STC10395-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10395-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02777-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y doble conformidad, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, el 3 de agosto de 2020 solicit\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal la habilitaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la doble conformidad frente a la sentencia que, en \u00fanica instancia, dict\u00f3 en su contra el 23 de noviembre de 2016 por los delitos de \u00abhomicidio con fines terroristas, tentativa de homicidio y concierto para delinquir\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, mediante auto del 16 septiembre de 2020 esa Sala concedi\u00f3 el recurso pretendido, empero, \u00fanicamente por los punibles de \u00abhomicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio\u00bb excluyendo del an\u00e1lisis la conducta de \u00abconcierto para delinquir\u00bb. Aunque present\u00f3 solicitud requiriendo que el examen de la doble conformidad incluyera la totalidad de los delitos por los que fue condenado, la Sala de Casaci\u00f3n Penal no se pronunci\u00f3, motivo por el cual interpuso acci\u00f3n de tutela, declarada improcedente por esta Sala que, consider\u00f3 que no satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Indica que, con posterioridad al fallo de tutela, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ponencia del Magistrado Hugo Quintero Bernate, el 14 de julio de este a\u00f1o profiri\u00f3 el pronunciamiento reclamado, en el que decidi\u00f3 abstenerse de resolver sobre el alcance de la impugnaci\u00f3n especial en los t\u00e9rminos pretendidos por el procesado, en raz\u00f3n a que \u00aba juicio de la Sala, los hechos atinentes a la condena por el delito de concierto para delinquir, en la actualidad est\u00e1n sometidos a la competencia prevalente, preferente y exclusiva del componente de justicia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No repetici\u00f3n \u2013 esto es, la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, esa determinaci\u00f3n \u00abconsolida la violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales y convencionales de las que es titular\u00bb, pues arguye que, la accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo y desconocimiento de precedente constitucional\u00bb al resolver como lo hizo; en primer lugar porque, inaplic\u00f3 lo previsto en el literal c, del art\u00edculo 97 de la ley 1957 de 2019 \u2013 Estatutaria de la JEP \u2013 que contempla que, \u00abla Corte Suprema de Justicia ser\u00e1 la competente para la revisi\u00f3n de las sentencias que haya proferido (\u2026)\u00bb; as\u00ed como, el inciso 3\u00ba del canon 10\u00ba transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. <\/p>\n
En lo atinente manifest\u00f3 que, la Secci\u00f3n de Apelaciones del Tribunal Especial para la Paz, mediante auto del 13 de enero de 2020, resolvi\u00f3 la alzada que interpuso contra la providencia de la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas que declar\u00f3 la falta de competencia para asumir la inicial solicitud de sometimiento a esa jurisdicci\u00f3n, en donde precis\u00f3 que, en todo caso, la Corte Suprema de Justicia \u00abes la \u00fanica competente para revisar sus propias decisiones\u00bb; y agreg\u00f3, seg\u00fan su particular criterio que, de lo se\u00f1alado por la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n de la JEP se extrae que \u00abla admisi\u00f3n de un compareciente a la JEP, no supone que la Sala de Casaci\u00f3n Penal sea desplazada de la revisi\u00f3n de sus providencias, por el contrario, tal facultad siempre radicar\u00e1 en cabeza de la m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia penal\u00bb. <\/p>\n
Aludi\u00f3 tambi\u00e9n a un prove\u00eddo de la misma Sala Especializada del 21 de noviembre de 2018 que, en su caso, invalid\u00f3 un auto de la Hom\u00f3loga Especial de Juzgamiento, mediante el cual remiti\u00f3 su expediente a la JEP dada su postulaci\u00f3n ante esa jurisdicci\u00f3n, decisi\u00f3n en la que se dijo que, esta Corporaci\u00f3n tiene la competencia \u00abpara decidir sobre los procesos surtidos contra aforados constitucionales que se encuentra con sentencia ejecutoriada y la potestad para revisar sus propias decisiones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que, dicha postura fue reiterada por la Corte Constitucional en el auto A-332 de 2020 con el que resolvi\u00f3 un conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y la transicional referida, y en la sentencia C-080 de 2018 que revis\u00f3 la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la JEP. <\/p>\n
