STC10390-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10390-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02590-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por Leonardo Herrera Anaya contra los Juzgados Quinto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n y Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, ambos de Bucaramanga, y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del amparo formulado por el aqu\u00ed accionante respecto del primer despacho mencionado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente conculcada por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Examinado el ambiguo escrito introductor y las pruebas adosadas, se establece que el peticionario impuls\u00f3 el resguardo materia de controversia frente al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bucaramanga, por cuanto, dentro del \u201cejecutivo singular\u201d iniciado por Bancolombia contra \u00e9l y su hermano, Jaime Reinaldo Herrera Anaya, dicho estrado desestim\u00f3 la nulidad all\u00ed exigida por la indebida notificaci\u00f3n de su familiar, quien hab\u00eda fallecido en Ginebra -Suiza-; y, de igual modo, seg\u00fan expuso en esa salvaguarda, el juzgador omiti\u00f3 pronunciarse sobre los diferentes \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d enviados con igual prop\u00f3sito. <\/p>\n
Tal amparo fue negado el 16 de junio de 2021, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, ante la improcedencia del \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d en actuaciones jurisdiccionales y dado que, en determinaci\u00f3n de 9 de diciembre de 2020, no recurrido por el actor, se hab\u00edan zanjado sus cuestionamientos. <\/p>\n
Impugnada esa determinaci\u00f3n, el tribunal censurado la ratific\u00f3 el 21 de julio siguiente, porque el censor no us\u00f3 las herramientas de defensa a su alcance y toda vez que no hall\u00f3 ninguna arbitrariedad en la gesti\u00f3n refutada. <\/p>\n
El promotor cuestiona las providencias rese\u00f1adas porque, en su criterio, el juicio ejecutivo inicialmente atacado, estaba viciado de nulidad; adem\u00e1s, afirma, all\u00ed se valoraron incorrectamente las pruebas adosadas; y, de manera equivocada, se adujo que ten\u00eda registrada \u201cuna sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n [como abogado] (\u2026) por el per\u00edodo de seis meses\u201d. <\/p>\n
Por lo descrito, sostiene, los falladores de la salvaguarda criticada incurrieron en v\u00eda de hecho, al negarle, en primer y segundo grado, la protecci\u00f3n exigida. <\/p>\n
3. Sin pretender una actuaci\u00f3n en concreto, pide garantizar sus derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bucaramanga relat\u00f3 los antecedentes del decurso compulsivo a su cargo y acot\u00f3 no haber lesionado las prerrogativas del censor. <\/p>\n
2. El tribunal remiti\u00f3 copia, v\u00eda electr\u00f3nica, de los fallos proferidos en el amparo criticado. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n constitucional de tutela certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Corporaci\u00f3n ha advertido la improcedencia de los resguardos formulados contra actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ello el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse esta \u00faltima, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta que la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
\u201c4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
\u201c4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
\u201c4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Resulta evidente el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada porque el querellante ataca, de manera directa, los fallos de tutela proferidos, en primer y segundo grado, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bucaramanga y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, respectivamente, dentro de la tutela por \u00e9l incoada contra el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esa localidad. <\/p>\n
Se relieva, no se est\u00e1 en presencia de las excepciones arriba anotadas, pues adem\u00e1s de no reprocharse gesti\u00f3n distinta a las sentencias rese\u00f1adas, ning\u00fan fraude revela la tramitaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
Esta Sala ha desestimado decursos como \u00e9ste, \u201c(\u2026) puesto que la jurisprudencia constitucional defini\u00f3 de tiempo atr\u00e1s que [aqu\u00ed] resulta inconducente para alegar la configuraci\u00f3n de arbitrariedades en una sentencia de igual talante, pues un an\u00e1lisis distinto desnaturaliza su real objeto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Adem\u00e1s, una vez enviada la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional, para agotar el grado jurisdiccional asignado a esa corporaci\u00f3n, el petente podr\u00e1 solicitar la revisi\u00f3n de los fallos controvertidos y, en caso de ser necesario, hacer uso del mecanismo de insistencia. <\/p>\n
Esta Corte, en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que, de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Con todo, si con la actual salvaguarda el promotor pretende controvertir, de nuevo, la negativa a la nulidad invocada en el compulsivo inicialmente censurado y las respuestas a sus \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d, es clara la improcedencia de este instrumento, pues ello fue dilucidado en el amparo anterior, definido, en sede de impugnaci\u00f3n, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, autoridad que, se destaca, no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n del fallador all\u00ed denunciado. <\/p>\n
En criterio de esta Colegiatura, el auxilio debe desestimarse si, como ahora, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Leonardo Herrera Anaya contra los Juzgados Quinto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n y Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, ambos de Bucaramanga, y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del amparo formulado por el aqu\u00ed accionante respecto del primer despacho mencionado. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC del 17 de febrero de 2004, exp, No. 2300122130002003-00076-01 y 27 de agosto del mismo a\u00f1o, exp. 470012213000200400306-01, entre muchas otras. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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