STC10389-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10389-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02382-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte. S.A. contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, espec\u00edficamente, frente a los magistrados Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, Sonia Esther Rodr\u00edguez Noriega y Vivian Victoria Saltar\u00edn Jim\u00e9nez, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual en actividad m\u00e9dica\u201d, adelantado por Pedro Manuel Gonz\u00e1lez Bett y otros a la aqu\u00ed quejosa. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y defensa, entre otros, supuestamente quebrantado por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Pedro Manuel Gonz\u00e1lez Bett y otros incoaron ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, el juicio materia de este amparo, por la defectuosa prestaci\u00f3n del servicio de salud brindada a Judith Ariza Vizca\u00edno, por parte de la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte. S.A., pues su mal proceder llev\u00f3 al fallecimiento de la prenombrada. <\/p>\n
Dentro de ese litigio, se profiri\u00f3 sentencia el 12 de febrero de 2020, \u201cconcedi\u00e9ndose\u201d, parcialmente, las pretensiones invocadas, pues \u00fanicamente se otorg\u00f3 lo concerniente al da\u00f1o moral alegado por los demandantes. <\/p>\n
Esgrime la tutelante que apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad, quien, en prove\u00eddo de 7 de diciembre pasado, confirm\u00f3 la condena dineraria impuesta en su contra. <\/p>\n
Se\u00f1ala que dentro del litigio subex\u00e1mine se conculcaron sus garant\u00edas supralegales, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) ninguna de las excepciones de fondo propuestas en forma oportuna, fueron resueltas en la sentencia de primera y tampoco en la sentencia de segunda instancia y ni siquiera se h[izo] menci\u00f3n [de] ellas\u201d. <\/p>\n
Asevera que el tribunal fustigado incurri\u00f3 en \u201cdefecto sustantivo y f\u00e1ctico\u201d, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) desconoci\u00f3 o no quiso aplicar normas legales de orden p\u00fablico, las cuales determinan que, ante una URGENCIA VITAL, y por lo tanto atenci\u00f3n de EMERGENCIA, el m\u00e9dico NO requiere autorizaci\u00f3n de ning\u00fan tipo y debe prestar sus servicios de inmediato y por ning\u00fan motivo, puede condicionar el inicio de [dicha] atenci\u00f3n a la autorizaci\u00f3n del paciente (\u2026) o de los familiares; ii) [valor\u00f3] el totalmente errado, improcedente e infundado dictamen, que rindi\u00f3 y sustent\u00f3 el Dr. Hermes Grajales, en su condici\u00f3n de m\u00e9dico general y no como m\u00e9dico especialista, como lo exige el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso y la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema De Justicia; iii) no orden[\u00f3] de OFICIO, que se allegara al proceso pruebas determinantes para resolver el litigio, y iv) aplic[\u00f3] la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el consentimiento informado, en forma totalmente contraria a lo determinado por la Corte (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, \u201cdejar sin efecto jur\u00eddico\u201d la sentencia proferida por el ad quem en el aludido asunto. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder, y ratific\u00e1ndose en la decisi\u00f3n adoptada por esa colegiatura dentro del comentado decurso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte. S.A., con la sentencia de 7 de diciembre de 2020, mediante la cual el tribunal tutelado, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n que declar\u00f3 civilmente responsable a la aqu\u00ed tutelante de los perjuicios alegados dentro del litigio sublite. <\/p>\n
3. De entrada, se advierte que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por carencia del requisito de subsidiariedad, sobre el punto concerniente a la falta de pronunciamiento por parte del juez a quo respecto de la totalidad de las excepciones de fondo propuestas en el comentado pleito, pues la accionante recurri\u00f3 la sentencia de primer grado; empero, dentro de los argumentos de la apelaci\u00f3n, no aleg\u00f3 ese tema; desperdiciando, de esa forma, la oportunidad de que el tribunal, en segunda instancia, estudiara la censura impetrada por esta excepcional v\u00eda, referente a ese espec\u00edfico punto. <\/p>\n
