STC10399-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10399-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02638-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio G\u00f3mez Hern\u00e1ndez \u2013 Fiscal 44 Especializado de la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado de Instancia de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1, el Tribunal Superior Militar y Policial, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de revisi\u00f3n radicado n\u00ba 48304. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Expone que el 18 de febrero de 2016, mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 0-0341, el Fiscal General de la Naci\u00f3n lo design\u00f3 para que presentara ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra las decisiones dictadas por el Juzgado de Primera Instancia de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 y el Tribunal Superior Militar, el 27 de abril y 7 de septiembre de 1993, respectivamente, mediante las cuales se decret\u00f3 la cesaci\u00f3n del procedimiento penal en favor de trece (13) agentes policiales1 procesados por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb, recurso que sustent\u00f3 en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2202 de la ley 600 de 2000. <\/p>\n
Indica que, la Sala accionada, mediante providencia del 2 de junio de 2021 declar\u00f3 infundada la causal de revisi\u00f3n invocada tras precisar que, para examinar una decisi\u00f3n ejecutoriada que precluy\u00f3, absolvi\u00f3 o ces\u00f3 la persecuci\u00f3n penal, se requiere aportar un proferimiento judicial interno o de un \u00f3rgano internacional de control de derechos humanos reconocido por Colombia que constate la existencia de pruebas nuevas en relaci\u00f3n con los hechos debatidos. <\/p>\n
Acusa la anterior determinaci\u00f3n de constituir v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb ya que, seg\u00fan alega, se omiti\u00f3 valorar tres (3) pronunciamientos de autoridades judiciales internas que alleg\u00f3 con la demanda y que representan las pruebas sobrevinientes sobre \u00abla verdad de los hechos\u00bb investigados. <\/p>\n
Relata que el tr\u00e1mite penal en cuesti\u00f3n tuvo su origen en lo acaecido el 26 de enero de 1991 en una residencia al sur de Bogot\u00e1, cuando los policiales encausados, para entonces miembros de la SIJIN y del Grupo Antiextorsi\u00f3n y Secuestro MEGOB, en desarrollo y cumplimiento del operativo de rescate del se\u00f1or Jos\u00e9 Donaldo Parra Mora, secuestrado el 15 de enero de ese a\u00f1o, reportaron la captura de tres (3) personas y la baja de otras siete (7), entre ellas, Humberto Fabio Espinosa Gonz\u00e1lez. El padre de este \u00faltimo, el 25 de enero de 2011 denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que la muerte de su hijo en el referido operativo se trat\u00f3 de un \u00abfalso positivo\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, a partir de esa denuncia, la fiscal\u00eda dio apertura a la indagaci\u00f3n correspondiente recolectando diversas pruebas, entre testimoniales, documentales y t\u00e9cnicas, \u00abpor medio de las cuales logr\u00f3 demostrar que los siete occisos [dados de baja en el operativo de rescate] fueron golpeados y asesinados con disparos a corta distancia, en momentos en los cuales ya se encontraban en poder de los integrantes de la Polic\u00eda Nacional\u00bb. <\/p>\n
Empero, destaca que, el 11 de diciembre de 2015 la fiscal\u00eda encargada declar\u00f3 la nulidad de lo actuado tras advertir la existencia de sendas decisiones proferidas por el Juzgado de Primera Instancia de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 el 27 de abril de 1993 que ces\u00f3 el procedimiento en favor de los trece (13) agentes del orden implicados, confirmada por el Tribunal Superior Militar el 7 de septiembre de esa misma anualidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resalta que, como soporte del recurso de revisi\u00f3n impetrado contra las rese\u00f1adas providencias, adjunt\u00f3 la sentencia de 16 de febrero de 1996 dictada por el Juzgado Regional de Santa Fe de Bogot\u00e1 que absolvi\u00f3 a dos de los capturados en el operativo de liberaci\u00f3n del ciudadano secuestrado, en donde \u00abse puso en duda la verdadera forma en la que ocurrieron los hechos\u00bb; as\u00ed mismo, aport\u00f3 la resoluci\u00f3n del 10 de noviembre de 2015 de la Fiscal\u00eda 12 Especializada contra violaci\u00f3n de Derechos Humanos que admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de parte civil incoada por el padre de uno de los fallecidos en la cuestionada actuaci\u00f3n policial; y finalmente, las resoluciones del 20 y 26 de noviembre y del 9 de diciembre de 2015 con las que se defini\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de algunos de los inculpados que, aunque fueron anuladas posteriormente, efectuaron un an\u00e1lisis en torno a las pruebas sobrevinientes que dan cuenta de las particularidades de las muertes registradas ese 26 de enero de 1991. <\/p>\n
