STC10403-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10403-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01400-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 15 de julio de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Mirta Grau Palacio y Eunice Rosania de Balaguer frente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esta capital, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d, adelantado por el Banco del Occidente a la se\u00f1ora Ana Mar\u00eda Balaguer Rosania. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras del auxilio solicitan la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Mediante escritura p\u00fablica No.993 del 27 de abril de 2009, Mirta Grau Palacio adquiri\u00f3, por compra hecha a Ana Mar\u00eda Balaguer Rosania, el cincuenta por ciento (50%) de la propiedad que \u00e9sta pose\u00eda, en com\u00fan y proindiviso con Eunice Rosania de Balaguer, respecto del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.50N-20044857. <\/p>\n
No obstante, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, en el a\u00f1o 2011, inscribi\u00f3 una orden de embargo sobre dicho bien, emanada del Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad, medida proferida dentro de un proceso ejecutivo seguido por el Banco del Occidente contra Balaguer Rosania. <\/p>\n
Indican las gestoras que el 28 de diciembre de 2018, \u201cla Coordinaci\u00f3n del Grupo Gesti\u00f3n Jur\u00eddica Registral de la ORIP Zona Norte\u201d inform\u00f3 al despacho accionado1, que, \u201cpor error involuntario del abogado calificador de la \u00e9poca, [se] registr\u00f3 el precitado (\u2026) embargo en el F.M.I. No.50N-20044857, desconociendo[se] que la se\u00f1ora Ana Mar\u00eda Balaguer Rosania, ya hab\u00eda enajenado su derecho de cuota sobre el bien [inmiscuido]\u201d, y, por tanto, \u201csolicitaba el env\u00edo del oficio de cancelaci\u00f3n de [esa] medida cautelar, o se ver\u00edan obligados a iniciar una actuaci\u00f3n administrativa tendiente a dejar sin efectos\u201d la acotada anotaci\u00f3n. <\/p>\n
Aducen que, mediante providencia de 28 de enero de 2020, el estrado judicial criticado \u201creiter\u00f3\u201d su argumento de que \u201cla entidad competente para efectuar el levantamiento del [comentado] embargo es la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1\u201d. <\/p>\n
Aseveran que acudieron a la \u201cfigura de la revocatoria directa\u201d, mecanismo denegado por el ente registral confutado en Resoluci\u00f3n No.0488 de 5 de noviembre pasado. <\/p>\n
Manifiestan que \u201cse les ha impedido enajenar el inmueble [cautelado]\u201d, al mantenerles el bien por fuera del comercio, por tanto, acuden a esta senda con el fin de evitar un \u201cperjuicio irremediable\u201d, pues el predio \u201cse encuentra prometido en venta desde el 2017\u201d, y se estipul\u00f3 el d\u00eda 1\u00ba de octubre del presente a\u00f1o como fecha \u201cpara la firma de la escritura respectiva\u201d. <\/p>\n
3. Requieren, en concreto, se ordene a la Oficina de Registro criticada que \u201ccancele la anotaci\u00f3n\u201d correspondiente al embargo aducido en este ruego, o instar al despacho judicial convocado \u201cque proceda a la cancelaci\u00f3n de dicha medida cautelar\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 adujo que dentro del litigio criticado no se da ninguna de las causales indicadas en el C\u00f3digo General del Proceso para levantar las medidas cautelares, decretadas en el caso bajo estudio, m\u00e1xime, cuando, la entidad registral no ha cumplido con su obligaci\u00f3n de informar \u201csi el inmueble es o no de propiedad de la demandada\u201d. <\/p>\n
2. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad, manifest\u00f3 que las promotoras cuentan con el mecanismo contemplado en el numeral 7 del canon 597 del Estatuto Adjetivo Civil, para solucionar su caso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, tras evidenciar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n consideraci\u00f3n a que el embargo del inmueble de propiedad de las accionantes fue registrado el 3 de febrero de 2011, y en caso de admitirse que \u00fanicamente se enteraron del registro de esa actuaci\u00f3n hasta el a\u00f1o 2017, cuando prometieron en venta dicho predio; deviene palmario que, la queja no cumple con el principio de inmediatez que informa este mecanismo, pues dichos sucesos datan al menos del a\u00f1o 2017 y la queja constitucional, se interpuso hasta el 7 de julio de 2021, es decir, alrededor de al menos 4 a\u00f1os despu\u00e9s; circunstancia que excede los seis (6) meses estimados como tiempo razonable para suplicar la protecci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n cuanto al Juzgado 4\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (\u2026), las