STC10432-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10432-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2021-00110-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 12 de julio de 2021, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Beatriz Elena L\u00f3pez Campo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d adelantado por la aqu\u00ed actora a la I.P.S. Cl\u00ednica Guaranda Sana. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora implora la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente lesionado por el accionado. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Ante el Juzgado Promisc\u00fao Municipal de Guaranda, cursa el litigio compulsivo promovido por la aqu\u00ed gestora contra la I.P.S. Cl\u00ednica Guaranda Sana, por falta de pago en varias \u201cfacturas cambiarias\u201d expedidas por \u201clos servicios de salud\u201d que la ejecutante prest\u00f3 en dicha entidad \u201ccomo m\u00e9dico especialista en cirug\u00eda general\u201d. <\/p>\n
Librado el mandamiento coercitivo, en decisi\u00f3n de 16 de marzo de 2020, se decretaron como medidas cautelares la retenci\u00f3n de los dineros depositados en las \u201ccuentas bancarias\u201d a nombre de la ejecutada, salvo aquellos que provengan de los \u201crecursos del sistema general de participaci\u00f3n transferido por la naci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, el referido despacho, en auto de 18 de agosto de 2020, dispuso \u201cel embargo y retenci\u00f3n de los dineros que gira la Gobernaci\u00f3n de Sucre, por concepto de transferencia y pagos de servicio de salud\u201d a la demandada, limit\u00e1ndose el valor de esa medida a la suma de $ 71.925.000. <\/p>\n
Aduce la gestora que esa determinaci\u00f3n fue apelada por la I.P.S. all\u00ed accionada, argumentando un desconocimiento, por parte del despacho cognoscente, del \u201cDecreto Legislativo 806 de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas para garantizar la prestaci\u00f3n del servicio de salud\u201d, dada la contingencia generada por la pandemia del Covid-19. <\/p>\n
Manifiesta que esa alzada fue zanjada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, quien, en providencia de 22 de abril de 2021, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, negando el embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones girados a favor de la ejecutada. <\/p>\n
Asevera que el estrado convocado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por cuanto: <\/p>\n
\u201ci) desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial que ha venido sentando la Corte Constitucional sobre las excepciones al principio de inembargabilidad, el cual tambi\u00e9n es acogido por la Corte Suprema de Justicia; y ii) decidi\u00f3 sobre algo que el apelante no hizo reparo en su recurso\u201d. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, revocar la determinaci\u00f3n proferida por el juzgado fustigado dentro del litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al resguardo resaltando la legalidad de su proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, al considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e avizora que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, Sucre, (\u2026) se extralimit\u00f3 respecto al estudio realizado para emitir el auto objeto de cuestionamiento en esta tutela, pues analiz\u00f3 los requisitos del t\u00edtulo base de cobro ejecutivo, concluyendo de ese modo que no se encontraba enmarcado dentro de las excepciones previstas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, situaci\u00f3n que no fue objeto de cesura por el apelante, en tanto ese recurso \u00fanicamente se centr\u00f3 en las disposiciones establecidas por el [G]obierno [N]acional para mitigar los efectos de la pandemia por el virus Covid-19, y que por ese motivo, los recursos en materia de salud no pueden ser embargados, excluyendo de su discurso si el titulo base de cobro era o no ejecutable\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al tutelado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) dejar sin efecto del auto con fecha 22 de abril de 2021, proferido en segunda instancia dentro del proceso ejecutivo con radicado 702654089001-2020-00035-00, y (\u2026) emita una nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones aqu\u00ed presentadas respecto a la manera en la cual debe realizar el estudio del recurso\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La I.P.S. Cl\u00ednica Guaranda Sana impugn\u00f3 aduciendo, en s\u00edntesis, que no existe ninguna irregularidad del juez convocado para el otorgamiento del auxilio deprecado por la quejosa. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinada la providencia de 22 de abril de 2021, mediante la cual el juzgado confutado revoc\u00f3 las medidas cautelares decretadas en el asunto bajo estudio, se evidencia la procedencia del resguardo; empero, por argumentos distintos a los expuestos por el tribunal constitucional a quo. <\/p>\n
