STC10401-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10401-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02199-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos S.A. \u2013 Ecopetrol S.A. \u2013 contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone que, el 13 de noviembre de 2019 interpuso demanda verbal reivindicatoria contra los se\u00f1ores Jos\u00e9 Grimaldo Zipa Vargas y Lisando Boyac\u00e1, respecto del predio denominado \u00abLa Lidia Tie-0075, con matr\u00edcula inmobiliaria 470-41229 de la oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Yopal\u00bb, que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal, que le asign\u00f3 el radicado 2019-00210. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, mediante auto de 24 de enero de 2020 el referido despacho resolvi\u00f3 inadmitir la demanda. El 3 de febrero de ese mismo a\u00f1o, present\u00f3 escrito subsanando las deficiencias apuntadas por el juzgado; el 21 de febrero fue admitida la demanda. <\/p>\n
El 22 de abril, el juzgado niega la petici\u00f3n, bajo el argumento de la \u00abcuantificaci\u00f3n del aval\u00fao catastral del inmueble\u00bb, decisi\u00f3n contra la que interpuso el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n aduciendo que, \u00abninguna de las pretensiones tiene contenido econ\u00f3mico\u00bb; sin embargo, el despacho, en determinaci\u00f3n del 2 de octubre de 2020 \u2013 sin pronunciarse frente a los recursos \u2013 decidi\u00f3 dejar sin valor ni efecto el auto del 21 de febrero de 2020 admisorio de la demanda para en su lugar disponer su rechazo, tras advertir que, por tratarse de un proceso reivindicatorio no proced\u00eda el decreto de medida cautelar alguna, luego, en consecuencia, resultaba necesario evacuar la conciliaci\u00f3n extrajudicial como requisito de procedibilidad, lo cual no se cumpli\u00f3. <\/p>\n
Frente a esa providencia interpuso los remedios horizontal y vertical, con el principal argumento que, Ecopetrol S.A., por tratarse de una entidad p\u00fablica, se encontraba exenta del se\u00f1alado requisito de procedibilidad. <\/p>\n
Empero, el juez a quo ratific\u00f3 su postura, y el Tribunal Superior de Yopal, el 3 de junio de 2021 confirm\u00f3 el rechazo de la demanda, y de paso, refrend\u00f3 las consideraciones de la primera instancia en torno a que, Ecopetrol, como sociedad de econom\u00eda mixta se rige \u00abexclusivamente por las reglas del derecho privado sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa\u00bb, conforme est\u00e1 establecido en el art\u00edculo 6\u00ba de la ley 1118 de 2006 \u00abpor la cual se modifica la naturaleza jur\u00eddica de Ecopetrol\u00bb, de manera que, le correspond\u00eda agotar la conciliaci\u00f3n extrajudicial. <\/p>\n
Acusa las anteriores determinaciones de constituir v\u00edas de hecho por defecto \u00abmaterial o sustantivo\u00bb. Al respecto, manifiesta que Ecopetrol es una entidad p\u00fablica y por lo tanto se encuentra exceptuada de agotar el requisito de procedibilidad. Argument\u00f3 en tal sentido que, aun cuando se trata de una sociedad de econom\u00eda mixta, est\u00e1 vinculada al ministerio de Minas y Energ\u00eda, y explica que \u00abno existen entidades vinculadas en la estructura de la administraci\u00f3n p\u00fablica en Colombia que sean de naturaleza privada. Los organismos vinculados son las entidades p\u00fablicas que cuentan con una relaci\u00f3n especial con la administraci\u00f3n central (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Indica que, el art\u00edculo 38 de la ley 489 de 1998, que dicta normas sobre la organizaci\u00f3n y funcionamiento de las entidades del orden nacional, destaca que la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico se encuentra integrada por las empresas industriales y comerciales del estado, entre ellas, las sociedades de econom\u00eda mixta. <\/p>\n
As\u00ed mismo, resalta que la ley 80 de 1993 define que son entidades estatales \u00ab(\u2026) las sociedades de econom\u00eda mixta en las que el Estado tenga participaci\u00f3n superior al 50% (\u2026)\u00bb, y del mismo modo lo hace el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
