STC10396-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10396-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02841-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Yeni Patricia Salas D\u00edaz le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior y al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00516. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso e igualdad\u00bb para que, en consecuencia, \u00abse ordene al Tribunal modificar la sentencia proferida dentro del proceso 20180051600 en el sentido que sea condenado el Banco, por transgredir los derechos de los consumidores financieros, al omitir informar que no se solicit\u00f3 la inclusi\u00f3n de la p\u00f3liza de seguros vida \u2013 grupo, al deudor Andr\u00e9s Olarte (q.e.p.d.), perdiendo la oportunidad de solicitar para ante otra aseguradora la expedici\u00f3n de p\u00f3liza de seguros que amparara su cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de lo reclamado, se\u00f1al\u00f3 que el estrado cuestionado neg\u00f3 las pretensiones de la demanda que present\u00f3 contra el Banco de Bogot\u00e1 S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A., al estimar que \u00abde las particularidades propias del caso espec\u00edfico no se puede extraer que la entidad bancaria tuviera un deber legal, como tampoco contractual, de incluir en la p\u00f3liza grupal de deudores a Andr\u00e9s Augusto Olarte Camacho y, por ende, tampoco se viol\u00f3 el deber de informaci\u00f3n que se exige a la entidad crediticia\u00bb (25 sep. 2019), decisi\u00f3n convalidada por el superior (18 dic. 2020). <\/p>\n
En su criterio, tales determinaciones lesionaron sus garant\u00edas, puesto que \u00abincurrieron en defectos procedimental absoluto, sustantivo, f\u00e1ctico, exceso ritual manifiesto al desconocer que los demandantes creyeron que eran los dos quienes tomaban el cr\u00e9dito, el Banco conoc\u00eda a Andr\u00e9s Augusto Olarte Camacho, como la condici\u00f3n de esposos y por ende tomaron un cr\u00e9dito que los beneficiaba o afectaba en igual proporci\u00f3n, situaci\u00f3n que hace responsable al Banco por la falta de informaci\u00f3n y no haber incluido en la p\u00f3liza de seguro a [su] c\u00f3nyuge o por lo menos haber informado por escrito, omisi\u00f3n que quebrant\u00f3 el principio de la buena fe que se exige a los contratantes que se deriva en la confianza p\u00fablica que debe caracterizar al sistema financiero, error que se mantuvo, ocasionando que se perdiera la oportunidad de haber contratado ese seguro con otra compa\u00f1\u00eda de seguros\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copias del paginario. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se advierte el fracaso del resguardo, porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, el requisito de inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si la interesada se demor\u00f3 en incoar la guarda, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a los funcionarios denunciados y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Se advierte que la anterior conclusi\u00f3n no sufre ninguna modificaci\u00f3n por el hecho que la tutelante hubiera formulado recurso extraordinario de casaci\u00f3n respecto de la sentencia dictada por la Magistratura criticada, pues se determin\u00f3 que tal censura era improcedente (5 feb. 2021). <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto que guarda cierta simetr\u00eda con el de ahora, esta Colegiatura precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSe advierte el fracaso de este auxilio, por la desatenci\u00f3n del querellante en relaci\u00f3n con el presupuesto de inmediatez, pues entre la data del prove\u00eddo atacado, 8 de agosto de 2018, y la fecha de formulaci\u00f3n del resguardo, 17 de junio de 2019, trasegaron m\u00e1s de diez (10) meses, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del supuesto afectado. <\/p>\n
El per\u00edodo trasegado entre tales cronolog\u00edas supera el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Cabe precisar que la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n no ten\u00eda la virtud de interrumpir el memorado lapso, toda vez que el citado mecanismo de defensa era abiertamente improcedente, pues las pretensiones econ\u00f3micas rechazadas por el ad quem ascend\u00edan a $612.000.000, distando por mucho del l\u00edmite m\u00ednimo del \u201cinter\u00e9s para recurrir\u201d estatuido por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ STC8697-2019, 4 jul. 2019, rad. 2019-01992-00, reiterado STC11223-2020). <\/p>\n
3.- Lo anterior, pone de relieve la impertinencia del ruego suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Yeni Patricia Salas D\u00edaz. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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