2. Para adoptar la determinaci\u00f3n criticada, el estrado tutelado, al realizar un estudio de la jurisprudencia constitucional relacionada con el presupuesto de inembargabilidad de los recursos incorporados al sistema de seguridad social en salud, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el principio de inembargabilidad de recursos del SGP tampoco es absoluto, pues debe conciliarse con los dem\u00e1s derechos y principios reconocidos en la Constituci\u00f3n\u201d; premisa a partir de la cual indico que \u201clas reglas de excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad del presupuesto, eran aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades, a los cuales estaban destinados los recursos del SGP (EDUCACION, SALUD, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, se tiene que los t\u00edtulos objeto de ejecuci\u00f3n, est\u00e1n constituidos por unas cuatro (4) facturas de venta (\u2026), a favor de la demandante, y provenientes de la entidad ejecutada IPS CLINICA GUARANDA SANA S.A.S; empero, mal har\u00eda este fallador, al enmarcar los t\u00edtulos ejecutivos objeto de recaudo dentro de las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos provenientes del SGP, m\u00e1s teniendo en cuenta, que el ejecutante al momento de solicitar el decreto de las cautelas, someramente se limita a presentar dichas facturas, que si bien es cierto, como lo indica \u00e9l mismo, (\u2026) se trata de una obligaci\u00f3n clara, expresa, y exigible, omite allegar al proceso prueba siquiera sumaria de que la obligaci\u00f3n contenida en dichos t\u00edtulos, soporten o tuvieran como fuente alguna de las actividades a los cuales estaban destinados los recursos del SGP, esto es, EDUCACION, SALUD, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO\u201d. <\/p>\n
\u201cBajo ese escenario, atendiendo lo preceptuado en las sentencias memoradas, encuentra el Despacho, que la decisi\u00f3n objeto de censura, no se encuentra ajustada a los preceptos legales dispuestos para el efecto, pues por un lado, ha de anotarse que si bien es cierto, que los t\u00edtulos objeto de recaudo presentado por la demandante a trav\u00e9s de apoderada judicial, representa obligaciones claras, expresas y exigibles, no es menos cierto, que en el expediente contentivo del presente proceso, no se encuentra demostrado, que el pago de esa suma de dinero, provengan de obligaciones que se puedan enmarcar dentro de las excepciones a la inembargabilidad, de los recursos provenientes del SGP\u201d. <\/p>\n
3. Las anteriores elucubraciones, si bien se encuentran acompasadas con el criterio de esta Sala en decisi\u00f3n un\u00e1nime STC3880 de 18 de junio de 2020, con relaci\u00f3n a los precedentes constitucionales imperantes en torno a las excepciones al \u201cprincipio de inembargabilidad\u201d de los recursos p\u00fablicos, lo cierto es, el despacho fustigado pas\u00f3 por alto la realidad jur\u00eddica emanada de los t\u00edtulos ejecutivos base de recaudo, la cual permit\u00eda, en un principio, mantener la concesi\u00f3n de la medida cautelar decretada en el caso sublite. <\/p>\n
4. En efecto, la Corte Constitucional, en distintos pronunciamientos, ha estimado que el principio de inembargabilidad de los bienes p\u00fablicos es una garant\u00eda necesaria para salvaguardar el presupuesto del Estado, especialmente, los valores dirigidos a cubrir las necesidades esenciales de la poblaci\u00f3n1. <\/p>\n
Asimismo, ha relievado que dicho principio tiene como finalidad asegurar la \u201c(\u2026) adecuada provisi\u00f3n, administraci\u00f3n y manejo de los fondos necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Lo anotado porque si se avalara el embargo de todos los activos p\u00fablicos \u201c(\u2026) (i) el Estado se expondr\u00eda a una par\u00e1lisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocer\u00eda el principio de la prevalencia del inter\u00e9s general frente al particular, el art\u00edculo 1 y el pre\u00e1mbulo de la Carta Superior (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
La jurisprudencia de ese Alto Tribunal tambi\u00e9n ha sostenido que el anotado beneficio \u201c(\u2026) no desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garant\u00edas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni de seguridad jur\u00eddica (\u2026)\u201d, pues no es absoluto y es susceptible de excepciones. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, el legislador ha permitido la persecuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos para el pago de sentencias proferidas contra la Naci\u00f3n, entre \u00e9stas, las derivadas de obligaciones laborales4. <\/p>\n
