STC10392-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10392-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02632-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la tutela impetrada por Armando Garc\u00eda frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y los Juzgados Tercero y Cuarto de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho iniciado por Anita Camacho Le\u00f3n contra el aqu\u00ed petente, con radicado n\u00b0. 2008-328-01. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, presuntamente violentadas por los convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la informaci\u00f3n narrada en el escrito inicial y de las pruebas aqu\u00ed allegadas, se infieren, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Ante el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva se adelant\u00f3 el juicio de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho iniciado por Anita Camacho Le\u00f3n contra el aqu\u00ed gestor, con radicado n\u00b0. 2016-090-01. <\/p>\n
El 30 de julio 2012, se dict\u00f3 sentencia que declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el all\u00ed demandado; determinaci\u00f3n revocada, en sede de apelaci\u00f3n, por el colegiado convocado, el 12 de marzo de 2013. <\/p>\n
En criterio del tutelante, esta \u00faltima determinaci\u00f3n es arbitraria, pues se fundament\u00f3 \u00fanicamente en una declaraci\u00f3n extrajudicial, en la cual, conforme a una prueba pericial practicada por la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de Neiva, \u201cse identificaron notables divergencias\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en dicha decisi\u00f3n tambi\u00e9n se pas\u00f3 por alto que, para entonces, Camacho Le\u00f3n ten\u00eda v\u00ednculo matrimonial vigente con Manuel Monta\u00f1\u00e9s Herrera. <\/p>\n
Por otra parte, cuestiona la providencia de 8 de marzo de 2018, a trav\u00e9s de la cual el tribunal confutado revoc\u00f3 el fallo de 1 de marzo de 2017, emitido por el Juzgado Tercero de Familia, que hab\u00eda declarado impr\u00f3speras las pretensiones formuladas por Anita Camacho Le\u00f3n contra el aqu\u00ed gestor, en el proceso \u201cverbal de distracci\u00f3n de bienes\u201d con radicado n\u00b0. 2016-090-01; y, en su lugar, declar\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [que] el se\u00f1or Armando Garc\u00eda dolosamente distrajo de la masa partible de la sociedad patrimonial conformada con la se\u00f1ora Anita Camacho Le\u00f3n, declarada en sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva el 12 de marzo de 2012, el bien inmueble ubicado en la Carrera 9 No 4\u201326. Del Municipio de Rivera, identificado con la Matr\u00edcula Inmobiliaria No 200-90680 de la oficina de registro de Instrumentos p\u00fablicos de la ciudad de Neiva -Huila- (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, lo conden\u00f3 a perder la porci\u00f3n del inmueble antes identificado. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, (i) revocar las sentencias cuestionadas, y (ii) suspender la diligencia de entrega del referido inmueble. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El tribunal convocado se\u00f1al\u00f3 hallarse imposibilitado de remitir los expedientes solicitados por cuanto los mismos ya hab\u00edan sido devueltos a los respectivos estrados de origen. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Familia remiti\u00f3 el link del proceso materia de la queja. <\/p>\n
3. Anita Camacho Le\u00f3n se opuso a la prosperidad del ruego, defendiendo la legalidad de los pronunciamientos reprochados. <\/p>\n
1. Armando Garc\u00eda cuestiona la sentencia de 12 de marzo de 2013, por la cual el tribunal convocado revoc\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, la providencia de 30 de julio 2012, emitida por el Juzgado Cuarto de Familia1; y, en su lugar, declar\u00f3 probada la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre Anita Camacho Le\u00f3n y el aqu\u00ed petente. <\/p>\n
Asimismo, censura el fallo de 8 de marzo de 2018, por el cual el mismo colegiado dej\u00f3 sin efecto el prove\u00eddo de primer grado de 1 de marzo de 2017, emitido por el Juzgado Tercero de Familia, en el proceso \u201cverbal de distracci\u00f3n de bienes\u201d2; y, en cambio, conden\u00f3 al aqu\u00ed quejoso a perder la porci\u00f3n del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No 200-90680, que hac\u00eda parte de la masa partible de la sociedad patrimonial conformada con Camacho Le\u00f3n. <\/p>\n
2. De entrada se advierte la inviabilidad del amparo, por la inobservancia del requisito de inmediatez, pues, desde la emisi\u00f3n de la primera de las decisiones censuradas -12 de marzo de 2013- a la interposici\u00f3n de este ruego -29 de julio de 2021- han transcurrido m\u00e1s de ocho a\u00f1os; y, desde el proferimiento de la segunda determinaci\u00f3n criticada -8 de marzo de 2018-, a la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n -29 de julio de 2021- han pasado m\u00e1s de tres a\u00f1os; per\u00edodos que superan ampliamente el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar el resguardo de sus derechos. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Por tanto, si el censor se demor\u00f3 en incoar el amparo, al no evidenciarse circunstancias que justifiquen su inactividad; su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las autoridades convocadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por Armando Garc\u00eda frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y los juzgados Tercero y Cuarto de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho iniciado por Anita Camacho Le\u00f3n contra el aqu\u00ed petente, con radicado n\u00b0. 2008-328-01. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICOPUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Radicado n\u00b0. 2008-328-01. <\/p>\n
2\u0002 Radicado n\u00b0. 2016-090-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 – 308. <\/p>\n
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