Argumenta que, su pedido tiene fundamento por cuanto, el derecho a la doble conformidad no se garantizar\u00eda plenamente \u00absi no se valoran los argumentos que desdicen de [su] presunta alianza [\u2026] y los grupos paramilitares del Magdalena medio, pues ese supuesto acuerdo il\u00edcito sirvi\u00f3 a la Sala para inferir la presunta coparticipaci\u00f3n en los homicidios\u00bb. <\/p>\n
En suma, su cr\u00edtica se condensa en que, se desconoci\u00f3 el marco normativo \u00abque rige las competencias de la Corte Suprema de Justicia y de la JEP en el sistema transicional, [\u2026] su propia jurisprudencia y [\u2026] la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin ofrecer una raz\u00f3n v\u00e1lida para apartarse de la misma (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, \u00ab(\u2026) se le ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conceder la impugnaci\u00f3n especial respecto del delito de concierto para delinquir\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El apoderado de la familia Gal\u00e1n Pach\u00f3n, parte civil reconocida en el proceso penal en cuesti\u00f3n, solicit\u00f3 se deniegue el amparo por cuanto incumple el requisito de la subsidiariedad, ya que, se encuentra en curso el tr\u00e1mite del recurso de la doble conformidad, \u00abhabi\u00e9ndose surtido el traslado a los no recurrentes, que venci\u00f3 el 5 de agosto \u00faltimo [\u2026] recurso en el que por dem\u00e1s, [\u2026] se incorporaron todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el recurrente a punto de controvertir los fundamentos de la condena proferida por unanimidad en juicio de \u00fanica instancia por la Sala Penal el 23 de noviembre de 2016\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en lo que a la queja se refiere, toma relevancia lo dicho por el Tribunal Especial para la Paz, en cuanto a que \u00abno resulta posible que sea el condenado o el postulado el que decida de acuerdo con su conveniencia cu\u00e1l es la jurisdicci\u00f3n que les resulta aplicable o cu\u00e1l le podr\u00eda favorecer m\u00e1s\u00bb. Sostuvo tambi\u00e9n que, del comportamiento del encausado, \u00abqueda en evidencia es c\u00f3mo pretende manipular a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz mediante la \u201crenuncia\u201d a ella que hace el [accionante] y a la propia Sala Penal de la Corte, responsable en su momento de abrir a tr\u00e1mite la impugnaci\u00f3n especial, pues en \u00faltimas, dio pie a ella al darle la raz\u00f3n al condenado que pidi\u00f3 ser juzgado por ella en su momento, insistimos, bajo el entendido que la participaci\u00f3n en un homicidio con fines terroristas tendr\u00eda relaci\u00f3n alguna con la funci\u00f3n que como director del DAS desempe\u00f1\u00f3 [\u2026] para la fecha de los hechos, reconoci\u00e9ndole as\u00ed el fuero para el juzgamiento y que provoc\u00f3 en \u00faltimas la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite y el consecuente juicio y condena por unanimidad ante la Sala Penal de la Corte\u00bb. <\/p>\n
2. El Fiscal 5\u00ba Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, indic\u00f3 que intervino en el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n especial \u00aben calidad de no recurrente y solicit\u00f3 confirmar en todos sus aspectos la sentencia condenatoria contra el se\u00f1or Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez\u00bb. Sobre la pretensi\u00f3n del actor, manifest\u00f3 que \u00ablas decisiones adoptadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal son correctas, desde los puntos de vista normativo y jurisprudencial; se ajustan a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a los tr\u00e1mites especiales dise\u00f1ados para el funcionamiento de la JEP\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que, la JEP entro a conocer sobre el delito de concierto para delinquir \u00abpor la propia voluntad del mismo Maza M\u00e1rquez [\u2026] cosa distinta es que despu\u00e9s, la JEP culmine su trabajo, y las conclusiones de esta Jurisdicci\u00f3n Especial puedan ser analizadas por la Corte Suprema de Justicia (\u2026) en s\u00edntesis, mientras la JEP no adelante el tr\u00e1mite y decida lo que en derecho corresponda, no podr\u00e1 a su vez, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, de manera paralela y coet\u00e1nea asumir el conocimiento de la misma tem\u00e1tica. Ser\u00eda tanto como invadir una jurisdicci\u00f3n y una competencia que se activ\u00f3, no por capricho de la Corte Suprema, sino por el querer del mismo Maza M\u00e1rquez (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. El Magistrado Hugo Quintero Bernate, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente de la providencia recriminada, relacion\u00f3 lo acontecido en la causal penal seguida contra el procesado, aqu\u00ed accionante y lo adelantado ante la JEP, jurisdicci\u00f3n a la que aqu\u00e9l se postul\u00f3. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las alegaciones del gestor del amparo, adujo que \u00abes evidente la intenci\u00f3n y pretensi\u00f3n [\u2026] de reabrir el debate f\u00e1ctico, jur\u00eddico y probatorio agotado a plenitud con observancia del debido proceso y el derecho de defensa en lo que ata\u00f1e a la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de \u00fanica instancia proferida en disfavor de Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez, sin que se encuentren satisfechas las pautas que determinan la procedencia de la acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales en un proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso con el auto AP2902-2021 del 14 de julio de 2021, mediante el cual se abstuvo de resolver la solicitud que impetr\u00f3 de incluir en el an\u00e1lisis del recurso de la doble conformidad concedido, el delito de \u00abconcierto para delinquir\u00bb, por estimar que se present\u00f3 ruptura de la unidad procesal dada la postulaci\u00f3n admitida de dicho punible en la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho, supuestamente, por defectos \u00absustantivo y desconocimiento de precedentes judiciales y constitucionales\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
3. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. <\/p>\n
En virtud de \u00e9se presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acci\u00f3n de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
De lo anterior se extrae que ese car\u00e1cter residual que detenta se incumple cuando se procura con esta la protecci\u00f3n constitucional frente a asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en principio, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En punto del debate suscitado, preliminarmente la Sala de Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que requiri\u00f3 a la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas de la JEP a fin de que informara el estado actual de la actuaci\u00f3n seguida contra Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez, frente a lo cual, dicha corporaci\u00f3n comunic\u00f3 que el 1\u00ba de julio de 2021 ofici\u00f3 al postulado a fin de que \u00abaportara su compromiso claro, concreto y programado con los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n, de conformidad con los dispuesto por la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n del Tribunal para la Paz en auto TP-S.A. 401 del 13 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, aclar\u00f3 que, en efecto, el procesado Maza M\u00e1rquez present\u00f3 renuncia a la postulaci\u00f3n, no obstante, con prove\u00eddo AT-028 del 3 de febrero de este a\u00f1o, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinaci\u00f3n de los Hechos y Conductas \u2013 SRVR \u2013 lo cit\u00f3 para rendir versi\u00f3n libre dentro del caso \u00ab60 de victimizaci\u00f3n de miembros de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica\u00bb, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 la defensa del encausado, sin embargo, el llamado a declarar se mantuvo, aunque se estudia la petici\u00f3n de permitir su presentaci\u00f3n por escrito, dado su delicado estado de salud. <\/p>\n
Seguidamente explic\u00f3 que, el tr\u00e1mite al desistimiento presentado no se surtir\u00e1 mientras no se agote la declaraci\u00f3n del enjuiciado, seg\u00fan lo resolvi\u00f3 la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinaci\u00f3n de los Hechos y Conductas, lo anterior, para garantizar \u00abla protecci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) recu\u00e9rdese que la SRVR est\u00e1 conociendo de conductas relacionadas con agresiones a miembros de la UP, que podr\u00edan ser an\u00e1logas al concierto para delinquir por el que fue condenado el peticionario. Ello implica que, dado el car\u00e1cter integral de su comparecencia, independientemente de la eventual tramitaci\u00f3n de una acci\u00f3n de revisi\u00f3n transicional, cualquier tratamiento especial exige el cumplimiento de aportes en materia de verdad, justicia, reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n, lo que incluye los hechos materia de juzgamiento en el macro caso n.