STC10428-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10428-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02637-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c1lvaro Enrique Morelli P\u00e9rez frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n de segunda instancia proferida en el marco del proceso de usucapi\u00f3n que Gladys Roc\u00edo Jim\u00e9nez Qui\u00f1onez y Carlos Julio Bacca Amaya promovieron contra personas indeterminadas, tr\u00e1mite en que se reconoci\u00f3 al se\u00f1or Cayetano Jos\u00e9 Morelli L\u00e1zaro (q.e.p.d.) como tercero con inter\u00e9s, con radicado No. 2008-00056-01. <\/p>\n
Solicita entonces, en lo puntual, que se ordene al Tribunal Superior de C\u00facuta \u2013Sala Civil Familia, \u00abrealice un nuevo estudio de la condena en costas\u00bb del referido asunto. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que pese a que no hab\u00eda lugar a la aplicaci\u00f3n del Acuerdo PSAA16-1054 de 2016, y por el contrario, dice, deb\u00eda tenerse en cuenta el Acuerdo 1881 de 2003 en punto de fijar costas con el \u00faltimo justiprecio del inmueble objeto del litigio -$1.555.200.000,oo-, el que dio lugar al recurso de casaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra la sentencia de segunda instancia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior C\u00facuta revoc\u00f3 lo decidido por el Juzgado Sexto de Civil del Circuito de la misma ciudad, que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho, para modificar dicha estimaci\u00f3n, teniendo en cuenta la cuant\u00eda fijada para la calenda en que se promovi\u00f3 el litigio, desconociendo adem\u00e1s, que el mentado acto administrativo admite que se tasen \u00abhasta por el 20% de las del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia\u00bb, esto es, asegura, el aval\u00fao que dio lugar al mentado mecanismo extraordinario, circunstancia que dice, lesiona las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 6 de agosto de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta precis\u00f3, que se atiene a la decisi\u00f3n proferida por la Corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
b. Carlos Julio Bacca Amaya y Gladys Roc\u00edo Jim\u00e9nez Qui\u00f1\u00f3nez a trav\u00e9s de mandataria judicial, puntualizaron que el actor no solo carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, habida cuenta que act\u00faa con un poder general otorgado por los otros herederos del se\u00f1or Cayetano Jos\u00e9 Morelli L\u00e1zaro y fue reconocido como sucesor procesal de aqu\u00e9l en el asunto criticado, sino que de manera alguna especific\u00f3 el defecto en que se incurri\u00f3 en las decisiones criticadas, m\u00e1xime cuando, nunca expres\u00f3 los motivos de su inconformidad al correrse el traslado de cada uno de los recursos que se surtieron. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or \u00c1lvaro Enrique Morelli P\u00e9rez est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido 20 de mayo de los corrientes por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, que resolvi\u00f3 \u00abREVOCAR en todas y cada una de sus partes el auto de fecha cuatro (4) de diciembre de 2019\u00bb proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar, \u00abMODIFICAR la liquidaci\u00f3n de costas procesales fijadas en primera instancia a favor de la parte demandada y a cargo de los demandantes en cuanto hace a las Agencias en Derecho, para fijarlas en la suma de (\u2026) ($18.170.520)\u00bb, en el marco del proceso de declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio que Gladys Roc\u00edo Jim\u00e9nez Qui\u00f1onez y Carlos Julio Bacca Amaya promovieron en contra de personas indeterminadas, tr\u00e1mite en el que se reconoci\u00f3 como tercero con inter\u00e9s al se\u00f1or Cayetano Jos\u00e9 Morelli L\u00e1zaro (q.e.p.d.), pues en su criterio, se desconocieron los acuerdos que rigen la tasaci\u00f3n de costas y agencias en derecho. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Ciertamente, el Tribunal Superior de C\u00facuta al decidir en la forma como lo hizo, luego de memorar el acontecer procesal, puntualiz\u00f3 que \u00abdado que este proceso se inici\u00f3 con anterioridad al 5 de agosto de 2016 -fecha en la que entr\u00f3 a regir el actual Acuerdo PSAA16-10554 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura-, las normas que disciplinan la fijaci\u00f3n de agencias en Derecho en primera instancia para el caso en concreto, corresponden a las contenidas en los Acuerdos 1887 del 26 de junio de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 expedidos por la referida Corporaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, tras citar el numeral 1.1. del art\u00edculo 6\u00ba del Acuerdo 1887 de 2003 que prev\u00e9 que las agencias en derecho para los procesos ordinarios, pueden establecerse hasta el 20% \u00abdel valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia\u00bb, advirti\u00f3 que \u00abdicha disposici\u00f3n es aplicable para cuando la sentencia que se dicta dentro del proceso reconoce o niega pretensiones de contenido eminentemente pecuniario (\u2026) en otras palabras la cuant\u00eda fijada en la demanda, lo que no aconteci\u00f3 en el presente caso, por la pot\u00edsima raz\u00f3n, que revisado el libelo genitor de \u00e9ste proceso, salta a la vista que la competencia no se determin\u00f3 por la cuant\u00eda, la cual ni siquiera se se\u00f1al\u00f3, sino por la naturaleza del asunto al tenor de lo normado en el numeral 5 del art\u00edculo 16 del C. de P. C.\u00bb; de all\u00ed que \u00abla sentencia que se dicta dentro de este tipo de procesos es de naturaleza simplemente declarativa\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 entonces, que inexorablemente ten\u00eda que aplicarse el par\u00e1grafo del art\u00edculo 4\u00ba del citado Acuerdo que establece que \u201cEn los eventos de terminaci\u00f3n del proceso sin haberse proferido sentencia, o \u00e9sta sea solamente declarativa, se tendr\u00e1n en cuenta los criterios previstos en el art\u00edculo tercero, sin que en ning\u00fan caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u201d (\u2026). <\/p>\n
Concluyendo entonces, que \u00abla liquidaci\u00f3n de costas y puntualmente la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho, debe decirse, no se efectu\u00f3 conforme los par\u00e1metros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y el tope m\u00e1ximo previsto en el Acuerdo 1887 de 2003, Acuerdo que trajo a colaci\u00f3n la Juez al resolver el recurso de reposici\u00f3n, pues si bien se aduce la duraci\u00f3n del proceso, la gesti\u00f3n del abogado y otras circunstancias relevantes, el monto de $250.000.000 fijado, supera con creces el tope de los 20 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que se\u00f1ala el multicitado art\u00edculo 4\u00ba del citado acuerdo 1887 de 2003. <\/p>\n
Y es que no resulta de recibo tomar en consideraci\u00f3n la base de $1.555.200.000 valor sobre el que la Juez de primera instancia liquid\u00f3 las agencias en derecho, dado que dicho monto corresponde es a la suma que se determin\u00f3 por parte del perito Reinaldo Anavitarte Rodr\u00edguez, como justiprecio del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, es decir el perjuicio que la sentencia de segunda instancia pudo causarles a los demandantes\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 de que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed sucesor procesal del tercero con inter\u00e9s reconocido), es anteponer su propio criterio al de la Corporaci\u00f3n accionada y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que le desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios judiciales, m\u00e1xime cuando como qued\u00f3 visto, y para el caso particular, en efecto, para la liquidaci\u00f3n de las agencias en derecho hab\u00eda lugar a aplicar lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 4\u00ba del Acuerdo 1887 de 2003, puesto que la cuant\u00eda del proceso de manera alguna fue estipulada cuando se present\u00f3 la demanda, y no ser\u00eda de recibo que se tuviera en cuenta el \u00faltimo aval\u00fao comercial del bien, en la medida que \u00e9ste se practic\u00f3 \u00fanicamente con el fin de establecer el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, luego este elemento, se itera, no establece la cuant\u00eda del proceso, y, ante tal inobservancia primigenia, la interpretaci\u00f3n de la citada Colegiatura no podr\u00eda considerarse como \u00abuna v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3.3. Al respecto, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1821-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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