No obstante, es la Corte Constitucional quien ha definido y desarrollado un r\u00e9gimen de excepciones al renombrado principio de inembargabilidad. <\/p>\n
Ciertamente, esa Corporaci\u00f3n, para armonizar el postulado estudiado con \u201c(\u2026) la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo (\u2026)\u201d, en sentencia C-543 de 2013, prohij\u00f3 la posibilidad de perseguir bienes inembargables con el prop\u00f3sito de lograr <\/p>\n
\u201c(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas5 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos6 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(iii) [La extinci\u00f3n de] t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible7 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En esa providencia, se aludi\u00f3, adem\u00e1s, a una cuarta categor\u00eda as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)8 (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Si bien las excepciones rese\u00f1adas contin\u00faan establecidas s\u00f3lo en la jurisprudencia, se observa que la Codificaci\u00f3n Procesal Civil atendi\u00f3 a la existencia de \u00e9stas y las incluy\u00f3 en el citado par\u00e1grafo del canon 5949, precepto sobre el cual la Corte Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cNo se desprende que exista una autorizaci\u00f3n para incumplir \u00f3rdenes de embargo ni tampoco que arbitrariamente se autorice a que la entidad encargada de ejecutar la medida de embargo pueda congelar los recursos. Al contrario, en esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos, s\u00f3lo que ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida entender\u00e1 que se revoca la misma si la autoridad que la decreta no explica el sustento del embargo sobre recursos inembargables. Pero si insiste, decretar\u00e1 el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, \u00e9stos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del Juzgado una vez cobre ejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso as\u00ed lo ordena (\u2026)\u201d10 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Ahora, para lo que aqu\u00ed concierne, resulta necesario memorar que el art\u00edculo 25 de la Ley Estatutaria en Salud -Ley 1751 de 2015-, dispuso expresamente la inembargabilidad de todos \u201c(\u2026) los recursos p\u00fablicos que financian la salud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior significa que, en la actualidad, no hay duda de la protecci\u00f3n otorgada a los activos Estatales orientados a la se\u00f1alada actividad, entre estos, los recursos de la Unidad de Pago por Capitaci\u00f3n -UPC- administrados por las Empresas Prestadoras de Salud (art. 42.2, Ley 1438 de 2011) y los destinados al r\u00e9gimen subsidiado, ambos consignados a las EPS, de manera directa, por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, en nombre de las entidades territoriales y en las cuentas maestras abiertas por aqu\u00e9llas para el efecto (arts. 5, 7 y 8, Dto. 971 de 2011). <\/p>\n
Sin embargo, tal como arriba se esgrimi\u00f3 la inembargabilidad, se insiste, no es absoluta y permite excepciones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-313 de 2014, al efectuar el control previo sobre el proyecto de la anotada Ley Estatutaria, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El art\u00edculo 25 del Proyecto hace referencia al tratamiento de los recursos que financian la salud, a los cuales dota de las siguientes caracter\u00edsticas: i) son p\u00fablicos, ii) son inembargables, iii) tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica y, por ende, iv) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes de los previstos constitucional y legalmente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn lo que respecta al car\u00e1cter p\u00fablico que se le atribuye a los recursos de salud, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, en reiteradas ocasiones (\u2026) que dicho peculio es de \u00edndole parafiscal, aspecto que refuerza su naturaleza p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, en lo concerniente a la inembargabilidad de los recursos de la salud y a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de los mismos, es de advertir que, tal como lo ha sostenido la Corte en varias de sus providencias, \u2018la inembargabilidad busca ante todo proteger los dineros del Estado -en este caso los de las entidades descentralizadas del orden departamental- para asegurar en esa forma que se apliquen a los fines de beneficio general que les corresponden, haciendo realidad el postulado de prevalencia del inter\u00e9s com\u00fan plasmado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Carta\u2019. Para la Sala, la prescripci\u00f3n que blinda frente al embargo a los recursos de la salud, no tiene reparos, pues, entiende la Corte que ella se aviene con el destino social de dichos