STC10424-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10424-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2021-00145-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte en torno a la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia el pasado 16 de julio dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones Adoquin-ar S.A.S. y Juan Pablo Arbel\u00e1ez Saldarriaga, Carlos Augusto Torres, Carlos Mario \u00c1lvarez Londo\u00f1o, Luz Dari Arias Vanegas, Cristian Camilo Arredondo Castillo, Honay Alonso Atehort\u00faa \u00c1lvarez, Reinel Humberto Berr\u00edo Agudelo, Mariana Cano P\u00e9rez, Jos\u00e9 Dar\u00edo Cano Usma, Jaider Eliecer C\u00e1rdenas Riquelmes, Wilmar Arleison Casta\u00f1o Vargas, Aroldo de Jes\u00fas Durango Ospina, Juan David Durango Taborda, Numar Arley Espinoza \u00c1lvarez, Frey Alejandro Garc\u00eda, Sergio Andr\u00e9s Gaviria Taborda, Luis Hern\u00e1n Herrera Zapata, Sor Elena Londo\u00f1o L\u00f3pez, Carlos Mariano Molina Casta\u00f1eda, Rub\u00e9n Dar\u00edo G\u00f3mez Muriel, Manuela Montoya Mu\u00f1oz, Juan Camilo Ocampo Le\u00f3n, Sa\u00fal de Jes\u00fas Ospina Ram\u00edrez, Mar\u00eda Carolina Piedrahita, Jos\u00e9 Alejandro Ponguta Hern\u00e1ndez, Luis Fernando Pulgar\u00edn Cano, John Jaime Rojas Muriel, Jos\u00e9 Fernando Rojas Rodas, Juan Alberto Rojas Rodas, John Jairo R\u00faa Serna, Osvaldo Aquino Ruiz \u00c1lvarez, Alejandro Serna David, Anyelo Andr\u00e9s Taborda Garc\u00eda, C\u00e9sar Andr\u00e9s Tob\u00f3n Carvajal, Hern\u00e1n Dar\u00edo Zapata Mar\u00edn y Juan Daniel Vanegas Cort\u00e9s contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Agencia Nacional de Infraestructura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio1 y en su condici\u00f3n de empleados de Inversiones Adoquin-ar S.A.S., los accionantes acuden al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n de los \u00abderechos constitucionales fundamentales al trabajo, al m\u00ednimo vital y a la seguridad social\u2026 libertad de empresa y libre competencia\u00bb, supuestamente vulnerados por la c\u00e9lula judicial querellada al no suspender la diligencia de entrega anticipada de los predios sobre los que versan los procesos de expropiaci\u00f3n 2021-00025 y 2021-00026. <\/p>\n
2. Dicen que en los inmuebles distinguidos con folios de matr\u00edcula 033-9842 y 033-13037, de propiedad de Juan Pablo Arbel\u00e1ez Saldarriaga (representante legal de Adoquin-ar S.A.S.), funciona la sede de dicha persona jur\u00eddica que, en la actualidad, \u00abtiene suscritos contratos laborales con 105 empleados que prestan sus servicios para el desarrollo del objeto social\u00bb. <\/p>\n
Afirman que \u00abel cronograma de traslado\u2026 se encuentra en plena ejecuci\u00f3n\u2026 y la fecha de traslado de la sociedad est\u00e1 estipulada para el mes de febrero del a\u00f1o 2022\u2026 teniendo en cuenta la magnitud del traslado y la complejidad que dicha gesti\u00f3n implica\u00bb, por lo que, estiman que la entrega anticipada de los predios, programada recientemente (autos de 24 de junio de 2021), repercutir\u00e1 negativamente en sus derechos laborales habida consideraci\u00f3n que, como a la fecha no existe una sede en la que la sociedad pueda desempe\u00f1ar su objeto, podr\u00eda darse \u00abel despido masivo de los empleados, lo que dejar\u00eda sin el sustento econ\u00f3mico a 105 empleados y sus correspondientes familias\u00bb. <\/p>\n
3. En raz\u00f3n de lo anterior, solicitan que se disponga \u00abla suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega material anticipada de los predios\u2026 [y] ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Juzgado\u2026 otorgar el t\u00e9rmino hasta el mes de febrero de 2022 para que la sociedad\u2026 realice el traslado de las instalaciones e infraestructura\u2026 para que\u2026 no se cercenen los derechos de los empelados [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho convocado se limit\u00f3 a confirmar que las demandas de expropiaci\u00f3n fueron admitidas con autos del pasado 4 de marzo, orden\u00e1ndose la entrega anticipada de los predios de acuerdo con el art\u00edculo 399-4 del C\u00f3digo General del Proceso, pero que la respectiva diligencia no ha podido materializarse, en gran medida, por maniobras de la parte demandada en dicho asunto quien ha formulado recursos contra los autos admisorios y de programaci\u00f3n de la diligencia y acciones de tutela que no han prosperado. <\/p>\n
2. Por conducto de apoderada, la Agencia Nacional de Infraestructura acus\u00f3 un uso desmedido del mecanismo de amparo por parte del representante legal de la sociedad querellante y uno de sus empleados, pues han formulado sendas salvaguardas en similares t\u00e9rminos con resultados desfavorables a sus intereses, pues los jueces constitucionales no han encontrado m\u00e9rito para invalidar las actuaciones del juzgado cognoscente. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, pidi\u00f3 denegar el auxilio por cuanto las decisiones atacadas no develan arbitrariedad, en la medida que encuentran soporte en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Antioquia deneg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por cuanto Juan Pablo Arbel\u00e1ez Saldarriaga, (demandado en los procesos de expropiaci\u00f3n) \u00abno agot\u00f3 los recursos de ley pertinentes frente a los autos que se\u00f1alaron fecha para la entrega anticipada de los bienes inmuebles\u00bb, adem\u00e1s que no se observa arbitrariedad en dichas providencias en la medida que se sustentan en el art\u00edculo 399-4 del C\u00f3digo General del Proceso y la acci\u00f3n de amparo no puede ser utilizada como mecanismo para soslayar el cumplimiento de decisiones judiciales. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los convocantes impugnaron la anterior determinaci\u00f3n acudiendo, b\u00e1sicamente, a argumentos similares a los consignados en el libelo inicial, en cuanto al perjuicio que se cierne sobre ellos con el eventual cierre de la planta de producci\u00f3n al perfeccionarse la entrega de los predios a la entidad estatal demandante, lo cual conducir\u00eda, seg\u00fan dicen, a la terminaci\u00f3n de los contratos laborales suscritos con Inversiones Adoquin-ar S.A.S. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si los promotores est\u00e1n legitimados para interponer el presente resguardo y, en caso de superarse lo anterior, si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1 vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por no acceder a suspender la diligencia de entrega de los predios vinculados a los procesos de expropiaci\u00f3n 2021-00025 y 2021-00026, siendo que sobre ellos Inversiones Adoquin-ar S.A.S. desarrolla su objeto social. <\/p>\n
