STC10416-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10416-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2021-00076-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 6 de abril de 2021, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la tutela promovida por Roberto Carlos Fuentes Robles frente a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y el Juzgado Primero Civil del Circuito y la Alcald\u00eda Municipal, ambos de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato adelantado en un resguardo similar a \u00e9ste, impulsado por el aqu\u00ed actor a la referida entidad estatal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor demanda la protecci\u00f3n de la prerrogativa de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente vulneradas por los accionados. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de la queja, lo siguiente: <\/p>\n
En el resguardo objeto de esta salvaguarda, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, en sentencia de 10 de diciembre de 2020, concedi\u00f3 el amparo deprecado por Roberto Carlos Fuentes Robles, ordenando <\/p>\n
\u201c(\u2026) al Director T\u00e9cnico de Gesti\u00f3n Social y Humanitaria y al Director T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n de La UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL DE LAS V\u00cdCTIMAS, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ochos (48) horas h\u00e1biles contados a partir de la notificaci\u00f3n de \u00e9sta providencia, proceda a efectuar caracterizaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de los hogares de los accionantes, a trav\u00e9s de actos motivados que deber\u00e1n contener, como m\u00ednimo, la informaci\u00f3n de sus miembros, su situaci\u00f3n actual frente al goce efectivo de sus derechos y la identificaci\u00f3n puntual y objetiva de los ingresos y capacidades adquiridas que les permitan cubrir, cuando menos, los componentes b\u00e1sicos de la subsistencia m\u00ednima, en los t\u00e9rminos expuestos por el Decreto 1084 de 2015 y la jurisprudencia constitucional. De igual manera, deber\u00e1 definir dentro del mismo t\u00e9rmino la procedencia de la ayuda humanitaria e informar a los accionantes de los programas dirigidos a la superaci\u00f3n de la pobreza e identificar a cu\u00e1les puede aplicar, a fin de darle oportunidad de acceder a alguno con el que pueda proyectarse a generar ingresos o a disminuir la pobreza y estado de vulnerabilidad, siempre con informaci\u00f3n de f\u00e1cil comprensi\u00f3n. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma el gestor que el 25 de enero de 2021, inform\u00f3 al despacho fustigado sobre el incumplimiento del referido fallo; sin embargo, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego, esa autoridad \u201cno ha respondido [su] derecho de petici\u00f3n\u201d, aun cuando, el asunto involucra derechos fundamentales de menores de edad. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, se ordene al estrado criticado \u201csancionar a la Unidad de V\u00edctimas por desacato a la orden judicial, y hacerla cumplir en su totalidad\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El despacho judicial censurado manifest\u00f3 que el actor ya hab\u00eda interpuesto una acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos expuestos en esa ocasi\u00f3n. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas adujo que ha realizado, dentro del marco de su competencia, \u201ctodas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales\u201d del interesado. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda Municipal de Valledupar sostuvo no haber vulnerado ninguna garant\u00eda supralegal del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el ruego, tras considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta corporaci\u00f3n judicial conoci\u00f3 de una acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto Carlos Fuentes Robles contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar y las dem\u00e1s entidades convocadas, radicada bajo el No.2021-00055-00. Dentro de ese diligenciamiento, la Sala a trav\u00e9s de sentencia de fecha 15 de marzo de los cursantes resolvi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n constitucional al no encontrarse materializadas las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra incidentes de desacato o solicitudes de cumplimiento\u201d. <\/p>\n
\u201cLuego entonces, revisados los hechos vertidos en la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el No.2021-00055-00, encuentra la Sala que ellos guardan identidad plena con los plasmados en la solicitud de amparo que se estudia. Adem\u00e1s, hace referencia a las mismas pretensiones y endilg\u00f3 los mismos reproches frente a las actuaciones desplegadas por las entidades accionadas, as\u00ed como las del despacho encartado\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La interpuso el censor sin argumentar su inconformidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor cuestiona al estrado del circuito accionado por no contestar su requerimiento relacionado con el incumpliendo de fallo de tutela emitido por ese despacho el 10 de diciembre de 2020, por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas. <\/p>\n
2. De entrada se advierte que el ruego no sale avante porque el promotor, concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n, en reciente ocasi\u00f3n, alegando cuestiones similares a las de ahora. <\/p>\n
En efecto, mediante providencia de 15 de marzo de 2021, la cual no fue impugnada por el quejoso, proferida dentro del expediente N\u00b0 20001-22-14-002-2021-00055-00, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, se ocup\u00f3 de estudiar el auxilio constitucional enarbolado por el aqu\u00ed actor frente al tema anunciado con anterioridad. En esa ocasi\u00f3n esa Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo, aduciendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El 1\u00ba de febrero de 2021, el actor impetr\u00f3 solicitud de cumplimiento del fallo de tutela ante el juzgado accionado, por lo que encontr\u00e1ndose en tr\u00e1mite la presente acci\u00f3n constitucional, dicha agencia judicial a trav\u00e9s de providencia de fecha 15 de marzo de los cursantes, procedi\u00f3 a requerir a la UARIV para que informara sobre el cumplimiento de la orden impartida, por lo que, a la fecha, el incidente est\u00e1 pendiente de resolverse de fondo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[A]l estudiar el fondo de la solicitud impetrada, se constata que lo pretendido por el actor es el cumplimiento de la sentencia de tutela de fecha 10 de diciembre de 2020, por lo que al revisar las actuaciones realizadas por la pasiva se vislumbra que, actualmente se encuentra desplegando las medidas necesarias para el cumplimiento de la orden judicial, prueba de ello es el requerimiento realizado a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas mediante providencia de fecha 15 de marzo de los cursantes\u201d. <\/p>\n
\u201cLuego entonces, se advierte que en caso de que en dicho tr\u00e1mite se verifique que efectivamente la entidad encargada de cumplir la orden de tutela, no lo ha hecho, el juzgado accionado tiene competencia para sancionar tal falta, salvaguardando siempre el derecho a la defensa y debido proceso de las partes\u201d. <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, concluye la Sala que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, se encuentra adoptando todas las medidas necesarias para forzar la satisfacci\u00f3n de la orden de amparo, en ejercicio de las facultades que con ese objeto le concedi\u00f3 el Decreto 2591 de 1991\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda claro, los supuestos f\u00e1cticos ahora cuestionados ya fueron dilucidados por la Corte. Esta Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, si <\/p>\n
\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, es evidente la conducta del querellante, en hacer un uso incorrecto de este excepcional instrumento, pues, invocar supuestos f\u00e1cticos como sustento de un reclamo ya decidido, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver el caso en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01. <\/p>\n
2\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
5 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10416-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10416-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2021-00076-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 6 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56392","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56392"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56392\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56392"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56392"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}