STC10426-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10426-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00217-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la tutela promovida por Dellys Herrera de Medina contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario iniciado por Dafin S.A.S. frente a Constructora Palacio Valencia Limitada, donde la aqu\u00ed petente figura como litisconsorte facultativa de la parte ejecutante; con radicado n\u00b0 2018-0212. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y defensa, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja manifiesta, en s\u00edntesis, que en el compulsivo materia del resguardo, cumplidas las etapas respectivas, el 18 de junio de 2021 se llev\u00f3 a cabo el remate del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 080-15423. <\/p>\n
Refiere, al ser postora con mejor derecho no tuvo que realizar consignaci\u00f3n para dicho tr\u00e1mite. No obstante, el estrado confutado, desconociendo lo normado en el inciso segundo del art\u00edculo 451 del C\u00f3digo General del Proceso, adjudic\u00f3 el predio a Luis Carlos Urueta Pertuz. <\/p>\n
Afirma que frente a esa determinaci\u00f3n interpuso apelaci\u00f3n y, aunque la diligencia no se hab\u00eda cerrado, el remedio se neg\u00f3 con el argumento de que el auto se encontraba ejecutoriado. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al convocado, dejar sin efectos la decisi\u00f3n cuestionada y, en su lugar, disponer la transferencia del predio a la actora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, precisando que, en la diligencia cuestionada, cuando procedi\u00f3 a abrir los sobres aportados, observ\u00f3 que el tercero \u2013Luis Carlos Urueta Pertuz- se\u00f1al\u00f3 una suma como postura, mientras la accionante, en cambio, aport\u00f3 un escrito que describ\u00eda los aval\u00faos de los predios sometidos a remate, pero no, de forma individualizada, una oferta. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la tutelante no hizo uso de los mecanismos de defensa a su disposici\u00f3n para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
2. Construcciones Palacio Valencia Limitada – CPV aleg\u00f3 que no fue debidamente convocado al remate. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, por inobservancia del requisito de subsidiariedad, tras advertir \u201c(\u2026) que el auto que declar\u00f3 rematado y adjudic\u00f3 a favor del se\u00f1or Urueta fue notificado, y conforme al art\u00edculo 302 del CGP al no haberse interpuesto recurso alguno qued\u00f3 ejecutoriado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la tutelante, insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. Se\u00f1al\u00f3 que no interpuso recurso de reposici\u00f3n, pero s\u00ed el de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La gestora cuestiona el prove\u00eddo de 18 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual el estrado accionado declar\u00f3 rematado el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 080-15423, y lo adjudic\u00f3 en favor de Luis Carlos Urueta Pertuz. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n censurada, de entrada, se descarta la vulneraci\u00f3n alegada, pues, si la actora consideraba irregular el que la juez accionada no haya tenido en cuenta su petici\u00f3n de postora con mejor derecho, as\u00ed debi\u00f3 exponerlo \u201cantes de la adjudicaci\u00f3n de los bienes\u201d como lo impone el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 452 ej\u00fasdem1. <\/p>\n
Al no haber procedido de esa manera, las irregularidades cometidas, seg\u00fan el dicho de la inconforme, en la memorada audiencia, quedaron saneadas al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 455 ibidem2. <\/p>\n
El descuido de la convocante, le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza residual, cuya instauraci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los sujetos procesales, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al requisito de procedibilidad en comento, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es palpable, la propia impulsora fue quien desperdici\u00f3 las herramientas establecidas por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los intervinientes en un litigio, al no haber observado las reglas y perentorios plazos de interposici\u00f3n del medio defensivo procedente contra la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Los interesados podr\u00e1n alegar las irregularidades que puedan afectar la validez del remate hasta antes de la adjudicaci\u00f3n de los bienes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 \u201c(\u2026) Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
Las solicitudes de nulidad que se formulen despu\u00e9s de esta, no ser\u00e1n o\u00eddas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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