caudales y contribuye a realizar las metas de protecci\u00f3n del derecho fundamental. Con todo, encuentra la Corporaci\u00f3n que la regla que estipula la inembargabilidad, eventualmente puede chocar con otros mandatos, por ello, tienen lugar las excepciones al momento de definirse en concreto la procedencia o improcedencia de la medida cautelar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este \u00faltimo sentido, advierte el Tribunal Constitucional que la aplicaci\u00f3n del enunciado deber\u00e1 estar en consonancia con lo que ha sentado y vaya definiendo la jurisprudencia, pues, la Corte se ha pronunciado respecto de la inembargabilidad de los dineros p\u00fablicos, entre ellos algunos destinados a la salud, muestra de esto es la sentencia C-1154 de 2008, en la cual, se estudi\u00f3 si el mandato contenido en el art\u00edculo 21 del Decreto 28 de 2008 el cual precept\u00faa que los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, concluyendo la Sala que: \u2018(\u2026) la prohibici\u00f3n de embargo de recursos del SGP (i) est\u00e1 amparada por el art\u00edculo 63 de la Carta Pol\u00edtica, que autoriza al Legislador para determinar qu\u00e9 bienes y recursos p\u00fablicos son inembargables. As\u00ed mismo, (ii) est\u00e1 dirigida a garantizar la destinaci\u00f3n social y la inversi\u00f3n efectiva en los servicios de educaci\u00f3n, salud, saneamiento b\u00e1sico y agua potable, de acuerdo con la exigencia prevista en los art\u00edculos 356 y 357 de la Constituci\u00f3n y la reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Adem\u00e1s, (iii) es coherente con el mandato que el Constituyente dio al Gobierno Nacional para definir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto ejecutado con recursos del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad, calidad y cobertura definidas en la ley. Desde esta perspectiva, es claro que la cl\u00e1usula de inembargabilidad de los recursos del SGP persigue fines constitucionalmente leg\u00edtimos, compatibles con la naturaleza y destino social de esos recursos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo, en la misma decisi\u00f3n se reconoce que la inembargabilidad no opera como una regla, sino como un principio y por ende no debe tener car\u00e1cter absoluto. Observ\u00f3 la Sala: \u2018(\u2026) no pueden perderse de vista otros valores, principios y derechos constitucionales como la dignidad humana, el principio de seguridad jur\u00eddica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y el derecho al trabajo, entre otros. Es por ello que (la norma cuestionada) acepta la imposici\u00f3n de medidas cautelares, para lo cual advierte que las mismas se har\u00e1n efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de las entidades territoriales (\u2026). [P]odr\u00e1n imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, deber\u00e1 acudirse a los recursos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPor lo que hace relaci\u00f3n a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica, dijo la Corte en la Sentencia C-155 de 2004, lo siguiente: \u2018De manera imperativa el cuarto inciso del art\u00edculo 48 superior establece que \u2018No se podr\u00e1n destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella\u2019. En relaci\u00f3n con dicho precepto superior la Corte constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad social que se encuentren depositados en entidades financieras en liquidaci\u00f3n para asegurar precisamente el mandato de destinaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto la Corte ha hecho \u00e9nfasis en i) la naturaleza parafiscal de los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en pensiones ii) en el tratamiento particular que debe d\u00e1rsele a dichos recursos en los procesos de liquidaci\u00f3n de las entidades financieras y iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los dep\u00f3sitos de recursos parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de las enfermedades de alto costo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta Corporaci\u00f3n de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud como en pensiones, ll\u00e1mense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberan\u00eda fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestaci\u00f3n equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan tambi\u00e9n a la financiaci\u00f3n global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto cabe recordar particularmente lo dicho por la Corte en la Sentencia SU-480 de 1997 en la que se se\u00f1al\u00f3 igualmente que los aportes del presupuesto nacional destinados a la seguridad social tienen id\u00e9ntica naturaleza y destinaci\u00f3n espec\u00edfica\u201d. <\/p>\n
