STC10431-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10431-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00343-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 9 de julio de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Elsy Lorena Agudelo Pulido contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d adelantado por Mariesly Silva Acu\u00f1a a los herederos determinados e indeterminados de Flor de Mar\u00eda Agudelo Pulido. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De lo consignado en la demanda constitucional y sus anexos, se colige que, en el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, Mariesly Silva Acu\u00f1a inici\u00f3 el juicio materia de amparo, asunto donde Elsy Lorena Agudelo Pulido -aqu\u00ed tutelante- hace parte del extremo pasivo en calidad de heredera de Flor de Mar\u00eda Pulido de Agudelo (q.e.p.d.). <\/p>\n
Surtidos los tr\u00e1mites de notificaci\u00f3n, la gestora propuso recurso de reposici\u00f3n frente al mandamiento de pago alegando como excepci\u00f3n previa el hecho de \u201cno comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios\u201d, remedio desestimado en auto de 2 de junio de 2021. <\/p>\n
Aduce la censora que el despacho convocado incurri\u00f3 en \u201c(\u2026) defecto sustantivo y procedimental (\u2026) por inaplicar el art\u00edculo 61 del C.G.P.\u201d, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) en el presente caso, estamos frente a un litisconsorcio necesario por pasiva, por existir entre los herederos de la se\u00f1ora FLOR DE MARIA PULIDO DE AGUDELO una relaci\u00f3n sustancial inescindible, cual es, la carga de responder solidariamente por las obligaciones que dej\u00f3 insolutas la de cuius\u201d. <\/p>\n
3. Pide, \u201cdejar sin efecto\u201d el auto de 2 de junio pasado, emitido en el litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al resguardo resaltando la legalidad de su proceder. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, pues consider\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [F]ulgura grosero el yerro en el que incurri\u00f3 el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, comoquiera que omiti\u00f3 de manera absoluta la valoraci\u00f3n de las pruebas puestas en consideraci\u00f3n por la gestora del amparo al momento de la presentaci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n contentivo de la excepci\u00f3n previa ya conocida. Ning\u00fan pronunciamiento le mereci\u00f3 (sic) los registros civiles aportados, as\u00ed como la providencia del Juzgado de Familia; ergo, se limit\u00f3 a defender el mandamiento de pago, por dem\u00e1s, con argumentos espurios; sin advertir que la inconformidad de la ejecutada no era respecto a esa orden de apremio, no. Lo era frente a la integraci\u00f3n del extremo pasivo, y con toda raz\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Todo de lo cual se desprende, sin necesidad de mayores elucubraciones, sobre la necesidad de integrar el contradictorio con todo cuanto heredero determinado se conozca, claro est\u00e1, atendiendo a los par\u00e1metros ya referidos para tenerse como tal; lo cual deviene en la configuraci\u00f3n de un litisconsorcio necesario entre los mismos, como acertadamente lo implor\u00f3 la demandada, so pena de incurrir en pifias que a la postre, afecten la legalidad de las decisiones que se profieran, como lo ser\u00eda, por ejemplo, ordenar el pago de la obligaci\u00f3n insatisfecha cuyo cumplimiento se reclama, a quienes no est\u00e1n llamados a ello, al menos en las proporciones o cuotas que le corresponden (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al despacho tutelado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) deje sin valor el auto mediante el cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la accionante en contra del mandamiento de pago y; en cambio, profiera nueva providencia de conformidad con lo ac\u00e1 explicado\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 Mariesly Silva Acu\u00f1a aduciendo que \u201c(\u2026) no se avizora dentro del tr\u00e1mite ejecutivo [criticado], un defecto procedimental absoluto o una v\u00eda de hecho que merezca ser amparada dentro del [presente] tr\u00e1mite constitucional\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las decisiones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. La reclamante critica al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga Popay\u00e1n por desestimar el recurso de reposici\u00f3n incoado por ella frente al mandamiento de pago proferido en el caso bajo estudio, mediante el cual aleg\u00f3 la excepci\u00f3n previa denominada \u201cno comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios\u201d. <\/p>\n
