STC10427-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10427-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02751-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa y a \u00abimpugnar la doble conformidad de la sentencia condenatoria\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al resolver sobre la aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda a la doble conformidad, por condena que se le impuso en \u00fanica instancia el 13 de marzo de 2013, dentro del radicado No. 37.858. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, \u00abdejar sin efectos las providencias judiciales AP 3554 2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, que neg\u00f3 la solicitud del derecho a la impugnaci\u00f3n especial a la doble conformidad de la sentencia condenatoria de \u00fanica instancia [antes individualizada] y el prove\u00eddo AP2074 de fecha 26 de mayo de 2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 reponer [aquella] providencia\u00bb, y que en consecuencia, se ordene a la Corporaci\u00f3n \u00abconceder[le] el derecho a impugnar la doble conformidad de la sentencia condenatoria de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que fue condenado en \u00fanica instancia el 13 de marzo de 2013 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por los \u00abpresuntos\u00bb delitos de celebraci\u00f3n de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, neg\u00e1ndosele el recurso de apelaci\u00f3n, pese a que en el juicio prob\u00f3 su inocencia. <\/p>\n
Narra que en el Acto Legislativo 01 de 2018, el Congreso de la Rep\u00fablica reconoci\u00f3 la garant\u00eda constitucional de apelaci\u00f3n de la sentencia condenatoria y a la doble conformidad, y, en sentencia SU217-2019 la Corte Constitucional confiri\u00f3 efectos retroactivos a esa norma, \u00abincluso para los procesos de \u00fanica instancia proferidos con anticipaci\u00f3n a la citada reforma constitucional\u00bb, ello acorde con la Convenci\u00f3n de Derechos Humanos de San Jos\u00e9 de Costa Rica, por lo cual solicit\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte que le brindara dicho beneficio, pero le fue negado en el prove\u00eddo AP3534-2020 de 2 de diciembre de 2020, decisi\u00f3n que solicit\u00f3 reponer pero fue mantenida con el pronunciamiento AP2074 del 26 de maro de pasado, situaci\u00f3n que en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 6 de agosto hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte narr\u00f3 que el 13 de marzo de 2013 conden\u00f3 al aqu\u00ed interesado – exgobernador del Casanare, en \u00fanica instancia, a 18 a\u00f1os 6 meses de prisi\u00f3n, tras hallarlo responsable de los delitos de celebraci\u00f3n de contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiaci\u00f3n; el 25 de mayo de 2016 \u00e9ste solicit\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial de dicha decisi\u00f3n y le fue negada en prove\u00eddo AP3280-2016; el 20 de noviembre de 2020 el inconforme volvi\u00f3 a solicitar el precitado beneficio con fundamento en las sentencias C-792 de 2014 y SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional, y le fue negada en decisi\u00f3n AP3534-2020 del 2 de diciembre de ese a\u00f1o, porque los fallos invocados \u00abimponen un l\u00edmite temporal a fin de materializar ese derecho. As\u00ed, se determin\u00f3 que \u00e9sta fecha es el 30 de enero de 2014, d\u00eda en el cual se profiri\u00f3 la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux\u00bb; en auto AP2074 de 26 de mayo del presente a\u00f1o se mantuvo en reposici\u00f3n la anterior decisi\u00f3n, porque el aqu\u00ed inconforme no demostr\u00f3 dislate alguno en lo resuelto, omisi\u00f3n que se verifica nuevamente en este escenario, sin que adem\u00e1s se demuestre un trato diferente. <\/p>\n
Anot\u00f3 que la decisi\u00f3n tomada en los prove\u00eddos cuestionados por el gestor, es incluso concordante con lo que sobre el particular consider\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte en la decisi\u00f3n STC4344-2020 donde se determin\u00f3 que la garant\u00eda de la doble conformidad proced\u00eda en caso de condenas impuestas antes 29 de octubre de 2014. <\/p>\n
b). El Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia se\u00f1al\u00f3 que intervino en el tr\u00e1mite cuestionado y en las decisiones all\u00ed emitidas no se incurri\u00f3 en ninguna de las causales de procedencia de la tutela, ya que en la sentencia SU-146 de 2020 se precis\u00f3 que \u00abno son procedentes las impugnaciones promovidas contra las condenas de \u00fanica instancia proferida antes del 30 de enero de 2014\u00bb, por lo que si las decisiones objeto de cuestionamiento \u00abse muestran sensatas, coherentes con el marco normativo y jurisprudencial vigente y fundada en reflexiones que las muestran apegadas al ordenamiento jur\u00eddico, a pesar de que generen la inconformidad de quien se siente insatisfecho con ellas, por m\u00e1s disentimiento que generen, no constituyen las v\u00edas de hecho que ameritar\u00edan el amparo pedido\u00bb. <\/p>\n
c). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Whitman Herney Porras P\u00e9rez cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la decisi\u00f3n de 2 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte (AP3534-2020), mantenida en reposici\u00f3n el 26 de mayo del corriente a\u00f1o (AP2074-2021), con que se resolvi\u00f3 \u00abdenegar[le] la solicitud para el reconocimiento del derecho a la impugnaci\u00f3n especial, fundamentada en las sentencias C-792 de 2014, SU-146 de 2020 y CSJ-AP2118-2020, 03 Sep-2020\u00bb, ello respecto de la condena penal que la misma Corporaci\u00f3n le impuso en \u00fanica instancia el 13 de marzo de 2013, tras hallarlo responsable de los delitos de \u00abcelebraci\u00f3n de contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido desconoce la jurisprudencia imperante sobre el particular. <\/p>\n
3. No obstante, de los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la primera decisi\u00f3n acabada de citar, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo reclamado, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, ya que, para negar la concesi\u00f3n del derecho a la doble conformidad reclamado por \u00e9ste, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de analizar la jurisprudencia aplicable a la tem\u00e1tica propuesta, consider\u00f3 que, \u00abal invocar las providencias C-792 de 2014 y SU-146 de 2020 -como fundamento de la pretensi\u00f3n para hacer exigible la doble conformidad-, y del radicado 34.017 (CSJ-AP2118-2020, 03 Sep. 2020), dichos fallos imponen un l\u00edmite temporal a fin de materializar ese derecho. As\u00ed, se determin\u00f3 que \u00e9sta fecha es el 30 de enero de 2014, d\u00eda en la cual se profiri\u00f3 la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux. <\/p>\n
La sentencia que conden\u00f3 a Whitman Herney Porras P\u00e9rez fue dictada el 13 de marzo de 2013 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, como autor de los delitos de celebraci\u00f3n de contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Un ejercicio m\u00ednimo de confrontaci\u00f3n entre las anteriores fechas determina que el beneficio de la doble conformidad no es aplicable al solicitante, ya que su sentencia se profiri\u00f3 un a\u00f1o antes del t\u00e9rmino que fij\u00f3 recientemente la Corte Constitucional y confirmado por esta Sala de Casaci\u00f3n Penal para amparar este derecho. Aspecto que no tuvo en cuenta Porras P\u00e9rez al invocar dichos fallos, por cuanto de su atenta lectura resultaba impertinente e inconducente su reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Aunque el inconforme atac\u00f3 la decisi\u00f3n mediante reposici\u00f3n, la misma fue mantenida en auto del 26 de mayo de 2021 (AP2074-201), b\u00e1sicamente porque, seg\u00fan constat\u00f3 la autoridad accionada, aquel limit\u00f3 el fundamento de su recurso a una reiteraci\u00f3n de lo expuesto al momento de elevar la solicitud inicial, sin apuntar alg\u00fan desafuero en la decisi\u00f3n recurrida, con lo cual el mecanismo incoado no satisfizo el \u00abrequisito de suficiencia\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, es claro para la Sala que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de las pruebas del proceso y el razonable entendimiento de la jurisprudencia emitida en torno a la garant\u00eda de la impugnaci\u00f3n especial, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n jurisprudencial realizada por la autoridad jurisdiccional convocada, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por el gestor es su particular manera de analizar los anotados pronunciamientos judiciales, sin que solo por ello se pueda descalificar la misma labor que realiz\u00f3 el juez cognoscente. <\/p>\n
Esta Sala coincide con la de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en cuanto al establecimiento de un l\u00edmite temporal para aplicaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial a las condenas penales impuestas por primera vez, pero con la diferencia de que, a partir de la sentencia STC3684-2020, se opt\u00f3 por aplicar ese beneficio s\u00f3lo para condenas en firme despu\u00e9s del 14 de octubre de 2014, cuando fue emitida la sentencia C-792 de 2014, ya que \u00abda mayor seguridad a las decisiones que viene tomando en sus fallos constitucionales, frente a esta garant\u00eda, implementada con la aprobaci\u00f3n y entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, cuando se provey\u00f3 la Sala de juzgamiento de primera instancia en esta Corte. La data de la sentencia C-792 de 2014 representa la recepci\u00f3n oficial por v\u00eda legislativa en el ordenamiento constitucional colombiano y en el procedimiento penal de la garant\u00eda gracias a la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad por omisi\u00f3n legislativa de algunas reglas penales atr\u00e1s rese\u00f1adas, al hallarse nuestro sistema de juzgamiento en contrav\u00eda con m\u00faltiples instrumentos internacionales, y por su definida estructura inconvencional, al apartarse derechamente del art. 8.2 de la Convenci\u00f3n Americana, pacto, al cual se adhiri\u00f3 el Estado colombiano (\u2026) [p]or tanto, la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, ser\u00e1, mientras no se expida el correspondiente estatuto normativo, el fundamento, por parte de esta Sala para encarar el an\u00e1lisis y juzgamiento de las acciones constitucionales de amparo que en la materia se formulen\u00bb; de ah\u00ed que, al haber sido sentenciado el aqu\u00ed interesado el 13 de marzo de 2013, qued\u00f3 excluido del comentado beneficio. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por el actor no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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