2. La legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n
En lo que a la primera modalidad se refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que este mecanismo \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Ahora, cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero reconocido en la misma o, s\u00ed resultaba necesaria su vinculaci\u00f3n y se omiti\u00f3, pues: <\/p>\n
(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior y revisado el tr\u00e1mite surtido se establece que los accionantes no est\u00e1n facultados para interponer la presente tutela, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en los juicios especiales de expropiaci\u00f3n s\u00f3lo ata\u00f1e a las partes all\u00ed involucradas, condici\u00f3n que aquellos no tienen, seg\u00fan se extracta de los expedientes remitidos en formato digital y la constancia expedida por la autoridad judicial querellada a instancias de esta Corte. <\/p>\n
N\u00f3tese que a pesar del esfuerzo argumentativo de los reclamantes en demostrar la legitimaci\u00f3n que les asiste para exigir la satisfacci\u00f3n de sus prerrogativas, la revisi\u00f3n de lo actuado permite constatar que las supuestas afectaciones denunciadas tienen su origen en la eventual terminaci\u00f3n de los contratos laborales suscritos con la empresa Inversiones Adoquin-ar S.A.S. (incluyendo la situaci\u00f3n de Juan Pablo Saldarriaga Arbel\u00e1ez quien en esta oportunidad dijo actuar \u00abcomo empleado\u00bb de dicha persona jur\u00eddica); relaci\u00f3n de trabajo que no los habilita para defender los intereses de su empleadora, quien, debe resaltarse, no detenta condici\u00f3n procesal alguna en los tr\u00e1mites sobre los que se cierne la queja. <\/p>\n
En un caso similar al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se expuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sin dificultad se advierte la improcedencia del amparo por ausencia de legitimaci\u00f3n \u2026para rebatir cuestiones atinentes al juicio \u2026en el cual actuaron como opositoras las sociedades La Franciscana S.A.S., Agr\u00edcola Eufemia S.A.S. y C.I. T\u00e9cnicas Baltime de Colombia, por cuanto en ese proceso no fungieron como parte o terceros debidamente reconocidos; n\u00f3tese, examinado el fallo criticado nada se indica en relaci\u00f3n con los aqu\u00ed querellantes, pues en realidad las llamadas a enfrentar ese litigio fueron las citadas empresas, por ser las propietarias de los inmuebles materia de devoluci\u00f3n, compa\u00f1\u00edas que dicho sea de paso, no acreditaron su buena fe exenta de culpa\u00bb (CSJ STC7979-2018, 21 de junio) <\/p>\n
Y, en posterior oportunidad, se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el promotor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su injerencia, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman los extremos del asunto o fueron tenidos o reconocidos como terceros intervinientes. <\/p>\n
5. En el sublite, es claro el fracaso del ruego elevado \u2026porque en el litigio subex\u00e1mine no comportan ninguna de esas calidades. En efecto, las pruebas allegadas a estas diligencias no revelan tal cosa, esto es, la participaci\u00f3n de la prenombrada en ese juicio en alguna de esas dos condiciones, luego es incontrovertible su carencia de legitimaci\u00f3n para reprochar por este medio las actuaciones de los juzgadores atacados\u00bb (CSJ STC4299-2019, 3 de abril). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
Ahora bien, a\u00fan si se hiciera abstracci\u00f3n de lo dicho precedentemente y se tuviera a Arbel\u00e1ez Saldarriaga como actor, dada su condici\u00f3n de demandado en el juicio de expropiaci\u00f3n, el resguardo tampoco podr\u00eda salir avante dado el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, habilitante para acudir a la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Ello es as\u00ed porque frente a las providencias del pasado 24 de junio, por medio de las cuales el juzgado cognoscente program\u00f3 fecha para realizar la entrega anticipada de los inmuebles vinculados al proceso cuestionado, no se formul\u00f3 recurso alguno y es sabido que, para que el amparo proceda, a efectos de cuestionar una decisi\u00f3n judicial, es requisito indispensable el agotamiento previo todos los mecanismos de defensa consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico, pues la herramienta supralegal no es un tr\u00e1mite paralelo al ordinario y mucho menos una instancia revisora de la actividad judicial. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se ratificar\u00e1 la sentencia confutada, pero porque los accionantes carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar las decisiones proferidas en el proceso de expropiaci\u00f3n en el que no fungen ni como parte ni terceros reconocidos. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las puntuales razones esbozadas en este prove\u00eddo. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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