Recalca que, la Corte Constitucional en sentencia C-722 de 2007 tambi\u00e9n dijo que, \u00ab(\u2026) aunque se rija por las reglas del derecho privado, sin que por tal circunstancia pueda considerarse que pierda su naturaleza de entidad p\u00fablica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aduce entonces que, el tribunal \u00abconfundi\u00f3 en su interpretaci\u00f3n normativa el r\u00e9gimen aplicable a las actividades propias de Ecopetrol S.A., para el desarrollo de su objeto social, adem\u00e1s del r\u00e9gimen laboral dispuesto para las sociedades de econom\u00eda mixta para argumentar su posici\u00f3n, cambiando la naturaleza jur\u00eddica de esta sociedad; que sin lugar a dudas, se trata de una entidad p\u00fablica, que si bien posee un r\u00e9gimen normativo privado en algunos de sus actos o negocios jur\u00eddicos, no quiere decir que por este mismo hecho modifique su verdadera naturaleza\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide, \u00ab(\u2026) revocar las providencias de 2 de octubre de 2020 que rechaz\u00f3 la demanda y el auto de 1\u00ba de marzo de 2021 que neg\u00f3 el recurso a Ecopetrol, providencias emitidas por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Yopal, y tambi\u00e9n revocar el auto de 3 de junio de 2021 del Tribunal Superior de Yopal que decide confirmar el rechazo de la demanda, y dejar en pie la admisi\u00f3n de la demanda ordenada mediante auto del 21 de febrero de 2020, por cuanto Ecopetrol S.A., como entidad p\u00fablica, puede acudir a la jurisdicci\u00f3n bajo lo establecido en el art\u00edculo 613 del C\u00f3digo General del Proceso [\u2026] sin que sea exigible agotar el requisito de la conciliaci\u00f3n prejudicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Un magistrado del Tribunal Superior de Yopal, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que esa corporaci\u00f3n adopt\u00f3 en el tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, y se\u00f1al\u00f3 que, para confirmar el rechazo de la demanda reivindicatoria promovida por Ecopetrol, tuvo inicialmente en cuenta lo normado en los art\u00edculos 613 y 621 del C\u00f3digo General del Proceso, y luego, para dilucidar lo concerniente a la naturaleza de esa entidad, auscult\u00f3 lo previsto en la ley 1118 de 2006 que es la ley que la define; por lo tanto, adujo que \u00abno resulta de recibo la afirmaci\u00f3n del accionante en el sentido de indicar que este tribunal actu\u00f3 sin motivaci\u00f3n, ni argumentaci\u00f3n jur\u00eddica. Por el contrario, de la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n confutada puede verse que obedeci\u00f3 al resultado de la valoraci\u00f3n de las normas aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas constitucionales denunciadas por rechazar la demanda reivindicatoria promovida por el Ecopetrol S.A., al considerar que le correspond\u00eda agotar la conciliaci\u00f3n extrajudicial previa como requisito de procedibilidad, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo desconociendo que, por su naturaleza jur\u00eddica de \u00abentidad p\u00fablica\u00bb, se encuentra exenta de cumplir con dicho requisito. <\/p>\n
2. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo tambi\u00e9n se formula contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal el 2 de octubre de 2020 que rechaz\u00f3 la demanda reivindicatoria incoada por Ecopetrol S.A., el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo del 3 de junio de 2021 que dict\u00f3 la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal, confirmatorio del anterior, en tanto que, fue el pronunciamiento que en \u00faltimas defini\u00f3 la controversia. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada v\u00eda de hecho. <\/p>\n
La incursi\u00f3n en los referidos \u00abdefectos\u00bb, habilita eventualmente la injerencia del juez constitucional si advierte, por ejemplo, que ha dejado de aplicarse una norma que gobierna la tem\u00e1tica o se hace en un sentido manifiestamente contrario a su contenido; o si el operador jur\u00eddico, sin ofrecer argumentos suficientes y aptos, se aleja del precedente o del criterio lineal del \u00f3rgano judicial de cierre o si resuelve en contrav\u00eda de sus propios pronunciamientos, vulnerando el derecho a la igualdad de las parte frente a un caso id\u00e9ntico. <\/p>\n