Ve\u00e1mos, el ad quem, al momento de zanjar la alzada, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) REPAROS CONTRA LA SENTENCIA. 1. Por parte de la ORGANIZACI\u00d3N CL\u00cdNICA GENERAL DEL NORTE\u201d. <\/p>\n
\u201c1.1. Ausencia de juicio de relevancia y trascendencia respecto de la historia cl\u00ednica. 1.2. Valoraci\u00f3n equivocada del consentimiento informado. 1.3. Desacertada motivaci\u00f3n de la sentencia. 1.4. Incorrecta apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
1.5. Inexistencia de responsabilidad civil de la demandada condenada. 1.6. Ausencia de obligaci\u00f3n indemnizatoria a cargo de la demandada\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta senda para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d1. <\/p>\n
Con todo, si la quejosa consideraba que el colegiado convocado, omiti\u00f3 resolver aspectos que deb\u00edan ser objeto de pronunciamiento, en segunda instancia, debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n de la providencia mediante la cual se zanj\u00f3 el memorado recurso de apelaci\u00f3n, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso2 para que ese juzgador, resolviera lo pertinente; empero, no lo hizo, hecho que le cierra el paso a esta senda excepcional por su car\u00e1cter netamente residual. <\/p>\n
4. Ahora, bien como la censura de la promotora involucra la valoraci\u00f3n probatoria realizada en el caso bajo estudio, para determinar la responsabilidad civil a ella endilgada, esta Sala analizar\u00e1 ese aspecto, pues tal asunto s\u00ed fue debatido por aqu\u00e9lla ante el colegiado criticado. <\/p>\n
4.1. En la providencia criticada, la corporaci\u00f3n recriminada esboz\u00f3 los argumentos jur\u00eddicos para definir el disenso de la siguiente forma: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La tesis de la juez de primera instancia que acogi\u00f3 parcialmente las pretensiones de la demanda, se sustenta en que la instituci\u00f3n demandada incumpli\u00f3 la carga de obtener el consentimiento informado, de tal forma que no comunic\u00f3 a los familiares de la paciente los riesgos inherentes al procedimiento de colocaci\u00f3n del cat\u00e9ter subclavio al cual fue sometida aquella, que trajo como consecuencia la p\u00e9rdida de la gu\u00eda y consecuencialmente los m\u00faltiples padecimientos producto de ese evento adverso que finalmente condujo a su deceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe conformidad con el acervo probatorio construido en desarrollo del tr\u00e1mite procesal, la Sala ha podido determinar lo siguiente:\u201d <\/p>\n
\u201cSi bien es cierto, los demandantes, al momento de radicar el libelo genitor, reconocen que autorizaron la colocaci\u00f3n del cat\u00e9ter subclavio y si bien es cierto los testigos t\u00e9cnicos coinciden en que se prest\u00f3 el consentimiento informado, no menos cierto es que al interior de la historia cl\u00ednica de la paciente, no se encuentra registrado el cumplimiento del deber de informar los riesgos derivados de este procedimiento, los riesgo comunes insignificantes o menores, as\u00ed como los de mayor gravedad\u201d. <\/p>\n
\u201cEn reciente pronunciamiento del 14 de diciembre de 2018, al interior de la Sentencia SC5641-2018, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia se refiri\u00f3 en torno al consentimiento informado, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cEn lo que toca con el consentimiento informado, a pesar de ser usual que se obtenga y deje documentado en una especie de formato, muchas veces preestablecido, firmado por el paciente o sus familiares, sin la esperada descripci\u00f3n de lo que se inform\u00f3 (informaci\u00f3n que debe referirse a los riesgos insignificantes comunes as\u00ed como a los graves comunes y raros, y no solo a los previstos. Y debe adem\u00e1s abarcar las opciones o alternativas con la que cuenta el paciente, los riesgos de cada una, entre otros elementos de val\u00eda), tal documento constituye un anexo de la historia cl\u00ednica\u201d. <\/p>\n