\u201cDe esta manera, el precepto reitera lo dispuesto en el art\u00edculo 48 Superior y la comprensi\u00f3n que a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica ha fijado la jurisprudencia constitucional, con lo cual se controla el uso que los diferentes actores del sistema den a los recursos de la salud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este sentido, respecto a la interpretaci\u00f3n que pueda atribu\u00edrsele a la parte final de la disposici\u00f3n, esto es: \u2018(\u2026) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente\u2019, claro se advierte que de ninguna manera resulta de recibo una lectura seg\u00fan la cual, el legislador estar\u00eda habilitado para establecer una destinaci\u00f3n diferente a los recursos de la seguridad social en salud, por cuanto ello contravendr\u00eda el inciso cuarto del art\u00edculo 48 de la Carta Pol\u00edtica. Esta comprensi\u00f3n del art\u00edculo 25 no se armonizar\u00eda con la Constituci\u00f3n, como quiera que bajo ninguna circunstancia los recursos de salud podr\u00e1n destinarse al pago de otros emolumentos que no se relacionen directamente con la garant\u00eda el derecho a la salud de las personas (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se concluye que los recursos del Sistema General de Participaciones destinados de manera espec\u00edfica para la salud no pueden ser, en principio, objeto de medidas cautelares; empero, se insiste, de presentarse las excepciones jurisprudenciales rese\u00f1adas, es preciso efectuar su an\u00e1lisis para establecer la viabilidad de cautelar tales rubros. <\/p>\n
Por tanto, corresponde estudiar cada caso en particular para determinar la embargabilidad de los recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica, los cuales son objeto del Sistema General de Participaciones. <\/p>\n
Revisada la primera excepci\u00f3n, concerniente a cancelar las obligaciones laborales del Estado, determinadas en sentencia, se encuentra que la misma se contempl\u00f3 en el art\u00edculo 21 del Decreto 028 de 2008, empero limit\u00e1ndose el reconocimiento de dichas deudas con ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la entidad territorial; no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, declar\u00f3 exequible ese canon de manera condicionada, en el entendido de que si el pago de esas acreencias no pod\u00eda hacerse con aqu\u00e9l rubro por resultar insuficiente, era dable acudir a los recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
En lo atinente a la segunda excepci\u00f3n, relativa a sufragar las condenas impuestas frente al Estado en fallos judiciales, se observa que desde la expedici\u00f3n del Decreto 111 de 1996 -Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto-, se estableci\u00f3 la necesidad de adoptar \u201c(\u2026) medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los \u00f3rganos (\u2026)\u201d estatales; norma declarada exequible condicionadamente por la sentencia C-354 de 1997, donde, entre otras cuestiones, se dio paso a una tercera excepci\u00f3n, luego reconocida en la sentencia C-402 de 1997, permiti\u00e9ndose el recaudo no s\u00f3lo de las mencionadas providencias, sino de los \u201ct\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos\u201d a cargo del Estado. <\/p>\n
Para el cobro de esas dos \u00faltimas obligaciones, esa Corte, en ambos fallos de constitucionalidad, estableci\u00f3 la posibilidad de ejecutar a la Naci\u00f3n \u201c(\u2026) con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
Ahora, no hay duda de la viabilidad de cubrir las acreencias rese\u00f1adas con dineros provenientes del Sistema General de Participaciones, esto es, con destinaci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
Ciertamente, para las deudas laborales ello fue determinado expresamente por la Corte Constitucional en la anotada sentencia C-1154 de 2008, posibilidad igualmente avalada para atender las obligaciones derivadas de fallos judiciales y t\u00edtulos, \u00fanicamente, cuando aqu\u00e9llos tienen \u201c(\u2026) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u201d12, lo cual significa que esas acreencias deben estar relacionadas con la prestaci\u00f3n de alguno de esos servicios, porque, de lo contrario, no podr\u00edan usarse los dineros dirigidos a tales actividades para sufragarlas. <\/p>\n
