STC10397-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10397-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02427-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Entidad de Gesti\u00f3n Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia (en adelante EGEDA Colombia) contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto distinguido con radicaci\u00f3n 2017-00381. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la persona jur\u00eddica convocante acude al presente mecanismo supralegal para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito introductor se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
EGEDA Colombia formul\u00f3 demanda contra \u00abHoteles El Salitre S. A.\u00bb buscando (i) se declarara que esta compa\u00f1\u00eda \u00abcomunic\u00f3 y sigue comunicando al p\u00fablico, en su establecimiento de comercio, Hotel Capital, obras audiovisuales y cinematogr\u00e1ficas de titularidad de los productores representados por EGEDA Colombia, entre el 1\u00ba de enero de 2007 a la fecha\u00bb sin su autorizaci\u00f3n previa y expresa o de los titulares de las obras exhibidas y (ii) la correspondiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios ocasionados con tal comportamiento. <\/p>\n
El conocimiento de dicho asunto correspondi\u00f3 en primera instancia al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad, despacho que una vez agotado el tr\u00e1mite procesal emiti\u00f3 sentencia estimatoria el 15 de mayo de 2019. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n la parte vencida interpuso apelaci\u00f3n, resuelta por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 25 de mayo, en el sentido de revocar la decisi\u00f3n y, en su lugar, negar las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
3. Sin adecuar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica narrada a alguno de los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la demandante dice que el tribunal lesion\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales por cuanto \u00abecha de menos una prueba que resulta ser de imposible cumplimiento para el demandante\u2026 [puesto que] aportar y acreditar el nombre de los titulares de derechos, obras representadas y acreditar la representaci\u00f3n de aquellos, as\u00ed como acreditar que los titulares de derechos depositaron ante dicha sociedad de gesti\u00f3n colectiva las obras que conforman su repertorio, es un imposible f\u00e1ctico y jur\u00eddico\u2026 la exigencia de estas pruebas torna imposible el ejercicio y defensa judicial por parte de las sociedades de gesti\u00f3n colectiva\u2026\u00bb <\/p>\n
Asimismo, afirma que \u00abla sentencia\u2026 se aparta de los lineamientos jurisprudenciales constitucionales en materia de la carga de la prueba\u00bb pues \u00abuna correcta aplicaci\u00f3n de la carga\u2026 hubiera conducido a presumir\u2026 que EGEDA\u2026 representa a los titulares de derechos y las obras de su repertorio mediante contratos de mandato debidamente otorgados y que, por su parte, corresponder\u00eda al demandado invocar y demostrar la situaci\u00f3n excepcional\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. Pide \u00abrevocar y dejar sin efecto la sentencia de \u00fanica instancia [sic]\u2026 [y] ordenar al Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u2026 que adopte lasmedidas [sic] para que se emita un nuevo pronunciamiento o se modifique el proferido, realizando la valoraci\u00f3n probatoria, los fundamentos jur\u00eddicos de juicio pertinentes para ello, especialmente la debida aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de legitimaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 49 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993 y en el Decreto 1066 de 2015, art\u00edculo 2.6.1.2.9\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La colegiatura convocada, por conducto del magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia manifest\u00f3 atenerse \u00aba los argumentos esgrimidos en la decisi\u00f3n\u2026 que\u2026 se dict\u00f3 como consecuencia de la alzada interpuesta frente a la providencia emitida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Una persona que dijo ser el representante legal de Hoteles El Salitre S. A.1 se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abel fallo en cuesti\u00f3n se profiri\u00f3 con apego a la constituci\u00f3n y la ley y se bas\u00f3 en la deficiencia probatoria evidenciada por ese despacho que no puede ni deber ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s de este medio excepcional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por la demandante dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 contra Hoteles El Salitre S.A. por infracci\u00f3n de derechos de autor, con la expedici\u00f3n de la sentencia del pasado 26 de mayo por medio de la cual revoc\u00f3 el fallo estimatorio proferido por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciudad, negando las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio, mediante la cual la magistratura querellada desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda formulada por EGEDA Colombia, al revocar la sentencia favorable emanada del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica razonable del material probatorio allegado a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n convocada, luego de un recuento f\u00e1ctico y una vez identificadas las pretensiones de la persona jur\u00eddica demandante y los reparos de la empresa demandada frente al fallo estimatorio de primer grado, abord\u00f3 el estudio del caso concreto, ocup\u00e1ndose, inicialmente, de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, para lo cual se refiri\u00f3 al concepto emitido a instancias de la colegiatura ad quem por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretaci\u00f3n Prejudicial 378-IP-2019 de 22 de abril de 2021, sobre los art\u00edculos 15 y 48 de la Decisi\u00f3n 486 de la Comisi\u00f3n de la Comunidad Andina. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien no puede desconocerse la habilitaci\u00f3n legal que poseen las sociedades de gesti\u00f3n colectiva para procurar, administrativa y judicialmente, el resguardo de los derechos de autor de sus asociados -tal y como lo refiere la corporaci\u00f3n supranacional en la citada interpretaci\u00f3n prejudicial- en el asunto de marras se observa que la demandante\u2026 no atendi\u00f3 a cabalidad con la carga de demostrar que se encontraba facultada para promover la presente acci\u00f3n, pues ni siquiera demostr\u00f3 que, para la \u00e9poca de la presentaci\u00f3n de la demanda, los sujetos que dice representar en este proceso contaran con la membres\u00eda que la legitimara en la causa para promover la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
(\u2026) as\u00ed como el Tribunal Andino pregon\u00f3, in genere, la existencia de una presunci\u00f3n legal en torno a la representaci\u00f3n de los entes de gesti\u00f3n colectiva, tambi\u00e9n puso \u00e9nfasis en que \u00e9stos gozan de legitimidad en los t\u00e9rminos de sus propios estatutos y conforme con los acuerdos celebrados (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con los estatutos de la persona jur\u00eddica demandante identific\u00f3 seis clases de miembros y los requisitos para integrarla, entre los cuales destac\u00f3 \u00abformalizar el contrato de gesti\u00f3n, una vez acordado el ingreso\u00bb el que deb\u00eda contener, al menos, la aceptaci\u00f3n expresa de las siguientes obligaciones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Conferir a la sociedad\u2026 un mandato exclusivo para el ejercicio de los derechos consignados en el art\u00edculo segundo o de aquellos que efectivamente est\u00e9 gestionando la entidad (\u2026) mantener los derechos a los que se refiere el apartado anterior bajo la gesti\u00f3n de la entidad por un periodo de cinco a\u00f1os, t\u00e1citamente renovables por cinco a\u00f1os y as\u00ed sucesivamente, salvo t\u00e9rmino expreso de contrato, realizado por escrito mediante comunicaci\u00f3n certificada y con una antelaci\u00f3n m\u00ednima de un (1) a\u00f1o al vencimiento del plazo o su pr\u00f3rroga (\u2026) registrar en la sociedad\u2026 las obras audiovisuales de su titularidad inmediatamente despu\u00e9s de su divulgaci\u00f3n o bien con anterioridad (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, refiri\u00f3 que en el caso de marras se extra\u00f1aba \u00abla acreditaci\u00f3n s\u00f3lida de que los supuestos autores de las obras por los que\u2026 aboga en este proceso sean sus afiliados, de la forma como se dispuso en sus estatutos\u00bb comoquiera que no se aport\u00f3 prueba alguna sobre la incorporaci\u00f3n de los productores como miembros de EGEDA Colombia, siendo tal comprobaci\u00f3n trascendente \u00abpara poder establecer la legitimaci\u00f3n en la causa\u2026 para peticionar la protecci\u00f3n de las prerrogativas de los autores nombrados en el libelo introductor\u00bb y que dicha circunstancia no pod\u00eda deducirse a partir de la \u00fanica prueba de \u00edndole documental allegada por la demandante, la que consist\u00eda en una certificaci\u00f3n emitida por la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de autor en el a\u00f1o 2014, pues de tal elemento no era posible: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) determinar si el v\u00ednculo de las personas naturales y jur\u00eddicas all\u00ed descritas se encontraba vigente para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda; circunstancia de inexorable probanza para poder entrar a dilucidar si, en realidad, la querellante estaba habilitada para deprecar el resguardo implorado en el informativo. <\/p>\n
Es m\u00e1s, si se hiciera abstracci\u00f3n de lo anterior y se llegar a tener en cuenta lo puntualizado en la Interpretaci\u00f3n Prejudicial 378-IP-2019 solicitada por este Tribunal en cuanto a la infracci\u00f3n por falta de autorizaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de una obra audiovisual, no podr\u00eda soslayarse que entre las condiciones que dan lugar a la estructuraci\u00f3n de la aludida violaci\u00f3n se encuentra la consistente en \u201c(q)ue sus titulares hayan inscrito el repertorio de obras ante la sociedad de gesti\u00f3n colectiva para la protecci\u00f3n de sus derechos (\u2026)\u201d; requisito que sumado a lo establecido en el art\u00edculo nueve de los estatutos de Egeda, permite desprender, sin tropiezo, que tal exigencia resulta forzosa para la totalidad de los miembros de la activante. En esa medida, al no poderse tener por satisfecha tal inscripci\u00f3n\u2026 tampoco podr\u00eda considerarse la comprobaci\u00f3n de la contravenci\u00f3n endilgada a la pasiva; escenario que claramente abre paso a la m\u00e1xima latina de \u201cactore non probante, reus absolvitur (\u2026)\u201d\u00bb <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de forma lac\u00f3nica e imprecisa se enlistan varios productores y las obras que habr\u00edan sido