Sostiene que, la sentencia C-004 de 2003 de la Corte Constitucional, que analiz\u00f3 la exequibilidad del canon 220 de la ley 600 de 2000, no defini\u00f3 conceptualmente las caracter\u00edsticas del \u00abpronunciamiento judicial interno\u00bb ni la forma en que deben ser allegadas esas decisiones cuando se trata sustentar la revisi\u00f3n de una sentencia absolutoria o de preclusi\u00f3n; por tanto, considera que los pronunciamientos que aport\u00f3 al plenario debieron ser abordados, al margen que no solicit\u00f3 \u00abformalmente su admisi\u00f3n como \u201cpruebas\u201d [\u2026] ya que al tratarse de decisiones ejecutoriadas y proferidas por autoridades nacionales, no era necesario probar su existencia, mucho menos si fueron anexadas y mencionadas en la propia demanda de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene \u00abretrotraer el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, de tal forma que se dicte un nuevo auto que ponga fin al mismo, pero esta vez teniendo en cuenta los pronunciamientos judiciales internos aportados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n promovida (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que, por ser de su competencia, remiti\u00f3 el traslado de la demanda de tutela a la coordinaci\u00f3n de la Justicia Penal Militar a fin de que desde all\u00ed se emita un pronunciamiento frente a la queja. <\/p>\n
2. Un magistrado del Tribunal Superior Militar manifest\u00f3 que, no se advierte ninguna irregularidad en la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal al resolver la revisi\u00f3n impetrada por el fiscal tutelante. De otro lado, agreg\u00f3 que las decisiones a las que hace alusi\u00f3n el accionante, que alega no fueron tenidas en cuenta por la accionada, \u00abno permiten acreditar la procedencia de la causal de revisi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 220 de la ley 600 de 2000 [\u2026] no constituyen decisiones judiciales internas en las que se constaten la existencia de un hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates, dados al interior de esta justicia castrense en el a\u00f1o 1993\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que la fiscal\u00eda no cuenta con legitimaci\u00f3n para recurrir en revisi\u00f3n las decisiones adoptadas por la justicia penal militar, ya que esa entidad \u00abno tuvo la calidad de sujeto procesal dentro de la causal penal que se impuls\u00f3, tal como lo exige el artejo 374 [c\u00f3digo penal militar]\u00bb; por lo que, la consecuencia jur\u00eddica \u00abdebi\u00f3 ser la inadmisi\u00f3n de la acci\u00f3n impetrada\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez de Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1, en extenso, cuestion\u00f3 la gesti\u00f3n de la fiscal\u00eda en el marco del recurso que present\u00f3 con miras a invalidar las determinaciones adoptadas por la justicia penal militar en el a\u00f1o 1993 y acot\u00f3 que, \u00ab(\u2026) en el proceso penal desarrollado por la Jurisdicci\u00f3n Penal Militar y Policial no hubo negligencia judicial como quiera que se desarroll\u00f3 [\u2026] con el cumplimiento de las etapas investigativas, con fallos de primera y segunda instancia debidamente ejecutoriados, sin que las partes legalmente constituidas incoaran el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, acept\u00f3 de forma t\u00e1cita la decisi\u00f3n de cierre, lo que significa que se perdi\u00f3 la oportunidad de acudir a estas instancias y en principio a los entes internacionales de justicia, no pudi\u00e9ndose como esta estatuido en los precedentes judiciales acudir de forma irresponsable a la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia, ante la anterior imposibilidad, violando los derechos de los investigados\u00bb. <\/p>\n
4. El Magistrado Luis Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente de la providencia recriminada explicit\u00f3 que, en las decisiones que cita el funcionario gestor del amparo para soportar la causal de revisi\u00f3n incoada, \u00ab(\u2026) ninguna de tales decisiones judiciales del orden interno se pronunci\u00f3 acerca del proceso en el cual fue proferida la cesaci\u00f3n de procedimiento atacada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, m\u00e1xime si en la primera decisi\u00f3n mencionada se puso en duda la comisi\u00f3n de los hechos respecto de otros procesados diferentes de los beneficiados con la cesaci\u00f3n de procedimiento adoptada por la justicia penal militar\u00bb; y a\u00f1adi\u00f3 que, \u00ab(\u2026) Tampoco la resoluci\u00f3n de situaci\u00f3n jur\u00eddica mencionada tiene los alcances pretendidos por el accionante en este tr\u00e1mite y tanto menos, el auto a trav\u00e9s del cual se admiti\u00f3 la demanda de parte civil, que no tiene car\u00e1cter declarativo sobre el proceso tramitado por la jurisdicci\u00f3n penal militar\u00bb. <\/p>\n
