STC10404-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10404-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00584-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que el estrado accionado admiti\u00f3 la demanda objeto de esta salvaguarda el 13 de diciembre de 2019, remiti\u00e9ndose a la all\u00ed convocada el citatorio para notificaci\u00f3n personal el 14 de enero de 2020 y, posteriormente, aviso, el 10 de febrero siguiente. <\/p>\n
No obstante, refiere, el titular del despacho confutado no tuvo en cuenta dicha gesti\u00f3n por haberse se\u00f1alado como direcci\u00f3n de ese estrado, el edificio Nemqueteba la Calle 14 # 7-36, piso 3. <\/p>\n
Indica que, con ocasi\u00f3n de la pandemia por el \u201ccoronavirus sars cov 2\u201d, decidi\u00f3 adelantar, una vez m\u00e1s, el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n conforme a los lineamientos fijados en el Decreto 806 de 2020, sin embargo, asevera, en auto de 3 de septiembre el juzgado orden\u00f3 enterar nuevamente al extremo pasivo, insistiendo en que la direcci\u00f3n de esa sede judicial no era correcta, raz\u00f3n por la cual, afirma, cumpli\u00f3 con lo ordenado el 15 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Asevera que, como el juzgado guard\u00f3 silencio frente a esa gesti\u00f3n, el 17 de octubre de 2020 le pidi\u00f3 emitir un pronunciamiento al respecto, petici\u00f3n reiterada el 10 de diciembre de 2020 y el 10 de marzo de 2021. <\/p>\n
Sostiene que, el 11 de marzo de 2021, el funcionario atacado, de nuevo, le orden\u00f3 notificar a la demandada, se\u00f1alando no haberse observado lo dispuesto en el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n contra la cual interpuso recurso, a\u00fan pendiente de desatar. <\/p>\n
Afirma que, por cuarta vez, adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n y, ante la falta de respuesta de la autoridad judicial, reclam\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 \u00eddem. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado convocado tomar las medidas pertinentes del caso para la pronta resoluci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
El juzgado confutado relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. Al respecto, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La parte actora arrim\u00f3 varios escritos anunciando que hab\u00eda notificado de acuerdo a lo establecido en los arts. 291 y 292 del C.G.P. y 8 del Decreto 806 de 2020, pero, en providencia del 10 de marzo de 2021, se dispuso no tener en cuenta los citatorios remitidos, por no cumplir los requisitos de las normas procesales, decisi\u00f3n que, recurrida, fue resuelta desfavorablemente en auto del 30 de junio de 2021 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio al advertir la configuraci\u00f3n de un defecto material o sustantivo <\/p>\n
\u201c(\u2026) pues, ni el art\u00edculo 291 ni el 292 del C\u00f3digo General del Proceso, exigen al interesado en hacer la notificaci\u00f3n, que incluya la direcci\u00f3n del despacho judicial en donde se adelanta el proceso, en consecuencia, no pod\u00eda aducir como argumento para negarse convalidar los citatorios y avisos remitidos a la demandada, que la direcci\u00f3n del juzgado se\u00f1alada en ellos no correspond\u00eda a su despacho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ORDENAR al Juez Tercero de Familia de Bogot\u00e1 que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, tras dejar sin efecto su prove\u00eddo del 2 de septiembre de 2020, en el cual dispuso no tener en cuenta los citatorios y los avisos de notificaci\u00f3n que tratan los art\u00edculos 291 y 292 del C.G.P., remitidos por el demandante en los meses de enero y febrero de 2020, proceda a verificar nuevamente los requisitos para considerar surtida la notificaci\u00f3n a la demandada, ci\u00f1\u00e9ndose con estrictez a lo dispuesto en dichos preceptos y de cumplirse todos ellos, tener por notificada a la demandada al finalizar el d\u00eda siguiente al de la entrega del aviso como all\u00ed se dispone, en caso contrario, deber\u00e1 verificar, con respecto a la notificaci\u00f3n realizada mediante el correo electr\u00f3nico lilianahinca7@gmail.com, la fecha del \u201cacuse recibo\u201d por el iniciador o por otro medio que pueda establecerla, con el fin de tenerla por notificada transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje, conforme los par\u00e1metros indicados por la Corte Constitucional (C-420-20) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 Liliana Hincapi\u00e9 Ram\u00edrez, manifestando que, contrario a lo afirmado por el tutelante, no ha sido enterada del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Liliana Hincapi\u00e9 Ram\u00edrez, a la sentencia de 9 de julio de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Juli\u00e1n Alberto Prado S\u00e1nchez al Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico iniciado por el tutelante frente a la aqu\u00ed recurrente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El actor cuestiona la supuesta arbitrariedad del estrado accionado al insistir en que no ha notificado en forma correcta a la all\u00ed demandada, aun cuando, seg\u00fan afirma, ha adelantado todas las gestiones necesarias para su debido enteramiento del sublite. <\/p>\n
3. Revisada la actuaci\u00f3n procesal censurada, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo constitucional, al evidenciarse la arbitrariedad cometida por el funcionario confutado. <\/p>\n
Ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo la de la Corte Constitucional, que el defecto procedimental <\/p>\n
\u201c(\u2026) puede estructurarse (\u2026) cuando \u2018(\u2026) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: \u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales (CC T-352\/12) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Corresponde a las autoridades jurisdiccionales y a los particulares habilitados para el ejercicio de la funci\u00f3n judicial, atender al debido proceso como un medio para garantizar los derechos sustanciales y no a manera de un obst\u00e1culo para su realizaci\u00f3n, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) [d]e lo contrario, se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica (\u2026), por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, por cuanto lo all\u00ed determinado logra conjurar la vulneraci\u00f3n causada al tutelante. <\/p>\n
Ahora se pone de presente a la aqu\u00ed impugnante, que corresponder\u00e1 al funcionario judicial accionado verificar los citatorios, conforme a la ley, para establecer si fue debidamente notificada del asunto y, en caso de resultar insuficientes, debe revisar la comunicaci\u00f3n efectuada al correo de aqu\u00e9lla, conforme a las indicaciones dadas por el tribunal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de tener alg\u00fan reparo a ese respecto, la all\u00ed demandada deber\u00e1 acudir directamente ante el juzgado cognoscente, escenario natural para exponer los cuestionamientos que considere con ocasi\u00f3n del juicio censurado. <\/p>\n
4. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se retificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC9028 de 12 de julio 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-01822-00. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-1306 de 2001. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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