STC10434-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10434-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00229-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 12 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la tutela promovida por Mar\u00eda en representaci\u00f3n de su menor hijo Mart\u00edn1, frente al Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo, la Defensor\u00eda de Familia y el Juzgado Promiscuo de Familia de El Espinal y Pablo; con ocasi\u00f3n del juicio de investigaci\u00f3n de paternidad con radicado n\u00b0. 2020-00187, acumulado al de fijaci\u00f3n de alimentos con radicado n\u00b02020-203-00, ambos iniciados por la aqu\u00ed quejosa, en favor del prenombrado menor, contra Pablo. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso e igualdad, presuntamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que, en representaci\u00f3n de su hijo Mart\u00edn, promovi\u00f3 demanda de investigaci\u00f3n de paternidad contra Pablo, admitida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo, el 19 de noviembre de 2020, oportunidad en la cual se decret\u00f3 cuota provisional de alimentos equivalente al 20% del salario devengado por el all\u00ed accionado como miembro de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
En oficio de 19 de enero de 2021, la entidad pagadora inform\u00f3 que solo pod\u00eda descontar el 10% del embargo al salario del demandado, por cuanto ya le era sustra\u00eddo el 40% de \u00e9ste, con ocasi\u00f3n de otro decurso de igual naturaleza, adelantado en su contra en el Juzgado Promiscuo de Familia de El Espinal, con radicado n\u00b0 2020-0232. <\/p>\n
Refiere que, en auto de 7 de enero siguiente, se dispuso acumular el juicio de fijaci\u00f3n de alimentos con radicado n\u00b0 2020-0203, al aludido juicio de investigaci\u00f3n de paternidad. <\/p>\n
Indica que, en prove\u00eddo de 12 de febrero posterior, atendiendo a lo informado por la Polic\u00eda Nacional, el Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo decidi\u00f3 aplicar la medida cautelar, \u00fanicamente, respecto del 10% del salario de demandado; porcentaje que, en criterio de la tutelante, resulta \u201cdiscriminante\u201d en proporci\u00f3n al valor descontado en el proceso de fijaci\u00f3n de alimentos adelantado en contra de Pablo en el Juzgado Promiscuo de Familia de El Espinal, con radicado n\u00b0 2020-0232. <\/p>\n
Agrega que Pablo reconoci\u00f3 voluntariamente, de manera extraprocesal, a su hijo Mart\u00edn, raz\u00f3n por la cual se aport\u00f3 al expediente acumulado, copia del registro civil de nacimiento. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, (i) ordenar al Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo dejar sin valor y efecto el numeral segundo de la sentencia de 2 de junio de 2021, mediante la cual de dispuso fijar cuota alimentaria equivalente al 10% del salario del all\u00ed accionado Pablo; y, de no ser procedente la anterior petici\u00f3n, (ii) disponer la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Promiscuo de El Espinal para que sea acumulado al proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria con radicado n\u00b0 2020-0232. <\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo se opuso a la prosperidad del amparo, se\u00f1alando que no cumple el requisito de subsidiariedad, por cuanto en el decurso cuestionado se emiti\u00f3 sentencia el 2 de junio de 2021, sin que la actora formulara ning\u00fan recurso frente a la misma. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo se limit\u00f3 a relatar la actuaci\u00f3n surtida en el proceso 2020-0232. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Defensor de Familia de El Espinal manifest\u00f3 allanarse a lo decidido en sede constitucional. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al descartar la vulneraci\u00f3n alegada, tras advertir que, en memorial de 18 de marzo de 2021, obrante a folio 44 del expediente 2020-187-00, el apoderado de la aqu\u00ed gestora aport\u00f3 copia del acto de reconocimiento voluntario hecho por Pablo al menor Mart\u00edn y, adem\u00e1s, solicit\u00f3 continuar con el descuento por n\u00f3mina equivalente al 10% del salario del demandado. <\/p>\n
En consecuencia, deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar que el Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo, se limit\u00f3 a emitir una decisi\u00f3n conforme a lo peticionado por la tutelante. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La actora pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n se ordene al Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo, dejar sin valor y efecto el numeral segundo de la sentencia de 2 de junio de 2021, mediante el cual se fij\u00f3 cuota alimentaria equivalente al 10% del salario del all\u00ed accionado, Pablo, en el aludido proceso de investigaci\u00f3n de paternidad con radicado n\u00b0. 2020-00187-00, acumulado al de fijaci\u00f3n de alimentos con radicado n\u00b02020-0203-00. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Con todo, revisada la actuaci\u00f3n censurada, se descarta la arbitrariedad denunciada, pues, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, fue la propia gestora quien, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, solicit\u00f3 <\/p>\n
\u201c(\u2026) aplicar la cuota alimentaria definitiva para que se contin\u00fae con el descuento por n\u00f3mina equivalente al diez (10)% del salario devengado en su condici\u00f3n de miembro activo de la Polic\u00eda Nacional de Colombia para que las referidas sumas de dinero sean consignadas por parte del pagador (\u2026) a la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales a favor de la representante legal, la se\u00f1ora Claudia Liliana Salas Parra (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le asiste raz\u00f3n al tribunal al descartar la arbitrariedad endilgada al Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo, en tanto \u00e9ste se limit\u00f3 a observar lo peticionado por la all\u00ed demandante. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente a la actora que la sentencia definitoria del decurso censurado no es una determinaci\u00f3n definitiva o inmutable, en tanto no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; as\u00ed, de variar las condiciones que, impusieron el monto de la cuota alimentaria en contra del progenitor de su menor hijo, la aqu\u00ed tutelante tiene a su alcance diferentes mecanismos defensivos, con miras a obtener una resoluci\u00f3n judicial ajustada a esas nuevas circunstancias. <\/p>\n
As\u00ed, puede intentar acuerdos conciliatorios con el obligado o impulsar el juicio correspondiente para el aumento y regulaci\u00f3n de la cuota alimentaria. <\/p>\n
5. Ahora, en cuanto a la petici\u00f3n de que el decurso materia de la queja sea acumulado al proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria con radicado n\u00b02020-0232-00, adelantado en contra de Pablo en el Juzgado Promiscuo de Familia de El Espinal; se advierte, la misma carece de objeto, por cuanto, dicha acumulaci\u00f3n procesal fue decretada por el precitado estrado judicial mediante prove\u00eddo de 29 de junio de 2021; siendo este, otro escenario natural donde la actora podr\u00e1 promover la defensa de los intereses de su descendiente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, efectuar un estudio de fondo frente a ese particular se torna inane. En punto a la figura anotada, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el resguardo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, pues lo cierto es que \u00e9stos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, se retificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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