STC10400-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10400-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00609-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 7 de abril de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro de la salvaguarda promovida por German Dar\u00edo Z\u00fa\u00f1iga Monroy al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo mixto con radicado n\u00b02012-00582-00, incoado por el Banco de Bogot\u00e1, hoy Avaluaperitos S.A.S. en calidad de cesionaria del cr\u00e9dito, contra el gestor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El Banco de Bogot\u00e1 demand\u00f3 compulsivamente al promotor ante el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del circuito de esta capital, para exigirle la cancelaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n respaldada con prenda, garant\u00eda constituida sobre una camioneta de propiedad del censor. <\/p>\n
Tras disponerse seguir adelante con el coercitivo, las diligencias pasaron a manos del estrado del circuito confutado, en donde la rese\u00f1ada entidad financiera cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a Avaluaperitos S.A.S. <\/p>\n
El 16 de noviembre de 2016, el impulsor celebr\u00f3 un contrato con la precitada sociedad, en donde \u00e9l se comprometi\u00f3 a dar en pago el rese\u00f1ado veh\u00edculo a Avaluaperitos S.A.S., con el prop\u00f3sito de cancelar la deuda objeto del decurso criticado y, en contraprestaci\u00f3n, la enunciada firma se oblig\u00f3 a dar por terminado el proceso. <\/p>\n
El actor alega que, a la data del negocio, no deb\u00eda suma alguna, por concepto de impuestos ni multas, respecto al rodante objeto del acuerdo de voluntades en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
El 17 de enero de 2017, se ados\u00f3 al ritual el se\u00f1alado contrato y, una vez verificada la cancelaci\u00f3n de las deudas que el accionante ten\u00eda con la DIAN, el juzgado del circuito fustigado, en auto de 17 de octubre de postrero, al abrigo de lo reglado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil1, \u201cautoriz\u00f3 la inscripci\u00f3n\u201d de la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
La cesionaria Avaluaperitos S.A.S. solicit\u00f3 a la sede judicial reprochada culminar el litigio y, en prove\u00eddo de 27 de octubre siguiente, el estrado acusado pidi\u00f3 aclarar si la terminaci\u00f3n se fundaba en la cancelaci\u00f3n total de la obligaci\u00f3n o, en virtud del pluricitado contrato, en cuyo caso deb\u00eda acreditarse su registro. <\/p>\n
Al punto, Avaluaperitos S.A.S. asever\u00f3 que lo rogado deven\u00eda de la daci\u00f3n en pago y, por ello, en determinaci\u00f3n de 26 de febrero de 2018, se dispuso librar los oficios pertinentes para consumar la tradici\u00f3n de esa convenci\u00f3n. <\/p>\n
El 15 de mayo ulterior, se requiri\u00f3 a Avaluaperitos S.A.S. para que allegara la inscripci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
La firma referenciada cedi\u00f3 su cr\u00e9dito a Luis \u00c1ngel Vargas Salamanca y, en auto de 13 de agosto de 2018, el despacho encausado exigi\u00f3, nuevamente, a Avaluaperitos S.A.S. adosar el registro del contrato. <\/p>\n
En prove\u00eddo 21 de agosto de 2019, el juzgado del circuito recriminado destac\u00f3 que no se pronunciar\u00eda sobre la anterior cesi\u00f3n, hasta tanto se cumpliera lo dispuesto en el pronunciamiento de 13 de agosto de 2018. <\/p>\n
Luis \u00c1ngel Vargas Salamanca indic\u00f3 que no hab\u00eda sido posible la inscripci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago, pues el veh\u00edculo motivo de disenso deb\u00eda impuestos y multas por comparendos en el 2019 y 2020. <\/p>\n
Por tal motivo, el quejoso, confiri\u00f3 poder a un abogado y a trav\u00e9s de \u00e9l, deprec\u00f3 al juzgado convocado \u201celiminar\u201d tales amonestaciones, por cuanto la camioneta se encontraba bajo custodia de la Rama Judicial e, igualmente, se exhortara a Avaluaperitos S.A.S. atender sus compromisos contractuales. <\/p>\n
El 5 de abril de 2021, el estrado se abstuvo reconocer al mandatario del gestor, pues el acto de apoderamiento no proven\u00eda de un mensaje de datos remitido por el tutelante, y reiter\u00f3 la negativa a admitir la cesi\u00f3n de Avaluaperitos S.A.S., en favor de Luis \u00c1ngel Vargas Salamanca. <\/p>\n
Para el reclamante, se lesionaron sus prerrogativas porque, estando su veh\u00edculo secuestrado, estuvo circulando, generando multas que no est\u00e1 obligado a soportar, lo cual, ahora, impide el registro de la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar a la Rama Judicial (i) asumir el costo de las sanciones de tr\u00e1nsito impuestas a su veh\u00edculo, durante el tiempo que ha estado bajo su custodia; y al cesionario Luis \u00c1ngel Vargas Salamanca, (ii) pagar los impuestos de la camioneta y (iii) registrar el negocio controvertido. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