En la sentencia C-793 de 2002, respecto de la tem\u00e1tica descrita, se explicit\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo ya lo ha resaltado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, particularmente en los alcances del principio de inembargabilidad dados a partir de la sentencia C-354 de 1997, los cuales fueron reiterados en la sentencia C-402 del mismo a\u00f1o, la embargabilidad de las rentas y recursos presupuestales provenientes de las participaciones es procedente cuando se trata de sentencias que han condenado a entidades territoriales y cuando hayan transcurrido m\u00e1s de dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia (art\u00edculo 177 del C.C.A.). Lo propio puede decirse de actos administrativos que reconozcan una obligaci\u00f3n de la respectiva entidad y que presten m\u00e9rito ejecutivo, siempre que haya transcurrido el lapso indicado. En la excepci\u00f3n quedan incluidas las obligaciones contra\u00eddas por la entidad territorial en materia laboral, tal como se ha se\u00f1alado, de manera uniforme, desde la sentencia C-546 de 1992 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De acuerdo con las precedentes consideraciones, se declarar\u00e1 la exequibilidad del aparte demandado del art\u00edculo 18 de la Ley 71513, bajo el entendido que los cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias del sector educaci\u00f3n (L. 715, art. 15), bien sea que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que se\u00f1ale la ley y que transcurrido el t\u00e9rmino para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto \u2013en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos, y, si ellos no fueren suficientes, sobre los recursos de la participaci\u00f3n para educaci\u00f3n del Sistema General de Participaciones- (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Las consideraciones transcritas hacen referencia a los dineros destinados a educaci\u00f3n; no obstante, la Corte Constitucional extendi\u00f3 el criterio comentado a los dem\u00e1s sectores, tal como se extrae de la sentencia C-566 de 2003, donde expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cabe hacer \u00e9nfasis en que dicho criterio -fijado en la sentencia C-793 de 2002 solamente respecto de los recursos para educaci\u00f3n del sistema general de participaciones- debe extenderse en el presente caso a los dem\u00e1s recursos de dicho sistema, con la \u00fanica salvedad (\u2026) de los recursos que pueden destinar libremente los municipios de las categor\u00edas 4, 5 y 6 cuando estos no se destinen a financiar la infraestructura en agua potable y saneamiento b\u00e1sico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este sentido, de la misma manera que en el caso de la participaci\u00f3n en educaci\u00f3n, ha de entenderse que las excepciones al principio de inembargabilidad que pueden predicarse, en aplicaci\u00f3n de los criterios jurisprudenciales atr\u00e1s citados, respecto de los recursos de las participaciones en salud y prop\u00f3sito general, solo proceden frente a obligaciones que tengan como fuente las actividades que la Ley 715 de 2001 fija como destino de dichas participaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cT\u00e9ngase en cuenta en efecto que el art\u00edculo 91 acusado hace parte de las disposiciones comunes aplicables al sistema general de participaciones (t\u00edtulo V de la Ley 715 de 2001), es decir a las participaciones en educaci\u00f3n, salud y prop\u00f3sito general y que es en relaci\u00f3n con todas ellas que los mandatos constitucionales arriba enunciados deben aplicarse\u201d. <\/p>\n
\u201cT\u00e9ngase en cuenta as\u00ed mismo, que contrariar\u00eda el mandato constitucional de destinaci\u00f3n de las participaciones aludidas (arts. 356 y 357 C.P.) el que pudiera entenderse que se puedan afectar en esas circunstancias los recursos de las participaciones para educaci\u00f3n y salud, as\u00ed como de prop\u00f3sito general que tienen fijadas por la Constituci\u00f3n y la ley precisas destinaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la Corte declarar\u00e1 la exequibilidad de la expresi\u00f3n \u2018estos recursos no pueden ser sujetos de embargo\u2019 contenida en el primer inciso del art\u00edculo 91 de Ley 715 de 2001, en el entendido que los cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones (educativo, salud y prop\u00f3sito general), bien sea que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos que contengan una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible que emane del mismo t\u00edtulo, deben ser pagados mediante el procedimiento que se\u00f1ale la ley y que transcurrido el t\u00e9rmino para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo, en primer lugar, de los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esa clase de t\u00edtulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participaci\u00f3n respectiva, sin que puedan verse comprometidos los recursos de las dem\u00e1s participaciones (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
