STC10418-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10418-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00061-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 8 de marzo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de las acciones de tutela acumuladas instauradas por Rafael \u00d3scar Cort\u00e9s Robayo contra los Juzgados Civil del Circuito, Civil Municipal y Promiscuo de Familia, todos de Ubat\u00e9, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cpertenencia\u201d adelantado por Jorge Augusto Cort\u00e9s Rinc\u00f3n a Rafael Cort\u00e9s Lozano. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El censor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso e igualdad, entre otras, presuntamente quebrantadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Ante el Juzgado Civil Municipal de Ubat\u00e9, Jorge Augusto Cort\u00e9s Rinc\u00f3n, impetr\u00f3 contra Rafael Cort\u00e9s Lozano, padre del aqu\u00ed actor, el juicio materia de pertenencia objeto de esta salvaguarda, asunto en el cual se emiti\u00f3 sentencia el 30 de junio de 2017, declarando la \u201cprescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u201d a favor del demandante, respecto de los predios identificados con los folios de matr\u00edcula N\u00b0172-27260, 172-36450 y 172-36461. <\/p>\n
Dentro de ese asunto, el tutelante actu\u00f3 en calidad de \u201cinterviniente\u201d, motivo por el cual pudo apelar el referido fallo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al despacho del circuito fustigado, quien, en prove\u00eddo de 2 de julio de 2020, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Esgrime el quejoso que en el decurso subex\u00e1mine, se vulneraron sus prerrogativas fundamentales, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) la jueza municipal decret\u00f3 de manera oficiosa el traslado de las pruebas practicadas en el proceso de pertenencia No. 2011-00313-00 y de sucesi\u00f3n No. 1995-00995; [empero] dict\u00f3 su fallo sin que \u00e9stas fueran debidamente allegadas y, por tanto, omiti\u00f3 que de all\u00ed se evidenciaba que el se\u00f1or Rafael Cort\u00e9s Lozano nunca hab\u00eda perdido la tenencia de los bienes usucapidos, la cual ejerc\u00eda por su calidad de depositario de los bienes relictos [de la sucesi\u00f3n de Amanda Robayo de Lozano], tramitada ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Ubat\u00e9 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El censor afirma que su \u201cmedio hermano\u201d, Jorge Augusto Cort\u00e9s Rinc\u00f3n y su padre Rafael Cort\u00e9s Lozano, \u201crealizaron maniobras fraudulentas\u201d para iniciar el comentado decurso, y hacerse, el primero, con la propiedad de los bienes inmiscuidos, dej\u00e1ndolo sin ning\u00fan derecho sobre aqu\u00e9llos. <\/p>\n
Esgrime que el aval\u00fao de los predios objeto de usucapi\u00f3n fue \u201cerr\u00f3neamente calculado\u201d, pues el valor real de los fundos daba la competencia al \u201cJuzgado del Circuito\u201d para fallar en primera instancia el caso subex\u00e1mine. <\/p>\n
Asevera que, en el Juzgado Promiscuo de Familia de Ubat\u00e9, se tramit\u00f3 el juicio sucesorio de su progenitora, en el cual, mediante providencia de 27 de marzo de 2019, se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n all\u00ed presentado, donde se incluy\u00f3 un bien <\/p>\n
\u201cque no se sabe como lo van a entregar, [pues] de esos peque\u00f1os derechos [gananciales] solo queda el 50%, o sea que a la postre no nos queda nada, y hasta la fecha no [se] ha entregado porque hay varios due\u00f1os ya con sus folios de matr\u00edcula y se van a oponer en la diligencia de entrega\u201d. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, i) revocar la sentencia de segundo grado proferida en el litigio de pertenencia criticado; y ii) dejar sin efecto la providencia que aprob\u00f3 la partici\u00f3n \u201cde una parte de los bienes que integran la sucesi\u00f3n\u201d de su madre Amanda Robayo de Lozano. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado de Familia criticado solicit\u00f3 declarar improcedente el ruego por carecer del presupuesto de inmediatez, pues el actor censura decisiones judiciales emitidas hace m\u00e1s de 6 meses. <\/p>\n
2. El despacho municipal fustigado adujo que con sus actuaciones \u201cdio estricto cumplimiento a la ley\u201d, sin vulnerar ning\u00fan derecho fundamental del petente. <\/p>\n