3.3. As\u00ed, sobre el defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha explicado que se presenta cuando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) la decisi\u00f3n cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuesti\u00f3n est\u00e1 vigente y es constitucional, no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la cual se aplic\u00f3, porque a \u00e9sta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-781\/11). <\/p>\n
3.4. Respecto de la inobservancia del precedente constitucional, se ha entendido \u00e9ste como una sentencia antecedente relevante para la soluci\u00f3n de un nuevo caso sometido a examen judicial, por contener pronunciamiento sobre un debate soportado en hechos similares, desde un punto de vista jur\u00eddica y constitucionalmente destacado; como los supuestos f\u00e1cticos id\u00e9nticos deben recibir un tratamiento igual, el fallo precedente deber\u00eda determinar el sentido del asunto posterior. <\/p>\n
Sobre el precedente constitucional el Tribunal de cierre constitucional se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa Corte Constitucional ha precisado que su precedente posee fuerza vinculante para todos los operadores jur\u00eddicos, entre ellos, los jueces. Se trata de materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, el debido proceso y la confianza leg\u00edtima, mandatos que obligan a que los jueces tengan en cuenta las decisiones de esta Corte, al decidir los asuntos sometidos a su competencia. <\/p>\n
Gran espectro de las corrientes de la teor\u00eda del derecho considera que la jurisprudencia es una fuente jur\u00eddica formal, toda vez que las disposiciones carecen de sentido univoco. Los preceptos jur\u00eddicos pueden tener varios significados que constituyen enunciados prescriptivos diversos, los cuales son producto de un proceso de interpretaci\u00f3n. La hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificar jurisprudencia y otorgar comprensiones a normas superiores adquiere el car\u00e1cter de vinculante para los dem\u00e1s operadores jur\u00eddicos. <\/p>\n
Desde esos \u00e1mbitos doctrinarios, la obligatoriedad de los precedentes se sustenta en los siguientes argumentos: 1) el lenguaje natural que se encuentra en las normas est\u00e1 lleno de ambig\u00fcedad \u2013m\u00faltiples significados- y de vaguedad \u2013indeterminaci\u00f3n en los conceptos- que afectan la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho. Esas problem\u00e1ticas s\u00f3lo ser\u00e1n solucionadas a trav\u00e9s de un proceso hermen\u00e9utico plasmado en las sentencias, al solucionar los casos que se someten a la jurisdicci\u00f3n. Los jueces crean reglas individuales derivadas de la lectura del ordenamiento jur\u00eddico, prescripciones que vinculan a otras autoridades; 2) las providencias tienen la funci\u00f3n de armonizar las diversas normas que regulan un caso y que establecen consecuencias jur\u00eddicas contrapuestas; y 3) desarrolla los principios b\u00e1sicos del Estado Constitucional, por ejemplo, la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
En los sistemas jur\u00eddicos contempor\u00e1neos, la interpretaci\u00f3n que realizan los jueces incluye el derecho legislado y la norma jur\u00eddica que se deriva de una sentencia. N\u00f3tese que el derecho jurisprudencial es un criterio interpretativo insoslayable para que los jueces fundamenten sus decisiones. La mayor\u00eda de los argumentos jur\u00eddicos act\u00faan mediante analog\u00eda y la distinci\u00f3n, como sucede con la jurisprudencia, puesto que se relacionan, de un lado, los hechos con las decisiones pasadas; de otro lado, los supuestos f\u00e1cticos de un caso anterior con una causa similar en el futuro para aplicar la regla de decisi\u00f3n fijada y resolver la disputa. <\/p>\n
En ese contexto, esta Corporaci\u00f3n ha entendido por precedente judicial \u201caquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u201d\u00bb (CC. SU-068\/18). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