accionantes abandonaron las v\u00edas ordinarias para la protecci\u00f3n de sus derechos, pues de un lado, no atacaron de ninguna forma el auto de 19 de octubre de 2019, que les neg\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la medida de embargo; y de otro, habi\u00e9ndoseles concedido el recurso de alzada contra el auto de 23 de enero de 2020 (que reiter\u00f3 la referida negativa), no efectuaron el pago de las expensas all\u00ed ordenadas para su tr\u00e1mite; falencias que tornan inviable el presente mecanismo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La interpusieron las accionantes insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinado el ruego impetrado, se colige que las promotoras del auxilio critican, puntualmente, el embargo decretado dentro del caso bajo estudio, pues esa medida fue registrada en el 2011, sobre un predio de su propiedad, aun cuando, la persona demandada en ese asunto no ostenta ning\u00fan derecho real respecto de ese bien desde el a\u00f1o 2009. <\/p>\n
Aunque puede aducirse la improcedencia de esta salvaguarda porque las peticionarias omitieron agotar los mecanismos de defensa a su alcance, se resalta, en esta oportunidad, no resulta conveniente anteponer la satisfacci\u00f3n, entre otros, del presupuesto de subsidiariedad, pues se advierte una protuberante vulneraci\u00f3n a los derechos invocados, proceder avalado por esta Sala en casos an\u00e1logos. <\/p>\n
Al respecto, se ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)\u201d. <\/p>\n
\u201c[I]gualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01)\u201d. <\/p>\n
Por tanto, contrario a lo expuesto por el a quo constitucional, es procedente la protecci\u00f3n exigida, pues, revisada la actuaci\u00f3n censurada, se constata el quebranto de la garant\u00eda al debido proceso de las tutelantes y el desafuero imputado por el accionar caprichoso del juez del circuito querellado. <\/p>\n
3. En efecto, el despacho fustigado, en auto de 10 de octubre de 2019, neg\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar criticada por las quejosas, indicando: <\/p>\n
\u201c[C]uando lleg\u00f3 el oficio a la Oficina de Registro esta debi\u00f3 negar el registro de la medida de embargo sobre el inmueble FMI 50N-20044857 en raz\u00f3n a que la demandada ya no era la propietaria del inmueble y as\u00ed informarlo al juzgado de origen; pero como en la ORIP cometieron el error de registrar el embargo y as\u00ed lo inform\u00f3 al despacho, es a esa Oficina de Registro la que le corresponde subsanarlo y no a este juzgado, pues la medida de embargo decretada fue legal\u201d. <\/p>\n
\u201cEs por esto que no hay erro[r] en el auto del 9 de diciembre de 2010 (\u2026), donde se orden\u00f3 el levantamiento del embargo sobre el inmueble con FMI N\u00b0 50N-20044814, toda vez, que no fue decretada por el juzgado de origen y en su lugar se continu\u00f3 con la materializaci\u00f3n del embargo respecto al FMI N\u00b0 50N-20044857\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, las interesadas insistieron en su petici\u00f3n; sin embargo, el referido estrado en auto de 28 de enero de 2020 les indic\u00f3 que deb\u00edan estarse a lo resuelto en la trasuntada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Auscultado el procedimiento criticado, se extrae, evidentemente, el excesivo rigorismo del togado censurado, al establecer que el error en la inscripci\u00f3n del comentado embargo debe ser subsanado por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, aun cuando, el C\u00f3digo General del Proceso le impone actuar de oficio, para remediar situaciones como las aqu\u00ed dilucidadas. Veamos <\/p>\n
\u201cPara efectuar embargos se proceder\u00e1 as\u00ed:\u201d <\/p>\n
\u201c1. El de bienes sujetos a registro se comunicar\u00e1 a la autoridad competente de llevar el registro con los datos necesarios para la inscripci\u00f3n: si aquellos pertenecieren al afectado con la medida, lo inscribir\u00e1 y expedir\u00e1 a costa del solicitante un certificado sobre su situaci\u00f3n jur\u00eddica en un per\u00edodo equivalente a diez (10) a\u00f1os, si fuere posible. Una vez inscrito el embargo, el certificado sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien se remitir\u00e1 por el registrador directamente al juez\u201d. <\/p>\n
\u201cSi alg\u00fan bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendr\u00e1 de inscribir el embargo y lo comunicar\u00e1 al juez; si lo registra, este de oficio o a petici\u00f3n de parte ordenar\u00e1 la cancelaci\u00f3n del embargo. Cuando el bien est\u00e9 siendo perseguido para hacer efectiva la garant\u00eda real, deber\u00e1 aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del art\u00edculo 468 (\u2026)\u201d (resalta la Sala). <\/p>\n