En suma, manifest\u00f3 que la fiscal\u00eda \u00abno cumpli\u00f3 su cometido en orden a demostrar la causal invocada para conseguir la revisi\u00f3n de la cesaci\u00f3n de procedimiento proferida en favor de los miembros de la polic\u00eda\u00bb al no aportar un pronunciamiento internacional o nacional que indique que no existi\u00f3 una investigaci\u00f3n adecuada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por el funcionario accionante, al declarar infundada la causal de revisi\u00f3n invocada (providencia de 2 de junio de 2021, expediente n\u00ba 48304), incurriendo con ello en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, al omitir, supuestamente, valorar los pronunciamientos judiciales internos aportados con el recurso extraordinario que constituyen su fundamento. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 La providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del resguardo, dado que la decisi\u00f3n de la Sala acusada, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una adecuada y razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal analizado, de los medios probatorios y de los reparos concretos expuestos en la demanda de revisi\u00f3n, dirigidos a sustentar la causal 3\u00aa del art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
Para dirimir la discusi\u00f3n suscitada en el recurso formulado, puntualiz\u00f3 la accionada que la sentencia de constitucionalidad C-004 de 2003, que examin\u00f3 la exequibilidad de la normativa aludida y la causal de revisi\u00f3n planteada, tambi\u00e9n procede frente a las decisiones que decreten la terminaci\u00f3n de un procedimiento, la preclusi\u00f3n o la absoluci\u00f3n, \u00absiempre y cuando se trate de violaci\u00f3n a derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento jur\u00eddico interno, o una decisi\u00f3n de una instancia internacional de supervisi\u00f3n y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro pa\u00eds, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, indic\u00f3 que ha mantenido una posici\u00f3n de \u00abrespeto irrestricto al principio de legalidad\u00bb en el \u00e1mbito de la revisi\u00f3n contra veredictos de la naturaleza referida, \u00abal exigir que adem\u00e1s de establecer que se trate de violaciones de derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, es preciso contar con las referidas decisiones de orden nacional o internacional, con el prop\u00f3sito de salvaguardar caros principios constitucionales, como la prohibici\u00f3n de doble enjuiciamiento, la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, al abordar el debate concretamente planteado, resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) m\u00e1s all\u00e1 de la novedad de las pruebas aportadas, correspondientes a las declaraciones de familiares de las v\u00edctimas, as\u00ed como a un estudio en 3D sobre las trayectorias de los proyectiles con los que se caus\u00f3 la muerte a las v\u00edctimas, elementos de convicci\u00f3n a partir de los cuales el demandante asever\u00f3 \u201cque los siete occisos fueron golpeados y asesinados con disparos a corta distancia, en momentos en los cuales ya se encontraban en poder de los integrantes de la Polic\u00eda Nacional que practicaron el presunto operativo de rescate a un secuestrado\u201d. <\/p>\n
Y en el entendido que tal proceder podr\u00eda configurar una violaci\u00f3n de derechos humanos, en cuanto agentes del Estado posiblemente desbordaron su cometido constitucional y legal y causaron la muerte a personas inermes que estaban bajo su f\u00e9rula, en el marco de una ejecuci\u00f3n extrajudicial, se advierte que correspond\u00eda al Fiscal accionante \u2013como debi\u00f3 asumirlo al citar en su demanda la sentencia C-004 de 2003\u2014 aportar la decisi\u00f3n judicial interna o proferida por un \u00f3rgano internacional de supervisi\u00f3n y control de derechos humanos, con competencia formalmente reconocida por Colombia, en la cual se hubiera constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates, o bien, que a\u00fan sin tales novedosos medios de convicci\u00f3n, se hubiera declarado el ostensible incumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones, deber que omiti\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 indicando que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si la Fiscal\u00eda en su calidad de demandante no cumpli\u00f3 con todas las exigencias dispuestas para conseguir que la Sala ordene la revisi\u00f3n