3. El despacho convocado al resolver el comentado remedio, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c[E]l mandamiento de pago recurrido no desconoci\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico ni se apart\u00f3 de las circunstancias f\u00e1cticas existentes al momento en que se emiti\u00f3 dicha providencia. Para el efecto t\u00e9ngase en cuenta que, tal y como lo informo el mismo recurrente, para el momento en que se libr\u00f3 el mandamiento ejecutivo (8 de noviembre de 2019) a\u00fan no se hab\u00edan reconocido como herederos dentro del proceso de sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora FLOR DE MAR\u00cdA PULIDO, a los se\u00f1ores MAR\u00cdA DEL PILAR AGUDELO CORREDOR (\u2026) y al se\u00f1or MARCO AURELIO AGUDELO S\u00c1ENZ (\u2026) lo cual ocurri\u00f3 mediante auto del 16 de diciembre de 2019 del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bucaramanga\u201d. <\/p>\n
\u201cSe pone de relieve as\u00ed mismo que no existen pruebas de que el demandante tuviera conocimiento de la condici\u00f3n de herederos de los se\u00f1ores SILVIA PATRICIA AGUDELO CORREDOR, MAR\u00cdA DEL PILAR AGUDELO CORREDOR y MARCO AURELIO AGUDELO S\u00c1ENZ al momento de interponer la demanda. En tal medida, la demanda se dirigi\u00f3 contra los herederos conocidos por el demandante y contra los indeterminados, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 87 del CGP; norma esta que parte del supuesto de que el demandante no tiene el deber de conocer a todos los herederos del deudor, y por ellos se contempla la posibilidad de demandar tanto a los herederos conocidos como a los indeterminados. No puede afirmarse entonces que el mandamiento de pago omiti\u00f3 la vinculaci\u00f3n de herederos conocidos, en tanto se libr\u00f3 contra los relacionados en la demanda, que eran los conocidos para ese momento, trat\u00e1ndose este de un supuesto que no se ha desvirtuado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) No es posible aseverar entonces que falte por vincular litiscosortes necesarios, en tanto ya hacen parte de este proceso tanto los herederos determinados como los indeterminados de la se\u00f1ora PULIDO, representados estos \u00faltimos por curador ad litem, debiendo precisarse que si los se\u00f1ores SILVIA PATRICIA AGUDELO CORREDOR, MAR\u00cdA DEL PILAR AGUDELO CORREDOR, MARCO AURELIO AGUDELO CORREDOR, o cualquier otro, desean hacerse parte dentro de este proceso, no tiene limitaci\u00f3n alguna para hacerlo, siempre que demuestren su calidad de herederos y tomen el proceso en el estado en que se encuentre\u201d <\/p>\n
3. Como se observa, independientemente de las razones expuestas por el juzgado convocado para desestimar una vinculaci\u00f3n por pasiva, necesaria dentro del ejecutivo bajo estudio, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3.1. En efecto, el litisconsorcio necesario (\u00ablitis\u00bb que significa conflicto o litigio; \u00abcon\u00bb junto; y, \u00absors\u00bb suerte), reviste una doble naturaleza: Es un instituto procesal, pero, con esencia, tesitura y determinaci\u00f3n causal, sustantiva; raz\u00f3n por la cual, puede ligarse con la legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
Su textura se hallaba descrita en los arts. 51 y 83 del C. de P. C. Esta \u00faltima regla, dispon\u00eda: <\/p>\n
\u201cCuando el proceso verse sobre relaciones o actos jur\u00eddicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, no fuere posible resolver de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber\u00e1 formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere as\u00ed, el juez en el auto que la admite la demanda ordenara dar traslado a \u00e9sta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el termino de comparecencia dispuestos para el demandado. <\/p>\n