5. A la luz de las anteriores elucubraciones, es claro que el juzgado confutado para resolver la alzada impetrada en el litigio bajo estudio, forzosamente, deb\u00eda revisar el punto concerniente a la naturaleza de la obligaci\u00f3n contenida en los documentos base de recaudo, pues, solo as\u00ed, pod\u00eda evidenciar si se encontraba ante la presencia de una excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, aun cuando, ese espec\u00edfico punto, no fue objeto de reparo en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico esta Sala en un asunto de similares contornos a los aqu\u00ed expuestos, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201cCiertamente, la jurisprudencia y normas atr\u00e1s analizadas procuran la protecci\u00f3n del patrimonio estatal, particularmente, los activos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica, pero, sin desconocer \u201c(\u2026) la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo (\u2026)\u201d, criterios sustento de las excepciones relegadas\u201d. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, de aducirse por un acreedor la configuraci\u00f3n de las excepciones jurisprudenciales respecto de tales rubros, es deber de las autoridades judiciales determinar su aplicaci\u00f3n, mandato inserto, incluso, en el citado par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cEl tribunal acusado estaba compelido a evaluar los t\u00edtulos base del cobro y el negocio subyacente. As\u00ed, habr\u00eda concluido que las obligaciones cobradas deven\u00edan de la prestaci\u00f3n del servicio de salud, circunstancia que le abr\u00eda paso a la retenci\u00f3n de los dineros inembargables consignados en las mencionadas \u201ccuentas maestras\u201d. <\/p>\n
\u201cReit\u00e9rese que la posibilidad de cautelar los emolumentos derivados del Sistema General de Participaciones s\u00f3lo tiene lugar cuando la sentencia o el t\u00edtulo objeto de recaudo tienen \u201c(\u2026) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u201d14 . <\/p>\n
Es de recordar que el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso establece: \u201c[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u201d (negrillas propias). <\/p>\n
5.1. No obstante lo anterior, el juzgado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al sostener la inexistencia de \u201cprueba siquiera sumaria de que la obligaci\u00f3n contenida en [los] t\u00edtulos [cobrados], soporten o tuvieran como fuente alguna las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del SPG\u201d, sin merecerle ning\u00fan pronunciamiento, que, dentro de las facturas base de ejecuci\u00f3n, se plasm\u00f3 el origen de su concepto de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201cPAGO REFERENTE POR LA PRESTACI\u00d3N DEL SERVICIO SIN SUBORDINACI\u00d3N LABORAL COMO M\u00c9DICO ESPECIALISTA EN CIRUG\u00cdA GENERAL (\u2026) EN LA IPS CL\u00cdNICA GUARANDA SANA\u201d. <\/p>\n
\u201cSERVICIOS PRESTADOS: DISPONIBILIDAD Y PRESENCIALIDAD LAS 24 HORAS. ATENCI\u00d3N DE LA CONSULTA EXTERNA. REALIZACI\u00d3N DE PROCEDIMIENTOS QUIR\u00daRGICOS DE URGENCIAS O PROGRAMADOS. VALORACI\u00d3N E INTERCONSULTAS EN HOSPITALIZACI\u00d3N Y URGENCIAS. <\/p>\n
Por tanto, la vulneraci\u00f3n enrostrada al despacho atacado es trascendente porque falt\u00f3 a su deber de realizar un estudio juicioso y pormenorizado de los t\u00edtulos base de recaudo y del negocio subyacente, para as\u00ed entrar a determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada en el caso bajo estudio, patrocinando, con su omisi\u00f3n, el incumplimiento de las obligaciones de la IPS deudora, quien se vali\u00f3 de la labor profesional de la interesada para desempe\u00f1ar la prestaci\u00f3n del servicio de salud puesto a su cargo. <\/p>\n
Nada justifica que la ejecutada haya hecho uso de los servicios de la demandante para cumplir con su raz\u00f3n social, se hubiesen expedido facturas por esos conceptos y, luego, escudada en la inembargabilidad de los recursos p\u00fablicos consignados en sus cuentas, pretenda no responder. <\/p>\n
6. En ese contexto, la motivaci\u00f3n del prove\u00eddo de 22 de abril de 2021 es insuficiente, pues pretermiti\u00f3 exteriorizar los raciocinios frente a los aspectos rese\u00f1ados con antelaci\u00f3n, cuestiones que resultaban esenciales para la resoluci\u00f3n del asunto subex\u00e1mine. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la decisi\u00f3n judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n de la determinaci\u00f3n del juez y muestra la transparencia con que act\u00faan dicho funcionarios, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque la providencia debe estar afincada en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
7. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196916, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d17, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio18. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia19, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales20; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas21. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los anteriores argumentos, se impone modificar la concesi\u00f3n del amparo, atendiendo a los argumentos expuestos en este prove\u00eddo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, ORDENAR: <\/p>\n
