STC10421-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10421-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02740-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Yoly Mu\u00f1oz Encizo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9, Bol\u00edvar, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el juicio coercitivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en causa propia, la gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que consider\u00f3 conculcadas por las autoridades convocadas al negar la terminaci\u00f3n del proceso y declarar inadmisible la apelaci\u00f3n contra esa particular determinaci\u00f3n, dentro del juicio \u00abhipotecario mixto\u00bb que Bancolombia S.A. adelant\u00f3 en su contra y otro, bajo el consecutivo N.\u00ba 2009-00225-01. <\/p>\n
Entonces, pretende que por esta senda excepcional se conceda el resguardo deprecado y consecuencialmente, se ordene al (i) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Familia, que \u00abmodifique el auto de fecha 23 de julio de 2012\u00bb; y, (ii) al Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9, \u00abmodifique el auto de fecha 28 de abril de 2021 (\u2026) por haber aceptado una obligaci\u00f3n que no fue allegada oportunamente al proceso y por no encontrarse relacionada en el libelo demandatorio\u00bb, y que consecuencialmente, declare \u00abterminado el proceso por pago total de las obligaciones allegadas oportunamente al proceso de la referencia de la firma cesionaria CISA S.A., y ordenar levantar las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su s\u00faplica relat\u00f3, que ante el Despacho convocado se tramita un proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria, en el que funge como demandada junto con otro, y donde se acept\u00f3 como subrogatario al Fondo Nacional de Garant\u00edas, y luego como cesionario a Reintegra S.A.S.; en ese orden, mediante auto adiado 7 de octubre de 2020, se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n parcial del asunto respecto de las obligaciones contenidas en 4840082243, 4840083042, 4840084074, 4840084298, 4840084390, 45130700000261094, y 48427416261, cuyo cesionario era Reintegrar S.A.S., pero se dispuso seguir con la de los pagar\u00e9s 4840083456, 4840083674, 4840083824, siendo cesionario Central de Inversiones S.A. -CISA. <\/p>\n
Explic\u00f3 que previa solicitud de parte, por auto del 28 de abril actual, esa sede judicial se abstuvo de dar por terminado el asunto y neg\u00f3 el levantamiento de las cautelas, por lo que inconforme, radic\u00f3 sin \u00e9xito reposici\u00f3n y alzada, pues el 14 de mayo de la calenda que avanza se mantuvo integralmente el prove\u00eddo, mientras que la apelaci\u00f3n se concedi\u00f3 en el efecto devolutivo; empero, la magistratura accionada en decisi\u00f3n del 23 de julio siguiente declar\u00f3 inadmisible ese remedio, cuya notificaci\u00f3n se realiz\u00f3 el \u00ab26 julio de 2021 mediante estado n\u00famero 121\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n resalt\u00f3, que los jueces querellados incurrieron en defecto f\u00e1ctico, pues la \u00abobligaci\u00f3n CISA No 10613000265 (\u2026) no se encuentra relacionada en el l\u00edbelo demandatorio, (\u2026) a pesar de existir elementos probatorios, el juez no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisi\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para que a trav\u00e9s de este mecanismo se disponga la revocatoria de las decisiones a trav\u00e9s de las cuales se trunc\u00f3 la finalizaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 5 de agosto actual se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9 refiri\u00f3, que tramit\u00f3 el juicio hipotecario que Bancolombia promovi\u00f3 en contra de la se\u00f1ora Mu\u00f1oz Enciso y otro, explicando que pese a la insistencia del extremo deudor en requerir la terminaci\u00f3n del asunto, no se ha accedido a la misma ante la falta de acreditaci\u00f3n del pago total de la obligaci\u00f3n, particularmente, frente a las \u00abobligaciones n\u00fameros 4840083456; 4840083674 y 4840083824\u00bb, las que, a su turno, fueron cedidas a CISA, sin que haya que haya quebrantado derecho superior alguno a la inconforme \u00aben raz\u00f3n a las decisiones tomadas al interior del asunto que fueron bajo los t\u00e9rminos legales y constitucionales\u00bb. <\/p>\n
b.) Bancolombia S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, en tanto que desde el inicio de la ejecuci\u00f3n endilgada las garant\u00edas de las partes han sido respetadas por el juez del asunto. <\/p>\n
c.) El Fondo Nacional de Garant\u00edas aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues revisada su base de datos \u00abno se encontraron abonos parciales, ni traslados por concepto de recuperaci\u00f3n por parte de la Entidad Financiera, dirigidos a las obligaciones insolutas, situaci\u00f3n por la cual mediante Contrato Interadministrativo de Compraventa de Cartera celebrado entre el FNG y Central de Inversiones S.A. \u2013 CISA se transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta los derechos que como acreedor detent\u00f3 el FNG sobre las obligaciones a cargo de la se\u00f1ora Yoly Mu\u00f1oz Enciso a favor de CISA en la fecha relacionada en el cuadro que antecede, por lo tanto, el FNG cedi\u00f3 a favor de esta entidad todos los derechos de cr\u00e9dito y prerrogativas que de la cesi\u00f3n puedan derivarse\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abno despleg[\u00f3] ninguna actuaci\u00f3n que derive una responsabilidad por vulneraci\u00f3n de los derechos que argumenta la accionante\u00bb. <\/p>\n
