STC10422-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10422-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02484-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c1lvaro Efra\u00edn L\u00f3pez Bastidas en representaci\u00f3n de V\u00edctor Hugo Velazco Ca\u00f1\u00f3n y Doris Eugenia Rodr\u00edguez L\u00f3pez, frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n proferida en segunda instancia en el marco del proceso resoluci\u00f3n de promesa de compraventa que Jorge Alirio Rodr\u00edguez D\u00edaz promovi\u00f3 en su contra, con rad. No. 2019-00105-01. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abrealizar nuevamente la sentencia proferida (\u2026) el d\u00eda 19 de mayo del a\u00f1o 2021, en la cual se abstengan de imponer la condena y\/o Declaraci\u00f3n que impusieron en el literal a) del Numeral TERCERO de la parte resolutiva de dicha sentencia\u00bb, en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto manifiestan, que pese nunca plantearon la tem\u00e1tica relacionada con la cl\u00e1usula penal pactada en la promesa de compraventa en el recurso de apelaci\u00f3n que formularon en contra de la decisi\u00f3n del Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y, que en la demanda no se elev\u00f3 pretensi\u00f3n en tal sentido, Colegiatura convocada modific\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado, para con base en la citada estipulaci\u00f3n, condenarlos a pagar la suma de $26.002.800,oo. <\/p>\n
Indican que en la anterior providencia, se omiti\u00f3 no solo lo dispuesto en el art\u00edculo 328 del C.G.P. sino que, el reparo principal expuesto en la alzada fue, que de acuerdo al art\u00edculo 1600 del C.C., \u00abNO ES POSIBLE PEDIRSE NI CONDENARSE A LA VEZ EL PAGO DE LA CL\u00c1USULA PENAL Y LA INDEMNIZACI\u00d3N DE PERJUICIOS, por cuanto no estaba estipulado as\u00ed expresamente\u00bb, y su querer \u00abera que se condenara a la cl\u00e1usula penal y se revocaran las dem\u00e1s condenas por no estar pactadas en el contrato\u00bb, circunstancias todas, que dicen, lesiona la prerrogativa superior invocada. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 5 de agosto de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 puntualiz\u00f3, que a m\u00e1s que los actores solicitaron extempor\u00e1neamente la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del fallo criticado con los argumentos aqu\u00ed expuestos, en su oportunidad \u00abse le[s] indic\u00f3 que el abordaje de la prevalencia de la cl\u00e1usula penal sobre la indemnizaci\u00f3n de perjuicios obedeci\u00f3 a los reparos expuestos y su sustentaci\u00f3n en segunda instancia. Clarific\u00e1ndole, para cerrar, que el principio de la reformatio in pejus no fue desatendido por la Sala en la decisi\u00f3n ahora censurada\u00bb. <\/p>\n
b. El Juez Treinta y Dos Civil del Circuito de esta capital, relacion\u00f3 la parte resolutiva de las sentencias criticadas, advirtiendo que no har\u00e1 pronunciamiento adicional. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de V\u00edctor Hugo Velazco Ca\u00f1\u00f3n y Doris Eugenia Rodr\u00edguez L\u00f3pez est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido 19 de mayo de los corrientes por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que resolvi\u00f3 \u00abMODIFICAR\u00bb la sentencia del 2 de septiembre de 2020 del Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de la misma ciudad1, para, entre otras, \u00abDECLARAR la prosperidad de la excepci\u00f3n denominada \u2018Rebaja de lo pactado en la cl\u00e1usula d\u00e9cima primera (cl\u00e1usula penal) del contrato de primer de compraventa y de su otro si (\u2026); DECRETAR Y RECONOCER: a) en favor del demandante Jorge Alirio Rodr\u00edguez D\u00edaz, la suma de $26\u2019002.800,oo, por concepto de cl\u00e1usula penal, monto que V\u00edctor Hugo Velasco Ca\u00f1\u00f3n y Doris Beatriz Rodr\u00edguez L\u00f3pez deber\u00e1n pagar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia\u00bb, en el marco del proceso verbal de resoluci\u00f3n de promesa de contrato de compraventa que Jorge Alirio Cruz D\u00edaz promovi\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su criterio, en la citada decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo por no ajustarse a los argumentos expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n que dio lugar a esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. No obstante, una vez examinada la decisi\u00f3n atacada, se advierte que el amparo constitucional invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. En efecto, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil, para decidir de la manera como lo hizo, en punto de modificar la determinaci\u00f3n de primer grado en el sentido en que lo hizo, despu\u00e9s de memorar los reproches de los apelantes, en cuanto en lo que interesa, que no hab\u00eda lugar a reconocer los perjuicios como aconteci\u00f3 en la determinaci\u00f3n criticada, ni tener en cuenta la cl\u00e1usula penal, precis\u00f3 que \u00abbien pronto se advierte lo desatinada de la tesis presentada por el censurante, en torno a la supuesta imposibilidad de pedir, junto a la resoluci\u00f3n del contrato, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, habida consideraci\u00f3n que, seg\u00fan el consistente criterio de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al tema, s\u00ed es factible formular, con ocasi\u00f3n del abandono convencional, estas dos clases de imploraciones en una misma acci\u00f3n. Adem\u00e1s, porque, en puridad, no habr\u00eda argumento s\u00f3lido para concebir que la posibilidad de alcanzar la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os se abrir\u00eda, \u00fanicamente, al peticionar el cumplimiento del convenio, toda vez que el marco pretensivo compensatorio no se opone, ni confronta la naturaleza declarativa de la extinci\u00f3n convencional por incumplimiento. <\/p>\n
Ahora, en punto de la incongruencia alegada por los quejosos porque se accedi\u00f3 a la indemnizaci\u00f3n sin que hubiese sido peticionada, puntualiz\u00f3 que \u00abno se advierte en el sub examine la incongruencia denunciada (\u2026), ni menos que el sentenciador (\u2026) haya desbordado sus facultades (\u2026), al cerrar, como lo hizo, la primera instancia, pues lo aqu\u00ed evidenciado es que Jorge Alirio Rodr\u00edguez D\u00edaz, en el pliego incoativo, peticion\u00f3 la resoluci\u00f3n de la promesa de contrato (\u2026), junto al pago de la cl\u00e1usula penal, la restituci\u00f3n del bien, el reconocimiento de frutos civiles, as\u00ed como el pago de $20\u2019000.000,oo, por concepto de administraci\u00f3n y servicios p\u00fablicos -da\u00f1o emergente-; escenario que, sin duda, pone de manifiesto que la decisi\u00f3n proferida (\u2026) guard\u00f3 el lindero rogativo trazado por el invocante, el cual abarca cada una de las reclamaciones que aqu\u00ed buscan desconocer los inconformes\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n al reparo expuesto a que se accedi\u00f3 a la mentada indemnizaci\u00f3n y no a la cl\u00e1usula penal estipulada en la aludida convenci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno resulta viable el cobro simult\u00e1neo de tales conceptos, por haberse acordado en la estipulaci\u00f3n decimoprimera de la promesa que \u201c[s]i cualquiera de las partes incumpliera una o cualquiera de las obligaciones a su cargo deber\u00e1 pagar a la otra la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000 MCTE) a t\u00edtulo de pena derivada de dicho incumplimiento\u201d; texto en el que no aparece pactada \u2013ni en el resto del acuerdo preliminar- la posibilidad de percibir dicho monto junto a una pretensi\u00f3n reparatoria, sin que tampoco se observe que el contendido de esa disposici\u00f3n convencional opere por el simple retardo, \u00fanicos eventos en los que la recaudaci\u00f3n concurrente de la pena y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios se abre paso (\u2026)\u00bb; luego entonces, \u00ablo que puede atisbarse, en el caso de marras, es que la referida cl\u00e1usula cumple la funci\u00f3n de estimar anticipadamente los detrimentos ocasionados con el desobedecimiento obligacional, relevando, en primer t\u00e9rmino, al contratante cumplidor\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa indic\u00f3, que \u00abal ser improcedente el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios junto a la pena, no le era dable al juzgador de primer orden preferir aqu\u00e9lla sobre la voluntad de las partes, ya que, de un lado, los contratantes expresamente determinaron, con antelaci\u00f3n, el valor para resarcir los menoscabos que llegare a generar el incumplimiento, y, en segundo t\u00e9rmino, el extremo llamado a juicio as\u00ed lo ha insistido durante todo el litigio. Tan es as\u00ed que \u00e9ste, tras allanarse a la pretensi\u00f3n de resoluci\u00f3n, propuso, como petici\u00f3n y excepci\u00f3n, que se le permitiera el pago de la cl\u00e1usula penal rebajada proporcionalmente al monto de la obligaci\u00f3n satisfecha, de acuerdo con el art\u00edculo 1596 del C\u00f3digo Civil, lo cual reiter\u00f3 en la sustentaci\u00f3n de la alzada\u00bb. <\/p>\n
