STC10423-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10423-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02731-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Aldemar Sandoval Pacheco en nombre propio y como representante legal de Travercol S.A.S., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y los Juzgados Segundo Civil del Circuito y S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de aquella ciudad\u00b8 tr\u00e1mite al que fueron vinculadas, las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo en la condici\u00f3n descrita, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionada, en el marco del proceso coercitivo que en su contra tramita Alfredo Badalachi Ram\u00edrez, con radicado No. 2019-00251-01. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, \u00abdeclar[ar] la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificaci\u00f3n del auto de agosto 28 de 2019, emanado del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, que orden\u00f3 el levantamiento de la suspensi\u00f3n del proceso referido, a fin que se restablezca el t\u00e9rmino de notificaci\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que dentro del referido cobro judicial, el 31 de mayo de 2019 el Juzgado S\u00e9timo Civil del Circuito de Bucaramanga accedi\u00f3 a la solicitud que elevaron junto con el ejecutante para la suspensi\u00f3n del proceso por veintisiete (27) meses, pero a petici\u00f3n de \u00e9ste por un supuesto incumplimiento suyo a lo pactado para la suspensi\u00f3n, el 28 de agosto la misma autoridad orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del asunto, con sustento en una norma que no aplicaba al caso, dice, y sin tener cuenta la reanudaci\u00f3n debi\u00f3 solicitarse con su convalidaci\u00f3n por no haberse cumplido el lapso acordado para la pausa. <\/p>\n
Asevera que pidi\u00f3 la nulidad del proceso por haberse reanudado antes de la oportunidad debida, pero su solicitud fue negada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, a quien se asign\u00f3 el asunto luego de emitida la decisi\u00f3n de seguir adelante con el cobro, y en sede de apelaci\u00f3n por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, tras considerarse que el supuesto vicio alegado \u00abse encontraba saneado\u00bb, al no haberse alegado oportunamente, ello sin tener en cuenta que su apoderado judicial abandon\u00f3 el proceso, por lo que no contaba con defensa t\u00e9cnica, y que el fundamento legal utilizado para reanudar el juicio no correspond\u00eda con la situaci\u00f3n presentada, circunstancias que, en su criterio, abren paso a la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 5 de agosto hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
b). La secretaria del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma urbe narr\u00f3, que a solicitud de las partes, el 31 de mayo de 2019 se suspendi\u00f3 el referido juicio, levant\u00e1ndose las medidas cautelares, pero a petici\u00f3n del ejecutante, el 28 de agosto del mismo a\u00f1o se reanud\u00f3, por lo que el 9 de octubre siguiente se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el d\u00eda 29 de ese mismo mes se liquidaron costas, y, el 5 de noviembre siguiente el apoderado del ejecutado renunci\u00f3 al poder, data en la que tambi\u00e9n se pidi\u00f3 la nulidad del juicio, por lo que el expediente fue remitido el 12 de febrero de 2020 al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la ciudad. <\/p>\n
c). La titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma urbe, pidi\u00f3 desestimar la solicitud de amparo, porque no es una instancia adicional de los procesos judiciales, sin que, en todo caso, lo resuelto dentro de la ejecuci\u00f3n del ep\u00edgrafe pueda calificarse como arbitrario o caprichoso. <\/p>\n
d). Francisco Andr\u00e9s Londo\u00f1o Villareal, quien dijo ser apoderado de Alfredo Badalachi Ram\u00edrez, manifest\u00f3 que en el asunto no se configur\u00f3 ninguna de las causales para procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, por lo que debe negarse la protecci\u00f3n. <\/p>\n
e). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Jorge Aldemar en nombre propio y como representante legal de la sociedad Travercol SAS, cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, el auto del 9 de julio de 2021 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que mantuvo \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 14 de diciembre de 2020 del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, de negar la nulidad procesal reclamada por aqu\u00e9l, porque antes de la oportunidad debida se reanud\u00f3 el proceso ejecutivo que en su contra y de la mentada sociedad, tramita Alfredo Badalachi Ram\u00edrez, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida aplicaci\u00f3n de las normas procesales que rigen el caso y desconoci\u00f3 que no contaba dentro del juicio con defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