\u201cEsta exigencia se encuentra establecida en el art\u00edculo 11 de la Resoluci\u00f3n 1995 de 1999 expedida por el Ministerio de Salud y por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Cl\u00ednica. Cabe aclarar que correspond\u00eda a la parte demandada probar que al paciente le fueron informados los riesgos y consecuencias del procedimiento de colocaci\u00f3n del cat\u00e9ter subclavio\u201d. <\/p>\n
\u201cEl hecho de no obtener el consentimiento informado en los t\u00e9rminos establecidos, implica que los m\u00e9dicos no trasladaron los riesgos propios del procedimiento a la paciente, de tal forma que, si se preguntaba una situaci\u00f3n adversa com\u00fan al procedimiento realizado, aquellos deb\u00edan asumir dicho riesgo, como efectivamente se present\u00f3\u201d. <\/p>\n
4.2 Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el tribunal convocado efectu\u00f3 un estudio adecuado de los lineamientos normativos, los elementos probatorios y los precedentes jurisprudenciales que lo condujeron a la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
En efecto, acertada result\u00f3 la tesis del ad quem en el subex\u00e1mine auscultado, pues, ha sido constante la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sobre las consecuencias jur\u00eddicas por la omisi\u00f3n en el proceso de informaci\u00f3n al paciente respecto de los procedimientos m\u00e9dicos a practic\u00e1rsele. <\/p>\n
Sobre el particular, en reciente oportunidad, \u00e9sta Sala reflexion\u00f3 sobre el consentimiento informado, acotando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las reglas precedentes pueden sufrir variaciones con ocasi\u00f3n del consentimiento informado que otorgue el paciente, pues, al margen de que la obligaci\u00f3n sea de medios o de resultado, el galeno tendr\u00e1 que asumir todas las consecuencias derivadas de los riesgos previsibles que no revel\u00f3\u201d. <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo 15 de la ley 23 de 1981 prescribe que \u00ab[e]l m\u00e9dico no expondr\u00e1 a su paciente a riesgos injustificados. Pedir\u00e1 su consentimiento para aplicar los tratamientos m\u00e9dicos, y quir\u00fargicos que considere indispensables y que puedan afectarlo f\u00edsica o s\u00edquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicar\u00e1 al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Refulge que el talento humano en salud, para desarrollar sus actividades, debe actuar con el benepl\u00e1cito del paciente -o la persona que lo represente-, para lo cual deber\u00e1 exponerle de forma sencilla los riesgos previsibles a que se expondr\u00e1, las alternativas de tratamiento y su opini\u00f3n profesional sobre el mejor curso de acci\u00f3n, dej\u00e1ndose una constancia escrita en la historia cl\u00ednica de la informaci\u00f3n suministrada y la decisi\u00f3n que adopt\u00f3\u201d. <\/p>\n
\u201cNo se exige que la divulgaci\u00f3n recaiga sobre todas las posibles situaciones adversas, por quim\u00e9ricas que sean, sino que debe recaer sobre las normales o previsibles, con el fin de que el paciente asienta en su sometimiento. Bien se ha dicho que \u00ab[e]ste deber se extiende a los riesgos previsibles, pero no a los resultados an\u00f3malos, que lindan con el caso fortuito, y que no cobran relevancia seg\u00fan el id plerumque accidit, porque no puede desconocerse que el operador de salud debe balancear la exigencia de informaci\u00f3n con la necesidad de evitar que el paciente, por alguna eventualidad muy remota, inclusive, evite someterse a una intervenci\u00f3n, por m\u00e1s banal que \u00e9sta fuera\u201d . <\/p>\n
\u201cAs\u00ed lo ha reconocido la Corporaci\u00f3n: \u00abno puede llegarse al extremo de exigir que se consignen en el \u2018consentimiento informado\u2019 situaciones extraordinarias que, a pesar de ser previsibles, tengan un margen muy bajo de probabilidad que ocurran\u00bb (SC9721, 27 jul. 2015, rad. n.\u00b0 2002-00566-01)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn definitiva, \u00abla informaci\u00f3n debe circunscribirse a la necesaria, incluyendo las alternativas existentes, para que el paciente entienda su situaci\u00f3n y pueda decidir libre y voluntariamente. Por lo mismo, ha de enter\u00e1rsele sobre la enfermedad de su cuerpo (diagn\u00f3stico), el procedimiento o tratamiento a seguir, con objetivos claros (beneficios), y los riesgos involucrados\u00bb (SC7110, 24 may. 2017, rad. n.