Concluyendo entonces, que \u00abdeviene la prosperidad del rebatimiento elevado sobre ese particular aspecto, porque siendo di\u00e1fano el genuino querer de los contratantes al momento de celebrar el acuerdo preliminar, en el sentido de dar aplicaci\u00f3n a la estipulaci\u00f3n decimoprimera ante una desatenci\u00f3n de lo pactado, y en armon\u00eda con lo dispuesto en la norma inmediatamente citada, se patentiza la viabilidad de la reducci\u00f3n de la pena por cumplimiento parcial de la obligaci\u00f3n principal, teniendo en cuenta que es un hecho acreditado que los conminados cubrieron la cantidad de $100\u2019000.000,oo, de los $360\u2019000.000,oo, ajustados como precio de la compraventa prometida, es decir, el 27,77% del valor total. De ah\u00ed que se ordenar\u00e1 a los demandados desembolsar el equivalente al 72.23% del valor fijado en la cl\u00e1usula penal, o sea, $26\u2019002.800,oo, como lo viene peticionando el recurrente; lo que, de contera, conlleva el \u00e9xito de la excepci\u00f3n denominada \u201cRebaja de lo pactado en la cl\u00e1usula d\u00e9cima primera (cl\u00e1usula penal) del contrato de primer de compraventa y de su otro si, conforme a lo normado en el art\u00edculo 1596 del C.C.-Derecho de rebaja de la pena\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.2. De esta forma, con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretenden los peticionarios del amparo (all\u00ed demandados), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
3.3. T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, la autoridad judicial convocada tuvo en cuenta los reparos concretos a la sentencia de primer grado y la argumentaci\u00f3n de \u00e9stos al sustentar el recurso vertical, tem\u00e1tica que desarroll\u00f3 con suficiencia y que de manera alguna desconoce el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, contrario a lo considerado por los inconformes; n\u00f3tese que tal y como lo consider\u00f3 el ad quem convocado, aqu\u00e9llos desde la contestaci\u00f3n de la demanda plantearon la existencia de la cl\u00e1usula penal y consideraban la reducci\u00f3n de la misma habida cuenta de los dineros que cancelaron la promitente vendedor – demandante, situaci\u00f3n que adem\u00e1s, fue planteada igualmente para tumbar el pago de la indemnizaci\u00f3n que les fue impuesta en la determinaci\u00f3n de primer grado, raz\u00f3n por la cual ahora no pueden esgrimir la incongruencia del fallo criticado, inclusive, cuando en este \u00faltimo se les disminuy\u00f3 notoriamente la condena impuesta, precisamente apelando a la mentada estipulaci\u00f3n contractual y al medio defensivo propuesto. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia en la que se dispuso: \u00aba t\u00edtulo de restituciones mutuas, dispuso la devoluci\u00f3n del inmueble al vendedor y el reintegro de la suma de $100\u2019000.000,oo, que fue entregada por los promitentes compradores como parte del precio; impuso a los querellados el pago de $66\u2019578.346,oo, por perjuicios materiales, concepto integrado por c\u00e1nones de arrendamiento y cuotas de administraci\u00f3n; ante su falta de prueba en el expediente, deneg\u00f3 las dem\u00e1s aspiraciones dinerarias contenidas en el escrito fundamental\u00bb. <\/p>\n
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STC10422-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC10422-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02484-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c1lvaro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56396","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56396\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}