STC10398-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10398-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00321-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 15 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la salvaguarda promovida por Le\u00f3n Hel\u00ed Osorio Osorio al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de inmueble 2019-00303-00, adelantado por la secuestre Rubiela del Socorro Marulanda Ram\u00edrez contra el gestor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El promotor aduce haber comprado dos (2) lotes de terreno, el 12 de mayo de 2004 y el 26 de enero de 2007, los cuales hacen parte de un predio de mayor extensi\u00f3n. <\/p>\n
En 2007, Mar\u00eda Josefa Correa de Arango y Martha Luc\u00eda Correa Correa demandaron al impulsor, ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado, para exigirle la reivindicaci\u00f3n de un inmueble. <\/p>\n
Sobre el mencionado bien, se entabl\u00f3 un decurso divisorio en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Envigado, en donde se dispuso su secuestro. <\/p>\n
Frente a la diligencia de aprehensi\u00f3n material el actor se opuso y, mientras se defin\u00eda su defensa, fue dejado en calidad de depositario. <\/p>\n
La secuestre designada en el ritual divisorio, alegando que la oposici\u00f3n del censor hab\u00eda sido desestimada en primera y segunda instancia, convoc\u00f3 al petente ante el estrado del circuito confutado, con el prop\u00f3sito de dar por terminado el contrato de dep\u00f3sito y lograr la restituci\u00f3n de la franja de terreno ocupada por \u00e9l. <\/p>\n
En audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el 28 de febrero de 2020, el suplicante se comprometi\u00f3 a entregar los lotes materia de controversia en el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o, en cuyo lapso podr\u00eda llegar a un acuerdo sobre las mejoras que realiz\u00f3, con quienes interven\u00edan en el proceso divisorio. <\/p>\n
Para el quejoso, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, en su decir, no se le explicaron los alcances del acuerdo conciliatorio frente a su posesi\u00f3n y, adem\u00e1s, no fue debidamente asesorado por su apoderado, encontr\u00e1ndose en estado de indefensi\u00f3n, dado que ya se program\u00f3 la diligencia de entrega de los lotes objeto de disenso. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la conciliaci\u00f3n reprochada y, subsidiariamente, concederle un plazo prudencial para entablar \u201calguna acci\u00f3n\u201d en defensa de sus intereses, para no ser despojado de los predios motivo de controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El estrado del circuito recriminado se limit\u00f3 a remitir el expediente de la tramitaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
2. Adri\u00e1n Fernando P\u00e9rez Roldan, aduciendo ser mandatario \u201cde varios de los demandados dentro del proceso divisorio\u201d, manifest\u00f3 que no se han conculcado las prerrogativas del accionante en el ritual reprochado. <\/p>\n
3. Iv\u00e1n Dar\u00edo \u00c1ngel Betancourt refiri\u00f3 que asisti\u00f3 al petente en la conciliaci\u00f3n acusada, sin afectar sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. H\u00e9ctor Dar\u00edo Restrepo Vel\u00e1squez, quien aduce ser abogado, indic\u00f3 que quienes integran el litigio divisorio en donde se decret\u00f3 el secuestro originario de la restituci\u00f3n, conoc\u00edan la calidad de poseedor del gestor. <\/p>\n
5. La Autoridad Administrativa de Polic\u00eda de Envigado, se\u00f1al\u00f3 carecer de legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. Jorge Eli\u00e9cer, Mar\u00eda Elena, Mar\u00eda del Carmen, Mar\u00eda Dolores, Sonia del Socorro, Ricardo Pastor, Rub\u00e9n Jos\u00e9, Jos\u00e9 Heriberto y Orlando Correa Hern\u00e1ndez, enfatizaron en la ausencia de vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas del censor. <\/p>\n
7. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
8. Marta Dolly Arango Ram\u00edrez, Mar\u00eda Josefa Correa de Arango, Jos\u00e9 de Jes\u00fas Correa Jaramillo, Ana Isabel, Claudia In\u00e9s, Jaime Alberto, Luz Dary, Marisol, Alexandra Patricia, Jorge Armando y Mar\u00eda Isabel Correa Arango, as\u00ed como Luis Fernando, Mar\u00eda de la Luz y Ra\u00fal Jorge Correa Correa, Luz Mariela, Olga In\u00e9s y Rodrigo Alonso Montoya Correa, se opusieron al progreso de la reclamaci\u00f3n por incumplirse las reglas de la inmediatez y la subsidiariedad1. <\/p>\n
9. El curador ad litem designado en esta salvaguarda en representaci\u00f3n de Honorato Correa Toro, Adriana Isabel Montoya Correa, Gloria Amparo Correa de Mart\u00ednez, Martha Correa de Ruiz, Mar\u00eda Josefa Correa Jaramillo, Vicente de Jes\u00fas y Jos\u00e9 Heriberto Correa Hern\u00e1ndez, Jairo de Jes\u00fas, Jos\u00e9 Luis, Luz Amanda, Mar\u00eda Piedad, Mar\u00eda Rubiela Esperanza, Clementina, Mar\u00eda Virgelina Dora, M\u00f3nica Stella y F\u00e9lix Humberto Correa Uribe, Correa Mesa Hermanos Ltda., Toro Ortiz y C\u00eda. S. en C. en liquidaci\u00f3n y los herederos determinados e indeterminados de Jos\u00e9 Arturo Correa V\u00e9lez y de Feliz Antonio Correa V\u00e9lez, resalt\u00f3 que no se menoscabaron las prerrogativas del tutelante. <\/p>\n
10. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al desatenderse las exigencias de temporalidad y residualidad del resguardo. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando los planteamientos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda al desatenderse los presupuestos de inmediatez y de subsidiariedad. <\/p>\n
2. El primero, porque entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 2 de julio de 2021, y la audiencia de conciliaci\u00f3n confutada, de 28 de febrero de 2020, celebrada en el estrado del circuito atacado y en donde el actor se oblig\u00f3 a entregar los lotes disputados, han trascurrido m\u00e1s de diecis\u00e9is (16) meses. <\/p>\n
Dicho lapso supera, holgadamente, el plazo de seis meses (6) establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. Frente a tal exigencia, la Corte ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Frente a lo esgrimido, esta Corte en un asunto de perfiles an\u00e1logos, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La petici\u00f3n de tutela de que tratan estas diligencias, pretende que el juez constitucional declare la nulidad del acuerdo de conciliaci\u00f3n, porque result\u00f3 lesivo a los intereses del demandante en aquel proceso, circunstancia que apareja (\u2026) la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, seg\u00fan el propio demandante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPlanteadas as\u00ed las cosas, juzga la Corte que si el acto de conciliaci\u00f3n contiene las irregularidades se\u00f1aladas, el peticionario cuenta con los mecanismos legales para impugnarlo, sin que dentro de aquellos se encuentre la acci\u00f3n de tutela, pues corresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria el debate sobre el cumplimiento y validez de aquel convenio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cY si aquella conciliaci\u00f3n celebrada el 12 de febrero de 2003 entre las partes del proceso ordinario result\u00f3 inejecutada o carece de validez, abierta queda la opci\u00f3n para demandar las acciones que el ordenamiento jur\u00eddico dispone para los eventos de incumplimiento o nulidad negocial, con las secuelas previstas legalmente para cada una de ellas (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
La existencia de herramientas propicias para obtener el resguardo de los preceptos fundamentales est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre lo discurrido esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Tocante a la aducida negligencia del abogado contractual del petente al interior del decurso criticado, se resalta, la misma no permite estructurar esta salvaguarda, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad (\u2026) en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, ‘(\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)’, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u201d5. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, la responsabilidad de los mandatarios no puede trasladarse a los funcionarios judiciales, como ahora lo pretende el gestor, m\u00e1xime cuando lo alegado por aqu\u00e9l es, en definitiva, la estrategia jur\u00eddica por la cual opt\u00f3 su apoderado de confianza, la cual no devela menoscabo a prerrogativa alguna. <\/p>\n
5. Finalmente, no se configura un perjuicio irremediable que autorice conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar acreditados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad propios del mismo, pues la orden de entrega de los lotes de terreno objeto de debate, tiene fuente en la conciliaci\u00f3n celebrada por el actor y en el procedimiento surtido por el juez competente. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha reiterado. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se precisa, la entrega dispuesta en un proceso judicial, no entra\u00f1a en s\u00ed misma, un perjuicio irremediable, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d7 (negrillas originales). <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Atendiendo al principio de buena fe, las intervenciones de dichos sujetos procesales se toman del fallo impugnado, por cuanto a esta instancia no se alleg\u00f3 el archivo contentivo de \u00e9stas. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3\u0002CSJ. STC de 16 de septiembre de 2005, exp. 63001-22-13-000-2005-00062-01 <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 13 de marzo de 2013, exp. 52001-22-13-000-2013-00011-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia T- 015 de 22 de enero de 1999, exp. No. 5715; reiterada el 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
8\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC10398-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10398-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00321-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 15 de julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56383","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56383","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56383"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56383\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56383"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56383"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56383"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}