3. No obstante, una vez revisado el prove\u00eddo de segunda instancia objeto de reparo constitucional, \u00fanico sobre el que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 el debate aqu\u00ed planteado, constata la Corte que no obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto, ya que la Colegiatura accionada, al estudiar la inconformidad expuesta por el gestor dentro del proceso cuestionado, y reiterada en este escenario, memor\u00f3 que el descontento de peste con la decisi\u00f3n de primer grado radic\u00f3 en que \u00abno se dieron ninguno de los dos eventos previstos en el art\u00edculo 163 del C\u00f3digo General del Proceso para la reanudaci\u00f3n del proceso, comoquiera que para cuando ello ocurri\u00f3, el plazo de la suspensi\u00f3n no se hab\u00eda vencido y la reanudaci\u00f3n no fue pedida de mutuo acuerdo por las partes de la litis; acota que, por tratarse de normas de orden p\u00fablico, la irregularidad procesal ocurrida no es subsanable ni saneable, menos si se tiene en cuenta que el no haber formulado la solicitud de nulidad en tiempo anterior y no recurrir las decisiones emitidas luego de reanudado el proceso se identifica con una falta de defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, tras enlistar las nulidades procesales del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, y los eventos que para el saneamiento de las mismas prev\u00e9 el art\u00edculo 136 ib\u00eddem, el Tribunal coligi\u00f3 que \u00abemerge acertado el colof\u00f3n al que arrib\u00f3 el Juez a quo en el prove\u00eddo acusado, pues si en concepto del extremo procesal hoy recurrente al emitirse por despacho competente el 28 de agosto de 2019 disponiendo la reanudaci\u00f3n del proceso, se incurri\u00f3 en un defecto de tal entidad que acarrea la concreci\u00f3n de la causal anulatoria prevista en el numeral 3 del C\u00f3digo General del Proceso [proceso nulo \u00abcuando se adelanta despu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupci\u00f3n o de suspensi\u00f3n, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida], ten\u00eda la imperiosa carga de alegarlo as\u00ed por conducto de su entonces mandatario judicial, antes de que se emitieran las decisiones subsecuentes. <\/p>\n
A lo cual agreg\u00f3, que \u00abno puede sostenerse aqu\u00ed, como lo hace el actual abogado impugnante, que en el caso existi\u00f3 una falta de defensa que afect\u00f3 los intereses de los ejecutados, pues \u00e9stos estuvieron representados por apoderado desde que concurrieron al proceso y hasta cuando \u00e9ste renunci\u00f3 al poder por memorial del 5 de noviembre de 2019, lapso dentro del cual se emiti\u00f3 el referenciado prove\u00eddo del 28 de agosto del mismo a\u00f1o, que no fue recurrido, la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n -9 de octubre de 2019- tampoco censurada en modo alguno, y el auto aprobatorio de la liquidaci\u00f3n de costas -24 de octubre de 2019-, misma que qued\u00f3 en firme por no ser objetada\u00bb <\/p>\n
En consecuencia, no es de recibo admitir que, so pretexto del car\u00e1cter de normas de orden p\u00fablico que le asiste a la reglamentaci\u00f3n de las nulidades procesales, se convalide el actuar por completo desinteresado de la parte demandada y su apoderado, pues conforme al art\u00edculo 78 del C.G.P., las partes deben estar atentas al desarrollo del proceso, y as\u00ed se desconozca la regla clara del art\u00edculo 136 ya visto, que permite el saneamiento de las nulidades cuando no se alegan de manera oportuna, como sin duda, aconteci\u00f3 en el asunto que se analiza. <\/p>\n
4. De este modo, las precitadas consideraciones dejan en evidencia que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia de la Colegiatura accionada se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad procesal aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad expuso que la eventual nulidad del juicio por supuestamente haberse reanudado de forma indebida, qued\u00f3 saneada cuando el aqu\u00ed interesado no la aleg\u00f3 oportunamente, porque a pesar de que en ese momento \u00e9ste estaba representado por apoderado judicial, nada dijo contra el auto que dispuso retomar las actuaciones, ni contra las decisiones subsiguientes de ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y aprobar la liquidaci\u00f3n de las costas procesales. <\/p>\n
Ahora, si bien el actor endilga el desenlace verificado a la presunta negligencia del profesional que ejerci\u00f3 su defensa al interior de la causa criticada, basta decir que ello no resulta suficiente para abrir paso al amparo solicitado porque, se itera, aquel cont\u00f3 con apoderado judicial al momento en que se reanud\u00f3 el proceso y se emitieron las decisiones subsiguientes, contando con la oportunidad para atacarlas, de manera que \u00ab el hecho de no estar conforme con su actuar [del abogado], no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ STC8846-2021). <\/p>\n
5. En suma, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la postura adoptada por el Tribunal accionado, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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