STC10433-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10433-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00137-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 12 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la tutela promovida por Pablo, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hijo Mart\u00edn1, frente al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garz\u00f3n, Mar\u00eda y Juanita, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo de alimentos iniciado por Teresa, en representaci\u00f3n de las prenombradas, en contra del aqu\u00ed petente. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa a la igualdad, defensa, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que en el compulsivo materia de resguardo se profiri\u00f3 mandamiento de pago el 28 de noviembre de 2019, decisi\u00f3n adicionada el 13 de diciembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
Refiere que, frente a dicho prove\u00eddo interpuso remedio horizontal, solicitando se diera por terminado el proceso y se levantaran las medidas cautelares, mecanismo resuelto por la juez confutada, mediante auto del 24 de febrero de 2020, confirmando lo decidido. <\/p>\n
Indica que, como dichas pretensiones no fueron acogidas, present\u00f3 \u201cincidente de nulidad\u201d invocando la causal del inciso final del art\u00edculo 29 constitucional, pedimento rechazado de plano mediante providencia de 3 de mayo de 2021, ratificada, en sede de reposici\u00f3n, el 15 de junio siguiente. <\/p>\n
En su criterio, al no adelantar el tr\u00e1mite incidental, el juez accionado desconoci\u00f3 las sentencias C-491 de 1995 y T-330 del 2018, referentes a la procedencia de la invalidez implorada, e incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto y en el sustantivo al interpretar exeg\u00e9ticamente el inciso final del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la orden de apremio y su respectiva complementaci\u00f3n, son contrarias a la legalidad por aplicaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 422 y 430 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto el estrado convocado dispuso el pago de conceptos no debidos, desatendiendo lo consignado en el acta de conciliaci\u00f3n de 4 de diciembre de 2008, proferida dentro del proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria con radicado n\u00famero 2008-00223-00. <\/p>\n
A\u00f1ade que, en todo caso, las obligaciones se encuentran canceladas conforme se demostr\u00f3 con las consignaciones allegadas con el escrito de excepciones, m\u00e1xime cuando las beneficiarias de los alimentos son mayores de edad, su hija Mar\u00eda desert\u00f3 de la educaci\u00f3n superior, se emancip\u00f3 y tiene constituida familia con Luis y es madre de dos menores; y Juanita ha abandonado varias carreras universitarias. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado accionado dejar sin efecto el prove\u00eddo de 3 de mayo de 2021 y, en su lugar, tramitar el aludido incidente de nulidad. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
<\/p>\n
1. El juzgado confutado relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Defensor\u00eda de Familia de Garz\u00f3n se\u00f1al\u00f3 no haber observado vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del tutelante en desarrollo de la actuaci\u00f3n cuestionada. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Procurador Judicial 19 de Familia de Neiva se\u00f1al\u00f3 que el amparo deb\u00eda declarase improcedente, pues no puede utilizarse para sustituir lo decidido en los procesos judiciales. <\/p>\n
Sin embargo, recomend\u00f3 adoptar una decisi\u00f3n constitucional que atienda al inter\u00e9s superior de los menores de edad involucrados en el sublite. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Teresa y las accionadas Mar\u00eda y Juanita se opusieron a la prosperidad del ruego, indicando que en el asunto cuestionado se respet\u00f3 el debido proceso del tutelante y, con todo, no se observ\u00f3 el requisito de subsidiariedad pues el actor \u201cno despleg\u00f3 todos los recursos a los que pod\u00eda acceder de manera ordinaria\u201d. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al estimar razonable la decisi\u00f3n censurada. Sobre el particular anot\u00f3: <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor cuestiona la providencia de 3 de mayo de 2021 por la cual el estrado accionado deneg\u00f3 de plano la nulidad de la actuaci\u00f3n desde el mandamiento de pago, determinaci\u00f3n confirmada en sede de reposici\u00f3n, el 15 de junio siguiente. <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n censurada, se descarta la arbitrariedad denunciada por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
El accionante promovi\u00f3 el aludido incidente de nulidad, invocando el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, aduciendo, principalmente, que no debi\u00f3 librarse mandamiento ejecutivo por las sumas de dinero relacionadas por la parte demandante en tanto no guardan consonancia con el documento base de recaudo. <\/p>\n
En providencia de 3 de mayo de 2021, el estrado confutado rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad, se\u00f1alando que la causal invocada no se acompasa a las descritas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adicionalmente, puso de presente al peticionario que los argumentos expuestos ya hab\u00edan sido objeto de pronunciamiento por el despacho y, en realidad, estaban direccionados a desvirtuar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n fue ratificada por el juzgado accionado, en sede de reposici\u00f3n, mediante prove\u00eddo de 15 de junio posterior, en el cual, luego de citar las normas que regulan el instituto de la nulidad y referir jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, atinente al principio de taxatividad, la juez convocada precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De all\u00ed se colige que en materia civil para proponer una nulidad dentro de un proceso solamente se puede considerar como vicios invalidantes los establecidos en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y excepcionalmente, fundarse en el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando se practica una prueba con violaci\u00f3n del debido proceso, norma que fue tra\u00edda al C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 14 \u201cEl debido proceso se aplicar\u00e1 a todas las actuaciones previstas en este c\u00f3digo. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cIncluso, ni siquiera la argumentaci\u00f3n esbozada por el recurrente alude a vicios de procedimiento, sino que por el contrario est\u00e1 orientada a controvertir el mandamiento de pago y pretensiones de la demanda, y alude a falta de requisitos en el titulo judicial por lo cual no debi\u00f3 tramitarse el proceso ejecutivo; es decir, est\u00e1 atacando el fondo de las providencias emitidas por el Despacho, aspectos que deben ser controvertidos a trav\u00e9s de recursos, como aqu\u00e9l de reposici\u00f3n que se resolvi\u00f3 mediante auto del 24 de febrero de 2020, no reponiendo los autos recurridos. Adem\u00e1s, se evidencia que las razones expuestas ahora en la solicitud de nulidad son las mismas que ya hab\u00edan sido argumentadas en el precitado recurso de reposici\u00f3n resuelto y fue objeto de pronunciamiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho. El juzgado accionado efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de los antecedentes del caso y desvirtu\u00f3, conforme a la normatividad y la jurisprudencia aplicable, la procedencia de la causal de nulidad invocada, pues la misma solo se abre paso en eventos en los cuales se ha practicado una prueba con violaci\u00f3n del debido proceso, situaci\u00f3n que no se present\u00f3 en el sublite; torn\u00e1ndose evidente, la real intenci\u00f3n del gestor de emplear dicho tr\u00e1mite incidental para atacar el fondo del asunto. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Con todo, el auxilio tambi\u00e9n resulta improcedente, por cuanto a\u00fan se cuenta en el asunto criticado con instrumentos legales encaminados a la defensa de los derechos del solicitante, pues se halla en pleno curso y al haber aducido las cuestiones aqu\u00ed alegadas por v\u00eda de excepci\u00f3n, el juzgado debe resolver lo correspondiente en la sentencia con apoyo en las pruebas recaudadas. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el interesado anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el funcionario competente; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se retificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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