\u201cEn caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondr\u00e1 la citaci\u00f3n de las mencionadas personas, de oficio o a petici\u00f3n de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y conceder\u00e1 a los citados el mismo t\u00e9rmino para que comparezcan. El proceso se suspender\u00e1 durante el t\u00e9rmino para comparecer los citados\u201d (subrayas ex texto). <\/p>\n
Y el 51, se\u00f1alaba: <\/p>\n
\u201cCuando la cuesti\u00f3n litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecer\u00e1 a los dem\u00e1s. Sin embargo, los actos que impliquen disposici\u00f3n del derecho en litigio s\u00f3lo tendr\u00e1n eficacia si emanan de todos\u201d. <\/p>\n
En el actual Estatuto Adjetivo Civil, dicha figura jur\u00eddica se encuentra consagrada en el canon 61, el cual establece: <\/p>\n
\u201cCuando el proceso verse sobre relaciones o actos jur\u00eddicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber\u00e1 formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere as\u00ed, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenar\u00e1 notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el t\u00e9rmino de comparecencia dispuestos para el demandado\u201d. <\/p>\n
\u201cEn caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondr\u00e1 la citaci\u00f3n de las mencionadas personas, de oficio o a petici\u00f3n de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y conceder\u00e1 a los citados el mismo t\u00e9rmino para que comparezcan. El proceso se suspender\u00e1 durante dicho t\u00e9rmino\u201d. <\/p>\n
\u201cSi alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervenci\u00f3n, el juez resolver\u00e1 sobre ellas y si las decreta fijar\u00e1 audiencia para practicarlas\u201d. <\/p>\n
\u201cLos recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecer\u00e1n a los dem\u00e1s. Sin embargo, los actos que impliquen disposici\u00f3n del derecho en litigio solo tendr\u00e1n eficacia si emanan de todos\u201d. <\/p>\n
\u201cCuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podr\u00e1 pedirse su vinculaci\u00f3n acompa\u00f1ando la prueba de dicho litisconsorcio\u201d. <\/p>\n
De modo que, el litisconsorcio necesario en cualquiera de las hip\u00f3tesis, puede ser calificado como tal, no porque lo demandara las reglas trasuntadas, sino por cuanto el asunto llevado a la judicatura versa en su esencia, y se halla directamente referido y ligado a una relaci\u00f3n o a un acto jur\u00eddico de estirpe sustantiva, respecto del cual, \u201c(\u2026) por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal (\u2026)\u201d, jam\u00e1s ser\u00e1 posible resolver, sin la presencia obligada de quienes son sujetos o intervinientes en esa relaci\u00f3n. <\/p>\n
Al rompe, se infiere que el litisconsorcio necesario depende en puridad de verdad de la relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial, de tal forma que la intervenci\u00f3n procesal ser\u00e1 obligatoria cuando aqu\u00e9lla lo demande para forjar una relaci\u00f3n com\u00fan e interdependiente que obliga y comprende inexcusablemente a todos los participantes o intervinientes en el acto jur\u00eddico material al componer una relaci\u00f3n \u00fanica, indivisible e inescindible; y por consecuencia, esa modalidad litisconsorcial no depende de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, sino que \u00e9sta, por el contrario, ha de estribarse en aqu\u00e9lla, al estar determinado causalmente por \u00e9sta. <\/p>\n
Por tanto, concurren dos requisitos: presencia procesal obligatoria de sujetos en el juicio, y relaci\u00f3n sustancial que determina incondicionalmente esa presencia. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que una cosa es una intervenci\u00f3n procesal forzosa y otra el litisconsorcio necesario. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte lo ha identificado en forma muy clara: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Como es sabido, la figura procesal del litis-consorte necesario surge cuando la relaci\u00f3n de derecho sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el juez, est\u00e1 integrada por una pluralidad de sujetos, bien sea activos o pasivos, en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una sola, \u00fanica e indivisible frente al conjunto de tales sujetos. En tal hip\u00f3tesis, por consiguiente un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relaci\u00f3n no puede proceder con la intervenci\u00f3n \u00fanica de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente con la de todos. Solo estando presente en el respectivo juicio la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relaci\u00f3n sustancial, queda debida e \u00edntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, y por lo mismo solo cuando las cosas son as\u00ed podr\u00e1 el juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario, deber\u00e1 limitarse a proferir fallo inhibitorio (sentencia de 4 de junio de 1970, tomo CXXXIV, p\u00e1g. 170, 2\u00aa)2. <\/p>\n
Son ejemplos de ese litisconsorcio la nulidad de una promesa de contrato, la resoluci\u00f3n contractual, la declaraci\u00f3n de dominio respecto de los titulares de los derechos reales, porque en todos estos casos, al proceso deben comparecer aqu\u00e9llos que celebraron la promesa, quienes son parte del contrato objeto de resoluci\u00f3n o los titulares del derecho de dominio. Si debi\u00e9ndose integrar el litisconsorcio necesario no se compone, la rituaci\u00f3n queda afectada de nulidad hasta los alegatos de primera instancia, inclusive. <\/p>\n
Caracterizando el litisconsorcio necesario se\u00f1al\u00f3 la sentencia de esta Corte del 25 de abril del 2005, expediente, C-14115: <\/p>\n
\u201cEl segundo, que es el que interesa al caso, el cual propende por resguardar el derecho de defensa de todos aquellos interesados a quienes se extender\u00eda la autoridad de la cosa juzgada material, se determina por la relaci\u00f3n sustancial que se discute, ya sea \u201cpor su naturaleza\u201d, ora por \u201cdisposici\u00f3n legal\u201d. Por esto, si la cuesti\u00f3n ha de resolverse, como la propia ley lo declara, bajo el supuesto de la pluralidad subjetiva, de \u201cmanera uniforme para todos los litisconsortes\u201d (art\u00edculo 51), la sentencia, entonces, tambi\u00e9n ha de ser \u00fanica para todas las \u201cpersonas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos\u201d (art\u00edculo 83). <\/p>\n
\u201cEn ese sentido la Corte tiene dicho que la figura del litisconsorcio surge cuando no es posible escindir la decisi\u00f3n en tantos \u201csujetos activos o pasivos individualmente considerados existan\u201d, sino que debe presentarse \u201ccomo \u00fanica e indivisible frente al conjunto de tales sujetos\u201d. En otros t\u00e9rminos, \u201cun pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relaci\u00f3n no puede proceder con la intervenci\u00f3n \u00fanica de alguno o algunos de los ligados por aqu\u00e9lla, sino necesariamente con la de todos\u201d (sentencia de 4 de junio de 1970, CXXXIV-170)\u201d3. <\/p>\n
Entonces, no hay litisconsorcio necesario porque una norma procesal lo imponga, sino que su existencia y determinaci\u00f3n exigen un minucioso examen de la cuesti\u00f3n a partir de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, tal como el precedente inserto en la providencia del 25 de abril del 2005, expediente C-14115, reitera, apoyado en doctrina de 1999: <\/p>\n
\u201c(\u2026) para establecer si la cuesti\u00f3n litigiosa reclama o no una decisi\u00f3n \u201cuniforme\u201d, se impone en cada caso concreto, como se explic\u00f3 en la sentencia No. 068 de 6 de octubre de 1999, \u201chacer un cuidadoso examen de la demanda a fin de verificar exactamente, con vista en ella, cu\u00e1l es la naturaleza y el alcance personal de la relaci\u00f3n sustancial sometida a controversia, para deducir de all\u00ed si el litisconsorcio es o no necesario\u201d (subrayas ex texto)\u201d4. <\/p>\n
