STC10394-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10394-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01295-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Gonzalo Alberto Mesa Ram\u00edrez a la Superintendencia de Sociedades – Coordinaci\u00f3n de Grupo de Procesos de Intervenci\u00f3n-, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n administrativa por captaci\u00f3n, respecto de Gestiones Financieras S.A. y Global Datos Nacionales S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que mediante Resoluci\u00f3n 300-004806 del 15 de diciembre de 2016 la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, adopt\u00f3 una medida de intervenci\u00f3n administrativa por \u201ccaptaci\u00f3n no autorizada de dineros del p\u00fablico\u201d respecto de Gestiones Financieras S.A. y Global Datos Nacionales S.A. <\/p>\n
Afirma que, en dicha decisi\u00f3n fue vinculado \u201c(\u2026) por supuestamente ser (\u2026) sujeto de la intervenci\u00f3n ocasionada por la captaci\u00f3n evidenciada (\u2026)\u201d. Como consecuencia de ello, en auto de 1 de febrero de 2017, se orden\u00f3 la \u201c(\u2026) toma de posesi\u00f3n, de los bienes, haberes y patrimonio de [su] propiedad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aduce que, en m\u00faltiples oportunidades, solicit\u00f3 a la delegatura convocada ser excluido del mencionado tr\u00e1mite \u201c(\u2026) por no haber participado de la administraci\u00f3n de la sociedad y no haber recibido beneficio alguno de las operaciones realizadas (\u2026)\u201d; peticiones desestimadas en la audiencia de \u201cresoluci\u00f3n de solicitudes de exclusi\u00f3n, resoluci\u00f3n de objeciones y aprobaci\u00f3n de inventario valorado\u201d, llevada a cabo el 28 de septiembre de 2020; y, aunque frente a dicho prove\u00eddo impetr\u00f3 reposici\u00f3n, la autoridad accionada mantuvo lo decidido. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201c(\u2026) la anulaci\u00f3n de todas las decisiones adoptadas por la entidad accionada de fecha 28 de septiembre de 2020 referentes a la negativa [a] acoger la solicitud de exclusi\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n judicial por \u201ccaptaci\u00f3n ilegal de dinero\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
La directora de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y pidi\u00f3 desestimar el ruego por la ausencia de la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio por la existencia de cosa juzgada constitucional, tras advertir <\/p>\n
\u201c(\u2026) que el 5 de mayo de 2021, esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de amparo que en anterior oportunidad formul\u00f3 el se\u00f1or Gonzalo Alberto Mesa contra la entidad convocada, con la cual solicit\u00f3 \u201c(\u2026) la anulaci\u00f3n de todas las decisiones adoptadas por la entidad accionada de fecha 28 de septiembre de 2020 referentes a la negativa [a] acoger la solicitud de exclusi\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n judicial por \u00abcaptaci\u00f3n ilegal de dinero\u00bb (\u2026)\u201d, la que se tramit\u00f3 al interior de la acci\u00f3n constitucional con radicado 110012203000202100783 00, y que se concedi\u00f3 su impugnaci\u00f3n ante la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil, la que fue confirmada en su totalidad mediante prove\u00eddo del 4 de junio de la presente anualidad\u201d. <\/p>\n
\u201cLuego, si se miran bien las cosas, el petitum constitucional que se estudia y el pret\u00e9ritamente mencionado es el mismo, lo que permite pregonar la existencia de cosa juzgada constitucional que impide abordar, nuevamente, el estudio de fondo del asunto puesto a consideraci\u00f3n del Tribunal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor se\u00f1alando que el a quo constitucional incurri\u00f3 en error, por cuanto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De forma sorprendente el Tribunal cit\u00f3, en la parte considerativa de su fallo, el texto de una acci\u00f3n de tutela totalmente ajena a la que present\u00e9, que no tiene nada que ver con mi caso, por cuanto la tutela que decidi\u00f3 el Tribunal es de otro accionante, con otro radicado diferente al que me fue asignado y con unos hechos y fundamentos diametralmente diferentes al m\u00edo, equivoc\u00e1ndose estruendosamente en su decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl Tribunal equivocadamente razona que la acci\u00f3n de tutela que resolvi\u00f3 en el fallo ac\u00e1 impugnado es de radicado No. 11001220300020210078300 y que el accionante de esta es el se\u00f1or Gonzalo Alberto Meza Ram\u00edrez [sic], siendo que el radicado real de esta acci\u00f3n de tutela (y tal como se destaca presenta en la primera p\u00e1gina de este fallo) es el No. 11001220300020210129500 y cuyo real accionante es mi persona, Gonzalo Alberto Meza V\u00e9lez [sic], por tanto, no hay congruencia de lo que se deb\u00eda fallar y de lo que finalmente se fall\u00f3. Sencillamente resolvieron un caso distinto confundiendo el nombre de los accionantes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor cuestiona la providencia de 28 de septiembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual no se acogi\u00f3 su solicitud de exclusi\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n judicial por \u201ccaptaci\u00f3n ilegal de dinero\u201d, respecto de las sociedades Gestiones Financieras S.A. y Global Datos Nacionales S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De entrada, se descarta la temeridad del gestor, pues le asiste raz\u00f3n al se\u00f1alar en su recurso que la sentencia STC6512 de 2 de junio de 2021, por la cual esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n, el fallo proferido el 5 de mayo anterior por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, vers\u00f3 sobre la tutela interpuesta por Gonzalo Alberto Mesa Ram\u00edrez frente a la Superintendencia de Sociedades de Colombia -Coordinaci\u00f3n de Grupo de Procesos de Intervenci\u00f3n-. <\/p>\n
Ahora, aun cuando dicho amparo fue extensivo al aqu\u00ed petente -Gonzalo Alberto Mesa V\u00e9lez-, entre otras personas naturales all\u00ed convocadas en calidad de intervinientes en el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n administrativa por captaci\u00f3n respecto de las sociedades Gestiones Financieras S.A. y Global Datos Nacionales S.A., tambi\u00e9n aqu\u00ed cuestionado; lo cierto es que, en esa oportunidad, aqu\u00e9l no obr\u00f3 como accionante, de donde se descarta la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de \u201ccosa juzgada constitucional\u201d aludido por el a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Precisado lo anterior, pronto se advierte la improcedencia del resguardo por la inobservancia del requisito de inmediatez, por cuanto, desde la emisi\u00f3n del prove\u00eddo censurado -28 de septiembre de 2020- a la interposici\u00f3n del presente ruego -22 de junio de 2021- transcurrieron casi nueve (9) meses sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del interesado; lapso que supera el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar el resguardo de sus derechos. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad convocada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19692, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d3, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio4. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia5, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales6; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas7. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se retificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
2\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
3\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
4\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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