u00f3n de justicia e igualdad a trav\u00e9s del derecho que le asiste a hacer oposici\u00f3n en la diligencia de secuestre y adelantar las acciones judiciales pertinentes a la defensa de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la sucesi\u00f3n de la referencia (radicaci\u00f3n 2009-00430), por decretar la medida de embargo y secuestro frente a un predio que la aqu\u00ed gestora dice poseer. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, si bien en su contestaci\u00f3n el Juzgado Primero de Familia de Yopal memor\u00f3 la existencia de otros dos amparos similares promovidos por el abogado Andr\u00e9s Felipe Castro Mu\u00f1oz, mandatario judicial de la aqu\u00ed gestora pretendiendo la suspensi\u00f3n de la enunciada diligencia, lo cierto es que en el radicado 2021-001071 el abogado agenciaba los derechos de Carmen Rosa G\u00f3mez, aunado a que en el radicado 2021-001112 hizo lo propio frente a Mar\u00eda Enith Guti\u00e9rrez G\u00f3mez, descart\u00e1ndose, en consecuencia, temeridad en el uso de este mecanismo. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, revisado el expediente, colige la Sala que con el presente amparo se pretende la \u00abanulaci\u00f3n de la medida de embargo y secuestro\u00bb decretada por el despacho de familia frente al predio en contienda, no obstante, la improcedencia del resguardo deviene di\u00e1fana, si se tiene en cuenta que la interesada conserva la posibilidad de oponerse a la mentada diligencia (art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso y dem\u00e1s concordantes), la cual, a la fecha \u2013seg\u00fan la documentaci\u00f3n remitida por el juzgado querellado\u2013, no se ha adelantado, de modo que ese es el escenario id\u00f3neo para plantear los argumentos que esgrime en esta sede, y, de ser el caso, ejercer los medios de defensa pertinentes frente a la determinaci\u00f3n que all\u00ed se profiera. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte ha sostenido que este mecanismo excepcional \u00abno fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC7358-2018, 7 jun. 2018, rad. 00113-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan esbozado y menos probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). Al respecto, cabe recordar que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento del citado menoscabo es insuficiente para justificar la procedencia de la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
3.3. Finalmente, en lo que respecta a la supuesta vulneraci\u00f3n del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, la Sala reitera que esta prerrogativa es inviable cuando se trata de tr\u00e1mites judiciales (salvo en temas de car\u00e1cter administrativo), en raz\u00f3n a que aquellos est\u00e1n sometidos a las etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En todo caso, del cuaderno principal de la sucesi\u00f3n, se desprende la expedici\u00f3n del prove\u00eddo de 19 de febrero de 2021, mediante el cual el Juzgado Primero de Familia de Yopal refiri\u00f3 al apoderado de la solicitante que, auscultada la foliatura, \u00abno se evidencian (\u2026) los documentos que requiere\u00bb, aspecto con el que absolvi\u00f3 su inquietud. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se declarar\u00e1 la inviabilidad del auxilio, dada la desatenci\u00f3n de la naturaleza subsidiaria y residual de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Acci\u00f3n de tutela admitida el 29 de julio de 2021, por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. M.P. Gloria Esperanza Malaver de Bonilla. <\/p>\n
2\u0002 Acci\u00f3n de tutela admitida el 4 de agosto de 2021, por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. M.P. Gloria Esperanza Malaver de Bonilla. <\/p>\n
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