Ahora, trat\u00e1ndose de ejecuci\u00f3n por obligaciones dejadas por un causante, ha de precisarse que la demanda compulsiva no se entiende dirigida contra los herederos determinados, o indeterminados, sino contra una universalidad jur\u00eddica, la sucesi\u00f3n representada por quienes son revestidos por ley de la respectiva representaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo tanto, en estricto sentido, no se trata de un litisconsorcio necesario, como erradamente lo entendi\u00f3 el tribunal constitucional a quo al conceder el presente ruego, pues en el caso de autos el patrimonio obligado corresponde exclusivamente al de la causante Flor de Mar\u00eda Pulido de Agudelo, y no al de los herederos de aqu\u00e9lla en s\u00ed mismo considerados; muy distinto es que ese patrimonio aut\u00f3nomo de la fallecida tenga por representantes un n\u00famero plural de herederos, dentro de los cuales se encuentra la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n
Sin duda, el litisconsorcio necesario tiene su fuente en la pluralidad de personas que deben conformar de manera indisoluble, la condici\u00f3n de parte demandante o demandada para la adecuada resoluci\u00f3n jur\u00eddica del litigio, al demandarlo perentoriamente la relaci\u00f3n sustantiva o material. Es un imperativo jur\u00eddico ineludible gobernado soberanamente por la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial por mandato legal, al margen de la relaci\u00f3n procesal. Y realmente como se expres\u00f3 con una nutrida jurisprudencia, en estas hip\u00f3tesis existe una pretensi\u00f3n \u00fanica con apoyo en una relaci\u00f3n material inescindible, con pluralidad de sujetos que reclaman su presencia obligatoria para dar validez a la relaci\u00f3n procesal y para resolver el fondo de la controversia; y como consecuencia, la sentencia afecta a todos de manera uniforme. <\/p>\n
Inobjetable es, todo heredero est\u00e1 llamado a responder por las obligaciones dejadas por el causante y que gravan el patrimonio herencial, por ocupar su lugar por disposici\u00f3n legal con relaci\u00f3n a los derechos y obligaciones; y por tanto, debe notific\u00e1rsele la existencia del t\u00edtulo, para promover o continuar la ejecuci\u00f3n, so pena de la invalidez de la actuaci\u00f3n. Empero, esta obligaci\u00f3n procesal, no traduce ni demanda irremediablemente la existencia de un litisconsorcio necesario, por la sencilla raz\u00f3n, de que ello no implica comunidad de suerte en el litigio, esencia y exigencia de esa modalidad de litisconsorcio, ni porque de esa manera lo imponga la relaci\u00f3n material. <\/p>\n
Si en la ejecuci\u00f3n frente a la deuda de un causante, se insiste, el litisconsorcio fuera necesario, habr\u00eda que borrar de tajo el art. 1580 del C.C., cuando se\u00f1ala: \u201cLos herederos de cada uno de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero ser\u00e1 solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porci\u00f3n hereditaria\u201d (negrillas propias). S\u00ed, en este caso, la regla muestra una obligaci\u00f3n conjunta (art. 1411 y 1568 del C.C.), que hace responsable al heredero \u00fanicamente de su cuota, y hasta el monto del valor recibido porque a su favor se presume el beneficio de inventario de la norma 1304 del C.C. <\/p>\n
3.2. Lo pretendido por la promotora es obtener un pronunciamiento diferente al emitido en la decisi\u00f3n cuestionada, de la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente y del an\u00e1lisis de las normas aplicables al caso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Conforme a lo discurrido, habr\u00e1 de revocarse la determinaci\u00f3n del a quo constitucional para denegar el amparo impetrado, pues, como se expuso, el funcionario querellado no incurri\u00f3 en desafuero o irregularidad. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para en su lugar, NEGAR el amparo deprecado. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002ROA G\u00d3MEZ, H\u00e9ctor. Jurisprudencia civil de la Corte Suprema de Justicia. Bogot\u00e1: Editorial. Abg, 1978. Tomo II. P. 695. <\/p>\n
3\u0002 COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. del 25 de abril del 2005, expediente, C-14115. <\/p>\n
4\u0002 Ib\u00edd. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC10431-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10431-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00343-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56404","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56404"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56404\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}