del proceso culminado con la cesaci\u00f3n de procedimiento cuestionada, especialmente con el aporte del mencionado pronunciamiento nacional o internacional al respecto, la Corte no tiene camino diverso al de declarar infundada la causal que invoc\u00f3 el actor como fundamento de su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Resta se\u00f1alar que en el \u00e1mbito del derecho penal el principio de cosa juzgada cobra singular val\u00eda, en cuanto incide, entre otros, en el derecho a la libertad personal, adem\u00e1s de que constituye un l\u00edmite al Estado en orden a evitar que ensaye una y otra vez investigar y condenar a una persona por el mismo comportamiento luego de ser establecida su irresponsabilidad penal\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente, para concluir, recalc\u00f3 que, para la procedencia de la causal invocada por el recurrente, a fin de disponer la revisi\u00f3n de una condena, basta con allegar pruebas novedosas demostrativas de una posible inocencia del sentenciado, pero cuando el prop\u00f3sito es el contrario, es decir, procurar el examen de una decisi\u00f3n absolutoria en firme, de preclusi\u00f3n o de cesaci\u00f3n, implica \u00ab(\u2026) cautelas m\u00e1s exigentes, esto es, las pruebas nuevas, la violaci\u00f3n de derechos humanos o DIH y el pronunciamiento de una autoridad nacional o una instancia internacional reconocida por Colombia sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
Se sigue de lo transcrito entonces, que habr\u00e1 de negarse la salvaguarda invocada como se anticip\u00f3, ya que, lo resuelto se observa como un leg\u00edtimo ejercicio de interpretaci\u00f3n de la situaci\u00f3n controvertida, soportada en los elementos de juicio analizados en dicho tr\u00e1mite, la cual, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sobre la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador un determinado raciocinio probatorio, esta Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora, los fundamentos con los cuales el funcionario fiscal recrimina la determinaci\u00f3n adoptada por la Hom\u00f3loga Penal, no tienen la potencialidad de generar la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto, lo que hace es recabar en la pertinencia de las pruebas que adjunt\u00f3 con la demanda y en aspectos resueltos de fondo en la decisi\u00f3n recriminada, revelando con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como una instancia adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter residual y aut\u00f3nomo. <\/p>\n
Y es que en este evento esa finalidad se advierte n\u00edtida, pues el ac\u00e1 querellante, aspira a que se le otorgue un determinado valor a las decisiones que adjunt\u00f3 como pronunciamientos judiciales internos, y aunque admiti\u00f3 que no resalt\u00f3 su preponderancia como soporte del recurso extraordinario, pretende que su particular comprensi\u00f3n frente a lo que representan para el juicio rescidente prevalezca; examen que implicar\u00eda un nuevo escrutinio de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir un conflicto propio de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que en todo caso, se tramit\u00f3 bajo el seguimiento objetivo de un debido proceso. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, de manera uniforme la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Finalmente, respecto de lo anterior, con suficiencia ha precisado la Corte que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012) Se resalta. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el fiscal accionante es anteponer su propio criterio al de la Sala tutelada en lo que a la valoraci\u00f3n de las pruebas se refiere, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Omar Yesid Serrano L\u00f3pez, Edgar Fernando Bastidas Mera, Carlos Alirio Parra Parra, Humberto Echeverry Echeverry, Edgar Tovar Quintero, Jhon Henry Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o, Gustavo Vald\u00e9s Ochoa, Norberto Acosta Dur\u00e1n, Jos\u00e9 Eididier Zapata Agudelo, Gabriel Alfredo Aguilera Ca\u00f1\u00f3n, Jorge Iv\u00e1n Benjumea L\u00f3pez, Reinaldo Borja Cardona y Joaqu\u00edn Mauricio Carmona Arias. <\/p>\n
2\u0002 ACCI\u00d3N DE REVISI\u00d3N. ARTICULO 220. PROCEDENCIA. La acci\u00f3n de revisi\u00f3n procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: (\u2026) 3. Cuando despu\u00e9s de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10399-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10399-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02638-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio G\u00f3mez Hern\u00e1ndez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56384","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56384\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}