3. El estrado civil del circuito tutelado se opuso al ruego resaltando la legalidad de sus decisiones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda invocada tras inferir la ausencia del presupuesto de inmediatez, aduciendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [B]asta una simple revisi\u00f3n del expediente para evidenciar que [la sentencia de segunda instancia] se adopt\u00f3 el 2 de julio de 2020 (\u2026), de modo que no es procedente tampoco acudir a la acci\u00f3n de tutela para atacar la valoraci\u00f3n probatoria de las decisiones de los accionados cuando han transcurrido m\u00e1s de seis (6) meses desde que aquellas fueron dictadas\u201d. <\/p>\n
\u201cConsideraci\u00f3n que es aplicable tambi\u00e9n frente a sus reclamos por la tramitaci\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n y las decisiones all\u00ed tomadas por la tambi\u00e9n accionada Juez Promiscuo de Familia de Ubat\u00e9, pues como lo invoca aquella en su respuesta, aun cuando los embates del actor se dirigen primordialmente contra el tr\u00e1mite del proceso de pertenencia, en el proceso sucesoral de Amanda Robayo de Lozano, en el que aqu\u00e9l (\u2026) intervino en su tramitaci\u00f3n, despu\u00e9s de un largo debate de objeciones y \u00f3rdenes de rehacer el trabajo de partici\u00f3n, el proceso termin\u00f3 con providencia del 27 de marzo de 2019 que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares, luego no oportuna resulta la formulaci\u00f3n del amparo contra dicha decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso insistiendo en el quebrantamiento de sus garant\u00edas supralegales por parte de los juzgados accionados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El promotor del ruego reprocha, puntualmente: i) la providencia de 2 de julio de 2020, mediante la cual el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9 confirm\u00f3 la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio decretada a favor de Jorge Augusto Cort\u00e9s Rinc\u00f3n, respecto de los predios identificados con los folios de matr\u00edcula N\u00b0172-27260, 172-36450 y 172-36461; y ii) el prove\u00eddo de 27 de marzo de 2019, donde se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n presentado dentro del juicio de sucesi\u00f3n de su progenitora Amanda Robayo de Lozano. <\/p>\n
2. Se advierte que, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, esto es, el 23 de febrero de 2021, y las decisiones censuradas, han transcurrido m\u00e1s de siete (7) meses, y un (1) a\u00f1o y medio, respectivamente, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las autoridades convocadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Por otro lado, no se evidencian circunstancias que justifiquen la inactividad del interesado en acudir a esta especial senda, m\u00e1xime, cuando tuvo la oportunidad de conocer, todas las decisiones emitidas en los decursos cuestionados, pues particip\u00f3 activamente en la defensa de sus intereses en cada uno de esos procesos. <\/p>\n
3. Ahora, el actor afirma que, en el juicio de pertenencia bajo estudio, las partes realizaron \u201cmaniobras fraudulentas\u201d para quedarse, el all\u00ed demandante, con la propiedad de los predios objeto de usucapi\u00f3n, por tanto, el petente puede interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, conforme lo estatuido en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso2, y recopilar los elementos probatorios que soportan tal aseveraci\u00f3n; empero, ninguna prueba demuestra que as\u00ed haya actuado. <\/p>\n
4. Por lo expresado, la demanda de amparo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues el quejoso pretende un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, sobre aspectos que deben ser puestos en conocimiento y solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corte adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,6 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, sin perjuicio de la exhortaci\u00f3n efectuada al juzgado atacado. Rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 355. Son causales de revisi\u00f3n: \u201c(\u2026) 6. Haber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicio al recurrente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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