\u00b0 06 adelantado en la JEP, y sin perjuicio de lo que se decida respecto del car\u00e1cter de compareciente obligatorio o voluntario que el peticionario pueda llegar a detentar en lo que ata\u00f1e espec\u00edficamente a este asunto. As\u00ed, con miras a la protecci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas, se hace necesario que, para el tratamiento de la situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta \u2013provisional y definitiva\u2013 de Miguel Alfredo MAZA M\u00c1RQUEZ, se propicie un trabajo coordinado y mancomunado entre la SDSJ y la SRVR \u2013y las dem\u00e1s instancias transicionales que puedan tener el conocimiento de su caso durante el curso de los correspondientes tr\u00e1mites\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que, de conformidad con los art\u00edculos 5 y 6 del Acto Legislativo 01 de 2017 y el 36 de la ley 1597 de 2019 \u2013 Estatutaria de la JEP \u2013 ese \u00f3rgano especializado \u00abtiene competencia prevalente, preferente y exclusiva sobre las conductas cometidas por causa, con ocasi\u00f3n o en relaci\u00f3n directa o indirecta con el conflicto armado, ante del 1\u00ba de diciembre de 2016 por ex integrantes de las FARC-EP y miembros de la Fuerza P\u00fablica, as\u00ed como por terceros civiles o agentes del Estado no integrantes de la Fuerza P\u00fablica sometidos voluntariamente a esa jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, la Sala acusada adujo que, esa competencia prevalente de la jurisdicci\u00f3n especial para la Paz en los casos referidos, fue tratada con amplitud por la Corte Constitucional en las sentencias C-647 de 2017 y C-080 de 2018, y en el auto A-332 de 2020 que resolvi\u00f3 un conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y esa transicional, en lo concerniente apunt\u00f3 que \u00ab(\u2026) el sometimiento voluntario de agentes del Estado no integrantes de la Fuerza P\u00fablica – AENIFPU debe acatarse lo prescrito en los art\u00edculos 47 de la Ley 1922 de 201811 y 63 Par\u00e1grafo 4\u00b0 de la Ley 1957 de 2019, con remisi\u00f3n a los cuales se tiene que cuando la JEP reconoce que los hechos investigados son de su competencia, asumir\u00e1 el conocimiento del asunto de manera prevalente y exclusiva\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, enfatiz\u00f3 que la JEP, a trav\u00e9s de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinaci\u00f3n de los Hechos y Conductas, avoc\u00f3 el conocimiento del caso 06 \u00abvictimizaci\u00f3n de miembros de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica por parte de Agentes del Estado\u00bb con fundamento en informes presentados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y otras entidades, lo que implic\u00f3 por ejemplo que, Maza M\u00e1rquez fuera llamado a rendir versi\u00f3n libre. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que en el auto 029 de 2021 de esa Sala, con el cual ratific\u00f3 la citaci\u00f3n del postulado a declarar, y ante la manifestaci\u00f3n de renuncia del postulado, se puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tal como lo ha dicho la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n de la JEP, el sometimiento voluntario o forzoso a esta Jurisdicci\u00f3n, es de car\u00e1cter irreversible, integral, no desistible e irrestricto, en atenci\u00f3n al cumplimiento del principio pro v\u00edctima, el respeto de los derechos de las mismas y la seriedad de la justicia transicional, pues no ser\u00e1n los comparecientes ante esta jurisdicci\u00f3n quienes escojan dependiendo sus conveniencias su juez natural. Finalmente para reafirmar la importancia del llamado a versi\u00f3n voluntaria del se\u00f1or Maza M\u00e1rquez por parte de esta Sala, preciso es recordar, tal como se hizo en el auto AT-028 de 2021, que el compareciente mencionado, en uno de sus escritos dirigidos a esta Jurisdicci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que como contribuci\u00f3n a la verdad entregar\u00eda informaci\u00f3n acerca de la posible infiltraci\u00f3n en el DAS de organizaciones criminales, lo que contribuy\u00f3 no solo en facilitar el homicidio del se\u00f1or Gal\u00e1n Sarmiento sino tambi\u00e9n la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes contra miembros de la UP\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, concluy\u00f3 la accionada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Consecuente con lo que se viene de exponer, no cabe lugar a duda que los hechos atinentes a la condena por el delito de concierto para delinquir proferida en \u00fanica instancia por la Corte en contra de MIGUEL ALFREDO MAZA M\u00c1RQUEZ, en la actualidad est\u00e1n sometidos a la competencia prevalente, preferente y exclusiva del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n – SIVJRNR, esto es, de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz – JEP. <\/p>\n