d). Central de Inversiones S.A. -CISA, pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo, al considerar que la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe no puede erigirse como \u00abun mecanismo o instrumento id\u00f3neo para ventilar las acciones que se dejaron de ejercer dentro de los mecanismos ordinarios de defensa dentro de la oportunidad legal y debi\u00f3 haber utilizado mecanismos que la ley le otorga para su defensa\u00bb. <\/p>\n
e.) Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al escrito de tutela, y comoquiera que son las quejas dirigidas en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, las que le otorgan competencia para conocer del presente asunto, el asunto se limitar\u00e1 a verificar esa actuaci\u00f3n, esto es, que se ordene a la Corporaci\u00f3n en comento, revocar la decisi\u00f3n del 23 de julio actual, a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 inadmisible el recurso de alzada contra la determinaci\u00f3n que el 28 de abril dispuso no terminar el litigio y negar el levantamiento de las medidas cautelares, en el marco del juicio hipotecario que se adelanta en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9 en contra de la aqu\u00ed querellante. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. El art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso en su numeral 7\u00b0 dispone que es apelable el auto \u00abque por cualquier causa le ponga fin al proceso\u00bb; de modo que, como la decisi\u00f3n del 28 de abril actual no puso fin al asunto, lejos de ser arbitraria la determinaci\u00f3n de declarar inadmisible la alzada fue fruto de un an\u00e1lisis ponderado de la controversia sometida a su escrutinio. Por lo tanto, a diferencia de alegado por la recurrente, se considera que la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la sede judicial accionada se soport\u00f3, precisamente, en una hermen\u00e9utica respetable de la normativa que regula la concesi\u00f3n del remedio bajo estudio <\/p>\n
3.2. Y no se diga que lo pretendido por la gestora era cuestionar la negativa de levantar las medidas cautelares practicadas en el asunto, evento en el cual ser\u00eda procedente la alzada, pues conforme dan cuenta los anexos, se trat\u00f3 de una pretensi\u00f3n subsidiaria sobre la que la gestora no formul\u00f3 reparo alguno en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Finalmente, no est\u00e1 de m\u00e1s advertir que en escrito sentido, la decisi\u00f3n del 28 de abril de 2021, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9, Bol\u00edvar, a trav\u00e9s de la cual dispuso \u00ab[a]bstenerse de dar por terminado de dar por terminado por pago el proceso de la referencia\u00bb, y \u00abnegar el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, tuvo sustento en la informaci\u00f3n que sobre el estado de la obligaci\u00f3n report\u00f3 tanto Bancolombia y el Fondo Nacional de Garant\u00edas quienes cedieron su cr\u00e9dito a Central de Inversiones S.A. -CISA-. <\/p>\n
En ese orden, consider\u00f3 al momento de desatar el remedio horizontal, que \u00abno se dan las condiciones para dar por terminado este proceso (art. 461 CGP) y levantar las medidas cautelares solicitadas (arts. 597 y 602 CGP) en raz\u00f3n a que la parte demandada no ha probado el pago de las obligaciones vigentes que tiene a cargo de la cesionaria Central de Inversiones -CISA\u00bb. Recalc\u00f3, que \u00abse encuentra acreditado que existen cesiones de cr\u00e9dito tanto de la entidad demandante, Bancolombia S.A. como el Fondo Nacional de Garant\u00edas le cedieron sus cr\u00e9ditos a favor de Central de Inversiones -CISA, quien por disposici\u00f3n de la ley adquiere legitimaci\u00f3n para perseguir judicialmente el cobro del cr\u00e9dito cedido a que se refiere este proceso\u00bb. <\/p>\n
4. Entonces, como aqu\u00e9llas son producto de un labor\u00edo probatorio que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, siendo lo pretendido por la quejosa anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC10135-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Adicionalmente, no reposa probanza alguna en el plenario que d\u00e9 cuenta del pago total de la obligaci\u00f3n, que permita verificar que el gestor se encuentra completamente al d\u00eda con sus obligaciones, sin que nada obste para que de existir dicho elemento, la gestora del amparo acuda de forma directa ante el juez de la causa en los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso, y pida la terminaci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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