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1. El despacho reprochado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y resalt\u00f3 que, en virtud de la convenci\u00f3n celebrada entre Avaluaperitos S.A.S. y el impulsor, este \u00faltimo entreg\u00f3 \u201cde forma voluntaria\u201d el rodante a dicha compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
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3. La Secretar\u00eda de Movilidad de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al incumplirse el requisito de residualidad. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo y, se\u00f1alando que el automotor de su propiedad se extravi\u00f3, pues no se sabe de su paradero y, por ello, debi\u00f3 oficiarse a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para adelantar las investigaciones del caso. <\/p>\n
Adicionalmente, deprec\u00f3 (i) a la Rama Judicial establecer el paradero de su camioneta; (ii) poner en conocimiento de lo acontecido a la mencionada entidad; y (iii) el cumplimiento de la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La salvaguarda no prospera al desatenderse el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
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2. En el caso, el actor cuestiona la existencia de multas por infracciones de tr\u00e1nsito causadas por el alegado uso indebido de su veh\u00edculo, pese a estar el rodante sometido a la medida de secuestro, en virtud del decurso criticado, lo cual, en su decir, ha impedido el registro de la daci\u00f3n en pago celebrada con Avaluaperitos S.A.S., convenci\u00f3n destinada a terminar con el compulsivo atacado. <\/p>\n
Delanteramente, la Sala advierte que el accionante no ha desplegado actividad alguna tendiente a pedir en el proceso refutado, por conducto del estrado interpelado, cuentas al secuestre de su camioneta, para, con ello, lograr determinar lo acontecido con ese bien, escenario id\u00f3neo para debatir los hechos aqu\u00ed enarbolados, m\u00e1xime si el estrado del circuito confutado, al replicar el libelo, asever\u00f3 que el suplicante, \u201cde manera voluntaria\u201d, se lo entreg\u00f3 a Avaluaperitos S.A.S. <\/p>\n
Del mismo modo, el precursor no demostr\u00f3 haber realizado gesti\u00f3n alguna ante las autoridades de tr\u00e1nsito, para esclarecer las circunstancias de modo y espacio-tiempo, en las cuales se produjeron los comparendos que desembocaron en las multas cuestionadas. <\/p>\n
Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades p\u00e9rdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Refuerza la improcedencia del auxilio, el silencio del promotor frente al auto de 5 de abril de 2021, mediante el cual el despacho encausado, se abstuvo de dar tr\u00e1mite la solicitud de aqu\u00e9l, encaminada a lograr la \u201celiminaci\u00f3n\u201d de las multas que, seg\u00fan \u00e9l, se han generado con su veh\u00edculo, pese a estar bajo medida de secuestro, as\u00ed como a obtener de Avaluaperitos S.A.S. el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
Al punto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
4. Sobre las pretensiones formuladas por el suplicante en la impugnaci\u00f3n, encaminadas a exigir a la Rama Judicial hallar su camioneta y poner en conocimiento de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, lo acontecido con dicho bien, el resguardo tampoco prospera porque esos pedimentos no fueron planteados en la demanda de amparo, constituyendo, tales ruegos, reclamos nuevos no controvertidos por la pasiva; en consecuencia, no procede realizar un pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
5. Asimismo, nada obsta para que el accionante acuda, directamente y sin intermediaci\u00f3n alguna, ante la mencionada entidad para entablar la denuncia que estime pertinente y, de igual modo, puede incoar un decurso declarativo o ejecutivo, para lograr el cumplimiento de las obligaciones pactadas en la daci\u00f3n en pago, conjuntando los presupuestos para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
En torno a lo discurrido esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
6. Con todo, la Sala recuerda, los secuestres est\u00e1n obligados rendir cuentas de su gesti\u00f3n mensualmente7, sobre la administraci\u00f3n y custodia de los bienes, deber legal exigible por parte del juez aun de oficio8. <\/p>\n