Y, de otro lado, en el \u00e1mbito personal, que por tales hechos el compareciente voluntario se encuentra bajo la \u00e9gida del r\u00e9gimen de justicia transicional habida cuenta que la renuncia a continuar en el mismo a\u00fan no ha sido decidida de fondo por la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas – SDSJ, ni por su par de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinaci\u00f3n de los Hechos y Conductas – SRVR, d\u00edgase, que permanece sujeto a la JEP\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n adoptada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al juzgador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n que coincida plenamente con el de las partes; a ese respecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Lo dicho, porque en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que Sala de Casaci\u00f3n Penal apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y concluy\u00f3 que, carec\u00eda de competencia para definir la ampliaci\u00f3n del alcance de la impugnaci\u00f3n especial como lo demanda el tutelante, principalmente porque, cursan ante la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz respecto del asunto que lo involucra dos temas relevantes, el primero, el de la versi\u00f3n libre respecto del proceso 06 \u00abvictimizaci\u00f3n de los miembros de la UP por parte de Agentes del Estado\u00bb y, el segundo, ligado al anterior, la resoluci\u00f3n sobre el desistimiento a la postulaci\u00f3n ante esa justicia. <\/p>\n
De manera que, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un mero disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver la cuesti\u00f3n sometida a su escrutinio, disconformidad que excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
De suerte que, el accionante no puede buscar anteponer su propia interpretaci\u00f3n a la de la Sala tutelada y utilizar este mecanismo excepcional como una instancia m\u00e1s dentro del juicio ordinario. <\/p>\n
En todo caso, como en precedencia esta Corporaci\u00f3n lo ha resaltado \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). <\/p>\n
Y, de manera uniforme la Corte tambi\u00e9n ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Finalmente, en consonancia con lo puntualizado, suficientemente ha precisado la Corte que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012) Se resalta. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, el amparo en todo caso no puede prosperar dada la desatenci\u00f3n o incumplimiento del requisito de la subsidiariedad que rige esta especial justicia; ello por cuanto mientras no se agote el tr\u00e1mite que examina actualmente la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, la intervenci\u00f3n del juez del auxilio se encuentra vedada, considerando que la determinaci\u00f3n que se adopte en esa justicia transicional tiene trascendencia directa en la controversia, por lo que, resultar\u00eda a todas luces impertinente pronunciarse de fondo sobre la juridicidad del cuestionado prove\u00eddo. <\/p>\n
En torno a lo discurrido, esta Corporaci\u00f3n en casos an\u00e1logos ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
5.1. La decisi\u00f3n atacada, en principio, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al de la Sala tutelada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5.2. El ruego constitucional es anticipado, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado y a\u00fan m\u00e1s cuando las mismas est\u00e1n cursando. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10395-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10395-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02777-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Alfredo Maza […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56380","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56380","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56380"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56380\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56380"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56380"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56380"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}