STC10388-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC10388-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02786-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda, la Nueva E.P.S. y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00149-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular que adelant\u00f3 en contra de la Nueva E.P.S. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordenar\u00e1 a la Magistratura encartada: (i) Amparar la acci\u00f3n popular; (ii) Decretar las pruebas necesarias; (iii) Proferir sentencia de m\u00e9rito. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n lo representaran en este tr\u00e1mite excepcional y \u00ablo corrijan en derecho\u00bb. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que se le neg\u00f3 la demanda (rad. 2019-00149-01) puesto que \u00ab(\u2026) no se utiliz\u00f3 fuero de atracci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira alleg\u00f3 link de acceso al tr\u00e1mite objetado. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda defendi\u00f3 la legalidad de su proceder e inform\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n popular se encuentra surtiendo el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida ante el Superior jer\u00e1rquico. En su sentir, manifiesta que se le neg\u00f3 la acci\u00f3n popular que demostr\u00f3 la amenaza. La manifestaci\u00f3n anterior no es cierta, toda vez que la NUEVA EPS, no tiene sede y\/o locales en el municipio de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda y sus servicios son prestados a trav\u00e9s del Hospital San Jos\u00e9 del mismo municipio, raz\u00f3n por la cual se profiri\u00f3 el respectivo fallo\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n adujo \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, por lo que requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
La Nueva E.P.S. y el Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles solicitaron denegar la salvaguarda implorada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Conocido es que \u00ab(\u2026) el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados (\u2026)\u00bb. Empero, este camino, de manera excepcional, es id\u00f3neo para garantizar prerrogativas esenciales cuando se advierta una ileg\u00edtima actuaci\u00f3n de los encargados de administrar justicia (Sent. 7 mar. 2008, Exp. T. n\u00b0 2007-00514-01; reiterada en STC14626-2019, 25 oct. 2019 y STC11511-2020, 14 dic. 2020). <\/p>\n
2.- Del escrito genitor se concluye que las inconformidades del actor se enfilan contra el veredicto dictado el 3 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en la demanda popular que le interpuso a la Nueva E.P.S. porque, en su opini\u00f3n, se debi\u00f3 \u00ab(i) amparar la acci\u00f3n popular; (ii) decretar las pruebas necesarias y (iii) proferir sentencia de m\u00e9rito\u00bb, entiende la Sala, favorable a sus intereses. <\/p>\n
No obstante, muy pronto se avizora que dicho pronunciamiento no luce antojadizo, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre la materia, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, en primer lugar, explic\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece las acciones populares como la herramienta procesal adecuada para la protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza que se definen por el legislador. Para tales efectos se profiri\u00f3 la Ley 472 de 1998, cuyo art\u00edculo 4\u00ba enumera un listado de derechos de esa categor\u00eda, despliegue que no es taxativo\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la configuraci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n o amenaza de los \u00abderechos colectivos\u00bb, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEn el presente caso la Sala estudiar\u00e1 los argumentos de alzada en forma exclusiva con relaci\u00f3n a la condena en costas, atendiendo que luego de realizar un an\u00e1lisis f\u00e1ctico de la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia, con el objeto de extraer si se prob\u00f3 o no la vulneraci\u00f3n de los intereses colectivos invocados, cobra cabal firmeza la decisi\u00f3n que al punto adopt\u00f3 el a quo. En efecto, desde el libelo introductorio, en el aparte de hechos, se advert\u00eda una falencia que hac\u00eda prever el fondo de la sentencia emitida, dado que la parte accionante jam\u00e1s determin\u00f3 en qu\u00e9 lugar o instalaciones de la NUEVA EPS, se prestaban servicios sin propender por la integraci\u00f3n de la poblaci\u00f3n sorda, sordociega o hipoac\u00fasica. Se limit\u00f3 a decir el actor que la vulneraci\u00f3n ocurr\u00eda en el municipio de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, reflexion\u00f3 <\/p>\n
\u00abAl encontrarse que NUEVA E.P.S no cuenta con instalaciones en esa municipalidad (lugar sobre el que deb\u00eda girar la prueba de la vulneraci\u00f3n o amenaza a cargo de actor), como lo concluy\u00f3 el a quo, resulta claro y firme el veredicto recurrido, que ni siquiera controvierte el actor quien, en su lugar, luego del fallo se esforz\u00f3 en proponer nulidades buscando la vinculaci\u00f3n de otras instituciones, con el prop\u00f3sito de concretizar los hechos que de manera escueta expuso desde la demanda, pretendiendo entonces dirigir la atenci\u00f3n del juzgador a las instalaciones f\u00edsicas de \u00e9stas, no las inicialmente enjuiciadas. Si el juez de acci\u00f3n popular encuentra vulnerados derechos colectivos, tiene el deber de dirigir la acci\u00f3n contra los responsables (art. 14 Ib.), por la relevancia que tienen estas garant\u00edas para la sociedad (art. 42 y ss. de la Carta Pol\u00edtica Nacional); sin embargo, si desde el albor procesal no luce al menos aparente la amenaza o vulneraci\u00f3n que se alega, las facultades oficiosas del juzgador no est\u00e1n llamadas a encontrar, a como d\u00e9 lugar, un antijur\u00eddico colectivo que permita una sentencia favorable a la pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para finalizar, coligi\u00f3, que <\/p>\n
\u00abresta solamente pronunciarse sobre el \u00fanico reparo sustentado por el actor, que guarda relaci\u00f3n con la condena en costas que a su cargo se estableci\u00f3. Retomando los argumentos de alzada que han de encontrar resoluci\u00f3n en esta decisi\u00f3n, se tiene que al tenor del art\u00edculo 38 Ib., \u00fanicamente hay lugar a condena en costas de la parte accionante, cuando la acci\u00f3n sea temeraria o de mala fe y se encuentre debidamente probado ese actuar\u00bb. <\/p>\n
Resaltando que, <\/p>\n
\u00abHa de revocarse entonces el numeral cuarto del aparte resolutivo de la sentencia confutada, donde se conden\u00f3 en costas a la parte accionante ante la improsperidad de las pretensiones, sin hacerse consideraci\u00f3n alguna alrededor de un actuar temerario o de mala fe del accionante, olvidando el juzgador el deber de motivar la sentencia que aparece relacionado en el Art. 42-7 C.G.P., as\u00ed como en aquellas normas que se\u00f1alan las formalidades y el contenido de las providencias (Arts. 279 y 280 Ib.). Es que no puede obviarse que los jueces deben soportar sus decisiones en consideraciones expresas, pertinentes y suficientes, que garanticen a las partes el ejercicio de las garant\u00edas del debido proceso (v.gr. impugnar las providencias), m\u00e1xime cuando se trata de soportar una condena, ausencia de justificaci\u00f3n que resulta incluso censurable por la v\u00eda excepcional del amparo constitucional en contra de providencias judiciales, por la configuraci\u00f3n de un defecto sustantivo (C.C., sentencia SU 635-2015)\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- En lo concerniente con los pet\u00edtum de Arias Id\u00e1rraga contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, en el infolio no obra prueba que permita siquiera intuir que elev\u00f3 esas rogativas ante dichas entidades. <\/p>\n
Por consiguiente, no existe agravio que atribuir, pues no es de recibo que, sin haber planteado tales exigencias a las autoridades reprochadas, anhele le sean solventadas directamente en esta sede excepcional. <\/p>\n
5.- son estas razones las que conllevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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