difundidas sin autorizaci\u00f3n\u2026 vaguedad que impide presumir la legitimaci\u00f3n por activa en los t\u00e9rminos precisados por el Tribunal Andino, ya que si no hay seguridad de qui\u00e9nes son los titulares de los derechos por los que se reclama en esta controversia y cu\u00e1les de sus creaciones fueron comunicadas en forma irregular, tampoco podr\u00eda establecerse sobre qui\u00e9nes recae la mencionada presunci\u00f3n. De ah\u00ed que no sea dable acordar el \u00e9xito de unas solicitudes de las que no se tiene certeza en estos aspectos y menos pretenderse que, a la manera de una probatio diabolica, la parte demandada acredite circunstancias que solo ata\u00f1en a la demandante, no solo porque hacen parte del sustrato factual en que fundamenta sus s\u00faplicas, sino, adem\u00e1s, en raz\u00f3n de que Egeda es la entidad que tiene a su alcance el material demostrativo para corroborar qui\u00e9nes son sus afiliados y cu\u00e1les son las obras que bajo su administraci\u00f3n habr\u00edan sido transmitidas sin la permisi\u00f3n debida; presupuesto basilar para que su contraparte rebatiera que los supuestos productores audiovisuales no cuentan con membres\u00eda en la pretensora sociedad\u2026 y que no existe violaci\u00f3n de derechos de autor sobre los audiovisuales concretamente identificados y registrados en aqu\u00e9lla(\u2026)\u00bb <\/p>\n
Fue as\u00ed como concluy\u00f3 que la aqu\u00ed gestora no cumpli\u00f3 la carga procesal impuesta en el art\u00edculo 167 del Estatuto Procesal General \u00abal no arrimar los elementos de juicio necesarios para tener credibilidad sobre la afiliaci\u00f3n de los autores de las obras por quienes dice reclamar en esta disputa judicial, lo cual se erige como requerimiento m\u00ednimo para determinar su legitimaci\u00f3n frente a la protecci\u00f3n de las prerrogativas peticionadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Como se indic\u00f3, la presente queja constitucional gravita en torno a los presuntos \u00abyerros\u00bb en que incurri\u00f3 la corporaci\u00f3n demandada en el ejercicio valorativo; sin embargo, auscultadas las discrepancias planteadas contra la sentencia objeto de an\u00e1lisis, se observa que son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por EGEDA Colombia es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la del tribunal convocado y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que no le fue favorable, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como se sabe, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que quien propone una demanda de esta naturaleza, criticando la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En este asunto, si bien la promotora se\u00f1ala lo que en su sentir son \u00abdefectos\u00bb de la autoridad judicial convocada al momento del ejercicio deductivo, observa la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al interior del proceso en que fue demandante, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen en s\u00ed sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Es evidente que el fallo objeto de reproche encuentra soporte no solo en los medios de convicci\u00f3n legal y oportunamente allegados a la actuaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n en el ordenamiento jur\u00eddico, sin que pueda afirmarse que el tribunal convocado hubiera tergiversado su sentido solo porque no prohij\u00f3 la interpretaci\u00f3n que la demandante le pretend\u00eda dar, pues lo que verdaderamente hizo fue apreciar los medios de convicci\u00f3n desde el punto de vista de la sana cr\u00edtica, d\u00e1ndoles el alcance que, con apoyo en el principio de autonom\u00eda judicial, consider\u00f3 m\u00e1s apropiado. <\/p>\n
Claro emerge que la intenci\u00f3n del apoderado de la querellante es que la judicatura realice una interpretaci\u00f3n y emita una decisi\u00f3n que satisfaga su personal intelecci\u00f3n de las disposiciones que considera quebrantadas por la corporaci\u00f3n convocada, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, \u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que la Sala pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, habida cuenta que la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, de ah\u00ed que no exista desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda <\/p>\n
4.2. La demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, pues busca imponer su particular interpretaci\u00f3n de la normativa llamada a gobernar el asunto y de los medios probatorios allegados a la actuaci\u00f3n, sustituyendo as\u00ed hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis de la colegiatura demandada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 No alleg\u00f3 documento alguno que acreditara la condici\u00f3n con la que dice actuar <\/p>\n
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STC10397-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10397-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02427-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Entidad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56382","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56382","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56382"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56382\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56382"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56382"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56382"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}