\u00b0 2006-00234-01)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Indubitablemente, en aplicaci\u00f3n de las reglas de la carga de la prueba, la demostraci\u00f3n del consentimiento y su contenido est\u00e1 en manos de los profesionales en salud, quienes tienen el deber de obtenerlo y documentarlo; \u00ablo anterior es especialmente importante si se atiende a que usualmente la informaci\u00f3n ser\u00e1 proporcionada verbalmente, porque en la relaci\u00f3n con el paciente una informaci\u00f3n personal resulta preferible a un protocolo burocr\u00e1tico\u201d. <\/p>\n
\u201cEsta obligaci\u00f3n, en s\u00ed misma considerada, es de resultado, en tanto la ausencia de consentimiento comprometer\u00e1 la responsabilidad gal\u00e9nica, siempre que uno de los riesgos de aquellos que debieron ser objeto de comunicaci\u00f3n se materialice y, como consecuencia, se produzca un da\u00f1o; en otras palabras, el personal tratante asumir\u00e1 las consecuencias de la omisi\u00f3n en el proceso de informaci\u00f3n, sin que puedan excusar su deber indemnizatorio en un actuar diligente, prudente o perito\u201d3 (se resalta). <\/p>\n
4.3. Ahora, sobre la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)4. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
4.4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Ahora bien, la gestora tambi\u00e9n censura al tutelado por omitir decretar pruebas de oficio, las cuales, en su sentir, eran \u201cdeterminantes\u201d para zanjar el asunto puesto a su conocimiento; no obstante, cabe precisar que esa facultad no es absoluta y tampoco es procedente en todos los casos, por tanto, no puede convertirse en un motivo adicional para desconocer, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, la autonom\u00eda del juez natural en el adelantamiento de los procesos judiciales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) al acudir a un proceso judicial, es deber de las partes en litigio presentar al juez de la causa no solo su versi\u00f3n de los hechos, sino tambi\u00e9n, por v\u00eda general, los elementos probatorios tendientes a demostrar el fundamento de sus aspiraciones o defensas, debiendo soportar consecuencias adversas en caso de no hacerlo. Entonces, exceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba est\u00e9 prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso (\u2026) [pues] (…) hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles\u201d8. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Por los anteriores argumentos, se niega el amparo deprecado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte. S.A. contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, espec\u00edficamente frente a los magistrados Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, Sonia Esther Rodr\u00edguez Noriega y Vivian Victoria Saltar\u00edn Jim\u00e9nez, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual en actividad m\u00e9dica\u201d adelantado por Pedro Manuel Gonz\u00e1lez Bett y otros a la aqu\u00ed quejosa. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
2\u0002 \u201cCuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. El juez de segunda instancia deber\u00e1 complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisi\u00f3n haya apelado; pero si dej\u00f3 de resolver la demanda de reconvenci\u00f3n o la de un proceso acumulado, le devolver\u00e1 el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos solo podr\u00e1n adicionarse de oficio dentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo t\u00e9rmino. Dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementaci\u00f3n podr\u00e1 recurrirse tambi\u00e9n la providencia principal\u201d (resaltado propio). <\/p>\n
3\u0002 CSJ SC de 7 de diciembre 2020, exp. 20001-31-03-003-2001-00942-01 <\/p>\n
4\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ STC10179-2019 <\/p>\n
9\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
10\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC10389-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10389-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02382-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}