Por su parte el canon 597 del comentado plexo legal, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cSe levantar\u00e1n el embargo y secuestro en los siguientes casos:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) 7. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profiri\u00f3 la medida no es la titular del dominio del respectivo bien, sin perjuicio de lo establecido para la efectividad de la garant\u00eda hipotecaria o prendaria (\u2026)\u201d (subraya propias). <\/p>\n
Como se observa, nada le impide al juez fustigado, revisar de manera oficiosa, si el predio sobre el cual recae el embargo decretado en el compulsivo sublite, es o no de propiedad de la ejecutada y as\u00ed entrar a resolver sobre la viabilidad del levantamiento de esa medida, conforme las normas anteriormente citadas, m\u00e1xime, cuando desde el 2019, se encuentra informado respecto del error en la inscripci\u00f3n de dicha cautela. <\/p>\n
5. De lo transcrito, fluye diamantino, la procedencia del resguardo deprecado, por afectarse el derecho al debido proceso de las interesadas, pues el funcionario acusado ha omitido actuar acorde a las normas que rigen el caso bajo estudio, en especial, las reglas concernientes al levantamiento de medidas cautelares. <\/p>\n
Ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo la de la Corte Constitucional, que el defecto procedimental <\/p>\n
\u201c(\u2026) puede estructurarse (\u2026) cuando \u2018(\u2026) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: \u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales (CC T-352\/12) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Corresponde a las autoridades jurisdiccionales y a los particulares habilitados para el ejercicio de la funci\u00f3n judicial, atender al debido proceso como un medio para garantizar los derechos sustanciales y no a manera de un obst\u00e1culo para su realizaci\u00f3n, pues <\/p>\n
Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos3, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos donde la autoridad act\u00faa por fuera del ordenamiento legal, como la aqu\u00ed presentada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n, por cuanto se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcci\u00f3n del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa. <\/p>\n
6. Por tanto, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada para, en su lugar, acceder al resguardo pretendido, pues la lesi\u00f3n del derecho invocado, como se explicit\u00f3, resulta evidente y requiere la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
7. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de resguardo, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4, que exige a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n
Sobre el particular, los c\u00e1nones 8.1 y 25 de ese tratado se\u00f1alan: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. Por lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para conceder el amparo solicitado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada para, en su lugar, CONCEDER el ruego incoado por Mirta Grau Palacio y Eunice Rosania de Balaguer. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordena al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48) horas contados a partir de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, proceda a realizar, de manera oficiosa, el estudio sobre la viabilidad o no del levantamiento de la medida cautelar decretada en el caso bajo estudio, atendiendo para ello lo expuesto en esta providencia. Por secretar\u00eda rem\u00edtase copia de la misma. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase copia de este pronunciamiento al juzgado involucrado. <\/p>\n
TERCERO: Env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Luego de emitida la decisi\u00f3n de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el asunto pas\u00f3 a conocimiento del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, autoridad aqu\u00ed tutelada. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC9028 de 12 de julio 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-01822-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de19 jun. 2013, rad. 2013-00182-01. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC10403-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10403-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01400-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 15 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56388","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56388","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56388"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56388\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56388"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}