El asunto que se analiza se enmarca dentro de las anteriores hip\u00f3tesis ya que, el tribunal accionado, al resolver como lo hizo, esto es, confirmando el rechazo de la demanda incoada por la empresa tutelante, contrari\u00f3 el criterio de la Corte Constitucional fijado en la sentencia C-722 de 2007, que al establecer la exequibilidad de los art\u00edculos 6\u00ba y 7\u00ba de la ley 1118 de 2006 (que determinaron la naturaleza jur\u00eddica de Ecopetrol), determin\u00f3 que a pesar de regirse por las normas del derecho privado, dicha entidad no pierde el car\u00e1cter de p\u00fablica; circunstancia que tornaba inviable exigir la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, por expreso mandato del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 613 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En la determinaci\u00f3n recriminada la colegiatura, previo a dirimir la discusi\u00f3n suscitada frente a la mencionada conciliaci\u00f3n, expuso que a partir del entendimiento que deb\u00eda d\u00e1rsele a lo previsto en la ley 1118 de 2006, el C\u00f3digo de Comercio en sus art\u00edculos 4611 y 4642, y el 973 de la ley 489 de 1998 (teniendo en cuenta que se trata de una sociedad de econom\u00eda mixta), el r\u00e9gimen legal que gobierna sus actuaciones es el del derecho privado, y por tanto, lo se\u00f1alado en el 354 de la ley 640 de 2001 y el 6215 del estatuto adjetivo, resultaba insoslayable. <\/p>\n
Sin embargo, como se anticip\u00f3, esa posici\u00f3n se aleja de lo precisado en la referida sentencia de constitucionalidad, en la que, al margen de declarar que las disposiciones demandadas all\u00ed se ajustaban a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, recalc\u00f3 que Ecopetrol, pese a regirse en determinados escenarios jur\u00eddicos por el derecho privado, no abandona su connotaci\u00f3n de entidad p\u00fablica. Al respecto, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de que ECOPETROL S.A., sigue siendo parte de la estructura de la administraci\u00f3n p\u00fablica, por pertenecer al nivel descentralizado y ser un organismo vinculado, por lo que no puede ser considerada como un particular, debe tenerse en cuenta su cambio de naturaleza jur\u00eddica y su nueva condici\u00f3n de sociedad de econom\u00eda mixta con caracter\u00edsticas dentro de las cuales no cabe el ejercicio de funci\u00f3n administrativa, ya que debe cumplir actividades de naturaleza industrial y comercial conforme al derecho privado, por lo que no es pertinente aludir a la violaci\u00f3n de aquellos principios consagrados en el art\u00edculo 209 superior. <\/p>\n
As\u00ed ya lo hab\u00eda considerado esta corporaci\u00f3n, al analizar la constitucionalidad del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 80 de 1993, que somete a las sociedades de econom\u00eda mixta en las que el Estado tenga participaci\u00f3n superior al cincuenta por ciento (50 %), como entidad estatal, al Estatuto General de Contrataci\u00f3n. Al respecto dijo la Corte: <\/p>\n
\u201c6.3. Para la Corte, en armon\u00eda con los antecedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados, la regla superior, trat\u00e1ndose de sociedades de econom\u00eda mixta, debe ser observada por el legislador para efectos de la creaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n, y cuando determine el r\u00e9gimen jur\u00eddico de las mismas, con el fin de i) precaver actuaciones estatales re\u00f1idas con los principios propios de la funci\u00f3n administrativa y ii) adoptar el modelo institucional adecuado teniendo en cuenta aspectos espec\u00edficos como la actividad que el mismo asigne y iii) dotar a la entidad que crea del coherente r\u00e9gimen jur\u00eddico que permita a \u00e9sta cumplir el objeto y finalidades asignadas por el propio legislador. <\/p>\n
Entonces, en la medida en que la sociedad de econom\u00eda mixta ostenta legalmente caracter\u00edsticas dentro de las cuales no cabe el ejercicio de \u201cfunci\u00f3n administrativa\u201d ya que conforme a la misma ley debe cumplir actividades industriales y comerciales conforme al derecho privado, no es pertinente aludir a violaci\u00f3n de aquellos principios propios de la funci\u00f3n administrativa por la circunstancia de que el legislador asigne a la entidad un r\u00e9gimen de derecho privado, bien entendido que, como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n y ya se dio cuenta en esta misma providencia: \u201c-No obstante estar constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, no son particulares. Son organismos que hacen parte de la estructura de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, pertenecen al nivel descentralizado y son organismos vinculados\u201d (Sentencia C-629 de 2003). <\/p>\n
