STC10393-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10393-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02644-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Juan Miguel Rodr\u00edguez Arbel\u00e1ez a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada especialidad, adelantado contra el gestor y otros, por los delitos de \u201creceptaci\u00f3n, legalizaci\u00f3n y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales agravado\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 el 26 de febrero de 2018, conden\u00f3 al promotor a ciento ocho (108) meses de prisi\u00f3n como coautor de los delitos de \u201creceptaci\u00f3n, legalizaci\u00f3n y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales agravado\u201d. <\/p>\n
Inconforme con lo prove\u00eddo, el impulsor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal confutado, quien, el 14 de noviembre ulterior, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n protestada. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, el tutelante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, defensa que fue inadmitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en auto AP2973- 2020 de 28 de octubre de 2020. <\/p>\n
Para el suplicante, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, en su decir, (i) la precitada corporaci\u00f3n estudi\u00f3 el fondo de los cargos enarbolados, superando as\u00ed los aspectos formales del libelo y, por ello, la cuesti\u00f3n ameritaba una sentencia en torno a si se casaba o, no, el fallo del tribunal; (ii) el supuesto f\u00e1ctico del caso remontaba hasta cuando era menor de edad; y (iii) la resoluci\u00f3n de la acusaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con los requisitos formales y, adem\u00e1s, resalta, la demanda de amparo la inco\u00f3 tempestivamente, pues el pronunciamiento de Sala de Casaci\u00f3n Penal se le notific\u00f3 el 10 de mayo de 2021. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, disponer admitir la demanda de casaci\u00f3n en cuesti\u00f3n y habilitar el c\u00f3mputo de t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que al no contar con el expediente, se encontraba imposibilitado de efectuar un pronunciamiento detallado frente a la controversia. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si se vulneraron las prerrogativas del tutelante, al inadmitirse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n entablado por aqu\u00e9l, respecto a la sentencia de 14 de noviembre de 2018, proferida la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante el cual se ratific\u00f3 la condena a \u00e9l impuesta como coautor de \u201creceptaci\u00f3n, legalizaci\u00f3n y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales agravado\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el auto AP2973- 2020 de 28 de octubre de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que la invalidez propuesta por el reclamante, dada su presunta minor\u00eda de edad, carec\u00eda de fundamento porque las conductas endilgadas se enmarcaron en hechos en donde el quejoso hab\u00eda superado esa etapa; adem\u00e1s, se advirti\u00f3, el cargo enarbolado, relativo a ser, su conducta, propia de la autor\u00eda mediata, al proceder como un mero instrumento para consumar los delitos, no se ajustaba a lo probado en el debate. <\/p>\n
Al punto, as\u00ed discurri\u00f3 la hom\u00f3loga Penal: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [La] foliatura, si bien, da cuenta del ponderado examen hist\u00f3rico y econ\u00f3mico, en punto de evoluci\u00f3n, componente accionario, patrimonio y enajenaci\u00f3n a sus familiares (entre los cuales est\u00e1 Juan Miguel Rodr\u00edguez Arbel\u00e1ez, hijo de Miguel \u00c1ngel Rodr\u00edguez Orejuela), de algunas sociedades de propiedad de los hermanos Rodr\u00edguez Orejuela a finales de los a\u00f1os ochenta y comienzos de los noventa, entre ellas varias de las que aqu\u00ed se mencionan, tal an\u00e1lisis se trajo a colaci\u00f3n a t\u00edtulo informativo, para significar la forma en que los consangu\u00edneos se hicieron a las empresas legalmente constituidas, pero a las que ingresaron recursos de origen il\u00edcito, espec\u00edficamente del narcotr\u00e1fico\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo el \u00f3rgano instructor delimit\u00f3 la conducta atribuida [al petente], en lo acaecido a partir del a\u00f1o 1996, cuando ya en su mayor\u00eda de edad particip\u00f3 de forma activa en las correspondientes asambleas de accionistas en las que se autoriz\u00f3 la venta de las empresas que conformaban Drogas La Rebaja S.A., y deleg\u00f3 a algunos de los aqu\u00ed procesados para la celebraci\u00f3n de los contratos\u201d. <\/p>\n