Lo antelado, porque las actividades de los auxiliares de la justicia no est\u00e1n exentas de control y, por ello, el director del proceso puede pedir explicaciones claras, exhaustivas, precisas y detalladas de la situaci\u00f3n y, el estado de las cosas que se le han confiado, cuantas veces lo estime necesario, incluso, al culminar el ritual respectivo9. <\/p>\n
El tr\u00e1mite de la rendici\u00f3n de cuentas se sujetar\u00e1, en lo pertinente, a lo previsto en el canon 500 del C\u00f3digo General del Proceso10 y, si se comprueba incuria del secuestre en proveerlas o, por su incuria los bienes se pierden o deterioran11, de ello se comunicar\u00e1 al Consejo Superior de la Judicatura, quien decidir\u00e1 sobre su exclusi\u00f3n12. <\/p>\n
En casos cuando el juez omite su deber frente a las actuaciones de los secuestres, esta Sala ha destacado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.1. Al margen de las anteriores consideraciones, resulta viable la protecci\u00f3n otorgada en los t\u00e9rminos dispuestos por el a quo constitucional, en torno a la negligencia o desobediencia del auxiliar de la justicia y\/o de la depositaria, designados en el juicio reprochado, para rendir el informe mensual de sus gestiones, seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 51 del C\u00f3digo General del Proceso13\u201d. <\/p>\n
\u201cLo antelado, porque, en realidad, nada evidencia que la togada enjuiciada hubiese requerido al secuestre, antes o despu\u00e9s de la entrega del establecimiento objeto de controversia, para presentar las cuentas de su administraci\u00f3n, siendo ello su obligaci\u00f3n como directora del decurso y dado que estaban inmiscuidas las garant\u00edas de la menor aqu\u00ed representada. Ello cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta el transcurso de 9 a\u00f1os desde la designaci\u00f3n del auxiliar de la justicia, sin allegar tales cuentas, y las exhortaciones no atendidas y efectuadas en tres oportunidades, para que procediera a la devoluci\u00f3n de la heredad (\u2026)14\u201d. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos15 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196916, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d17, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio18. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-19, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales20; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas21. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Por secretar\u00eda OFICIAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, para los fines se\u00f1alados en el numeral \u201csexto\u201d del ac\u00e1pite considerativo de este fallo. Rem\u00edtasele copia del mismo. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 1521. Hay un objeto il\u00edcito en la enajenaci\u00f3n: (\u2026). 3\u00b0.) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 13 de marzo de 2013, exp. 52001-22-13-000-2013-00011-01. <\/p>\n
7\u0002 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 51. Custodia de bienes y dineros. (\u2026). En todo caso, el depositario o administrador dar\u00e1 al juzgado informe mensual de su gesti\u00f3n, sin perjuicio del deber de rendir cuentas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8\u0002 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 8\u00b0. Iniciaci\u00f3n e impulso de los procesos. Los procesos solo podr\u00e1n iniciarse a petici\u00f3n de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio (\u2026). Con excepci\u00f3n de los casos expresamente se\u00f1alados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por s\u00ed mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya (\u2026)\u201d. <\/p>\n
9\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 461. (\u2026) Terminaci\u00f3n del proceso por pago. (\u2026) Con todo, continuar\u00e1 tramit\u00e1ndose la rendici\u00f3n de cuentas por el secuestre si estuviere pendiente, o se ordenar\u00e1 rendirlas si no hubieren sido presentadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