En efecto, si bien ECOPETROL S.A., no tendr\u00e1 por finalidad el ejercicio de funciones administrativas ello no implica que sus actos no deban someterse a los principios consagrados en el art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n, pues sigue siendo una entidad p\u00fablica en la que la Naci\u00f3n conserva como m\u00ednimo el ochenta por ciento (80%) de las acciones, en circulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Puede concluirse, en consecuencia, que, en las sociedades de econom\u00eda mixta como ECOPETROL S.A., han de coexistir, de una parte, el inter\u00e9s general inherente a la vinculaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos en la conformaci\u00f3n del respectivo capital social y, de otra parte, la garant\u00eda de la plena vigencia de la libertad econ\u00f3mica, la libre competencia y, en general, de los intereses privados propios de la actividad empresarial de los particulares. <\/p>\n
Adicionalmente, sobre el r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n que la gobierna, enfatiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) adem\u00e1s de lo previsto en la Ley 1118 de 2006 sobre su sometimiento a las reglas del derecho privado, existen disposiciones que regulan de manera especial y particular el r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n de las entidades estatales y en particular de los contratos de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de los recursos naturales. <\/p>\n
En efecto, en materia de contrataci\u00f3n, la Ley 80 de 1993, art. 2\u00ba, para los efectos de dicha ley, cataloga como entidades estatales a las sociedades de econom\u00eda mixta en las que el Estado tenga participaci\u00f3n superior al cincuenta por ciento (50%)\u00bb (CC C-722\/07). <\/p>\n
Bajo la \u00f3ptica de la Corte Constitucional, es claro que a la colegiatura accionada, para resolver sobre el rechazo de la demanda, le concern\u00eda entonces atender lo contemplado en el inciso 2 del art\u00edculo 613 de la normativa procedimental que reza que, \u00ab(\u2026) No ser\u00e1 necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicci\u00f3n en la que se adelanten, como tampoco en los dem\u00e1s procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de car\u00e1cter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Y es que, esa naturaleza p\u00fablica en la que v\u00e1lidamente se encuadra a la empresa actora seg\u00fan la jurisprudencia en cita, se extrae tambi\u00e9n del art\u00edculo 38 de la ley 489 de 1998, que enlista los organismos o entidades que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico, entre ellos, las sociedades de econom\u00eda mixta (literal f, ejusdem). <\/p>\n
Por lo tanto, para la Sala, la decisi\u00f3n reprochada omiti\u00f3 auscultar con suficiencia los razonamientos de la Corte Constitucional en la sentencia precitada, y a partir de su comprensi\u00f3n, se reitera, la consecuente observancia del canon 613 del C\u00f3digo General del Proceso, de cara a dirimir lo relativo al rechazo de la demanda reivindicatoria incoada por Ecopetrol. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que, la tesis que sirvi\u00f3 a la magistratura acusada para resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el rechazo de la demanda, aunque respetable, es opuesta al criterio fijado en el pronunciamiento destacado. <\/p>\n
Conforme a ello, como se materializan los defectos de procedibilidad de la acci\u00f3n rese\u00f1ados, esto es, el desconocimiento del precedente constitucional con evidente repercusi\u00f3n sustancial por las razones precisadas, se impone conceder el amparo deprecado. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 al tribunal accionado que profiera uno nuevo atendiendo los lineamientos expuestos en precedencia, en especial, lo tocante con lo pronunciado en la sentencia C-722 de 2007 por la Corte Constitucional, en concreto, frente a la naturaleza jur\u00eddica de Ecopetrol, la demandante. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala considera que la sustentaci\u00f3n de la providencia materia de la queja constitucional proferida por la autoridad judicial tutelada, de cara a las particulares connotaciones que encierra la discusi\u00f3n suscitada, desatendi\u00f3 el precedente constitucional establecido, sobre la naturaleza jur\u00eddica de Ecopetrol, en la sentencia C-722 de 2007, determinante de cara a la resoluci\u00f3n del asunto puesto en su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE la tutela solicitada, impartiendo las siguientes \u00f3rdenes: <\/p>\n