\u201cPor ende, ninguna causal de nulidad se acredita por no haberse tramitado proceso en su contra como menor de edad, por la sencilla raz\u00f3n que la base f\u00e1ctica que da cuenta de actos anteriores y que reclama el censor, no es objeto de juzgamiento en este encuadernamiento\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, al conocer de la naturaleza y trascendencia del comportamiento cometido como adulto, de ese modo se le juzg\u00f3, sin que se advierta la causal invalidatoria deprecada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u00abEn lo correspondiente al segundo cargo, expl\u00edquese que la instancias reconocieron que Rodr\u00edguez Arbel\u00e1ez ten\u00eda asiento en las empresas Valores Mobiliarios de Occidente e Inversiones ARA, como accionista y miembro de la junta directiva de Drogas La Rebaja S.A. y accionista de la cadena de droguer\u00edas y, en ese rol \u2013reit\u00e9rese, cuando ya ostentaba la mayor\u00eda de edad\u2013 convino en traspasar sus acciones entre una y otra cooperativa, particip\u00f3 de las asambleas donde se tomaron las decisiones de enajenaci\u00f3n y otorg\u00f3 contratos de mandato, suscritos con la intenci\u00f3n de ocultar las empresas del accionar del Estado y asegurar el provecho indebido, obtenido del narcotr\u00e1fico\u201d. <\/p>\n
\u201cAunque en el expediente existen m\u00faltiples referencias a los hermanos Rodr\u00edguez Orejuela como los creadores y directores de la intrincada estratagema delictiva, ampliamente detallada, los jueces unipersonal y plural tuvieron en cuenta que las maniobras tendientes a ocultar las trazas de ilegalidad de los recursos y asegurar su producto, requer\u00edan de la participaci\u00f3n de un sinn\u00famero de personas\u201d. <\/p>\n
\u201cRecu\u00e9rdese, sobre el particular, que tiene la condici\u00f3n de autor, tanto quien realiza la conducta (autor material), como aqu\u00e9l que domina la voluntad de otro y lo objetiva como instrumento de su prop\u00f3sito criminal (autor mediato)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn suma, los cargos que por nulidad y por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial efect\u00faa el recurrente, solo reflejan su desacuerdo frente a la decisi\u00f3n adversa a los intereses de su cliente, pero, de ninguna manera censuras que deban ser estudiadas por la Corte en un fallo de fondo, raz\u00f3n para inadmitir el libelo casacional propuesto\u201d. <\/p>\n
Para la Corte, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, al no advertirse desafuero en la providencia examinada, pues de manera l\u00f3gica y arm\u00f3nica se expuso la ausencia de nulidad por la alegada minoridad del promotor e, igualmente, se refut\u00f3 la autor\u00eda mediata blandida, sin que, en verdad, existiesen embates particulares en torno a la decisi\u00f3n del tribunal, como para dar curso al remedio casacional impetrado por el tutelante y, menos a\u00fan, para ameritar la intervenci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Se destaca, no es cierto, como lo aduce el petente en la demanda de amparo, que la Sala de Casaci\u00f3n Penal hubiese estudiado el fondo de los cargos para, al final, inadmitir el libelo del recurso extraordinario, pues, como qued\u00f3 visto, esa Corporaci\u00f3n se ocup\u00f3 de se\u00f1alar los motivos por los cuales esa defensa deb\u00eda ser inadmitida, sin entrar de lleno en la definici\u00f3n de los ataques propuestos por el demandante. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Advi\u00e9rtase, lo anterior devela que el gestor no hizo uso id\u00f3neo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, en esa medida, se impone el fracaso de esta salvaguarda por ser particularmente residual y subsidiaria. <\/p>\n
Igualmente, el reclamante no demostr\u00f3 haber planteado a trav\u00e9s de esa v\u00eda, el reparo aqu\u00ed enarbolado acerca de las inconsistencias de la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Respecto del anotado presupuesto, esta Colegiatura ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay lugar a la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la misma se halla reservada exclusivamente para casos de evidente desafuero judicial con directa repercusi\u00f3n en postulados supralegales, no siendo el presente uno de ellos. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Juan Miguel Rodr\u00edguez Arbel\u00e1ez a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada especialidad adelantado contra el gestor y otros, por los delitos de \u201creceptaci\u00f3n, legalizaci\u00f3n y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales agravado\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278. <\/p>\n
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