10\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 500. Restituci\u00f3n de bienes por el albacea, rendici\u00f3n de cuentas y honorarios. El albacea con tenencia de bienes deber\u00e1 hacer entrega a quien corresponda, de los que haya administrado. La diligencia se practicar\u00e1 con intervenci\u00f3n del juez y no se admitir\u00e1n oposiciones; sin embargo, podr\u00e1 prescindirse de ella si los asignatarios manifiestan que han recibido los bienes (\u2026). Mientras el proceso de sucesi\u00f3n est\u00e9 en curso, las cuentas del albacea una vez expirado el cargo, se tramitar\u00e1n as\u00ed: (\u2026). 1. Si no se presentaron espont\u00e1neamente, el juez a solicitud de cualquiera de los herederos ordenar\u00e1 rendirlas en el t\u00e9rmino que se\u00f1ale, que no podr\u00e1 exceder de veinte (20) d\u00edas (\u2026). 2. Rendidas las cuentas se dar\u00e1 traslado de ellas a los herederos por diez (10) d\u00edas, y si las aceptan expresamente o guardan silencio, el juez las aprobar\u00e1 y ordenar\u00e1 el pago del saldo que resulte a favor o a cargo del albacea, mediante auto que no admite recurso y presta m\u00e9rito ejecutivo (\u2026). 3. Quien objete las cuentas deber\u00e1 explicar las razones de su desacuerdo y hacer una estimaci\u00f3n de ellas. La objeci\u00f3n se tramitar\u00e1 mediante incidente y, en el auto que lo resuelva, se impondr\u00e1 multa de diez salarios m\u00ednimos mensuales vigentes (smlmv) al albacea, si las cuentas rendidas difieren en m\u00e1s del treinta por ciento (30%) de la regulaci\u00f3n hecha por el juez, o al objetante si se advierte que la objeci\u00f3n fue temeraria (\u2026). 4. Si las cuentas fueren rechazadas, el juez declarar\u00e1 terminada la actuaci\u00f3n, para que se rindan en proceso separado (\u2026). Cuando el testador no hubiere se\u00f1alado los honorarios del albacea, el juez los regular\u00e1 en la providencia que las apruebe (\u2026). Lo dispuesto en este art\u00edculo se aplicar\u00e1, en lo pertinente, a los secuestres (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
11\u0002 \u201c(\u2026) Ley 1564 2012 (\u2026). Art\u00edculo 50. Exclusi\u00f3n de la lista. El Consejo Superior de la Judicatura excluir\u00e1 de las listas de auxiliares de la justicia: (\u2026). 7. A quienes como secuestres, liquidadores o administradores de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gesti\u00f3n, o depositado los dineros habidos a \u00f3rdenes del despacho judicial, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron, o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administraci\u00f3n negligente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
12\u0002 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 50. Exclusi\u00f3n de la lista. El Consejo Superior de la Judicatura excluir\u00e1 de las listas de auxiliares de la justicia (\u2026). En los casos previstos en los numerales 7 y 10, una vez establecido el hecho determinante de la exclusi\u00f3n, el juez de conocimiento lo comunicar\u00e1 al Consejo Superior de la Judicatura, que podr\u00e1 imponer sanciones de hasta veinte (20) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv). Lo mismo deber\u00e1 hacer en los casos de los numerales 8 y 9, si dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino o a la fecha de la diligencia el auxiliar no demuestra fuerza mayor o caso fortuito que le haya impedido el cumplimiento de su deber. Esta regla se aplicar\u00e1 a las personas jur\u00eddicas cuyos administradores o delegados incurran en las causales de los numerales 7, 8, 9 y 10 (\u2026)\u201d (se enfatiza). <\/p>\n
13\u0002 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 51. Custodia de bienes y dineros. Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenaci\u00f3n de los bienes o de sus frutos, constituir\u00e1n inmediatamente certificado de dep\u00f3sito a \u00f3rdenes del juzgado (\u2026). El juez podr\u00e1 autorizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados; igualmente cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, podr\u00e1 facultar al administrador para que, bajo su responsabilidad, lleve los dineros a una cuenta bancaria que tenga la denominaci\u00f3n del cargo que desempe\u00f1a. El banco respectivo enviar\u00e1 al despacho judicial copia de los extractos mensuales (\u2026). En todo caso, el depositario o administrador dar\u00e1 al juzgado informe mensual de su gesti\u00f3n, sin perjuicio del deber de rendir cuentas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
14\u0002 CSJ. STC1080-2021 de 11 de febrero de 2021, exp. 11001-22-10-000-2020-00688-01. <\/p>\n
15\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
16\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
17\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
18\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
19\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
20\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
21\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10400-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10400-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00609-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56385","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56385"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56385\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}