PRIMERO: TUTELAR a favor de la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos S.A. \u2013 Ecopetrol S.A. \u2013 el derecho al debido proceso, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
SEGUNDO: Dejar sin valor y efecto el auto de 3 de junio de 2021 proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. <\/p>\n
TERCERO: Ordenar a la autoridad accionada, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de esta providencia, proceda a emitir el nuevo pronunciamiento con el que desate el recurso apelaci\u00f3n formulado en el asunto sub ex\u00e1mine, atendiendo las consideraciones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en caso de no ser impugnada esta decisi\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 461. DEFINICI\u00d3N DE LA SOCIEDAD DE ECONOM\u00cdA MIXTA. Son de econom\u00eda mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las sociedades de econom\u00eda mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, salvo disposici\u00f3n legal en contrario. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 464. SOCIEDADES DE ECONOM\u00cdA MIXTA SOMETIDA A LAS DISPOSICIONES PREVIAS PARA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO. Cuando los aportes estatales sean del noventa por ciento (90%,) o m\u00e1s del capital social, las sociedades de econom\u00eda mixta se someter\u00e1n a las disposiciones previstas para las empresas industriales o comerciales del Estado. En estos casos un mismo \u00f3rgano o autoridad podr\u00e1 cumplir las funciones de asamblea de accionistas o junta de socios y de junta directiva. <\/p>\n
3\u0002 ARTICULO 97. SOCIEDADES DE ECONOM\u00cdA MIXTA. Las sociedades de econom\u00eda mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley. <\/p>\n
4\u0002 ARTICULO 35. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. En los asuntos susceptibles de conciliaci\u00f3n, la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas \u00e1reas. En los asuntos civiles y de familia podr\u00e1 cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliaci\u00f3n en equidad. (\u2026). <\/p>\n
El requisito de procedibilidad se entender\u00e1 cumplido cuando se efect\u00fae la audiencia de conciliaci\u00f3n sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el t\u00e9rmino previsto en el inciso 1o del art\u00edculo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este \u00faltimo evento se podr\u00e1 acudir directamente a la jurisdicci\u00f3n con la sola presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, podr\u00e1 acudirse directamente a la jurisdicci\u00f3n cuando bajo la gravedad de juramento, que se entender\u00e1 prestado con la presentaci\u00f3n de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitaci\u00f3n y el lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero (\u2026). <\/p>\n
5\u0002 ART\u00cdCULO 621. Modif\u00edquese el art\u00edculo 38 de la Ley 640 de 2001, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que trate es conciliable, la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deber\u00e1 intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepci\u00f3n de los divisorios, los de expropiaci\u00f3n y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citaci\u00f3n de indeterminados. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el par\u00e1grafo 1o del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10401-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10401-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02199-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Empresa Colombiana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56386","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56386"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56386\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56386"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56386"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}