Al Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto la decisi\u00f3n emitida el 22 de abril de 2021 y las determinaciones que de ella se desprendan, y resuelva, nuevamente, la alzada a su cargo, previa recepci\u00f3n del decurso cuestionado, atendiendo a los lineamientos esbozados en este fallo. Por secretar\u00eda, env\u00edesele copia de este pronunciamiento. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 La l\u00ednea jurisprudencial sobre el tema se encuentra en las sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008, C-539 de 2010. C-543 de 2013 y C-313 de 2014, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, reiterada en C-543 de 2013 <\/p>\n
4\u0002 Art. 21 del Decreto 028 de 2008 <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992 <\/p>\n
6\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-354 de 1997. \u201cPrecis\u00f3 que trat\u00e1ndose de los cr\u00e9ditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada [art\u00edculo 19 del Decreto 111 de 1996] y que transcurridos 18 meses despu\u00e9s de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-103 de 1994 \u201c(\u2026) [S]e estableci\u00f3 una segunda excepci\u00f3n a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, as\u00ed: para hacer efectiva una obligaci\u00f3n que conste en un acto administrativo que preste m\u00e9rito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, proceder\u00e1 la ejecuci\u00f3n despu\u00e9s de los diez y ocho (18) meses (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002 <\/p>\n
9\u0002 \u201cPar\u00e1grafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendr\u00e1n de decretar \u00f3rdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su car\u00e1cter de inembargable, deber\u00e1n invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (\u2026) Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepci\u00f3n, el destinatario de la orden de embargo, se podr\u00e1 abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deber\u00e1 informar al d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la autoridad que decret\u00f3 la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decret\u00f3 la medida deber\u00e1 pronunciarse dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, acerca de si procede alguna excepci\u00f3n legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) d\u00edas h\u00e1biles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entender\u00e1 revocada la medida cautelar. (\u2026) En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplir\u00e1 la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el d\u00e9bito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas s\u00f3lamente se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que as\u00ed lo ordene\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 2013 <\/p>\n
11\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-354 de 1997 <\/p>\n
12\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002; criterio reiterado en sentencia C-543 de 2013 <\/p>\n
13\u0002 \u201cArt\u00edculo 18. Administraci\u00f3n de los recursos. Los departamentos, los distritos y los municipios certificados administrar\u00e1n los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de los dem\u00e1s ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no har\u00e1n unidad de caja con las dem\u00e1s rentas y recursos de la entidad territorial. Estos recursos, del sector educativo, no podr\u00e1n ser objeto de embargo, pignoraci\u00f3n, titularizaci\u00f3n o cualquier otra clase de disposici\u00f3n financiera (\u2026)\u201d se subraya aparte demandado. <\/p>\n
14\u0002 CSJ STC de 18 de junio de 2020, exp. 11001-02-03-000-2020-01203-00 <\/p>\n
15\u0002 CSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de agosto de 2011, Rad. 00168-02. <\/p>\n
16\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
17\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
18\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
19\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
20\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
21\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a308. <\/p>\n
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STC10432-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10432-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2021-00110-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56405","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56405","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56405"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56405\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56405"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56405"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}